La represión franquista se refiere al largo proceso de violencia física, económica, política y cultural que sufrieron durante la Guerra Civil Española los partidarios del bando republicano en la zona sublevada, y durante la posguerra y el Régimen de Franco los perdedores de la Guerra Civil -los republicanos-, quienes les apoyaban o podían apoyarles, los que eran denunciados como antifranquistas -lo fueran o no-, así como posteriormente los miembros de organizaciones políticas, sindicales y en general quienes no estaba de acuerdo con la existencia de la dictadura franquista, manifestaban su oposición al mismo y quienes constituían o podían constituir un peligro para el mismo.

En la historiografía no española, la represión franquista se suele denominar terror blanco (white terror en inglés, terreur blanche en francés).

El periodo álgido de represión y violación de los derechos humanos (que corresponde al llamado "terror blanco") empezó con el alzamiento militar de julio de 1936 y se considera que terminó en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial puso fin a las dictaduras de Hitler y Musolini, principales apoyos del régimen franquista. A partir de 1945, año de la promulgación del Fuero de los Españoles, se suele hablar de represión franquista, una represión que se aplicó durante toda la dictadura hasta el fallecimiento de Francisco Franco en noviembre de 1975.

Según distintos informes coincidentes, España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, tras Camboya.

La dictadura franquista recurrió a lo largo de toda su existencia, hasta 1976, a los métodos represivos propios de todo régimen no democrático. La no observancia de estas prohibiciones conllevaba penas de cárcel, sanciones y multas, así como violencia física en la primera fase represiva del Régimen. La represión ejercida por el franquismo se extendió a toda la sociedad y puede clasificarse del siguiente modo:

 

La represión violenta y física

Ajusticiamientos, asesinatos y desapariciones forzosas

Localización geográfica de las fosas o lugares de enterramiento de la Guerra Civil Española de las que se dispone información. Símbolos según la actuación realizada sobre cada una de ellas:

   Fosa aún no intervenida.

     Fosa aún no encontrada.

     Transferida al Valle de los Caídos.

     Parcial o totalmente exhumada. Acuerdo con las circunstancias del homicidio.

Fuente: Ministerio de Justicia de España

Incluye los ajusticiamientos "legales", en cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales militares durante el periodo de la guerra civil, los asesinatos ilegales, las llamadas sacas, practicadas al margen de las autoridades militares, pero con el pleno conocimiento de que se estaban llevando a cabo. Las "sacas" fueron especialmente intensas durante los meses de julio y agosto de 1936. Dentro del ámbito de la represión física también se incluye el encarcelamiento y cualquier pena de privación de libertad. La represión violenta y física ejercida por el régimen continuó después del fin de la contienda, en periodo de paz, y se prolongó hasta los años 1970, adoptando métodos no tan masivos y más ajustados a la legalidad establecida por el sistema judicial vigente en aquel periodo. Las desapariciones forzosas siguieron produciéndose hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los encargados de la represión o la administración en los campos habían sido víctimas en la zona republicana, y por este motivo mantuvieron una voluntad de furia y venganza hacia los vencidos. Tampoco los funcionarios de alta instancia de la posguerra se mostraron muy contrarios a este clima de represión y venganza: El Director General de Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, y el jefe del Cuerpo Jurídico Militar, Lorenzo Martínez Fuset, contribuyeron en no poca medida a crear este clima represivo.

Balance

Muchas de las víctimas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por toda España, a menudo fuera de los cementerios y diseminadas por el campo, y sin que su muerte fuese inscrita en los registros civiles. Desde principios de los años 2000, diversas asociaciones de víctimas del franquismo como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se han encargado de localizar estas fosas para identificar los restos de los ajusticiados y entregarles a sus familiares para que pudieran darles una sepultura digna. La ley de memoria histórica, aprobada en diciembre de 2007, pretende hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas del franquismo para equipararles a las víctimas del otro bando, y ha establecido un mapa de fosas y víctimas, en constante actualización.

Según el historiador británico Antony Beevor, el número total de víctimas de la represión franquista podría acercarse a 200.000, teniendo en cuenta que en varias provincias el recuento aún no había sido efectuado en 2005.

Según el historiador británico Hugh Thomas, el balance de la represión llevada a cabo por los nacionales se cifraría en 75.000 muertos durante la guerra, de los que dos tercios corresponderían a los primeros meses del conflicto (incluyendo las ejecuciones en los campos de concentración, las ordenadas por los tribunales después de 1936 y los muertos en el frente). Estas cifras alcanzarían 100.000 muertos si se incluyen los represaliados por los nacionales en los territorios conquistados.

Diversas estimaciones presentan cifras en torno a 150.000 víctimas, algunas apuntando hasta 400.000 muertos, según el periodo considerado y la inclusión o no de las víctimas muertas en campos de concentración. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron más tiempo bajo el gobierno franquista, siendo éste menos amenazado que el gobierno republicano. En cuanto a los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, 192.000 habrían sido fusilados, a veces varios años después del fin de la contienda, con picos de varios centenares de ejecuciones al día en algunos periodos de 1939 y 1940.

 

Niños robados

Episodio menos conocido de la represión franquista, el régimen alentó separar a niños de sus madres cuando éstas estaban encarceladas. Cuando los niños nacidos en la cárcel alcanzaban tres años de edad (que no era común al recibir intencionadamente una dieta hipocalórica que les provocaba una alta mortandad), y cuando no existían familiares que pudieran hacerse cargo de ellos, pasaban a ser "tutelados" por la Sección Femenina de la Falange, y en particular por los Patronatos de Redención de Penas que se encargaban de educar a los hijos de los detenidos. Según estudio publicado por Ricard Vinyes, entre 1944 y 1945 el Patronato de San Pablo contabilizó 30.000 menores hijos de encarcelados y exiliados, a los que habría que añadir 12.000 tutelados por el Patronato de la Merced.

En noviembre de 1940, el Ministerio de Gobernación publicó un decreto sobre los huérfanos de guerra, a saber hijos de padres fusilados o desaparecidos (exiliados, olvidados en las cárceles, fugitivos y clandestinos), según el cual sólo «personas irreprochables desde el punto de vista religioso, ético y nacional» podían obtener la tutela de esos niños. En diciembre de 1941, una ley permitió que los niños que no recordaran su nombre, hubieran sido repatriados o cuyos padres no pudieran ser localizados fueran inscritos en el Registro Civil bajo un nuevo nombre, lo que facilitó que pudieran ser adoptados de forma irregular. Esta práctica se extendió a todo el período de la dictadura franquista.

En su Declaración de condena de la Dictadura Franquista del 17 de marzo de 2006 (Recomendación 1736, punto 72, 73, 74 y 75), el Consejo de Europa afirmó que los «niños perdidos» son víctimas del Franquismo, dado que sus «apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen». También afirmó que «el régimen franquista invocaba la 'protección de menores' pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo», y que «frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos».

Repatriación de menores

El carácter nacionalcatólico del régimen de Franco daba a la familia y a la infancia papeles muy importantes como pilares de la sociedad española. Durante la guerra civil, muchos padres tuvieron que tomar la decisión de evacuar a sus hijos al extranjero. Al concluir ésta, Franco decide que todos estos niños tienen que regresar a España. El régimen convierte la repatriación de esto menores en una gran operación propagandística. Una ley de 1940 marcaba que la patria potestad de los niños que estaban en centros de Auxilio Social (antes «Auxilio de invierno») pasaba automáticamente al Estado. Esto creaba un gran riesgo de que los padres perdieran al niño para siempre. Entre todos los niños españoles en el extranjero, el régimen franquista tenía particular interés en los que estaban en la Unión Soviética. Para Franco, era un golpe de efecto poder sacarlos del país donde había triunfado la revolución comunista.

La situación en las cárceles franquistas

La situación vivida por las mujeres republicanas y sus niños tanto fuera como dentro de las cárceles ha sido recogida en numerosos testimonios orales en los que se habla de todo tipo de vejaciones. Tras la guerra las condiciones de vida en las cárceles eran deplorables. Debido a los arrestos masivos se vivía en una situación de gran hacinamiento. Las condiciones higiénicas eran muy deficientes y los alimentos escaseaban. Muchos de los niños que entraron con sus madres a las cárceles enfermaron o murieron en ellas. Los que sobrevivían eran separados de sus madres y, en muchos casos, dados en adopciones ilegales, ya que por ley los menores sólo podían estar en la cárcel con sus madres hasta los tres años de edad. Otros acabaron en conventos, forzados a convertirse en monjas y religiosos.

Reparación legal y moral

En el año 2008, el juez Baltasar Garzón consideró los delitos de detención ilegal con desaparición forzada de personas y la sustracción a sus padres de menores, como crímenes contra la Humanidad que no habían prescrito, ya que muchas víctimas, hijos y algunos padres, podían aún estar vivos. Por este motivo, el magistrado instó a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y se repare a las víctimas, de manera que puedan recuperar la identidad que les fue arrebatada.

El juez incluyó en su escrito cifras que elevan a más de 30.000 el número de niños tutelados por la dictadura franquista entre 1944 y 1954. En el informe no se indica que cantidad de esos niños pudieron acabar siendo adoptados por otras familias. El informe también menciona las principales formas que podrían haber sido empleadas para la sustracción de menores, incluyendo a los que pudieron ser traídos desde el extranjero entre los años 1939 y 1949, a través de un entramado de acciones y organismos, principalmente el Servicio Exterior de Falange. Según el juez, a los niños les cambiaron los apellidos para entregarlos a familias afines al régimen franquista. Para Baltasar Garzón, los niños perdidos son parte de las víctimas del franquismo.

La inhabilitación del juez Baltasar Garzón en febrero de 2012 acusado de prevaricación en un dictamen en el que se consideró que sus actuaciones habían sido arbitrarias y por encima de la ley pone en duda la continuación de diligencias contra la dictadura.

En el año 2012, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón anunció la creación de un servicio de atención para los afectados por el caso de niños robados en los que se incluye la elaboración de un censo de posibles casos.

Reconocimiento del Consejo de Europa

En 2006 el Consejo de Europa ofreció el primer reconocimiento internacional a los hijos de las presas republicanas cuyos apellidos fueron modificados.

 

La represión administrativa

Practicada con todos los funcionarios del Estado Republicano, tanto en las instituciones Centrales, como en diputaciones y municipios, llevada a cabo mediante un proceso de purga conocido con el nombre de depuración. Los funcionarios eran castigados con sanciones que iban desde el encarcelamiento, el traslado forzoso, la suspensión de empleo y sueldo, la inhabilitación y la separación. Para la obtención de una plaza, se daba prioridad a los leales al Movimiento Nacional, y se exigía la presentación de "certificados de buena conducta" expedidos por el jefe local de FET y de las JONS y el cura de la parroquia.

Miles de oficiales que habían servido a la República fueron expulsados del ejército.

 

La represión educativa

La represión administrativa practicada en el Sistema Educativo fue especialmente intensa, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en las universidades. Instituciones pioneras de educación superior y de investigación como la Residencia de Estudiantes de Madrid fueron desmanteladas por ser consideradas subversivas, y los contenidos educativos fueron revisados para ajustarse a los estrictos criterios políticos, religiosos y culturales del Régimen, en todos los niveles de la enseñanza. La cuarta parte de los maestros y profesores de España fueron expulsados de la enseñanza.29 Ya ha sido estudiada en el caso del Magisterio Nacional, con diversas investigaciones de ámbito nacional y local. El Cuerpo de Funcionarios y Telégrafos también ha sido objeto de estudio e investigación, así como diversos ayuntamientos.

En los casos de personas afectadas por las depuraciones políticas tanto en el ámbito laboral como en las administraciones públicas, éstas se vieron privadas de su derecho a percibir una jubilación.

 

La represión religiosa

La religión católica fue instaurada como religión oficial del Estado, y su doctrina declarada fuente de inspiración de la legislación. Las demás religiones quedaron limitadas al ámbito privado y se prohibieron sus manifestaciones públicas. No obstante, en 1967 fue reformada la ley para incluir en su articulado la libertad religiosa, prohibiendo las manifestaciones externas de toda religión que no fuese católica, y reafirmando la protección oficial que el Estado brinda a esta última. Los lazos privilegiados entre el Estado y la Iglesia católica llevaron a que se hablase de nacional catolicismo.

 

La represión lingüística

Implicaba la prohibición o ridiculización de las lenguas de España diferentes del castellano, única lengua reconocida políticamente. La posguerra generó una nueva brutalidad después de la ocupación de Cataluña: odio a la autonomía catalana, la represión contra la lengua y la cultura propias. En España fue derrotada la izquierda, en Cataluña, además, el catalanismo. En los primeros años de posguerra, persiguió con sistematicidad la lengua y la cultura catalanas, vascas y gallegas, sobre todo en la administración, en los medios de comunicación, en la escuela, en la universidad, en la señalización pública y en general en toda manifestación pública, sin que dicha persecución se extendiera más allá en el tiempo. El franquismo dio muestras pronto de respeto a la lengua catalana, quizá porque entre sus filas había muchos burgueses catalanistas y con el colaboraron ilustres políticos de ese signo, como Francesc Cambó: En 1945, el estado subvencionó y colaboró en el homenaje a Mosén Cinto Verdaguer y un año antes había hecho obligatorio la inclusión del catalán en las cátedras de filología hispánica. Algo parecido ocurrió con el resto de las lenguas: Tan pronto como el año 1945, funcionaban con normalidad las academias del vasco y del gallego, dedicadas a normalizar dichos idiomas, y unos pocos años más tarde, en 1957, se fundó la primera ikastola. Ya en 1948 se editaba la revista Egan, en euskera. Y cómo anécdota adicional, el 30 de marzo de 1969, el diario La Vanguardia publicaba que el Tribunal Supremo confirmó una sentencia contra Nestor Luján por publicar en la revista Destino, que dirigía, una carta que denigraba el catalán, idioma cuyo uso se respeta y garantiza. Si bien no se permitía su uso en instancias oficiales, su uso cotidiano y en la vida cultural no estaba perseguido ni sancionado.

 

La represión económica

La represión económica fue practicada mediante multas económicas (pago de cantidades fijas), incautaciones totales o parciales de bienes y embargos de cuentas bancarias, decididas por la Comisión Central de Bienes Incautados por el Estado y por comisiones provinciales de incautación. Se aplicó en virtud de un decreto aprobado el 10 de enero de 1937, en particular su artículos 6 y 8 que sancionaban económicamente a "los responsables de daños o perjuicios causados a España". El 9 de febrero de 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas amplió ese decreto para "liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo del Movimiento Nacional". El artículo 10 imponía sanciones económicas a todos los condenados por tribunales militares. Estas sanciones se aplicaban incluso tras el fallecimiento del condenado. Las incautaciones se realizaban a particulares, partidos políticos, asociaciones, firmas comerciales.

Esta ley se aplicaba no sólo a todos los opositores al régimen sino también a los que habían servido civil y militarmente bajo la Segunda República. Vulneraba la irretroactividad penal, castigando ideas y actos anteriores al levantamiento franquista, y por lo tanto legales cuando se realizaron.

El 13 de abril de 1945, el Ministerio de Justicia publicó un decreto que declaró extinguidos los procedimientos de Responsabilidades Civiles y Políticas y los tribunales creados para su aplicación, al considerar cumplida su misión. Creó la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas para resolver los casos pendientes y los recursos presentados contra las sentencias sancionadoras. Buena parte de los recursos fueron sobreseídos o indultados, y los bienes y el dinero incautados fueron devueltos en las décadas posteriores, por un importe equivalente al que tenían en las fechas de incautación, lo que representaba una fuerte devalorización.

La restitución del patrimonio histórico y acumulado de los sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y sociedades vinculadas a ellos, no se planteó hasta el inicio de la Transición, cuando un Real Decreto Ley de 1976 repartió entre los sindicatos mayoritarios los bienes acumulados por el sindicato vertical, recientemente abolido. La devolución del patrimonio histórico de las organizaciones sindicales no fue contemplada de hecho hasta la aprobación en 1986 de la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.

 

La represión laboral

Llevada a cabo en todos los ámbitos productivos, con despidos de puesto de trabajo, inhabilitaciones laborales y profesionales. Las organizaciones patronales realizaban listas de "rojos" o "sindicalistas" para evitar que entrasen a las empresas. En el caso de miembros de profesiones liberales, fue llevada a cabo por los propios colegios profesionales, después de su correspondiente depuración. Los funcionarios públicos que habían servido durante la República fueron despedidos de acuerdo con la "Ley de Depuración".

 

 

La represión política

Se prohibieron los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y periódicos no afines al régimen. Se anuló la libertad de expresión para opiniones contrarias al gobierno o simplemente discrepantes, y se estableció desde las mismas instancias de gobierno un sistema de censura de todos los medios de comunicación.

 

La represión cultural

La censura fue aplicada a temas no relacionados directamente con la política: literatura, poesía, canciones, artes plásticas, cine y teatro. Se impuso un modelo cultural definido según los criterios establecidos por el Estado.

La censura que aplicaba el régimen afectó a todas las actividades intelectuales y a los medios de comunicación, y llegó a incluir la manipulación fotográfica. El cine y el teatro serían víctimas de una doble censura civil y eclesiástica, siendo prohibidas obras de autores. En la novela el régimen no pudo evitar que algunos escritores reflejaran las miserias condiciones de vida de aquellos años cuarenta. Un pintor, el palentino Ambrosio Ortega, Brosio, fue la persona que más años permaneció en las cárceles franquistas, al permanecer preso desde 1947 hasta 1970 por su colaboración con el maquis.

La represión franquista se inició en el mismo comienzo de la guerra civil, en aquellas provincias donde triunfo rápidamente la conspiración armada contra la República, el llamado Alzamiento, finalizando en la década de los años 70, con la muerte de Francisco Franco.

Fuente: Wikipedia


 

Memoria, Historia y represión franquista

En los últimos años estamos asistiendo a un fenómeno de carácter socio-político relativamente nuevo que consiste en el creciente interés de las nuevas generaciones (nietos de los perdedores de la guerra civil) por conocer más y mejor su pasado reciente. Un pasado que les ha sido escamoteado desde la escuela primaria a la universidad a causa de políticas educativas –incluidas las llamadas progresistas- incapaces de implantar la reforma de programas y contenidos de acuerdo con los tiempos que vivimos y que ponga el acento, en cuanto a conocimiento histórico se refiere, en el estudio y la investigación de las zonas oscuras de ese pasado.

Y se puede determinar que este interés, que parece no detenerse, está centrado en torno a la franja temporal comprendida, grosso modo, entre 1930 y 1960, con atención preferente al segmento que comprende los años treinta y cuarenta; es decir, que la mayor curiosidad y afán de conocimiento está centrado en los capítulo históricos que abarcan: la Segunda República, incluidos sus antecedentes; la guerra civil española entre 1936 y 1939 y el llamado primer franquismo, desde los inicios de la dictadura y hasta bien entrados los años cincuenta.

Este interés se hace extensible a etapas posteriores del franquismo hasta la muerte del dictador e incluso a los primeros años de la transición a la democracia cuando se comprende la íntima conexión entre la guerra civil y el franquismo con el pacto político que hizo posible la transición; una transición que se desenvolvió dentro de unos cauces conservacionistas que sujetaron con mano de hierro en guantelete de seda su evolución posterior. Las preguntas, o al menos las más importantes, no tienen aún, treinta años más tarde, una respuesta convincente: ¿Hubo o no “ley de punto final” para los crímenes y responsabilidades políticas, sociales, etcétera, del franquismo? ¿Se acordó o no en la transición una amplia amnistía para los responsables de tales crímenes entre 1936 y 1975? Todo parece indicar que esta debió ser una de las condiciones impuestas por la parte contratante que fue aceptada por la parte contratada de forma más o menos vinculante y con efectos retroactivos; la caducidad sine die y por ende su desaparición del escenario histórico y político común.

La transición ha sido presentada, y es razonable albergar pocas dudas al respecto, como el único “pacto posible” en su momento y dadas las circunstancias, entre los partidos de la oposición democrática, liderados por los Felipe González, Santiago Carrillo, Jordi Pujol… entre otros, y los políticos franquistas de nuevo y viejo cuño con Adolfo Suárez y Manuel Fraga a la cabeza. Así ha sido enlatada y exportada con la etiqueta de máxima garantía y calidad en los mercados europeo y mundial de valores democráticos. Lo que resulta palmario, es que no se produjo, en modo alguno, la (anunciada por algunos y temida por otros) depuración de responsabilidades. El sistema de libertades se sobrepuso al estado y el tipo de sociedad forjados por la dictadura. Hubo una parcial e incompleta restitución de bienes y propiedades a partidos políticos, a algunos sindicatos o colectivos…, pensiones a viudas de militares republicanos y de maestros depurados, pero, y esto es importante, nadie desenterraría muertos ni pediría cuentas a los antiguos vencedores por su rebelión militar contra la Segunda República que desencadenó la guerra, ni por sus crímenes en la dictadura…

¿Cuáles fueron pues los límites de aquella amnistía? ¿Dónde se puso el punto final? ¿Cuáles eran los plazos temporales acordados? Javier Tusell ha dejado escrito en uno de sus textos más recientes: “El revisionismo histórico de la transición debe partir del estado de nuestros conocimientos, y esté en la actualidad ofrece un panorama francamente mejorable”. “Se concede una importancia desmesurada a las elecciones o al texto constitucional, que fueron la consecuencia o el resultado de la transición y no esta misma”.[1]

Así están las cosas y estarán mientras no se analice a fondo el tema. Las cuentas del pasado, de un pasado doloroso, con más de medio millón de muertos, centenares de miles de tullidos y enfermos crónicos, seis cientos mil exiliados…, se cancelaban con la transición como quién cierra un programa de ordenador. Sin duda esta cuestión ha estado gravitando, como una espada de Damocles, sobre el estado democrático y sigue todavía entorpeciendo el avance hacia una recuperación de la memoria de las víctimas de la represión franquista; y por eso también el impacto de la guerra civil y sus consecuencias continúan vigentes, tras cuarenta años de dictadura y treinta de democracia hasta convertirse en un tema recurrente, que aún cautiva parte del interés general cuando, una y otra vez, hace su aparición[2]. Georges L. Mosse ya advirtió sagazmente en 1975, que: “La historia es siempre contemporánea”. Según el historiador alemán, especialista en el estudio de la cultura del nacionalsocialismo, lo que ocurrió en Alemania entre 1929 y 1945 “no está tan lejos de nuestros propios dilemas…”[3] Como ven, esta reflexión, podemos aplicarla perfectamente a los capítulos de nuestra historia a los que estamos aludiendo.

¿Pudo hacerse la transición de otra manera? Es cierto que esta de moda la literatura y la historia contra-factual, y que abunda la especulación en torno a la idea de ¿Qué hubiera pasado si…? En su última novela Philip Roth imagina la Casa Blanca gobernada por un nazi, en lugar de F.D. Roosvelt que fue su primer inquilino durante la II Guerra Mundial. ¿Hubiese un nazi reaccionado peor que Truman (sucesor real de Roosvelt), ordenando lanzar bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki? ¿Se hubiese comportado peor un nazi que Georges W. Busch en su definición del “eje del mal” y las agresiones militares a Afganistán e Irak?

La política es además de otras muchas cosas, el arte de lo posible. Los protagonistas de la transición no han cesado de afirmar que su modus operandi fue el único posible. La pureza de sus intenciones parece innegable. Debemos de tener en cuenta como una de las piedras angulares de debate sobre la transición que Franco murió en la cama. No fue derribado por ninguna de las muchas “conspiraciones comunistas y judeo-masónicas” que el generalísimo soñó a lo largo de su dilatada permanencia como conductor de la nave del estado.[4] Por el contrario, tuvo mucho tiempo, con la ayuda de las potencias y ex potencias democráticas, por obra y gracia de la guerra fría y de la práctica inexistencia de una oposición en el interior de España, para perpetuarse en el ejercicio del poder y ganar adeptos, aprovechando la pasividad que suele generar el paso de los años y los frutos políticos que proporciona el disfrute de una incipiente sociedad de consumo –aún a costa de la hiper-explotación de los trabajadores- tras los tiempos de la autarquía más férrea y la más negra miseria. La excepción a la pasividad de la oposición fue, sin duda, la resistencia armada ofrecida por el movimiento guerrillero controlado mayoritariamente por el PCE. La larga duración del franquismo le proporcionó tiempo para invertir parcialmente la situación de enorme hostilidad y rechazo que despertaba el régimen entre las masas trabajadoras, buena parte de las capas medias urbanas y amplios sectores de las zonas agrarias; despoblando el campo y ensanchando el perímetro de las ciudades; inventando el turismo de sol y playa, fomentando, entre otras “maravillas”, la adquisición de viviendas baratas para sustituir así la cultura del inquilino por la mentalidad del propietario, más conformista y capaz de adaptarse al sistema. Franco empujó a la emigración a centenares de miles de trabajadores (unos tres millones hacia 1963), convirtiendo este éxodo laboral en uno de los ejes de su política económica… Se mantuvo firme en la represión hasta el final. Unas semanas antes de su muerte, no le tembló el pulso para confirmar cinco sentencias de muerte a tres militantes comunistas del FRAP y dos miembros de ETA, que fueron pasados por las armas el 27 de Septiembre de 1975. Tan solo hace cuatro días se han cumplido 30 años de aquellos asesinatos “legalizados” tras unos juicios sin garantía jurídica alguna.

No es objeto de estas líneas insistir en estas consideraciones, que pese a su obviedad suelen ser minimizadas y pasadas por alto. No obstante, si propondré algunas preguntas. Preguntas que ya me hice a propósito del caso Marco, el falso deportado de los campos nazis, que engañó al Parlamento español y al gobierno de Catalunya: ¿Hasta que punto el olvido del pasado derivado de la transición democrática hizo posible un fraude histórico y moral de estas dimensiones? ¿Hasta donde puede llegar la sombra que proyecta sobre el pasado más reciente el franquismo sin Franco? ¿Estamos hablando de Historia y por lo tanto del pasado, o también de la actualidad y por lo tanto del presente?[5] El franquismo leído y repensado como un inmenso fraude histórico y moral; la transición investigada como un legado que ofrece incógnitas por despejar, ángulos oscuros…

Pero los hechos son tozudos y pese a trabas y dificultades, pese a la permanente invitación al olvido de los herederos de Franco en nombre de “no reabrir viejas heridas” se han ido recuperando, y podría decirse que a buen ritmo, las voces del pasado; testimonios que han estimulado estudios, películas documentales y de ficción, libros de historia, de biografías y auto memorias personales; se ha afianzado una rama de la historiografía centrada en el período franquista de muy variopinta calidad, que ha sembrado de minas el campo abonado por la amnesia y por los banales discursos en torno a una falsa reconciliación. A mayor amnesia, más y mejor reconciliación, se venía recomendando y se recomienda todavía desde ciertos púlpitos mediáticos, predicando un aparente deseo de objetividad. Este binomio, como se sabe, es radicalmente falso. Es cierto que la actual efervescencia por la recuperación de la memoria está contaminada de impurezas, de aspectos y teorías, en ocasiones, poco contrastadas; pero no es menos cierto que ha servido para poner la primera piedra contra el edificio de la desmemoria. Una reacción tal vez un poco tardía que ha preparado el terreno para las recientes acciones y propuestas que nos permiten establecer la existencia, pero no los límites, de la fuerte demanda social de memoria que se manifiesta públicamente y en los más diversos foros… Una demanda que no ha parado de crecer desde que comenzaron a ser desenterrados los muertos sin nombre, los desparecidos de la dictadura, arrojados en fosas comunes y cunetas. Esta labor, con vocación arqueológica, que inició la Asociación para la recuperación de la memoria histórica ha conseguido atraer la atención de los medios de comunicación y dar una dimensión popular a temas que hasta ese momento disponían de muy escasa cobertura informativa. En unos tres años se han inhumado más de 500 cadáveres que además de ser enterrados con la dignidad y respeto que reclaman sus familiares, ha promovido la curiosidad general por el inmediato ayer y el conocimiento de esa historia inmediata. Esta circunstancia ha promovido también otros debates más especializados sobre el interés de cómo realizar con garantías científicas las inhumaciones y el futuro desarrollo de lo que llamaré informalmente una arqueología del franquismo o de la represión franquista, disciplina de trabajo que me parece histórica y socialmente justificada.

Santi Vila ha recogido en un reciente ensayo[6] el interés por la memoria histórica hoy, desde una perspectiva comparada, y constata que, en nuestro país ha existido un “desinterés” de proporciones históricas. Añade a los motivos y razones apuntados sobre la larga duración de la dictadura, el miedo a la represión…, etcétera, el de la no participación de España en las guerras mundiales.

Efectivamente, el no haber tomado parte en los conflictos que conformaron el mapa europeo tras 1918 y 1945 confiere un rasgo un tanto peculiar a la reconstrucción de nuestro pasado reciente. El sistema democrático vencedor en Europa de los fascismos, fue derrotado sin paliativos en España. La memoria de los que perdieron la guerra y trataron de resistir a la dictadura tendrá que rehacerse a la contra y sin la cobertura como en el resto de la Europa occidental del sistema de poder y la burocracia establecidos. En Alemania, por ejemplo, se llevó adelante un proceso de des-nazificación; en Francia, se enterró el régimen de Vichy y se produjo la exaltación, rayana en la mitología, de la Resistencia francesa (ocultando los abundantes casos de colaboracionismo) mientras que en España, la dictadura fascistizada de Franco, fusilaba, encarcelaba y perseguía con saña a los resistentes antifranquistas. Se produjo el caso, paradójico, de los ex combatientes republicanos españoles exiliados en Francia perdedores de una guerra y vencedores de otra (la II Guerra Mundial) al haber tomado parte activa en el Maquisard, que serán tratados como héroes en Francia y como villanos, bandoleros (caso de los guerrilleros) o asesinos en la España franquista. Un caso particular de connotaciones apocalípticas es el que sufrieron los exiliados apresados directamente por los alemanes y enviados con el beneplácito de las autoridades franquistas que los consideraron apátridas a campos de exterminio nazis (especialmente Mauthausen), donde encontrarían la muerte miles de ellos. La memoria de las víctimas del franquismo, de una u otra condición o sexo es una memoria reprimida, dañada. Una memoria reprimida cuyo tratamiento requiere huir de esquemas simplistas y de caminos trillados.

El asunto sugiere también una reflexión al hilo de la actualidad. Una actualidad marcada por el debate sobre los beneficiarios de la ley que prepara el Ejecutivo socialista, relativa a la “memoria histórica”[7] Veamos.

Hoy podemos decir que se atraviesa un momento dulce, no exento -como se ha señalado- de polémicas. Momento en el que parece lógico que se trabaje intensamente por recuperar la “memoria viva”; una memoria con fecha de caducidad o que se organicen actos de homenaje y reconocimiento a los supervivientes, etcétera. Pero tanto la memoria individual como la memoria colectiva suponen un proceso de reconstrucción de las identidades tanto personales como de grupo que presenta complejidades a veces difíciles de abordar.

Una de esas cuestiones insoslayables es si debemos o no recuperar toda la memoria, o permitir que una memoria tape y se sobreponga a otra. Parece obvio que debemos recuperar toda la memoria… Volviendo al caso de Alemania sabemos que la recuperación de la memoria del genocidio nazi y el horror de los campos de exterminio, ha tenido que superar dificultades, tales como la sistemática negación de la existencia de los campos, promovida y mantenido por determinados movimientos y grupos xenófobos y no exclusivamente de carácter ultraderechista neo-nazi. Esta intensa batalla histórica ganada con toda justicia por las víctimas del holocausto ocupa, a su pesar, todo el campo semántico y fáctico de la memoria alemana, dejando en la penumbra, entre otros asuntos, lo que ha dado en llamarse memoria de la destrucción. Y esa destrucción no es otra que la sufrida por las ciudades alemanas como Dresde… donde se produjeron los mayores bombardeos de la historia, realizados por las fuerzas aéreas anglo-norteamericanas (cuando la guerra estaba ya ganada por los aliados). No es más que un ejemplo, pero no debe tomarse a la ligera[8], ni tampoco tomarse como excusa para no defender la necesidad y la justicia de recuperar, con prioridad absoluta, la memoria de los valedores y defensores de la Republica democrática en España, de los humillados y de las víctimas de la feroz represión franquista condenados al silencio y a sufrir el permanente agravio comparativo de la imposición de los ritos, tradiciones y lugares de la memoria franquista; una memoria prepotente y siempre “presente” y amenazante.

A modo de advertencia, me parece interesante señalar algunas consideraciones, puede que intempestivas, en íntima conexión con los problemas apuntados:

En esta tarea de reconstrucción de la memoria, es tan importante disponer de la adecuada perspectiva histórica como necesaria es la proximidad a los hechos, sus protagonistas y escenarios; amén de un agudo sentido de la oportunidad.

En esta dirección se puede establecer que lo que hemos señalado hoy como una demanda social es, en parte, el producto de una tendencia. Una tendencia que se ha ido conformando lentamente. Algunos investigadores señalan sus tímidos inicios en las postrimerías de los años ochenta (del siglo XX); otros (entre los que me cuento) sitúan su consolidación una década más tarde, coincidiendo, más o menos, con el sesenta aniversario de la guerra civil (convendría reprensar los antecedentes y consecuentes de las elecciones de 1993) para desbordarse en los últimos años del siglo XXI, planteando algunos de los efectos señalados.

El fantasma de la guerra civil en la trastienda de los almacenes de la memoria nos visitará todavía por mucho tiempo, de momento, cada década como apunta Antonio Elorza en un reciente artículo: “Nos encontramos ante una detestable deriva de signo demagógico inclinada a los intereses y a la sensibilidad de la extrema derecha”. Es difícil paliar con medidas de urgencia las carencias en la recuperación de la memoria que se arrastran desde la larga década socialista (años ochenta del siglo pasado) en el Gobierno. Se hizo muy poco entonces por “explicar la grandeza que en su fracaso representó la democracia republicana, ni siquiera el del papel desempeñado por los socialistas en la construcción del régimen”[9].

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que en una encuesta realizada por el CIS en el año 2000, todavía el 43 por ciento de los españoles contestaban SI frente a un 51 por ciento que contestaba NO a la pregunta sobre si notaba (cada uno de los entrevistados) la huella dejada por la época de Franco; españoles que además consideraban mayoritariamente que hoy (por el 2000) se vive con menos seguridad y en mayor situación de riesgo.[10]

La memoria como explica Paul Ricoeur, uno de sus mayores estudiosos, no se reconstruye solo a golpe de conmemoraciones y monumentos; requiere de algo más que buenas voluntades o visiones dogmáticas. Se avanza en la regeneración del tejido dañado de la memoria, contaminado siempre de olvido, paso a paso o, a veces, con aparentes retrocesos. Por ello, es necesario evitar los “abusos de la memoria” que suponen los excesos en el montaje de homenajes y memoriales. Ricoeur recogiendo palabras de Todorov en su Les Abus de la mèmoire, advierte que el abuso “no es solo propio de los regímenes totalitarios, es patrimonio de todos los celosos de la historia”[11] Así es como pueden surgir corrientes, grupos y personas, que intentan convertir en patrimonio propio lo que es patrimonio moral e histórico de la humanidad, poniendo trabas y dificultades al trabajo de la memoria.

La Historia Oral y la toma de testimonios -documentos esenciales del archivo de la memoria viva- no pueden ser usados o presentados como vehículo único o “el esencial” para progresar en los objetivos propuestos. Estas aportaciones presentan una serie de limitaciones que he intentado plantear en mi libro La memoria reprimida. Historias orales del maquis. El libro, no trata en exclusiva este asunto, pero es uno de sus aspectos centrales ya que se introduce través de siete historias de vida (las de seis resistentes y un testigo infantil) en los recovecos de la memoria, en sus “renglones torcidos”, para leer en ellos a través del uso y la metodología propias del análisis crítico uno de los capítulos más dramáticos de la represión franquista[12]. Tristán Todorov, cuando se refiere al “deber de la memoria”, sostiene: “El trabajo del historiador, como todo trabajo sobre el pasado, no consiste nunca, solamente, en establecer los hechos, sino también en escoger los más destacados y significativos de entre ellos y en relacionarlos luego entre si…” Estas palabras han sido la guía de mi trabajo, y el resultado, pese a sus imperfecciones, rinde homenaje a los combatientes guerrilleros y a los luchadores clandestinos, pues ellos son la memoria de nuestra resistencia en los tiempos más duros de la represión franquista.

José Antonio Vidal Castaño. Historiador y Escritor

(*) Texto de intervención en las VI JORNADAS “EL MAQUIS EN SANTA CRUZ DE MOYA. CRÓNICA RURAL DE LA GUERRILLA ESPAÑOLA. MEMORIA HISTÓRICA VIVA” Santa Cruz de Moya, octubre, 2005.


[1] Javier Tussell, “La transición a la democracia y la España de Juan Carlos I” (Prólogo) en José Maria Jover Zamora, Historia de España de Menéndez Pidal XLII, Madrid, Espasa – Calpe, 2001.

[2] El ejemplo más reciente es la curiosidad suscitada entre estudiosos y profesionales por el último libro de Anthony Beevor, La guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2005, que se anuncia como una versión actualizada de la contienda que incorpora materiales de archivo soviéticos y alemanes.

[3] Véase, Georges L. Mosse, La nacionalización de las masas, Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 276

[4] El dictador logró eludir varios atentados preparados por “grupos subversivos” que fracasaron por falta de información o impericia técnica. El atentado, sin duda, más original –al que no pudo escapar el general- fue el perpetrado literariamente por Max Aub en su relato La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, editado por primera vez en 1944 en pleno exilio de su autor. La historia imaginada por Aub puede resumirse así: Ignacio Jurado es camarero de un céntrico bar en México DF. Harto de las baladronadas de sus clientes -exiliados españoles de diversas tendencias políticas- obsesionados por matar a Franco, el joven mexicano decide asesinarlo por su cuenta, ante la inoperancia de los políticos. Urde un plan secreto: pide unas vacaciones, se traslada a Madrid y disfrazado de general, asesina al Caudillo en pleno desfile de la Victoria mientras los aviones rugen al sobrevolar la parada militar. Protegido por la confusión y el uniforme vuelve a su hotel, etcétera. Una vez de vuelta a México opta por no desvelar su secreto. La noticia del asesinato conmueve a los exiliados, pero no logra sacarles de su marasmo. Para degustar esta historia, léase, Max Aub, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, Barcelona, Seix Barral, SA, 1979.

[5] Levante. El Mercantil Valenciano, 19/05/2005, “El caso Marco” por José Antonio Vidal Castaño

[6] Santi Vila, Elogi de la memoria, València, 3 i 4, Eliseu Climent, 2005, pp. 35 a 43.

[7] El País, 12 y 14-7-2005.

[8] Véase G. W. Sebald, Historia general de la destrucción, Barcelona, Anagrama 2004.

[9] El País, 17-9-2005, en “Vuelve el 36” por Antonio Elorza. Para mayor información sobre el papel de los socialistas en la guerra civil puede consultarse, entre otras obras, Helen Graham, El PSOE en la Guerra Civil. Barcelona, Debate / Mondadori, 2005.

[10] Felix Moral, Opiniones y Actitudes. La memoria del franquismo y de la transición a la democracia en los españoles del año 2000, Madrid, 2001, CIS nº 36.pp. 14 y 81.

[11] Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 203. pp. 110-118.

[12] Véase José Antonio Vidal Castaño, La memoria reprimida. Historias orales del maquis, Valencia, Publicacions Universitat de Valencia (PUV), 2004.

 

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