Después de mucho tiempo, el Gobierno, sin mediar comunicación con las fuerzas políticas ni sociales que hemos impulsado una ley de memoria, ha presentado un anteproyecto sobre esta cuestión. En el país de la UE que más años ha padecido un régimen totalitario faltaba lo que ha hecho casi todo el mundo: una política pública por la recuperación de la memoria democrática. Pero el proyecto no sólo ha llegado tarde sino que totalmente desenfocado. ¿Puede una ley en democracia hablar de dos bandos, desde un planteamiento equidistante, cuando lo que la ley define como uno de los bandos era el gobierno legítimo y democrático mientras que el otro era un grupo golpista? ¿Podemos no hacer justicia con republicanos y antifranquistas, cuando sin ellos, simplemente, la democracia que hoy tenemos, no sería la misma?

Para IU-ICV con esta ley no se trataría de hacer tabla rasa de la reconciliación ni de la amnistía. Se trata por el contrario, de hacer justicia, en primer lugar con la historia que ha condenado al franquismo como régimen fascista y, además, con las víctimas que fueron objeto de cárcel, tortura y asesinato programado por sus ideas y su lucha por la democracia.

Han pasado 30 años desde el fallecimiento del general Franco, y 27 años desde la aprobación de la Constitución Española de 1978. Es tiempo suficiente para que desde una perspectiva histórica, y con nuestra experiencia democrática, podamos ir gradualmente recuperando y fomentado la memoria histórica de aquellos ciudadanos y ciudadanas que dieron lo mejor de sí mismos para la restauración de los valores y principios democráticos. Y ello significa superar definitivamente cualquier forma de trato discriminatorio a quienes padecieron persecución, sanciones y condenas penales por razón de la defensa de los ideales republicanos y democráticos. Es la condición para su plena rehabilitación moral y jurídica. Pero junto a esta recuperación de la dignidad del pasado debemos pensar también en el presente. En nuestras jóvenes generaciones que desean y necesitan saber su pasado político no democrático para que nunca vuelva a repetirse.

El Estado debe asumir como propia la responsabilidad de recuperación de la memoria. Y así, para afrontar con total garantía este proceso de regeneración, debemos, en primer lugar, garantizar por ley, como en otros países democráticos que han sufrido dictaduras, la supresión de los símbolos franquistas aún existentes en edificios, públicos y privados, monumentos, calles y plazas, entre otros. Es imprescindible una reordenación de funciones y usos del Valle de los Caídos por su alto contenido simbólico franquista para transformarlo en un "Centro del Memorial de la Libertad", sede de un futuro Instituto de la Memoria tal y como en Europa y Latinoamérica han realizado la conversión de centros de represión y tortura, en instalaciones de fomento de la cultura y tradición democrática.

Ligado a este Instituto de la memoria debería haber un marco institucional, que liderase, en colaboración con comunidades autónomas, organizaciones sociales, y especialistas académicos, el desarrollo de una política institucional por la recuperación de la memoria democrática, desde la educación a la política museística.

También es fundamental algo que el actual anteproyecto del Gobierno ha olvidado: la declaración de nulidad de Resoluciones y Sentencias que se dictaron durante el franquismo. El mantenimiento de la validez de las Sentencias dictadas por los Consejos de Guerra (los casos de Julián Grimau, el President Lluis Companys y el de Manuel Carrasco i Formiguera, son elocuentes), en los términos expuestos, es incompatible con la plena y definitiva rehabilitación moral y jurídica de las personas condenadas por ellos. Resulta pues incomprensible y reprobable que el Gobierno haya renunciado en su proyecto a declarar la nulidad de las sentencias condenatorias dictadas por los Consejos de Guerra.

En definitiva, los daños causados a las víctimas fueron irreparables. Ahora, ante tanto y tan grave despropósito y completa vulneración de derechos y garantías, es inaplazable una reparación que la democracia debe a quienes sufrieron una represión y el terror bajo una mera apariencia de legalidad. Porque todos aquellos procesos estaban afectados por vicios profundos de forma y fondo, con una ausencia radical de garantías, determinantes de una completa indefensión siendo las resoluciones y sentencias que en ellos se dictaron nulas de pleno derecho.

Hoy, según varias encuestas, a la mayoría de la ciudadanía le es indiferente la figura de Franco, una indiferencia que tan sólo puede ser fruto del desconocimiento. La falta de políticas públicas por la recuperación de la memoria ha hecho que para unos la mejor opción haya sido el olvido, y que para otros, Franco sea un personaje sobre el que saben poco, y del que se habla menos. Si el Gobierno opta por tramitar la ley tal y como está, mantendrá la excitación de un PP, que ha decidido mantenerse beligerante, instalándose así en la derecha extrema con una reinterpretación interesada de la reconciliación como absolución del franquismo; y además frustrará muchas expectativas, incluidas las de muchos socialistas. Permitirá que el país que más años padeció el fascismo, sea también un país desmemoriado, y difícilmente sentará las bases para que de una vez por todas tengamos una derecha un poco más europea.

IU-ICV va a continuar tendiendo la mano para que el Gobierno cambie de actitud y retome una ley de la memoria que es una obligación con la historia y con las víctimas. Lo es también para las organizaciones que hoy trabajan por esa recuperación de la dignidad. Pero sobre todo lo es para la sociedad democrática. La democracia y la reconciliación no son completas sin justicia y sin memoria. De no ser así, tanto desde nuestras enmiendas a la totalidad como de tipo parcial, será necesario cambiar la fisonomía del actual anteproyecto de ley. Sólo así podremos dignificar plenamente el pasado de quienes sufrieron un régimen totalitario y decirles a sus hijos y nietos que deben sentirse orgullosos de su lucha contra el franquismo porque hicieron lo correcto e hicieron lo mejor para que hoy podamos disfrutar de libertad y democracia. Si la historia lo sabe ¿por qué no debe decirlo?