Tras la proclamación de la República el
14 de abril, era necesario aprobar una nueva ley de leyes republicana y
democrática, que identificara al nuevo régimen, surgido de las urnas y por
la voluntad popular. Tras acalorados debates y tras la dimisión de Alcalá
Zamora, las Cortes Constituyentes aprobaron el 9 de diciembre de 1931 la
Constitución de la República española, que fue la más avanzada de su
tiempo.
El 28 de junio de 1931 se celebraron
elecciones generales a Cortes Constituyentes, que elegirían a 470
diputados. El decreto de convocatoria, estableció que las Cortes estarían
compuestas por una sola Cámara, elegida por sufragio universal masculino
(la mayoría de edad se redujo de 25 a 23 años). Se reformó el sistema
electoral en el que la candidatura mayoritaria obtenía el 80% de los
escaños a elegir, siempre que hubiese obtenido el 20% de los votos
emitidos; el 20% de escaños restantes se les adjudicaba a las minorías.
Provincias y ciudades se constituyeron como circunscripciones electorales,
eliminando el sistema característico en la Restauración.
Se enfrentaban dos grupos ideológicos de
presión: la «Conjunción republicano-socialista», contra la derecha
monárquica y antirrepublicana que concurría dividida. Las elecciones
dieron un triunfo rotundo a la Conjunción, quedando el Congreso
constituido en torno al Partido Socialista Obrero Español y al Partido
Radical Socialista. El PSOE, liderado por Julián Besteiro e Indalecio
Prieto, obtuvo 115 escaños; y el PRS, de Marcelino Domínguez, 61
diputados. El Partido Radical Republicano, liderado por Alejandro Lerroux,
obtuvo 90; la Derecha Liberal Republicana, de Alcalá Zamora, 25 y Acción
Republicana, de Manuel Azaña, 26 escaños.
El Gobierno salido de las Cortes
Constituyentes, condujo a la República hasta la proclamación de la
Constitución el 9 de diciembre. Fue elegido Alcalá Zamora como jefe de
estado y Manuel Azaña como presidente del consejo de ministros. La
Constitución diseñaba una República social, democrática y reformista.
Considerada como una de las más avanzadas del momento. En su artículo 1,
declara que «España es una República democrática de trabajadores de toda
clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de
todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado
integral, compatible con la autonomía de las regiones y de los
municipios».
Declaraba la Constitución que todos los
españoles son iguales ante la ley; el estado español no tiene religión
oficial, y estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y
por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Se reconoce
el castellano como idioma oficial de la República, «que todo español tiene
obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos
que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o
regiones». En aquellos momentos de entre guerras de primeros del siglo XX,
«España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional».
La Constitución rompe con la tradición
bicameral y elimina el Senado. El Congreso sale reforzado con la facultad
de destituir al Jefe del Estado (con mandato de siete años), que es
elegido de forma mixta: por los parlamentarios y a través de unos
compromisarios elegidos por sufragio universal; de esta forma era
responsable ante el Parlamento y ante los electores. La República se
declaraba laica, garantiza la libertad de culto, prohíbe a las órdenes
religiosas ejercer la enseñanza y desvinculaba al Estado de la
financiación de la iglesia. Esto significó una ruptura radical y un foco
de tensión, en un país donde el altar era tan importante como el trono.
Más tarde se lo cobraron bien.
Una de las novedades que le confieren su
rasgo más democrático, es el reconocimiento del sufragio universal,
incluyendo a las mujeres; y el derecho de voto a todos los ciudadanos de
más de 23 años. Estos preceptos supusieron una auténtica revolución: ¡las
mujeres podían votar! Se avanzaba hacia el auténtico sufragio universal.
La Constitución reconocía la libertad
religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición; el derecho de
libre residencia, de circulación y elección de profesión; inviolabilidad
del domicilio y correspondencia; igualdad ante la justicia; protección a
la familia, derecho al divorcio, al trabajo, a la cultura y la enseñanza.
Se suprimía los privilegios de clase social y de riqueza; y se abría la
posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales
servicios públicos
El gobierno emprendió un amplio programa
de reformas en un contexto económico desfavorable, marcado por el ascenso
del paro. La reforma laboral, que favorecían la posición de los
trabajadores y sindicatos, encontró una dura oposición de los empresarios.
La reforma del sistema educativo, favoreció la construcción de 6.750
escuelas y contratación de 7.000 maestros y maestras con mejores salarios;
la religión dejó de ser asignatura obligatoria. La reforma en el ejército
buscaba su fidelidad y la reducción del excesivo número de jefes y
oficiales. La reforma agraria (1932) buscaba el reasentamiento de
campesinos sin tierra en latifundios insuficientemente explotados.
El conflicto con los empresarios y
latifundistas, el enfrentamiento con la iglesia, con el ejército, con los
campesinos y con los trabajadores, provoca que Alcalá Zamora fuerce la
dimisión de Azaña, y se convocan nuevas elecciones, que se celebran el 19
de noviembre de 1933. Son unos comicios históricos, en los que por primera
vez pueden votar las mujeres. Los resultados dan un giro al panorama
político. La derecha se hace con el poder. La Confederación Española de
Derechas Autónomas (CEDA), una coalición de partidos de derechas de dudosa
lealtad a la República, liderada por José María Gil-Robles, con 115
diputados, se convierte en la primera fuerza de un Parlamento muy
fragmentado. El PSOE, liderado por Francisco Largo Caballero, obtiene 59
escaños, perdiendo 56 diputados.
Desde el gobierno Lerroux, en minoría
mayoritaria (102 diputados), con el apoyo parlamentario de la CEDA, se
inicia una contrareforma: paralización de la reforma agraria que origina
la expulsión de los miles de campesinos de las tierras ocupadas;
paralización de la reforma militar y designación para los puestos claves a
militares antirrepublicanos como Franco, Goded o Mola; conciliación con la
iglesia; paralización de las reformas educativas, del programa de
construcciones escolares y se anula la enseñanza mixta; freno al proyecto
de Estatuto de Autonomía vasco, y enfrentamientos con la Generalitat
catalana. ¿Les suena de algo esta política?
La tensión política aumenta con la
entrada de tres ministros de la CEDA, en octubre del 34, lo que se
interpreta por la izquierda, como el anuncio del triunfo del fascismo. Con
esta situación el PSOE, UGT, CNT, y el PCE, llama a la huelga general
contra el gobierno. La huelga fracasa en Madrid; el gobierno había
acuartelado a las tropas, deteniendo a los principales dirigentes
socialistas y comunistas. Companys desde la presidencia de la Generalitat,
dirige una insurrección con claro matiz independentista, rápidamente
reprimido por del ejército. En Asturias triunfa la huelga general y
degenera en una verdadera revolución organizada por UGT y CNT. El gobierno
optó por la represión y la Legión, dirigida por el general Franco, se
encargó de la masacre: más de mil trescientos muertos, el doble de heridos
y treinta mil detenidos. Peor imposible.
A principios de 1936, el descrédito del
partido en el gobierno de Lerroux, sus escándalos del «estraperlo» y la
desconfianza hacia Gil-Robles, llevan a la disolución de las Cortes. El 16
de febrero se celebran las nuevas elecciones y vuelven a concurrir dos
bloques ideológicos irreconciliables. El Frente Popular, formado por la
izquierda republicana y los partidos obreros, ganan las elecciones. Cesa
Alcalá Zamora como presidente de la República y es sustituido por Manuel
Azaña, quién encarga a Casares Quiroga formar gobierno. El nuevo gabinete
reinicia la acción reformista: amnistía para los represaliados de octubre
del 34; restablecimiento del Estatuto catalán; alejamiento de Madrid de
los generales más sospechosos de golpismo; reanudación de la reforma
agraria; y tramitación del estatuto de Galicia.
Los primeros meses del 36 se caracterizan
por una escalada de la violencia física y política. A la República le
quedaban seis meses de existencia «pacífica». El 18 julio, deseado por
unos, esperado por otros, temido por muchos y un gobierno sin querer
enterarse de lo que se preparaba, se produce el golpe de estado militar
contra la República. Arranca la Guerra Civil. Tuvieron que pasar muchos
años, hasta que el pueblo español, en uso de su soberanía, refrendara otra
Constitución que estableciera un Estado Social y Democrático de Derecho.
Blasco Ibáñez, en su novela publicada en
1893 ¡Viva la República! decía refiriéndose a la Primera: «Soy
republicano, aunque humilde e ignorante, y pertenezco a esa clase de locos
que anuncian utopías que al día siguiente son realidades. Sois topos que
protestáis ante el menor rayo de luz, y por eso sentís un furor sin
límites ante la República, esa sublime locura que acaba con los
privilegios, que considerando a todos los hombres iguales, les hace
abrazarse como hermanos, y que reconociendo su libertad, les da derecho a
gobernarse por sí mismos». También vale para la Segunda y las que vengan.
