Desde 1812 varias han sido las
constituciones que han regido los destinos del pueblo español, y
dispares sus procesos constituyentes. Unos procesos se iniciaron por
el hostigamiento del pueblo; otros por la voluntad de sus
representantes; y en otras ocasiones los reyes y gobiernos de turno
para afianzarse en el poder. En todo caso para reformar una
constitución, se ha de abrir un proceso en el que el pueblo soberano
participe activamente y finalmente ratificar o negar su validación en
referéndum.
Los procesos que concibieron las
constituciones de 1869 y 1931, fueron distintos al que se siguió para
la de 1978, pero en todos los casos se produjeron ante situaciones
políticas, institucionales, económicas o sociales insostenibles, que
significó el fin de un régimen. En 1868 coincidió el reinado de Isabel
II con las «catástrofes» coloniales en América y Norte de África. Los
liberales, demócratas y republicanos, opositores a la monarquía,
consiguen su objetivo expulsando del trono a Isabel II y promoviendo
la elaboración de una nueva constitución que superara a la de 1845. La
nueva Constitución de 1869, fue de las más avanzadas de su época y
representó un cambio de tendencia en la política española.
El preludio al proceso constituyente
de la Constitución de 1931, es la dictadura de Primo de Rivera,
apoyada e instigada por el propio rey Alfonso XIII. La unión de las
fuerzas republicanas y socialistas, junto con los sindicatos de clase,
posibilitaron que las elecciones municipales de abril de 1931 se
conviertan en plebiscitarias. Las elecciones posteriores a la
proclamación de la República fueron constituyentes, y su Constitución
la de la Segunda República. La ruptura con el pasado fue total: se
profundiza en la democracia, se cambian los símbolos y el modelo
político del estado, se introducen derechos y se cambian estructuras
políticas y modos de funcionamiento. Todo desaparece con el golpe de
estado del general Franco.
Tras la muerte del dictador en 1975,
se abre en España una nueva era, cuyo proceso constitucional se inicia
con la llamada Transición a la Democracia y la Ley para la Reforma
Política, que insta al gobierno a abrir un proceso electoral. El
proceso constituyente fue largo. Salíamos de una oscura y cruenta
dictadura y existían continuos peligros de involución. De otra parte
la crisis económica y el incremento del terrorismo dificultaban el
proceso. Gobierno y oposición entendieron que era necesario redactar
una constitución que fuese aceptada por la mayoría de las fuerzas
políticas. El rey, heredero de Franco y el gobierno tenían el poder y
la oposición la legitimidad democrática.
El consenso permitió resolver los
temas más conflictivos de aquel momento: la forma de estado y de
gobierno, el modo de elección, la cuestión religiosa, el modelo
económico y la descentralización territorial. Hoy es bien distinta la
situación, pero los temas conflictivos vuelven a cobrar vigencia. El
debate está abierto. Hay propuestas para establecer un modelo federal
del estado, que sustituya al actual Estado de las Autonomías. Otras
hablan de abrir un proceso constituyente amplio, con una nueva lectura
de la Constitución y diseño de un proyecto avanzado, que de respuestas
a los retos actuales, cambiar el sistema electoral, profundizar en la
democracia y promover la igualdad y la justicia social. Otras más,
cambiar el modelo político de monarquía parlamentaria por una
república federal.
Un proceso constituyente que proponga
una revisión total o parcial de la Constitución, que afecte al título
Preliminar (modelo de estado, soberanía, unidad territorial,
principios que conforman o el ordenamiento), los derechos
fundamentales y libertades públicas, o a la titularidad de la jefatura
del Estado (Título II la corona), requiere un procedimiento largo,
complejo y necesitado de acuerdos concretos y amplias mayorías
parlamentarias. El proyecto de reforma se ha de aprobar por mayoría de
dos tercios de cada Cámara; se han de disolver inmediatamente las
Cortes. Tras las elecciones, las Cámaras elegidas deberán ratificar la
decisión de reforma y proceder al estudio del nuevo texto
constitucional. El texto debe ser aprobado por mayoría de dos tercios
de ambas Cámaras. Una vez aprobada la reforma por las Cortes
Generales, debe ser sometida a referéndum popular para su
ratificación.
Bien se que reformar la Constitución
en cualquiera de sus aspectos, no va a resolver ni la crisis económica
y financiera, ni va a quitar la angustia a la ciudadanía que la está
sufriendo. Tengo mis dudas de que hoy se diera la voluntad de acuerdo
y de consenso que existió en 1978. Pero si que se que hay un clamor
sobre la necesidad de una nueva Constitución, al cual me apunto, que
de un impulso democrático a las decisiones políticas e incorpore las
nuevas voluntades sociales (recuerdo que los menores de 52 años no
participaron en el proceso de 1978). Con sus defectos y errores, con
los miedos y anhelos de la mayoría entonces, la actual Constitución
superó el transito a la democracia. Todo ha cambiado y nada tiene que
ver con la visión, necesidades y anhelos de quienes hoy están
construyendo su propio futuro.
