Europa marcha hacia su decadencia. El
continente que pretendió́ emerger de la posguerra como garante de las
libertades y derechos civiles, se está hundiendo en la naturalizacióńn
de la barbarie y en el vacío de una forma de gobierno crecientemente
autoritaria. Enfrentada a la crisis más severa de su historia reciente,
ha elegido el peor de los caminos, emprendiendo políticas que creíamos
erradicadas.
En términos económicos, la austeridad no
ha conducido a la prometida recuperación del crecimiento. Antes bien,
parece que nos veremos obligados a atravesar un largo periodo de
estancamiento, de crecimiento de las desigualdades y de concentración de
la riqueza. A su vez y ante el creciente descontento interno, muchos países
de la Unión han apostado por una política desinhibidamente represiva.
Así se observa en la reducción de la tolerancia institucional hacia la
protesta, en la construcción recurrente de la figura del “enemigo
interno” y en la centralidad de la “guerra contra el terror” como
sustituto del principio legítimo del derecho a la seguridad. Prueba de
esta tendencia es la cruel indiferencia, cuando no la obvia
criminalización, con la que los Estados europeos tratan a las
poblaciones africanas y de Medio Oriente, que huyen de conflictos en los
que la Unión parece tener no poca responsabilidad.
Hasta la propia Francia, en otro tiempo
formidable espacio de conquista de libertades y derechos, ha devenido
laboratorio de un nuevo modelo dirigido a limitar las libertades
civiles. Ante el avance de la extrema derecha interna y los atentados
del islamismo radical, un gobierno socialdemócrata se ha arrimado al
carro del gobierno securitario y el Estado de emergencia. Otro tanto ha
sucedido en Bélgica. Y ejemplos de gobiernos aún más radicalizados
(para lo peor) los encontramos en países de Europa del este como
Polonia.
España no ha quedado al margen de esta
siniestra tendencia a la restricción de derechos y libertades. Aunque
las libertades civiles fueron quizás la parte más reconocida y
desarrollada en el capítulo segundo de nuestra Constitución, los
sucesivos cambios del Código Penal y el uso político de la judicatura
han ido haciendo una interpretación cada vez más restrictiva de las
libertades fundamentales. Así lo hemos visto estos días, con la
declaración en la Audiencia Nacional y la prisión preventiva de dos
titiriteros por el simple hecho de interpretar una obra de ficción en la
calle. También, en fechas recientes, hemos asistido a la celebración del
juicio a los “8 de Airbús”, todo un sumario político contra el derecho
de huelga y que afecta a los cerca de trescientos encausados por este
motivo.
Son simplemente dos casos que se suman a
sucesivos cambios de la legislación, como la reciente ley de seguridad
ciudadana, también llamada “Ley Mordaza”, que permite los “registros
preventivos”, blinda la autoridad policial frente a la palabra de los
encausados y generaliza las multas para hechos no tipificados con
contenidos claros, permitiendo el arbitrio y la discrecionalidad. Esta
ley constituye la última de las modificaciones punitivas y restrictivas
de derechos realizadas, y se añade a sucesivas modificaciones del Código
Penal.
Conscientes de que sin derechos civiles
no existe siquiera el basamento mínimo de una democracia, y ante la
preocupación por la rápida involución hacia el autoritarismo en muchos
países de la Unión, los abajo firmantes exigimos a nuestros
representantes políticos en Europa que trabajen por el reconocimiento y
ampliación del derecho europeo al asilo y que se establezca algún tipo
de carta que, a nivel continental, blinde los derechos civiles.
En la misma línea, pero en relación con
la legislación y la arquitectura institucional española, exigimos:
-
La inviolabilidad efectiva de los
derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y
reunión. Esto implica la derogación de la Ley Mordaza, así como de
todas las formas de represión burocrática para hechos que no
constituyen claros comportamientos sancionables.
-
La garantía plena del derecho de
huelga, lo que supone la derogación del artículo 315.3 del Código
Penal reconocido como “delito de coacción a la huelga”, que ha sido
utilizado contra la movilización de los trabajadores.
-
La independencia efectiva de la
judicatura de intereses políticos y económicos, y la plena garantía
del derecho a la Justicia. Dentro de este capítulo cabe considerar la
reforma o liquidación de la Audiencia Nacional, que actúa a los
efectos como un tribunal de excepción.