Con la proclamación de la
República en abril de 1931 y la celebración de elecciones legislativas, se
inicia un proceso constituyente. El Estado republicano quedaba legitimado
democráticamente por las elecciones y la Constitución. Fue entonces cuando
se acometieron las reformas que iban a modernizar las estructuras de la
sociedad española. Los «intereses creados» de la derecha no lo
permitieron; primero con las contrarreformas abordadas, después con un
golpe de estado, la guerra y la dictadura.
El programa de la
coalición de republicanos de izquierda y socialistas (primer bienio social
o reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña como Presidente del Consejo de
Ministros), se comprometía a cambiar el sistema de tenencia de la tierra;
reformar el marco de relaciones laborales en el campo, la industria y los
servicios; la recuperación de la hegemonía ideológica en manos de la
iglesia y órdenes religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un
ejército sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la
Constitución, que renunciaba a la guerra para la solución de conflictos.
La reforma agraria era
imprescindible si se quería acabar con el hambre y el atraso histórico.
Los campesinos vivían en situación de esclavitud, sufriendo hambre e
injusticias. Los trabajadores de la tierra no la poseían y padecían bajos
jornales, malas condiciones de vida, escasa alimentación, y jornadas de
sol a sol. Los dueños de la tierra, grandes latifundistas, además de
caciques señoritos, no entendían ni de gastos, ni de inversiones y no eran
partidarios de la modernización del campo.
El gobierno, con la
pretensión de asentar a los campesinos en las tierras sin cultivar,
realizó un reparto, decretando el laboreo forzoso, bajo amenaza de
confiscación. Los «decretos agrarios» de Largo Caballero, implantaron la
jornada de 8 horas, que ya tenían los obreros industriales. La Ley de
Bases para la Reforma Agraria de 1932 (Andalucía, Extremadura, La Mancha y
Salamanca), creó el Instituto de Reforma Agraria, que gestionaría el
inventario de tierras expropiables, pero careció de recursos los recursos
necesarios, por la falta de dinero del Estado y por el boicot de los
bancos, vinculados a los terratenientes.
La reforma agraria, que
representaba una verdadera revolución, fue rechazada por los patronos y
los partidos de derecha, resistiéndose a su aplicación, lo que significó
el fracaso de la reforma. A finales de 1933 sólo se habían ocupado 24.203
Has., repartidas entre 4.339 campesinos. Otro de los motivos del fracaso,
fue la oposición de los socialistas y la CNT, al considerar que la reforma
era moderada, al no contemplar la expropiación de los latifundios y el
traspaso de la propiedad a los nuevos colonos.
Largo Caballero, como
ministro de Trabajo, promovió la reforma laboral, que otorgaba a los
trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control sobre las empresas
y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones
de clase. Era un proyecto coherente con los principios marxistas del
socialismo español, que no renunciaba a la transformación revolucionaria
de la sociedad, pero pretendía alcanzarla por cauces pacíficos y
democráticos.
Se aprobó la Ley de
Contratos de Trabajo, se organizó la negociación colectiva, y los Jurados
Mixtos, con facultad de arbitraje vinculante. Se estableció la Inspección
de Trabajo, se impulsaron los seguros sociales, se amplió el Seguro
obligatorio de Retiro Obrero (que llegó a beneficiar a más de cinco
millones de trabajadores). Se estableció el Seguro de Maternidad, y el
Seguro de Accidentes de Trabajo. La CNT fue crítica y continuó con la
convocatoria de huelgas, al entender que las reformas, no solo no
beneficiaban a la clase trabajadora, sino que expresamente beneficiaban a
UGT.
El Gobierno reformó el
sistema educativo, adaptándolo al modelo que la Constitución establecía,
basado en la escuela única, pública, obligatoria y gratuita, y estableció
la enseñanza mixta. La eliminación de la religión católica como asignatura
y la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las congregaciones
religiosas, provocaron el rechazo de la iglesia y de la derecha católica.
La iglesia se negó a cerrar sus escuelas y prohibió a los católicos que
matricularan a sus hijos en las escuelas públicas del Estado.
Entre 1932 y 1933 se
levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas de maestros, con
mejores salarios. El experimento más notable, fue la creación de las
misiones pedagógicas, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que
llevó «el aliento del progreso» a los pueblos más aislados y atrasados de
España. Se promovió la creación de Universidades Populares, con el objeto
de extender la cultura, que era patrimonio de una minoría, al pueblo, y
promover la alfabetización, principalmente entre las mujeres.
La reforma del ejército
fue iniciada por Azaña. Se trataba de reducir el número de unidades
militares, modernizar la dotación de material y la mejor formación de sus
mandos. Se suprimieron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de
Guerra y Marina y la Academia Militar de Zaragoza, cuya enseñanza se
consideraba anticuada y tradicionalista. Se derogó la ley de
jurisdicciones, que identificaba los delitos contra el Ejército, como
delitos contra la patria, bajo la jurisdicción militar.
El presupuesto militar fue
recortado y se redujo el número de generales y oficiales. Azaña intentó
reformar el sistema y exigir formación para los ascensos, lo que provocó
la oposición de no pocos oficiales. La prioridad dada por el gobierno a
los gastos sociales, impidió mejorar la capacidad técnica y el armamento,
como estaba previsto. Años después, determinados mandos militares
sediciosos, se le cobraron con creces.
Los republicanos de
izquierda pretendían consolidar la democracia sin cambiar el sistema. Por
el contrario, los socialistas, consideraban que el sistema democrático,
era un paso intermedio hacia una sociedad nueva —de igualdad, justicia y
libertad—, y daban prioridad a las reformas sociales; pero el enemigo
político, mantenía sus posiciones de poder intactas y no permitió más
reformas.
El gobierno «radical-cedista»
entre 1933 y 1936, presidido por Lerroux, y sostenido por la derecha
católica de la CEDA de Gil Robles, derogó la mayoría de las medidas
anteriores. Aprobó la «Ley para la Reforma de la Reforma Agraria»;
paralizó la reforma militar, amnistió a los golpistas de la «sanjurjada» y
designó, para los puestos claves, a Franco, Goded o Mola; se concilió con
la iglesia e inició la negociación con el Vaticano; paralizó el programa
de construcciones escolares y anuló la enseñanza mixta.
El primer gobierno de la
República, pretendió modernizar el país y promover la justicia social. No
se lo puso fácil la CNT, la FAI y un sector del socialismo vinculado a
UGT.
Tampoco los estamentos
sociales corporativos afectados lo permitieron. Tanto se opusieron que
dieron un golpe de estado, que perdieron en un principio, provocando una
guerra, que ganaron, creando un estado totalitario, que mantuvieron
cuarenta años.
Algunos de los problemas
sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy, y los
comportamientos de la derecha siguen siendo «contrarreformita», ejerciendo
el poder para beneficio de sus propios intereses, muy alejados de los de
la mayoría trabajadora.
