Se conmemora el 82
aniversario de la proclamación del sistema político más justo que ha
existido en España: la Segunda República. Estamos viviendo una situación
de crisis económica, política, institucional y de los valores que el
Sistema representa, agotado y dominado por una clase política percibida
por la ciudadanía como muy alejada de las necesidades de la gente. La
República puede ser la solución. Hay que abrir un Proceso Constituyente
que cambie de abajo arriba el Sistema.
La corrupción y el
fraude, que son ya el segundo problema para los españoles, por detrás del
paro, estrangulan y agravan la situación de crisis económica y financiera,
provocada por la indecencia de quienes se han lucrado hasta la saciedad de
los recursos públicos y por quienes lo consienten. Se habla de la
necesidad de «regeneración política»; cuando lo que es necesario es el
cambio de Sistema, por otro que sustente los principios que identifican al
republicanismo, que definía la semana pasada.
El sistema
político surgido de la Constitución de 1978, hoy hace aguas; ha sido
incapaz de garantizar, de forma efectiva y eficaz, un estado social y
democrático de derecho. Nuestro patrimonio, el Estado, lo público, está
siendo desmantelado, por el gobierno de turno: nos expulsan de nuestras
casas, de nuestras escuelas y de nuestros hospitales; seis millones de
personas sin trabajo; mientras la minoría de siempre, sigue haciendo
grandes negocios, a nuestra costa, también con los recortes y las
privatizaciones.
La monarquía, como
modelo político, ha fracasado y ya no representa a la mayoría social;
representa la negación dada a la ciudadanía española, para decidir por sí
misma, sobre los asuntos de su interés. Existen cada vez más parcelas de
decisión que se toman a espaldas de la ciudadanía. Ello supone una merma a
la soberanía, representada por el pueblo. Ya no es todo por el pueblo, ni
para el pueblo. Con el pueblo solo se cuenta en los procesos electorales y
con las mentiras de algunos programas, que para mayor desvergüenza se
incumplen.
La monarquía, por
su naturaleza, es antidemocrática; es un insulto a la igualdad de
oportunidades y al principio constitucional de igualdad ante la ley. Un
clan familiar no puede apropiarse de la Jefatura del Estado de por siempre
y para siempre. La monarquía es fuente de privilegios injustificados, lo
que supone una pérdida de la soberanía ciudadana. La monarquía es un
órgano del Estado, sobre el que el Estado no tiene ningún tipo de control:
ni político, ni económico, ni de ninguna naturaleza. Las Cortes Generales,
representantes de la soberanía nacional, no tienen competencia alguna
sobre la gestión de la Casa Real. La persona del rey es inviolable
constitucionalmente, lo que le sitúa por encima de todas las leyes.
La situación
crítica por la que estamos pasando —política, social, económica e
institucional—, está originada por instancias ajenas a quienes la estamos
sufriendo. El poder económico, apoyado por el poder político, aprovecha la
causa para cargar contra los menos favorecidos, eliminando derechos
sociales, laborales y políticos al conjunto de la ciudadanía. Cuantos
menos derechos, más beneficios; por lo que la explotación es un arma
contra los trabajadores y trabajadoras.
Ha llegado la hora
de que todo cambie. No es este el camino para los derechos y el bienestar.
La sociedad española, desea «la justicia, la libertad y la seguridad y
promover el bien de cuantos la integran». Es necesario que se garantice
«la convivencia democrática» con leyes justas, «conforme a un orden
económico y social justo». Se precisa mayor protección «de todos los
españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones», así como «Promover el
progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna
calidad de vida». Los resaltados son míos, pero el texto surge del
Preámbulo de la Constitución.
Es hora del
establecimiento de un verdadero «Estado social y democrático de Derecho»,
que propugne «como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (del artículo
1.1 CE). ¿Es esto lo que promueven los poderes públicos? Por lo que hacen,
no lo es, ni lo pretenden.
Ha llegado la hora
del cambio de modelo, por otro nuevo democrático y participativo, en el
que la igualdad y la justicia social sean sus principales valores y
blindar el ejercicio de los derechos fundamentales. La República es ese
sistema. Una República inspirada en principios republicanos, con
ciudadanos críticos y responsables, que no se conformen con ir a votar
cada cuatro años, que no se conformen con ir a remolque de lo que se le
ofrece, si no que reclamen un papel principal en una verdadera democracia
participativa. Para ello se precisa la apertura democrática de un «Proceso
Constituyente» que permita, de manera eficaz, optar por esta nueva forma
de organización del Estado.
Con esta IV
entrega finaliza la serie que he dedicado a «La República», en el 82
aniversario de la «Segunda República española», y quiero hacerlo con el
Manifiesto «Por la ciudadanía. Por el futuro. Por el derecho a decidir.
Por la República»:
«Somos quienes
intentan vivir y trabajar en la España actual. Somos quienes sienten que
hay cada día más puertas cerradas, quienes padecen una crisis financiera
que no hemos provocado. Vemos nuestro patrimonio económico, político y
social liquidado. Somos las personas que no tenemos empleo, quienes
trabajamos en unas condiciones precarias, inimaginables hace tan sólo 4
años. Somos las víctimas de EREs injustos, somos las personas a las que
expulsan con violencia de sus casas, de sus hospitales, de sus escuelas…
Somos la práctica totalidad de la ciudadanía. Nos están sacrificando.
El Estado,
financiado con nuestros impuestos, legitimado con nuestro voto, nos está
siendo arrebatado. Se nos expulsa de nuestro propio país. Gobiernan contra
nuestros intereses reales. Se nos solicita llenar con esfuerzo un saco sin
fondo. Se nos desautoriza con una pantomima presentada como democracia, en
la que la palabra dada no vale, en la que se desdibuja la voluntad
popular. Se acallan nuestras voces con el creciente uso de la fuerza
directa. Se nos castiga por ejercer Derechos Fundamentales. La esperanza
de una vida mejor, la capacidad de construirla por nosotros mismos, se
disuelven. Las grandes decisiones que nos afectan directa y brutalmente se
toman muy lejos. Nuestra soberanía es cuidadosamente trasladada a lugares
en los que ni estamos ni se nos espera.
Exigimos ir allí y
participar. Exigimos ejercer los derechos que corresponden en democracia a
la ciudadanía. Somos una sociedad madura. Reclamamos, exigimos, nuestro
inalienable derecho a decidir, tener la libertad y la responsabilidad de
escoger, de equivocarnos, de acertar. No permitiremos que nos tutele
nadie. No queremos que se nos impongan familias predestinadas a estar por
encima de la ley.
Queremos cambiar
el modelo de Estado. Exigimos una verdadera democracia.
Pongamos en marcha
una Transición nueva.
Necesitamos con
urgencia un Estado legitimado por quienes lo sufrimos. Es hora de
plantearse el cambio. La República abrirá puertas hacia una ciudadanía que
permitirá que los intereses comunes se decidan cara a cara. En igualdad.
En democracia… Reivindicamos una República avanzada, social, participativa
y democrática. Como la única forma de que sea la ciudadanía quien tome en
sus manos su propio destino.
Queremos poder
buscar una vida mejor en una España mejor.
Somos la
República. Pongamos en marcha el futuro. Demos un paso hacia adelante. Por
la ciudadanía. Por el futuro. Por el derecho a decidir. Por la República».
