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Proceso Constituyente (y II)

 

 
 

 

 
   

 
 

24 FEBRERO 2014

La razón del proceso constituyente es provocar una ruptura con el Sistema político y económico actual, que está estrangulado los derechos de la mayoría social, clase media y trabajadora, para generar otras reglas de juego basadas en la democracia participativa. El proceso tiene que recuperar la soberanía popular, reconociendo la superación de la Constitución de 1978, desmitificando la Transición a la democracia, muy lejos de ser modélica como se pretende presentar.

El nuevo proceso, debe ser abierto a la participación de multitud de actores, a nivel colectivo e individual, horizontal y transversal, unido a la toma de conciencia popular y al empoderamiento de las personas. Ha de ser a la vez crítico y constructivo con la democracia representativa, que ha primado el bipartidismo, asumiendo el poder de espaldas a la ciudadanía. El proceso debe situar a la persona como el motor de cambio de la nueva constitución.

Uno de los objetivos del proceso constituyente debe ser crear herramientas permanentes de participación y de revocación de los gobernantes y representantes por parte de la ciudadanía. El propio proceso debe tener como objetivo utilizar un lenguaje entendible y cercano, para que toda la ciudadanía pueda hacer política. Es preciso que se lleguen a acuerdos para abrir un proceso constituyente, convocando un referéndum para la activación del mismo, convocatoria de elecciones generales constituyentes, que legitime a la nueva cámara en el debate y aprobación del nuevo texto, que ha de someterse a Referéndum.

Para el colectivo constituyentes.org «El poder constituyente es exclusivamente civil. Ningún poder constituido (político, militar, eclesiástico, corporativo, financiero, etc.) participa de un verdadero proceso constituyente si éste se entiende con libertad, igualdad y fraternidad. Es un proceso en el que participan individuos de manera personal o asociaciones civiles de individuos». En un proceso como el que se señala, se abre la posibilidad de decidir sobre los derechos que queremos reconocernos a nosotros mismos como ciudadanos y su grado de vinculación a los poderes públicos. También sobre el diseño institucional: poderes del Estado, su separación y su sometimiento al control ciudadano. De igual forma sistema electoral, sobre la forma de gobierno, sobre la articulación de la representatividad, sobre los cauces de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, etc.

El proceso constituyente debe contar con la izquierda ideológica ya organizada, como con las otras fuerzas que se sumen a la iniciativa, a través de partidos y movimientos sociales, con el conjunto de la ciudadanía politizada o no: con las personas afectadas por la crisis o los excluidos del Sistema. El tejido social existente unido, la sociedad organizada, individuos, naciones y pueblos, aunando esfuerzos, necesidades y anhelos, sin imponer debate de máximos, dando respuestas posibles y soluciones reales.

La monarquía, que es un símbolo, se contradice y está muy alejada de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección ciudadana. La monarquía, heredera del régimen de Franco, cumplió su papel durante la Transición a la democracia; la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, no tiene competencias políticas, y su representación carece de efectividad. Ha llegado la hora de establecer un estado republicano.

Uno de los problemas históricos españoles y sin resolver todavía, fuente de permanentes conflictos, es el territorial. Las diferentes señas de identidad, históricas y culturales, la multiculturalidad y la diversidad, son valores inestimables que enriquecen nuestra propia identidad común y así tiene que reconocerse y permitir su propio desarrollo. Estos hechos tienen que quedar plasmados en la Constitución, en el marco de un estado federal —sin cerrar la posibilidad de otros modelos—, que junto con el derecho a decidir libremente, queden clarificadas las competencias; que se fije un modelo fiscal y se establezcan mecanismos de cooperación. Un modelo que venga a dar estabilidad política, que sea viable económicamente y justo socialmente. Por todo, es necesario, también, reformar el Senado, para darle verdadera naturaleza de cámara de representación territorial.

La Constitución declara que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal». No es que sea insuficiente, sino que no es aconfesional aparentemente. En un estado verdaderamente laico, se ha de dar una efectiva y real separación entre el estado y la iglesia, así como no financiar, con fondos públicos, ni a la iglesia católica, ni a ninguna otra. La religión tiene que salir de la escuela pública; y todo esto tiene que quedar plasmado en la reforma que se propone. Además el Concordato y acuerdos con el Vaticano deben derogarse, y las relaciones (y acuerdos, si los hubiera) enmarcarse en el ámbito de reciprocidad y de las relaciones diplomáticas entre estados soberanos.

El sistema electoral está impidiendo que una buena parte de formaciones políticas accedan a las instituciones representativas, favoreciendo el bipartidismo (esa fue la voluntad de los constituyentes y así se vienen cumpliendo). Ahora es preciso abordar una reforma inicial de la Ley electoral con medidas como listas desbloqueadas o la eliminación de la barrera electoral del 3%. No deben salir favorecidos los partidos de ámbito autonómico, que se presentan en limitadas circunscripciones, en detrimento de otras formaciones de ámbito estatal. La Ley d’Hont, que prima a los partidos más votados, penalizando a los que menos, debe cambiarse por otras normas que garanticen la proporcionalidad y equidad del voto y la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas y ciudadanas.

Es necesario establecer una nueva Constitución, tras el proceso constituyente, para garantizar y favorecer la mayor participación ciudadana en el gobierno estatal, autonómico y municipal, mediante todo tipo de medidas posibles, como iniciativas legislativas populares, referéndum o votación on-line, en un marco de responsabilidad y de transparencia en el sector público, institucional y político, que reconozca, como bien de dominio público, toda la información generada o en poder de entidades de titularidad, funciones o capital público.

El proceso constituyente debe avanzar en la creación de un estado federal, laico y republicano, basado en la transparencia y una mayor participación social. Deben establecerse mecanismos de control y blindaje del sistema público de pensiones. De la misma manera hay que blindar el sistema público de salud, las prestaciones sociales para dependientes y la educación pública y «plantar cara», con todo, democráticamente a los «poderes económicos no democráticos».

Un proceso constituyente, como el que propone el colectivo constituyentes.org, partiendo del origen de la democracia, tiene como fin crear una nueva constitución adaptada a las necesidades actuales de la población, como única forma pacífica de hacer una verdadera revolución democrática, que rearticule el diseño institucional del Estado y la forma de gobierno para someterlos a la voluntad popular.

Sabemos que una nueva constitución, no va a resolver ni la crisis económica y financiera, ni va a quitar la angustia a la ciudadanía que la está padeciendo, pero va a ofrecer al pueblo instrumentos para que participe activamente en los asuntos de sus intereses de forma directa y a través de representantes legítimos.

Tengo mis dudas de que hoy se de la voluntad de acuerdo y de consenso que existió para la Constitución de 1978. Pero si se que hay un clamor sobre la necesidad de una nueva Constitución y a ese clamor me apunto, que venga a dar un impulso democrático a las decisiones políticas e incorpore las nuevas voluntades. Con sus defectos y errores, con los miedos y anhelos de la mayoría entonces, la actual Constitución superó el transito a la democracia un día, pero las personas de hoy menores de 52 años no participaron en el proceso de 1978. Todo ha cambiado y poco tiene que ver con lo de ayer. Los jóvenes de hoy, tienen derecho a organizar su futuro, de acuerdo con sus necesidades y anhelos y construir un modelo nuevo para su propio futuro.

Nota: Ver semana anterior: Proceso constituyente (I)


 

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Víctor Arrogante
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