Este
mes de Abril lo he dedicado a reflexionar sobre la historia frustrada de
la Segunda República española. Grandes esperanzas había despertado su
proclamación el 14 de abril de 1931, tras abandonar precipitadamente
España el rey Alfonso de Borbón, suspendiendo «deliberadamente el
ejercicio del Poder Real», tras conocer los resultados de las elecciones
municipales, celebradas dos días antes.
Con la
proclamación de la República se abrían inmensas perspectivas de cambios
políticos, económicos y sociales, pospuestos durante decenios. Se
iniciaron las reformas políticas necesarias, mediante un cambio profundo
de las estructuras sociales, económicas y culturales, para poner a
España en la senda de la modernidad. Poco tiempo duró todo. El golpe de
Estado del 18 de julio de 1936 y la guerra que provocó, rompieron la
esperanza. Hoy pretendo resaltar el fundamento, el sentido de la idea
misma republicana, que como ayer sigue estando vigente.
El
sistema político republicano moderno, se identifica con un sistema de
valores, como expresión de la voluntad libre y soberana de la
ciudadanía: el pueblo se gobierna a través de representantes elegidos
democráticamente y la igualdad de oportunidades como esencia de sus
principios. En este sistema, la jefatura del estado también es elegida,
y no hay rey o líder que guíe, arbitre o gobierne; no hay persona o
figura que esté por encima de la ley, ni irresponsable ante ella.
A lo
largo de la historia, el concepto y la idea republicana han
evolucionado, pero hay un hilo conductor: el pueblo que se autogobierna
y protege la libertad, como acto contrario a la dominación. Se
fundamenta en el derecho y el imperio de la ley, y todos iguales ante
ella; la igualdad de oportunidades como esencia democrática; la
participación ciudadana, como marco de referencia; los derechos civiles
y la transparencia, como oposición a la corrupción política.
Una
república en si misma, no es garantía de bienestar o de democracia; son
sus valores los que dan carácter al modelo y la ejemplaridad de los
servidores públicos. Son las garantías para ejercer los derechos los que
dan la dimensión exacta del sistema. Y el buen ejercicio de la propia
democracia realza la idea republicana. Una monarquía (parlamentaria o
constitucional) puede ser democrática en su ejercicio, si el pueblo así
lo ha decidido, pero la monarquía, que es un símbolo que transmite su
poder por la herencia de la sangre, está muy alejada de los principios
de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. La monarquía es
antidemocrática por naturaleza, opaca por convicción, alejada de las
necesidades de la gente y de los intereses de la ciudadanía.
El
acceso a la jefatura del estado, como a cualquier otro órgano de
representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la
libre y democrática elección ciudadana. «Las magistraturas vitalicias, y
más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas
que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada
momento histórico», decía Luis Gómez Llorente (Socialismo y República).
Ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones
sucesivas; son éstas las que deben proyectar su futuro libremente, sin
ataduras del pasado. «Se debe, incluso, facilitar la libre determinación
de las generaciones venideras».
En el
republicanismo se conjugan las ideas de honestidad, integridad,
honradez, lealtad y justicia en el gobierno de la cosa pública. Esta
idea está entroncada en la filosofía de la república griega y romana,
pasando por Maquiavelo; está presente en la «Revolución Francesa», en
los pensadores antimonárquicos ingleses del siglo XVII y la Ilustración
radical. Los padres de la constitución americana la llevaron a los
altares del liberalismo. El mejor gobierno es el de la ciudadanía para
si misma.
Podría
parecer que la Constitución española está inspirada en estos principios
y hechos históricos, pero no es cierto. El modelo español, sigue el
hilo de la evolución de la monarquía absoluta: el rey es el que va
cediendo su soberanía procedente de «dios»; no es el pueblo soberano
quien otorga el mandato del poder. La Constitución española declara que
la soberanía nacional reside en el pueblo y que de él emanan los poderes
del Estado, pero lo cierto es que no es así. En el artículo 1.1 se
establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político»; pero falla el modelo al diseñar la forma política, como
monarquía parlamentaria. Monarquía instaurada por Franco, mediante las
«leyes fundamentales del reino», que no ha sido votada en referéndum por
el pueblo soberano. Se votó la Constitución y en un tótum revolútum,
se coló la monarquía juancarlista.
En el
artículo 56.3 se dice que «La persona del Rey es inviolable y no está
sujeta a responsabilidad». El rey se sitúa por encima de la ley, no está
sujeto a su mandato, y por tanto encima de todos los españoles. Sin
hablar de los comportamientos –incluso los criminales–,
que no quedan sujetos a las leyes que a todos nos afectan. Por encima
queda, cuando se dice que «La Corona de España es hereditaria en los
sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la
dinastía histórica» –hoy encarnada en Felipe VI y su descendencia–,
es decir: es heredera de la monarquía absoluta de Fernando VII y sus
antecesores imperiales, la irresponsabilidad de Isabel II, la caciquil
de la Restauración y la dictadura diseñada en las leyes franquistas.
La idea
sobre la libertad en el republicanismo, no es la que se entiende desde
el liberalismo; sino que presenta una visión del ser humano, como una
manifestación de la vida social. En este espacio, la política es una
actividad en la que los ciudadanos desarrollan sus potencialidades
individuales; frente a la concepción del liberalismo, que entiende que
la única actitud posible por parte de la ciudadanía es la resistencia
pasiva frente a un Estado. El Estado tiene que ser garante del bienestar
general y en particular de los más desfavorecidos socialmente.
El
individuo nunca existe al margen de la realidad social, ya que se forma
a partir de un conjunto de relaciones sociales, pero la sociedad tampoco
se puede concebir al margen del reconocimiento de las voluntades
individuales, capaces de autogobernarse. No hay más soberanía que la del
individuo, que no cede sus derechos a un «Leviatán» con vida propia,
sino que intenta ejercerlos, por representación a través de la
cooperación con otros ciudadanos, aumentando así su poder. El Estado
republicano, no es algo ajeno al ciudadano, sino algo de lo que el
ciudadano forma parte y así lo siente.
En el
republicanismo la política es una actividad digna, honesta y de
responsabilidad. La ciudadanía es militante político ante el grupo
social, donde su opinión se deja sentir y es tenida en cuenta
constantemente, en las decisiones que determinan la actividad del
Estado. La democracia adquiere un carácter deliberativo, permitiendo que
todas las decisiones públicas sean producto de una reflexión, en la que
la totalidad de la ciudadanía participa responsablemente, para conseguir
conciliar intereses contrapuestos y obtener diversos planteamientos,
garantizando que ninguna solución quede sin considerar. La libertad es
entendida, no como que la sociedad no pueda tomar decisiones contrarias
a las voluntades individuales, sino como que estas decisiones, no deben
interferir arbitrariamente en el ámbito de lo privado.
Nadie
puede decidir por el individuo, en lo que respecta a sus propios
intereses, y ninguna pauta de comportamiento es excluida, en tanto que
no perjudique a los intereses de los demás. La diversidad y la
disidencia, son valores que los republicamos entendemos asociados a una
concepción laica del individuo, que no acepta más normas morales que las
que dicta su razón. Un pleno ejercicio de libertad para todos y plena
conciencia de pertenecer a la comunidad, sólo es posible si hay igualdad
suficiente. En una sociedad, en la que la igualdad sea real y efectiva,
no surgirán enfrentamientos y disensiones por las diferencias, que no
son sino afrentas para los que menos tienen.
Todos
las personas han de tener garantizado un mínimo de subsistencia y
bienestar; no en forma de caridad estatal, que menoscabe el auto
respeto, sino un mecanismo para su emancipación intelectual y
sostenimiento de la dignidad como ser humano. Es tarea fundamental del
Estado garantizar la igualdad de oportunidades y que las diferencias
económicas y de poder, sólo vengan dadas por el mérito o el trabajo.
Para ello el sistema educativo público debe ser de la máxima calidad y
atractivo para todas las clases sociales, de manera que sea una
experiencia de convivencia entre los diversos grupos.
En
definitiva, es necesaria la igualdad porque todos los seres humanos
somos iguales, y es necesaria la libertad porque todos somos diferentes.
Cada persona es responsable de encontrar su propio camino hacia la
felicidad, pero la sociedad, a través del Estado, es responsable de
reducir la improbabilidad de conseguirlo; y que el bienestar de unos no
se haga a costa de la pobreza de otros. (Del Documento Político de
Izquierda Republicana, en el año en el que se cumplió el setenta
aniversario de su fundación por Manuel Azaña, Presidente de la Segunda
República Española).
Soy
republicano por convicción y principios, coincidentes con todo lo dicho
hasta ahora. Estoy convencido de que no se terminaran los males de
España por instaurar una República; pero sería un principio. El modelo
republicano debe ser políticamente abierto, participativo y por tanto
democrático; un modelo en el que la ciudadanía sea crítica y
responsable; un modelo sustentado por principios y valores de libertad,
igualdad y justicia social; y que éstos sean blindados por la
Constitución, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los
fundamentos del propio Estado republicano.
