Desde
1812 varias han sido las constituciones que han regido los destinos del
pueblo español y dispares han sido sus procesos constituyentes. Unos
procesos se iniciaron por el hostigamiento del pueblo, otros por la
voluntad de sus representantes y en otras ocasiones los reyes y
gobiernos de turno para afianzarse en el poder. En todo caso, para
reformar una constitución, se ha de abrir un proceso en el que el pueblo
soberano participe activamente y finalmente lo ratifique o niegue en
referéndum.
Los
procesos que concibieron las constituciones de 1869 y 1931, fueron
distintos al que se siguió para la de 1978, pero en todos los casos se
produjeron ante situaciones políticas, institucionales, económicas y
sociales insostenibles. En 1868, coincidió el reinado de Isabel II con
las «catástrofes» coloniales en América y Norte de África. Los
liberales, demócratas y republicanos, opositores a la monarquía,
consiguieron su objetivo, expulsar del trono a Isabel y elaboración de
una nueva constitución que superó a la de 1845. La Constitución de 1869,
fue de las más avanzadas de su época y representó un cambio de tendencia
en la política española.
En el
preludio del proceso constituyente de 1931, se desarrolló la dictadura
de Primo de Rivera, instigada por el rey Alfonso XIII. La unión de las
fuerzas republicanas y socialistas, junto con los sindicatos de clase,
posibilitaron que las elecciones municipales de abril de 1931 se
conviertan en plebiscitarias. Las elecciones posteriores a la
proclamación de la República fueron constituyentes (28 de junio de 1931)
y surgió la Constitución de la Segunda República. La ruptura con el
pasado fue total: se democratizó el Estado, se cambiaron los símbolos y
el modelo político, se introdujeron derechos y se cambiaron estructuras
políticas y normas de funcionamiento. Todo desapareció tras el golpe de
estado y el régimen de la dictadura franquista.
Con la
muerte del dictador en 1975, se abrió una nueva era, cuyo proceso
constitucional se inició con la llamada Transición a la Democracia y la
Ley para la Reforma Política. El proceso fue complicado. Salíamos de una
oscura y cruenta dictadura y existían continuos peligros de involución.
La crisis económica y el terrorismo dificultaron el proceso. Gobierno y
oposición entendieron que era necesario redactar una constitución que
fuese aceptada por la mayoría de las fuerzas políticas. El rey, heredero
de Franco y el gobierno tenían el poder, la oposición la legitimidad
democrática.
El
consenso permitió resolver los temas más conflictivos de aquel momento:
la forma de estado y de gobierno, el modo de elección, la cuestión
religiosa, el modelo económico y la descentralización territorial.
Pasados cuarenta años, siendo la situación distinta, los temas
conflictivos tienen plena vigencia.
Hay
propuestas para establecer un modelo federal del Estado, que sustituya
al actual de las autonomías, que no desarrolló cuestiones fundamentales.
Otras propuestas pasan por abrir un proceso constituyente que de
respuestas a los retos actuales; cambiar el sistema electoral por otro
auténticamente representativo, mejorar la calidad democrática y de las
instituciones, incorporar mecanismos que garanticen el estado del
bienestar, extender y garantizar los derechos fundamentales y las
libertades, especialmente los derechos sociales en un estado Social y de
Derecho fortalecido. Otro pretendemos cambiar el modelo político, de
monarquía parlamentaria por una república federal.
Reformar la Constitución, no va a resolver ni la crisis económica ni va
a quitar la angustia a la ciudadanía que la está sufriendo. Hoy no se va
a dar el consenso que existió en 1978, pero hay que abrir el proceso
para nueva Constitución que desarrolle, sin los miedos de entonces, los
objetivos del Estado democrático y las exigencias de calidad democrática
y participación que demanda la ciudadanía. Hay que ofrecer nuevas
respuestas a las necesidades y anhelos de quienes están construyendo su
futuro.
