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En España, Franco, comenzaba su «Solución final» contra judíos, masones, comunistas y defensores de la libertad y la democracia. Los nazis, que precisaron los plazos del exterminio, tuvieron con su amigo Franco, la deferencia de otorgarle varias moratorias, para que el régimen pudiera hacerse cargo de los judíos españoles. «No quiso salvarles la vida, pero exigió sus bienes por escrito», dice Eduardo Martín de Pozuelo. Hubo judíos españoles salvados, por mediación de algunos diplomáticos españoles, que actuaron en contra de las directrices del gobierno. También por la presión de Estados Unidos y Gran Bretaña. Franco no fue neutral, fue pro nazi, admirador del III Reich, antisemita y estuvo contra el «contubernio» judeo masónico y comunista hasta su muerte. Franco y sus ministros, fueron cómplices del Holocausto, por omisión deliberada de salvar a miles de personas en manos de los nazis. Se apoderaron de sus bienes y haciendas, cometiendo crímenes por saqueo y exterminio ideológico.

El informe Eberhard Von Stohrer, dice: «En España no existe un problema judío como en Alemania. La expulsión de los judíos por la reina Isabella la Católica (sic) a finales del siglo XV, ha evitado la germinación del problema judío». En la España católica, apostólica y romana, no cabían los judíos. Quinientos años de historia nos contemplan y ahora no caben los «moros», salvo los procedentes del Golfo Pérsico. «Hitler hizo el trabajo sucio al dictador español, para que pudiera librarse de ciudadanos peligrosos si volvían a España».Franco pudo haber salvado de la muerte a más de cincuenta mil personas; si no lo hizo es cómplice de su exterminio. Poco pudo haberle importado, después de ser responsable del «millón de muertos» que causó la guerra provocada por él, tras el golpe contra la legítima República. Los herederos de Franco, quien dejó todo «atado y bien atado», gobiernan España. En el lenguaje y conceptos algo han cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. En lo social, el Partido Popular, está llevando a cabo su particular «Solución final».

La Solución final made in PP, fija su atención en los ancianos sin medios, que se sienten maltratados al no poder subsistir dignamente por sus bajas pensiones, el tiempo que les quede de vida. Enfermos crónicos que mueren, sin que la política del gobierno les preste ni siquiera el consuelo de la muerte digna. Personas dependientes que no son atendidas y viven en condiciones deplorables. Parados de larga duración, gentes sin trabajo, que no cobran ningún tipo de ayuda económica ni social, o que trabajando, sufren pobreza energética. Personas inmigrantes, trabajadoras, avocadas a la miseria o a la expulsión del territorio español si miramientos. Dijo Rajoy a Cayo Lara: «Me pinta usted un país que no conozco». Yo lo conocemos bien, como a él y a su ideología. En España hay 13 millones de personas excluidas y 5 en exclusión severa, según el informe Estado de la Pobreza en España, de la Red Europea de Exclusión y Pobreza. En los próximos cuatro años, se esperan 1,3 millones más. Todo por una política neoliberal. Un auténtico «austericidio», aplicado contra la clase trabajadora y los más desprotegidos e indefensos. Con su política conozco cuánto nos desprecian.

El capital ha ganado la lucha de clase, sin que la clase trabajadora ni los sindicatos reaccionen debidamente. El ajuste de cuentas del capital, representado en la actual ideología neoliberal, está presente en la política de Mariano Rajoy Brey, su gobierno y su partido. Nos quieren muertos mejor que viejos, parados, enfermos, dependientes o marginados. Nos quieren pobres mejor que ricos, que para eso ya están ellos. Inducen al suicidio con los desahucios, al expulsar de sus casas sin miramientos y con violencia policial, que es violencia de Estado contra el pueblo necesitado.

Un colectivo sin la atención debida, es el de los mayores de más de 60 años y con bajos ingresos, pensiones de jubilación mínimas o exiguas ayudas asistenciales. Es un colectivo que se encuentra en situación de desventaja o vulnerabilidad social. La falta de atención y ayuda pública, les genera desigualdad, precariedad; y con ello, ahora, además, tienen que ayudar económicamente a hijos y nietos sin empleo. Más de la mitad de los ancianos sufre pobreza energética. El primero en el punto de mira.

La particular «Solución final» made in PP, se observa en sus múltiples políticas antisociales, regresivas y represivas, que lleva a cabo desde hace tres años. Como justificación y para el engaño general, el ministro de exteriores Margallo, ratificado por el de economía, han representado el cinismo y la demagogia en su máxima expresión: «Sin la ayuda española a Grecia, podrían haber subido un 50% las ayudas a los parados y un 38% las pensiones» o que «los 26.000 millones prestados a Grecia equivalen al gasto en prestaciones de todo un año», que dice Guindos. No nos cuentan lo que se podría haberse hecho, con los más de 100.000 millones que ha costado el rescate público a los bancos privados; tampoco lo que se hubiera hecho con lo robado y la mala gestión en la Bankia de Blesa y Rato o por el continuo saqueo contra las arcas públicas. Los ministros son demagogos de profesión y cínicos por condición; manipulan y esparcen cizaña, ante lo que se les avecina: el fuego ha comenzado a prender sus barbas.

Un estudio elaborado por las instituciones españolas de defensores del pueblo denuncia problemas en los servicios de urgencias hospitalarias y la atención a los inmigrantes «irregulares» se ve dificultada con la emisión de facturas y hacerles firmar compromisos de pago. Lo que pretende el gobierno que se mueran o que se vayan. La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, responsabiliza al gobierno de las muertes y lesiones de los enfermos que no han recibido los nuevos fármacos. Se han querellado contra la ex ministra Mato y contra el nuevo Alonso por tres presuntos homicidios y más de una veintena de lesiones de enfermos. Son las víctimas de la omisión del deber de socorro, teniendo en cuenta que el 80% de los enfermos tiene prescrito el tratamiento con los fármacos adecuados pero no los ha recibido. «12 muertes diarias» se producen en España por esta enfermedad, aseguran desde la Plataforma.

La abuela de David Boyero ha muerto, porque se cansó de esperar. Murió tras permanecer más de 24 horas en un box de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, por un trastorno que «era cuestión de dos días». Se cansó de esperar. «Toda una vida de sacrificios, de impuestos y trabajo duro para que la Sanidad Pública no sea capaz de subirla a una habitación en más de un día». Eldesmantelamiento del Sistema Público de Salud, comenzó desde el primer día del gobierno de Rajoy, subvirtiendo el mandato constitucional. El artículo 43 de la Constitución estable que «Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». Papel mojado, como en otros tantos derechos y libertades. Los servicios de urgencia están colapsados y se están convirtiendo en antesalas de la muerte.

Las personas dependientes también sufren en sus carnes la «Solución final» del gobierno. Una de cada cinco murió en lista de espera sin recibir la ayuda que le correspondía, según los datos del último dictamen del Observatorio de la Dependencia. El sistema de la dependencia se encuentra «en situación demolición controlada», dicen en su informe la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Más de 100.000 dependientes han fallecido desde 2012 esperando una ayuda reconocida por el Estado y no que no ha llegado. La realidad que dibujan es de una auténtica «Solución final». Que no engañen las estadísticas, la reducción de la lista de espera, no se ha producido por un incremento de las atenciones, sin por que los usuarios han muerto en este tiempo. Fallecen más usuarios, que beneficiarios nuevos entran en el sistema.

El ministerio del interior, del muy casto y caritativo Fernández del Opus, ha ejecutado la deportación —sin contar las «expulsiones en caliente»— de 9.410 inmigrantes en 257 vuelos internacionales fletados hasta octubre de 2014. Es culpable, como culpables son los 16 guardias civiles imputados y sus mandos, por la muerte de los inmigrantes en Tarajal. La Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo a un grupo de subsaharianos que intentaba alcanzar la costa española, primero por tierra y luego por mar. Omitieron el deber de socorro a personas en riesgo de morir y murieron; que no son 15, como dicen los datos oficiales, sino 80, según testimonio de los supervivientes.

Los grandes beneficiarios de la política de recortes en gastos sociales, son el capital financiero, que domina el mundo, que influyendo en la política, en las instituciones, en lo mediático y en lo académico, «continúa promocionando el dogma que sustenta el aparato ideológico que lo sostiene», según el profesor Vicenç Navarro. Sabíamos que el Estado de Bienestar estaba en peligro y ahora padecemos su desaparición. El Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Fondo Monetario Internacional, insisten en que para salir de la crisis, hay que continuar con las medidas de austeridad: reducir más el gasto público, de forma especial el gasto social; así como continuar con las «reformas estructurales»: facilitar el despido de los trabajadores y reducir los salarios, para el mayor beneficio empresarial. Todo para ellos.

Las políticas de austeridad han causado un enorme daño a la mayoría de la población y Rajoy insiste en ello. El gobierno del Partido Popular, ha eliminado derechos y restringido libertades, en aras de esa austeridad canalla. Gran parte de los derechos perdidos, están ocasionando calamidades, sufrimiento humano y muertes en tiempos de paz, siguiendo planes premeditados, con estilo propio de un estado totalitario. Estamos sufriendo una auténtica «Solución final» made in PP.