|
La represión franquista se refiere
al largo proceso de violencia física, económica,
política y cultural que sufrieron durante la Guerra
Civil Española los partidarios del bando
republicano en
la zona
sublevada, y durante la posguerra y
el Régimen de
Franco los
perdedores de la Guerra Civil -los republicanos-,
quienes les apoyaban o podían apoyarles, los que eran
denunciados como antifranquistas -lo fueran o no-, así
como posteriormente los miembros de organizaciones
políticas, sindicales y en general quienes no estaba de
acuerdo con la existencia de la dictadura franquista,
manifestaban su oposición al mismo y quienes constituían
o podían constituir un peligro para el mismo.
En la historiografía no española, la
represión franquista se suele denominar terror
blanco (white
terror en inglés,
terreur blanche
en francés).
El periodo álgido de represión y violación
de los derechos humanos
(que corresponde al llamado "terror blanco")
empezó con el alzamiento
militar de julio de 1936 y
se considera que terminó en 1945, cuando la Segunda
Guerra Mundial puso
fin a las dictaduras de
Hitler
y Musolini,
principales apoyos del régimen franquista. A partir de
1945, año de la promulgación del Fuero
de los Españoles, se suele hablar de represión
franquista, una represión que se aplicó durante toda la dictadura hasta
el fallecimiento de Francisco
Franco en
noviembre de 1975.
Según distintos informes coincidentes,
España es el segundo país del mundo en número de
desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni
identificados, tras Camboya.

La dictadura franquista recurrió a lo
largo de toda su existencia, hasta 1976, a los métodos
represivos propios de todo régimen no democrático. La no
observancia de estas prohibiciones conllevaba penas de
cárcel, sanciones y multas, así como violencia física en
la primera fase represiva del Régimen. La represión
ejercida por el franquismo se
extendió a toda la sociedad y puede clasificarse del
siguiente modo:
Localización geográfica de las fosas o lugares de
enterramiento de la Guerra Civil Española de las que se
dispone información. Símbolos según la actuación
realizada sobre cada una de ellas:
Fosa
aún no intervenida.
Fosa
aún no encontrada.
Transferida
al Valle de
los Caídos.
Parcial
o totalmente exhumada. Acuerdo con las circunstancias
del homicidio.
Fuente: Ministerio
de Justicia de España
Incluye los
ajusticiamientos "legales", en cumplimiento de
sentencias dictadas por tribunales militares durante el
periodo de la guerra civil, los asesinatos ilegales, las
llamadas sacas,
practicadas al margen de las autoridades militares, pero
con el pleno conocimiento de que se estaban llevando a
cabo. Las "sacas" fueron especialmente intensas durante
los meses de julio y agosto de 1936.
Dentro del ámbito de la represión física también se
incluye el encarcelamiento y cualquier pena de privación
de libertad. La represión violenta y física ejercida por
el régimen continuó después del fin de la contienda, en
periodo de paz, y se prolongó hasta los años 1970,
adoptando métodos no tan masivos y más ajustados a la
legalidad establecida por el sistema judicial vigente en
aquel periodo. Las desapariciones
forzosas siguieron
produciéndose hasta después de la Segunda
Guerra Mundial. Muchos de los encargados de la represión
o la administración en los campos habían sido víctimas
en la zona
republicana, y por este motivo mantuvieron una voluntad
de furia y venganza hacia los vencidos. Tampoco
los funcionarios de alta instancia de la posguerra se
mostraron muy contrarios a este clima de represión y
venganza: El Director General de Prisiones, Máximo
Cuervo Radigales, y el jefe del Cuerpo
Jurídico Militar, Lorenzo
Martínez Fuset, contribuyeron en no poca medida a crear
este clima represivo.

Muchas de las víctimas fueron enterradas
en fosas comunes repartidas por toda España, a menudo
fuera de los cementerios y diseminadas por el campo, y
sin que su muerte fuese inscrita en los registros
civiles. Desde principios de los años 2000, diversas
asociaciones de víctimas del franquismo como la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica se
han encargado de localizar estas fosas para identificar
los restos de los ajusticiados y entregarles a sus
familiares para que pudieran darles una sepultura digna.
La ley de
memoria histórica, aprobada en diciembre de 2007,
pretende hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos
a las víctimas del franquismo para equipararles a las
víctimas del otro bando, y ha establecido un mapa de
fosas y víctimas, en constante actualización.
Según el historiador británico Antony
Beevor, el número total de víctimas de la represión
franquista podría acercarse a 200.000, teniendo en
cuenta que en varias provincias el recuento aún no había
sido efectuado en 2005.
Según el historiador británico Hugh
Thomas, el balance de la represión llevada a cabo por
los nacionales se cifraría en 75.000 muertos durante la
guerra, de los que dos tercios corresponderían a los
primeros meses del conflicto (incluyendo las ejecuciones
en los campos de concentración, las ordenadas por los
tribunales después de 1936 y los muertos en el frente). Estas
cifras alcanzarían 100.000 muertos si se incluyen los
represaliados por los nacionales en los territorios
conquistados.
Diversas estimaciones presentan cifras en
torno a 150.000 víctimas, algunas
apuntando hasta 400.000 muertos, según
el periodo considerado y la inclusión o no de las
víctimas muertas en campos de concentración. El
historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres
se prolongaron más tiempo bajo el gobierno franquista,
siendo éste menos amenazado que el gobierno republicano.
En cuanto a los cientos de miles de presos internados en campos
de concentración franquistas, 192.000 habrían sido
fusilados, a veces varios años después del fin de la
contienda, con picos de varios centenares de ejecuciones
al día en algunos periodos de 1939 y 1940.

Episodio menos conocido de la represión
franquista, el régimen alentó separar a niños de sus
madres cuando éstas estaban encarceladas. Cuando los
niños nacidos en la cárcel alcanzaban tres años de edad
(que no era común al recibir intencionadamente una dieta
hipocalórica
que les provocaba una alta mortandad), y cuando
no existían familiares que pudieran hacerse cargo de
ellos, pasaban a ser "tutelados" por la Sección
Femenina de la Falange, y en particular por los
Patronatos de Redención de Penas que se encargaban de
educar a los hijos de los detenidos. Según
estudio publicado por Ricard Vinyes, entre
1944 y 1945 el Patronato de San Pablo contabilizó 30.000
menores hijos de encarcelados y exiliados, a los que
habría que añadir 12.000 tutelados por el Patronato de
la Merced.
En noviembre de 1940,
el Ministerio de Gobernación publicó un decreto sobre
los huérfanos de guerra, a saber hijos de padres
fusilados o desaparecidos (exiliados, olvidados en las
cárceles, fugitivos y clandestinos), según el cual sólo
«personas irreprochables desde el punto de vista
religioso, ético y nacional» podían obtener la
tutela de esos niños. En diciembre de 1941, una ley
permitió que los niños que no recordaran su nombre,
hubieran sido repatriados o cuyos padres no pudieran ser
localizados fueran inscritos en el Registro
Civil bajo
un nuevo nombre, lo que facilitó que pudieran ser
adoptados de forma irregular. Esta práctica se extendió
a todo el período de la dictadura franquista.
En su Declaración de condena de la
Dictadura Franquista del 17
de marzo de 2006 (Recomendación
1736, punto 72, 73, 74 y 75), el
Consejo de Europa afirmó
que los «niños perdidos» son víctimas del Franquismo,
dado que sus «apellidos fueron modificados para
permitir su adopción por familias adictas al régimen».
También afirmó que «el régimen franquista invocaba la
'protección de menores' pero la idea que aplicaba de
esta protección no se distinguía de un régimen punitivo»,
y que «frecuentemente eran separados de las demás
categorías de niños internados en las Instituciones del
Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos».
Repatriación de menores
El carácter nacionalcatólico del
régimen de Franco daba a la familia y a la infancia
papeles muy importantes como pilares de la sociedad
española. Durante la guerra civil, muchos padres
tuvieron que tomar la decisión de evacuar a sus hijos al
extranjero. Al concluir ésta, Franco decide que todos
estos niños tienen que regresar a España. El
régimen convierte la repatriación de esto menores en una
gran operación propagandística.
Una ley de 1940 marcaba que la patria potestad de los
niños que estaban en centros de Auxilio
Social (antes
«Auxilio de invierno») pasaba automáticamente al Estado.
Esto creaba un gran riesgo de que los padres perdieran
al niño para siempre. Entre
todos los niños españoles en el extranjero, el régimen
franquista tenía particular interés en los que estaban
en la Unión
Soviética. Para Franco, era un golpe de efecto poder
sacarlos del país donde había triunfado la revolución
comunista.
La
situación en las cárceles franquistas
La situación vivida por las mujeres republicanas y sus
niños tanto fuera como dentro de las cárceles ha sido
recogida en numerosos testimonios orales en los que se
habla de todo tipo de vejaciones. Tras la guerra las
condiciones de vida en las cárceles eran deplorables.
Debido a los arrestos masivos se vivía en una situación
de gran hacinamiento. Las condiciones higiénicas eran
muy deficientes y los alimentos escaseaban. Muchos de
los niños que entraron con sus madres a las cárceles
enfermaron o murieron en ellas. Los que sobrevivían eran
separados de sus madres y, en muchos casos, dados en adopciones
ilegales, ya que por ley los menores sólo podían estar
en la cárcel con sus madres hasta los tres años de edad.
Otros acabaron en conventos, forzados a convertirse en
monjas y religiosos.
Reparación legal y moral
En el año 2008, el juez Baltasar
Garzón consideró
los delitos de detención
ilegal con desaparición
forzada de personas y
la sustracción a sus padres de menores, como crímenes
contra la Humanidad que
no habían prescrito, ya que muchas víctimas, hijos y
algunos padres, podían aún estar vivos. Por este motivo,
el magistrado instó a las instituciones, al Ministerio
Fiscal y a
los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables
y se repare a las víctimas, de manera que puedan
recuperar la identidad que les fue arrebatada.
El juez incluyó en su escrito cifras que elevan a más de
30.000 el número de niños tutelados por
la dictadura franquista entre 1944 y 1954. En
el informe no se indica que cantidad de esos niños
pudieron acabar siendo adoptados por otras familias. El
informe también menciona las principales formas que
podrían haber sido empleadas para la sustracción de
menores, incluyendo a los que pudieron ser traídos desde
el extranjero entre los años 1939 y 1949, a través de un
entramado de acciones y organismos, principalmente el Servicio
Exterior de Falange. Según el juez, a los niños les
cambiaron los apellidos para entregarlos a familias
afines al régimen franquista. Para Baltasar
Garzón, los niños perdidos son parte de las víctimas del
franquismo.
La inhabilitación del juez Baltasar
Garzón en
febrero de 2012 acusado de prevaricación en
un dictamen en el que se consideró que sus actuaciones
habían sido arbitrarias y por encima de la ley pone en
duda la continuación de diligencias contra la dictadura.
En el año 2012, el Ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón
anunció la creación de un servicio de atención
para los afectados por el caso de niños robados en los
que se incluye la elaboración de un censo de posibles
casos.
Reconocimiento del Consejo de Europa
En 2006 el Consejo
de Europa ofreció
el primer reconocimiento internacional a los hijos de
las presas republicanas cuyos apellidos fueron
modificados.

Practicada con todos los funcionarios del
Estado Republicano, tanto en las instituciones
Centrales, como en diputaciones y municipios, llevada a
cabo mediante un proceso de purga conocido con el nombre
de depuración. Los funcionarios eran castigados con
sanciones que iban desde el encarcelamiento, el traslado
forzoso, la suspensión de empleo y sueldo, la
inhabilitación y la separación. Para
la obtención de una plaza, se daba prioridad a los
leales al Movimiento Nacional, y se exigía la
presentación de "certificados de buena conducta"
expedidos por el jefe local de FET
y de las JONS y
el cura de la parroquia.
Miles de oficiales que habían servido a
la República fueron
expulsados del ejército.

La represión
administrativa practicada en el Sistema Educativo fue
especialmente intensa, tanto en la enseñanza primaria y
secundaria como en las universidades. Instituciones
pioneras de educación superior y de investigación como
la Residencia
de Estudiantes de
Madrid fueron desmanteladas por ser consideradas
subversivas, y los contenidos educativos fueron
revisados para ajustarse a los estrictos criterios
políticos, religiosos y culturales del Régimen, en todos
los niveles de la enseñanza. La
cuarta parte de los maestros y profesores de España
fueron expulsados de la enseñanza.29 Ya
ha sido estudiada en el caso del Magisterio Nacional,
con diversas investigaciones de ámbito nacional y local.
El Cuerpo de Funcionarios y Telégrafos también ha sido
objeto de estudio e investigación, así como diversos
ayuntamientos.
En los casos de personas afectadas por
las depuraciones políticas tanto en el ámbito laboral
como en las administraciones públicas, éstas se vieron
privadas de su derecho a percibir una jubilación.

La religión católica fue instaurada como
religión oficial del Estado, y su doctrina declarada
fuente de inspiración de la legislación. Las
demás religiones quedaron limitadas al ámbito privado y
se prohibieron sus manifestaciones públicas. No
obstante, en 1967 fue reformada la ley para incluir en
su articulado la libertad religiosa, prohibiendo las
manifestaciones externas de toda religión que no fuese
católica, y reafirmando la protección oficial que el
Estado brinda a esta última. Los
lazos privilegiados entre el Estado y la Iglesia
católica llevaron a que se hablase de nacional
catolicismo.

Implicaba la
prohibición o ridiculización de las lenguas
de España
diferentes del castellano,
única lengua reconocida políticamente. La posguerra
generó una nueva brutalidad después de la ocupación de
Cataluña: odio a la autonomía catalana, la represión
contra la lengua y la cultura propias. En España fue
derrotada la izquierda, en Cataluña, además, el catalanismo.
En los primeros años de posguerra, persiguió con
sistematicidad la lengua y la cultura catalanas, vascas
y gallegas, sobre todo en la administración, en los
medios de comunicación, en la escuela, en la
universidad, en la señalización pública y en general en
toda manifestación pública, sin
que dicha persecución se extendiera más allá en el
tiempo. El franquismo dio muestras pronto de respeto a
la lengua catalana, quizá porque entre sus filas había
muchos burgueses catalanistas y con el colaboraron
ilustres políticos de ese signo, como Francesc Cambó: En
1945, el estado subvencionó y colaboró en el homenaje a
Mosén Cinto Verdaguer y un año antes había hecho
obligatorio la inclusión del catalán en las cátedras de
filología hispánica. Algo parecido ocurrió con el resto
de las lenguas: Tan pronto como el año 1945, funcionaban
con normalidad las academias del vasco y del gallego,
dedicadas a normalizar dichos idiomas, y unos pocos años
más tarde, en 1957, se fundó la primera ikastola. Ya en
1948 se editaba la revista Egan, en euskera. Y cómo
anécdota adicional, el 30 de marzo de 1969, el diario La
Vanguardia
publicaba que el Tribunal Supremo confirmó una sentencia
contra Nestor Luján por publicar en la revista Destino,
que dirigía, una carta que denigraba el catalán, idioma
cuyo uso se respeta y garantiza. Si bien no se
permitía su uso en instancias oficiales, su uso
cotidiano y en la vida cultural no estaba perseguido ni
sancionado.

La represión económica fue practicada
mediante multas económicas (pago de cantidades fijas),
incautaciones totales o parciales de bienes y embargos
de cuentas bancarias, decididas por la Comisión
Central de Bienes Incautados por el Estado y
por comisiones provinciales de incautación. Se aplicó en
virtud de un decreto aprobado el 10
de enero de 1937,
en particular su artículos 6 y 8 que sancionaban
económicamente a "los responsables de daños o perjuicios
causados a España". El 9 de febrero de 1939, la Ley de
Responsabilidades Políticas amplió ese decreto para
"liquidar las culpas contraídas por quienes
contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la
subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos
años y a entorpecer el triunfo del Movimiento Nacional".
El artículo 10 imponía sanciones económicas a todos los
condenados por tribunales militares. Estas sanciones se
aplicaban incluso tras el fallecimiento del condenado.
Las incautaciones se realizaban a particulares, partidos
políticos, asociaciones, firmas comerciales.
Esta ley se aplicaba no sólo a todos los
opositores al régimen sino también a los que habían
servido civil y militarmente bajo la Segunda República.
Vulneraba la irretroactividad penal, castigando ideas y
actos anteriores al levantamiento franquista, y por lo
tanto legales cuando se realizaron.
El 13
de abril de 1945,
el Ministerio de Justicia publicó un decreto que declaró
extinguidos los procedimientos de Responsabilidades
Civiles y Políticas y los tribunales creados para su
aplicación, al considerar cumplida su misión. Creó la
Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas para
resolver los casos pendientes y los recursos presentados
contra las sentencias sancionadoras. Buena
parte de los recursos fueron sobreseídos o indultados, y
los bienes y el dinero incautados fueron devueltos en
las décadas posteriores, por un importe equivalente al
que tenían en las fechas de incautación, lo que
representaba una fuerte devalorización.
La restitución del patrimonio histórico y
acumulado de los sindicatos de trabajadores,
asociaciones empresariales y sociedades vinculadas a
ellos, no se planteó hasta el inicio de la Transición,
cuando un Real Decreto Ley de 1976 repartió entre los
sindicatos mayoritarios los bienes acumulados por el sindicato
vertical, recientemente abolido. La devolución del
patrimonio histórico de las organizaciones sindicales no
fue contemplada de hecho hasta la aprobación en 1986 de
la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical
Acumulado.

Llevada a cabo en todos los ámbitos
productivos, con despidos de puesto de trabajo,
inhabilitaciones laborales y profesionales. Las
organizaciones patronales realizaban listas de "rojos" o
"sindicalistas" para evitar que entrasen a las empresas.
En el caso de miembros de profesiones liberales, fue
llevada a cabo por los propios colegios profesionales,
después de su correspondiente depuración. Los
funcionarios públicos que habían servido durante la
República fueron despedidos de acuerdo con la "Ley de
Depuración".


Se prohibieron los partidos políticos,
sindicatos, asociaciones y periódicos no afines al
régimen. Se anuló la libertad
de expresión
para opiniones contrarias al gobierno o simplemente
discrepantes, y se estableció desde las mismas
instancias de gobierno un sistema de censura de
todos los medios de comunicación.

La censura fue aplicada a temas no
relacionados directamente con la política: literatura,
poesía, canciones, artes plásticas, cine y teatro. Se
impuso un modelo cultural definido según los criterios
establecidos por el Estado.
La censura que aplicaba el régimen afectó
a todas las actividades intelectuales y a los medios de
comunicación, y llegó a incluir la manipulación
fotográfica. El
cine y el teatro serían víctimas de una doble censura
civil y eclesiástica, siendo prohibidas obras de
autores. En la novela el régimen no pudo evitar que
algunos escritores reflejaran las miserias condiciones
de vida de aquellos años cuarenta. Un pintor, el
palentino Ambrosio
Ortega, Brosio,
fue la persona que más años permaneció en las cárceles
franquistas, al permanecer preso desde 1947 hasta 1970 por
su colaboración con el maquis.
La represión franquista se inició en el
mismo comienzo de la guerra civil, en aquellas
provincias donde triunfo rápidamente la conspiración
armada contra la República, el llamado Alzamiento,
finalizando en la década de los años 70, con la muerte
de Francisco
Franco.
Fuente: Wikipedia
|
|
 |
Memoria, Historia y
represión franquista
En los últimos años estamos
asistiendo a un fenómeno de carácter socio-político relativamente nuevo que
consiste en el creciente interés de las nuevas generaciones (nietos de los
perdedores de la guerra civil) por conocer más y mejor su pasado reciente.
Un pasado que les ha sido escamoteado desde la escuela primaria a la
universidad a causa de políticas educativas –incluidas las llamadas
progresistas- incapaces de implantar la reforma de programas y contenidos de
acuerdo con los tiempos que vivimos y que ponga el acento, en cuanto a
conocimiento histórico se refiere, en el estudio y la investigación de las
zonas oscuras de ese pasado.
Y se puede determinar que este
interés, que parece no detenerse, está centrado en torno a la franja
temporal comprendida, grosso modo, entre 1930 y 1960, con atención
preferente al segmento que comprende los años treinta y cuarenta; es decir,
que la mayor curiosidad y afán de conocimiento está centrado en los capítulo
históricos que abarcan: la Segunda República, incluidos sus antecedentes; la
guerra civil española entre 1936 y 1939 y el llamado primer franquismo,
desde los inicios de la dictadura y hasta bien entrados los años cincuenta.
Este interés se hace extensible a
etapas posteriores del franquismo hasta la muerte del dictador e incluso a
los primeros años de la transición a la democracia cuando se comprende la
íntima conexión entre la guerra civil y el franquismo con el pacto político
que hizo posible la transición; una transición que se desenvolvió dentro de
unos cauces conservacionistas que sujetaron con mano de hierro en guantelete
de seda su evolución posterior. Las preguntas, o al menos las más
importantes, no tienen aún, treinta años más tarde, una respuesta
convincente: ¿Hubo o no “ley de punto final” para los crímenes y
responsabilidades políticas, sociales, etcétera, del franquismo? ¿Se acordó
o no en la transición una amplia amnistía para los responsables de tales
crímenes entre 1936 y 1975? Todo parece indicar que esta debió ser una de
las condiciones impuestas por la parte contratante que fue aceptada por la
parte contratada de forma más o menos vinculante y con efectos retroactivos;
la caducidad sine die y por ende su desaparición del escenario histórico y
político común.
La transición ha sido presentada, y
es razonable albergar pocas dudas al respecto, como el único “pacto posible”
en su momento y dadas las circunstancias, entre los partidos de la oposición
democrática, liderados por los Felipe González, Santiago Carrillo, Jordi
Pujol… entre otros, y los políticos franquistas de nuevo y viejo cuño con
Adolfo Suárez y Manuel Fraga a la cabeza. Así ha sido enlatada y exportada
con la etiqueta de máxima garantía y calidad en los mercados europeo y
mundial de valores democráticos. Lo que resulta palmario, es que no se
produjo, en modo alguno, la (anunciada por algunos y temida por otros)
depuración de responsabilidades. El sistema de libertades se sobrepuso al
estado y el tipo de sociedad forjados por la dictadura. Hubo una parcial e
incompleta restitución de bienes y propiedades a partidos políticos, a
algunos sindicatos o colectivos…, pensiones a viudas de militares
republicanos y de maestros depurados, pero, y esto es importante, nadie
desenterraría muertos ni pediría cuentas a los antiguos vencedores por su
rebelión militar contra la Segunda República que desencadenó la guerra, ni
por sus crímenes en la dictadura…
¿Cuáles fueron pues los límites de
aquella amnistía? ¿Dónde se puso el punto final? ¿Cuáles eran los plazos
temporales acordados? Javier Tusell ha dejado escrito en uno de sus textos
más recientes: “El revisionismo histórico de la transición debe partir del
estado de nuestros conocimientos, y esté en la actualidad ofrece un panorama
francamente mejorable”. “Se concede una importancia desmesurada a las
elecciones o al texto constitucional, que fueron la consecuencia o el
resultado de la transición y no esta misma”.[1]
Así están las cosas y estarán
mientras no se analice a fondo el tema. Las cuentas del pasado, de un pasado
doloroso, con más de medio millón de muertos, centenares de miles de
tullidos y enfermos crónicos, seis cientos mil exiliados…, se cancelaban con
la transición como quién cierra un programa de ordenador. Sin duda esta
cuestión ha estado gravitando, como una espada de Damocles, sobre el estado
democrático y sigue todavía entorpeciendo el avance hacia una recuperación
de la memoria de las víctimas de la represión franquista; y por eso también
el impacto de la guerra civil y sus consecuencias continúan vigentes, tras
cuarenta años de dictadura y treinta de democracia hasta convertirse en un
tema recurrente, que aún cautiva parte del interés general cuando, una y
otra vez, hace su aparición[2]. Georges
L. Mosse ya advirtió sagazmente en 1975, que: “La historia es siempre
contemporánea”. Según el historiador alemán, especialista en el estudio de
la cultura del nacionalsocialismo, lo que ocurrió en Alemania entre 1929 y
1945 “no está tan lejos de nuestros propios dilemas…”[3]
Como ven, esta reflexión, podemos aplicarla perfectamente a los capítulos de
nuestra historia a los que estamos aludiendo.
¿Pudo hacerse la transición de otra
manera? Es cierto que esta de moda la literatura y la historia
contra-factual, y que abunda la especulación en torno a la idea de ¿Qué
hubiera pasado si…? En su última novela Philip Roth imagina la Casa Blanca
gobernada por un nazi, en lugar de F.D. Roosvelt que fue su primer inquilino
durante la II Guerra Mundial. ¿Hubiese un nazi reaccionado peor que Truman
(sucesor real de Roosvelt), ordenando lanzar bombas nucleares sobre
Hiroshima y Nagasaki? ¿Se hubiese comportado peor un nazi que Georges W.
Busch en su definición del “eje del mal” y las agresiones militares a
Afganistán e Irak?
La política es además de otras
muchas cosas, el arte de lo posible. Los protagonistas de la transición no
han cesado de afirmar que su modus operandi fue el único posible. La pureza
de sus intenciones parece innegable. Debemos de tener en cuenta como una de
las piedras angulares de debate sobre la transición que Franco murió en la
cama. No fue derribado por ninguna de las muchas “conspiraciones comunistas
y judeo-masónicas” que el generalísimo soñó a lo largo de su dilatada
permanencia como conductor de la nave del estado.[4]
Por el contrario, tuvo mucho tiempo, con la ayuda de las potencias y ex
potencias democráticas, por obra y gracia de la guerra fría y de la práctica
inexistencia de una oposición en el interior de España, para perpetuarse en
el ejercicio del poder y ganar adeptos, aprovechando la pasividad que suele
generar el paso de los años y los frutos políticos que proporciona el
disfrute de una incipiente sociedad de consumo –aún a costa de la hiper-explotación
de los trabajadores- tras los tiempos de la autarquía más férrea y la más
negra miseria. La excepción a la pasividad de la oposición fue, sin duda, la
resistencia armada ofrecida por el movimiento guerrillero controlado
mayoritariamente por el PCE. La larga duración del franquismo le proporcionó
tiempo para invertir parcialmente la situación de enorme hostilidad y
rechazo que despertaba el régimen entre las masas trabajadoras, buena parte
de las capas medias urbanas y amplios sectores de las zonas agrarias;
despoblando el campo y ensanchando el perímetro de las ciudades; inventando
el turismo de sol y playa, fomentando, entre otras “maravillas”, la
adquisición de viviendas baratas para sustituir así la cultura del inquilino
por la mentalidad del propietario, más conformista y capaz de adaptarse al
sistema. Franco empujó a la emigración a centenares de miles de trabajadores
(unos tres millones hacia 1963), convirtiendo este éxodo laboral en uno de
los ejes de su política económica… Se mantuvo firme en la represión hasta el
final. Unas semanas antes de su muerte, no le tembló el pulso para confirmar
cinco sentencias de muerte a tres militantes comunistas del FRAP y dos
miembros de ETA, que fueron pasados por las armas el 27 de Septiembre de
1975. Tan solo hace cuatro días se han cumplido 30 años de aquellos
asesinatos “legalizados” tras unos juicios sin garantía jurídica alguna.
No es objeto de estas líneas
insistir en estas consideraciones, que pese a su obviedad suelen ser
minimizadas y pasadas por alto. No obstante, si propondré algunas preguntas.
Preguntas que ya me hice a propósito del caso Marco, el falso deportado de
los campos nazis, que engañó al Parlamento español y al gobierno de
Catalunya: ¿Hasta que punto el olvido del pasado derivado de la transición
democrática hizo posible un fraude histórico y moral de estas dimensiones?
¿Hasta donde puede llegar la sombra que proyecta sobre el pasado más
reciente el franquismo sin Franco? ¿Estamos hablando de Historia y por lo
tanto del pasado, o también de la actualidad y por lo tanto del presente?[5]
El franquismo leído y repensado como un inmenso fraude histórico y moral; la
transición investigada como un legado que ofrece incógnitas por despejar,
ángulos oscuros…
Pero los hechos son tozudos y pese a
trabas y dificultades, pese a la permanente invitación al olvido de los
herederos de Franco en nombre de “no reabrir viejas heridas” se han ido
recuperando, y podría decirse que a buen ritmo, las voces del pasado;
testimonios que han estimulado estudios, películas documentales y de
ficción, libros de historia, de biografías y auto memorias personales; se ha
afianzado una rama de la historiografía centrada en el período franquista de
muy variopinta calidad, que ha sembrado de minas el campo abonado por la
amnesia y por los banales discursos en torno a una falsa reconciliación. A
mayor amnesia, más y mejor reconciliación, se venía recomendando y se
recomienda todavía desde ciertos púlpitos mediáticos, predicando un aparente
deseo de objetividad. Este binomio, como se sabe, es radicalmente falso. Es
cierto que la actual efervescencia por la recuperación de la memoria está
contaminada de impurezas, de aspectos y teorías, en ocasiones, poco
contrastadas; pero no es menos cierto que ha servido para poner la primera
piedra contra el edificio de la desmemoria. Una reacción tal vez un poco
tardía que ha preparado el terreno para las recientes acciones y propuestas
que nos permiten establecer la existencia, pero no los límites, de la fuerte
demanda social de memoria que se manifiesta públicamente y en los más
diversos foros… Una demanda que no ha parado de crecer desde que comenzaron
a ser desenterrados los muertos sin nombre, los desparecidos de la
dictadura, arrojados en fosas comunes y cunetas. Esta labor, con vocación
arqueológica, que inició la Asociación para la recuperación de la memoria
histórica ha conseguido atraer la atención de los medios de comunicación y
dar una dimensión popular a temas que hasta ese momento disponían de muy
escasa cobertura informativa. En unos tres años se han inhumado más de 500
cadáveres que además de ser enterrados con la dignidad y respeto que
reclaman sus familiares, ha promovido la curiosidad general por el inmediato
ayer y el conocimiento de esa historia inmediata. Esta circunstancia ha
promovido también otros debates más especializados sobre el interés de cómo
realizar con garantías científicas las inhumaciones y el futuro desarrollo
de lo que llamaré informalmente una arqueología del franquismo o de la
represión franquista, disciplina de trabajo que me parece histórica y
socialmente justificada.
Santi Vila ha recogido en un
reciente ensayo[6] el interés por la
memoria histórica hoy, desde una perspectiva comparada, y constata que, en
nuestro país ha existido un “desinterés” de proporciones históricas. Añade a
los motivos y razones apuntados sobre la larga duración de la dictadura, el
miedo a la represión…, etcétera, el de la no participación de España en las
guerras mundiales.
Efectivamente, el no haber tomado
parte en los conflictos que conformaron el mapa europeo tras 1918 y 1945
confiere un rasgo un tanto peculiar a la reconstrucción de nuestro pasado
reciente. El sistema democrático vencedor en Europa de los fascismos, fue
derrotado sin paliativos en España. La memoria de los que perdieron la
guerra y trataron de resistir a la dictadura tendrá que rehacerse a la
contra y sin la cobertura como en el resto de la Europa occidental del
sistema de poder y la burocracia establecidos. En Alemania, por ejemplo, se
llevó adelante un proceso de des-nazificación; en Francia, se enterró el
régimen de Vichy y se produjo la exaltación, rayana en la mitología, de la
Resistencia francesa (ocultando los abundantes casos de colaboracionismo)
mientras que en España, la dictadura fascistizada de Franco, fusilaba,
encarcelaba y perseguía con saña a los resistentes antifranquistas. Se
produjo el caso, paradójico, de los ex combatientes republicanos españoles
exiliados en Francia perdedores de una guerra y vencedores de otra (la II
Guerra Mundial) al haber tomado parte activa en el Maquisard, que serán
tratados como héroes en Francia y como villanos, bandoleros (caso de los
guerrilleros) o asesinos en la España franquista. Un caso particular de
connotaciones apocalípticas es el que sufrieron los exiliados apresados
directamente por los alemanes y enviados con el beneplácito de las
autoridades franquistas que los consideraron apátridas a campos de
exterminio nazis (especialmente Mauthausen), donde encontrarían la muerte
miles de ellos. La memoria de las víctimas del franquismo, de una u otra
condición o sexo es una memoria reprimida, dañada. Una memoria reprimida
cuyo tratamiento requiere huir de esquemas simplistas y de caminos
trillados.
El asunto sugiere también una
reflexión al hilo de la actualidad. Una actualidad marcada por el debate
sobre los beneficiarios de la ley que prepara el Ejecutivo socialista,
relativa a la “memoria histórica”[7]
Veamos.
Hoy podemos decir que se atraviesa
un momento dulce, no exento -como se ha señalado- de polémicas. Momento en
el que parece lógico que se trabaje intensamente por recuperar la “memoria
viva”; una memoria con fecha de caducidad o que se organicen actos de
homenaje y reconocimiento a los supervivientes, etcétera. Pero tanto la
memoria individual como la memoria colectiva suponen un proceso de
reconstrucción de las identidades tanto personales como de grupo que
presenta complejidades a veces difíciles de abordar.
Una de esas cuestiones insoslayables
es si debemos o no recuperar toda la memoria, o permitir que una memoria
tape y se sobreponga a otra. Parece obvio que debemos recuperar toda la
memoria… Volviendo al caso de Alemania sabemos que la recuperación de la
memoria del genocidio nazi y el horror de los campos de exterminio, ha
tenido que superar dificultades, tales como la sistemática negación de la
existencia de los campos, promovida y mantenido por determinados movimientos
y grupos xenófobos y no exclusivamente de carácter ultraderechista neo-nazi.
Esta intensa batalla histórica ganada con toda justicia por las víctimas del
holocausto ocupa, a su pesar, todo el campo semántico y fáctico de la
memoria alemana, dejando en la penumbra, entre otros asuntos, lo que ha dado
en llamarse memoria de la destrucción. Y esa destrucción no es otra que la
sufrida por las ciudades alemanas como Dresde… donde se produjeron los
mayores bombardeos de la historia, realizados por las fuerzas aéreas
anglo-norteamericanas (cuando la guerra estaba ya ganada por los aliados).
No es más que un ejemplo, pero no debe tomarse a la ligera[8],
ni tampoco tomarse como excusa para no defender la necesidad y la justicia
de recuperar, con prioridad absoluta, la memoria de los valedores y
defensores de la Republica democrática en España, de los humillados y de las
víctimas de la feroz represión franquista condenados al silencio y a sufrir
el permanente agravio comparativo de la imposición de los ritos, tradiciones
y lugares de la memoria franquista; una memoria prepotente y siempre
“presente” y amenazante.
A modo de advertencia, me parece
interesante señalar algunas consideraciones, puede que intempestivas, en
íntima conexión con los problemas apuntados:
En esta tarea de reconstrucción de
la memoria, es tan importante disponer de la adecuada perspectiva histórica
como necesaria es la proximidad a los hechos, sus protagonistas y
escenarios; amén de un agudo sentido de la oportunidad.
En esta dirección se puede
establecer que lo que hemos señalado hoy como una demanda social es, en
parte, el producto de una tendencia. Una tendencia que se ha ido conformando
lentamente. Algunos investigadores señalan sus tímidos inicios en las
postrimerías de los años ochenta (del siglo XX); otros (entre los que me
cuento) sitúan su consolidación una década más tarde, coincidiendo, más o
menos, con el sesenta aniversario de la guerra civil (convendría reprensar
los antecedentes y consecuentes de las elecciones de 1993) para desbordarse
en los últimos años del siglo XXI, planteando algunos de los efectos
señalados.
El fantasma de la guerra civil en la
trastienda de los almacenes de la memoria nos visitará todavía por mucho
tiempo, de momento, cada década como apunta Antonio Elorza en un reciente
artículo: “Nos encontramos ante una detestable deriva de signo demagógico
inclinada a los intereses y a la sensibilidad de la extrema derecha”. Es
difícil paliar con medidas de urgencia las carencias en la recuperación de
la memoria que se arrastran desde la larga década socialista (años ochenta
del siglo pasado) en el Gobierno. Se hizo muy poco entonces por “explicar la
grandeza que en su fracaso representó la democracia republicana, ni siquiera
el del papel desempeñado por los socialistas en la construcción del régimen”[9].
Debe tenerse en cuenta, por otra
parte, que en una encuesta realizada por el CIS en el año 2000, todavía el
43 por ciento de los españoles contestaban SI frente a un 51 por ciento que
contestaba NO a la pregunta sobre si notaba (cada uno de los entrevistados)
la huella dejada por la época de Franco; españoles que además consideraban
mayoritariamente que hoy (por el 2000) se vive con menos seguridad y en
mayor situación de riesgo.[10]
La memoria como explica Paul Ricoeur,
uno de sus mayores estudiosos, no se reconstruye solo a golpe de
conmemoraciones y monumentos; requiere de algo más que buenas voluntades o
visiones dogmáticas. Se avanza en la regeneración del tejido dañado de la
memoria, contaminado siempre de olvido, paso a paso o, a veces, con
aparentes retrocesos. Por ello, es necesario evitar los “abusos de la
memoria” que suponen los excesos en el montaje de homenajes y memoriales.
Ricoeur recogiendo palabras de Todorov en su Les Abus de la mèmoire,
advierte que el abuso “no es solo propio de los regímenes totalitarios, es
patrimonio de todos los celosos de la historia”[11]
Así es como pueden surgir corrientes, grupos y personas, que intentan
convertir en patrimonio propio lo que es patrimonio moral e histórico de la
humanidad, poniendo trabas y dificultades al trabajo de la memoria.
La Historia Oral y la toma de
testimonios -documentos esenciales del archivo de la memoria viva- no pueden
ser usados o presentados como vehículo único o “el esencial” para progresar
en los objetivos propuestos. Estas aportaciones presentan una serie de
limitaciones que he intentado plantear en mi libro La memoria reprimida.
Historias orales del maquis. El libro, no trata en exclusiva este asunto,
pero es uno de sus aspectos centrales ya que se introduce través de siete
historias de vida (las de seis resistentes y un testigo infantil) en los
recovecos de la memoria, en sus “renglones torcidos”, para leer en ellos a
través del uso y la metodología propias del análisis crítico uno de los
capítulos más dramáticos de la represión franquista[12].
Tristán Todorov, cuando se refiere al “deber de la memoria”, sostiene: “El
trabajo del historiador, como todo trabajo sobre el pasado, no consiste
nunca, solamente, en establecer los hechos, sino también en escoger los más
destacados y significativos de entre ellos y en relacionarlos luego entre
si…” Estas palabras han sido la guía de mi trabajo, y el resultado, pese a
sus imperfecciones, rinde homenaje a los combatientes guerrilleros y a los
luchadores clandestinos, pues ellos son la memoria de nuestra resistencia en
los tiempos más duros de la represión franquista.
José Antonio Vidal Castaño.
Historiador y Escritor
(*)
Texto de intervención en las VI JORNADAS “EL MAQUIS EN SANTA CRUZ DE MOYA.
CRÓNICA RURAL DE LA GUERRILLA ESPAÑOLA. MEMORIA HISTÓRICA VIVA” Santa Cruz
de Moya, octubre, 2005.
[1]
Javier Tussell, “La transición a la democracia y la España de Juan
Carlos I” (Prólogo) en José Maria Jover Zamora, Historia de España de
Menéndez Pidal XLII, Madrid, Espasa – Calpe, 2001.
[2]
El ejemplo más reciente es la curiosidad suscitada entre estudiosos y
profesionales por el último libro de Anthony Beevor, La guerra civil
española, Barcelona, Crítica, 2005, que se anuncia como una versión
actualizada de la contienda que incorpora materiales de archivo soviéticos y
alemanes.
[3]
Véase, Georges L. Mosse, La nacionalización de las masas, Madrid, Marcial
Pons, 2005, p. 276
[4]
El dictador logró eludir varios atentados preparados por “grupos
subversivos” que fracasaron por falta de información o impericia técnica. El
atentado, sin duda, más original –al que no pudo escapar el general- fue el
perpetrado literariamente por Max Aub en su relato La verdadera historia de
la muerte de Francisco Franco, editado por primera vez en 1944 en pleno
exilio de su autor. La historia imaginada por Aub puede resumirse así:
Ignacio Jurado es camarero de un céntrico bar en México DF. Harto de las
baladronadas de sus clientes -exiliados españoles de diversas tendencias
políticas- obsesionados por matar a Franco, el joven mexicano decide
asesinarlo por su cuenta, ante la inoperancia de los políticos. Urde un plan
secreto: pide unas vacaciones, se traslada a Madrid y disfrazado de general,
asesina al Caudillo en pleno desfile de la Victoria mientras los aviones
rugen al sobrevolar la parada militar. Protegido por la confusión y el
uniforme vuelve a su hotel, etcétera. Una vez de vuelta a México opta por no
desvelar su secreto. La noticia del asesinato conmueve a los exiliados, pero
no logra sacarles de su marasmo. Para degustar esta historia, léase, Max Aub,
La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, Barcelona, Seix
Barral, SA, 1979.
[5]
Levante. El Mercantil Valenciano, 19/05/2005, “El caso Marco” por José
Antonio Vidal Castaño
[6]
Santi Vila, Elogi de la memoria, València, 3 i 4, Eliseu Climent,
2005, pp. 35 a 43.
[7]
El País, 12 y 14-7-2005.
[8]
Véase G. W. Sebald, Historia general de la destrucción, Barcelona, Anagrama
2004.
[9]
El País, 17-9-2005, en “Vuelve el 36” por Antonio Elorza. Para mayor
información sobre el papel de los socialistas en la guerra civil puede
consultarse, entre otras obras, Helen Graham, El PSOE en la Guerra Civil.
Barcelona, Debate / Mondadori, 2005.
[10]
Felix Moral, Opiniones y Actitudes. La memoria del franquismo y de la
transición a la democracia en los españoles del año 2000, Madrid, 2001, CIS
nº 36.pp. 14 y 81.
[11]
Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 203. pp.
110-118.
[12]
Véase José Antonio Vidal Castaño, La memoria reprimida.
Historias orales del maquis, Valencia, Publicacions Universitat de Valencia
(PUV), 2004.
|
|
 |
|