Cuando
la indecencia política se hizo carne, habitó en Mariano Rajoy, los
correligionarios del PP que le apoyan y los votantes cómplices que le
permiten gobernar. El país entero esperando sus declaraciones, tras la
entrevista con el rey, que le propuso para la investidura, y sus
palabras clarificadoras de su talante y personalidad fueron: «Lo que he
hablado con el rey es exactamente lo que le he dicho salvo lo que no le
he dicho». Si no fuera por el respeto debido a la institución es para
mandarle a hacer puñetas. Sin respeto y con ánimo comprometido, no
quiero que Rajoy ni nadie del PP vuelva a presidir el Gobierno; sería lo
peor que podría pasarnos. ¡Nunca màis!
Se han
cumplido demasiados años desde que Rajoy ocupó la Moncloa y ya tenemos
bastante. No solo han incumplido sus promesas electorales, sino que con
sus políticas ha perjudicado la salud y el bienestar general. Más
impuestos, reforma laboral, pago, copago y repago sanitario, congelación
de pensiones, recortes en gastos sociales, eliminación de servicios
públicos, rebaja de salarios a funcionarios, corrupción, más paro, peor
calidad en el empleo y menos derechos.
Ahora su indecencia lleva al límite la interpretación de la
Constitución, para evitar el examen de una investidura sin garantías. El
artículo 99.2 de la Constitución («El
candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior
expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del
Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara»),
no prevé que un candidato pueda interpretar a su beneficio y no se
presente a la investidura, tras haber sido designado por el rey y tras
haber iniciado las negociaciones. Por su parte el
artículo 170 del reglamento del Congreso,
señala que «En cumplimiento de las previsiones establecidas en el
artículo 99 de la Constitución, y una vez recibida en el Congreso la
propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, el Presidente de
la Cámara convocará el Pleno». Violentan todo en su provecho,
mientras
piden al Constitucional que abra la vía penal contra Fordadell,
presidenta del Parlament soberano de Catalunya, utilizando la coartada
de la «sacrosanta» Constitución, que realmente desprecian. El
Gobierno «Antepone
la coherencia política a la jurídica», nos
sale diciendo Sáenz de Santamaría, o la desvergüenza a la justicia y el
Estado de Derecho digo yo.
Se mire por donde se mire, el balance de este tiempo es absolutamente
desastroso. «Gobernar es repartir dolor», llego a decir el ex ministro
Gallardón, para defender su política. El «tasazo» judicial, que llegó
para atacar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y
continuó con Catalá,
el Tribunal Constitucional por unanimidad lo ha echado abajo por
inconstitucional. El gobierno ha repartido
dolor entre la ciudadanía más necesitada, defendiendo los intereses de
las grandes fortunas y a la banca, despreciando a quienes solo poseen el
trabajo para sobrevivir, si lo tienen.
Nada se puede esperar de Rajoy ni del PP. Si se les permitiera seguir en
el Gobierno mantendría su política reaccionaria, regresiva, antisocial y
corrupta; es su condición. Al partido en el Gobierno
se le procesa con la acusación de delito de daños informáticos
y de «encubrimiento» por la destrucción de los discos duros de los dos
ordenadores que habían pertenecido a Luis Bárcenas. El constructor
Alfonso García Pozuelo,
admite ante el juez que financió ilegalmente al PP,
con el pago de 30.000 euros durante la campaña electoral de 2003 y pagos
por 1,3 millones de euros a cargos populares a cambio de adjudicaciones
en Boadilla del Monte.
Álvarez Cascos, Arenas, Acebes, Rato y Mayor Oreja, la plana mayor del
PP de Aznar, declararán como testigos en el
primer gran juicio de Gürtel, a petición de Bárcenas, que recopilaba los
indicios acumulados contra ellos sobre la trama y la financiación
irregular del PP. La
Fiscalía pide al Supremo que abra causa a Rita Barberá por blanqueo,
junto con 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica. Quien
pretende seguir gobernando en España,
en su conjunto han actuado como una organización criminal,
según la tesis de los investigadores del caso Taula, con conocimiento de
Camps y de la sede nacional de Génova.
Frente a la ministra de empleo, que se encomendaba a la virgen de su
pueblo para que favoreciera la creación de empleo –se supone que ella no
podía–, empleo precario, bajos salarios y amenaza a la hucha de las
pensiones.
Los contratos temporales han vuelto a tirar del empleo
hasta lograr que la tasa de paro se reduzca (20% y 4.574.700
desempleados). Todo a costa de la hucha de las pensiones de la que
el Gobierno ha dispuesto de otros 1.000 millones del Fondo de Reserva
para pagar el IRPF de los pensionistas que cotizan, lo que unido a los
8.700 que retiró a principios de mes, alcanza los 9.700 millones, la
mayor retirada de la historia en un solo mes.
Rajoy ha fracasado estrepitosamente en su política de recuperación
económica y de creación de empleo, suponiendo que es eso es lo que
pretendía. Ha eliminado derechos sociales y laborales. Los hogares con
todos sus miembros en paro alcanza el número de 1.493.800, según la
EPA del segundo trimestre de año. El número de
jóvenes en paro menores de 25 años subió en 22.700 personas en el
segundo trimestre, con una tasa de desempleo que se sitúa en el 46,4. El
51,6% de los desempleados españoles lleva más de un año en el paro, lo
que hace que
España se sitúe el octavo país en el ranking de países de la OCDE con
más paro de larga duración. Malos resultados,
peores previsiones pese a lo que pronostican y ninguna señal de
recuperación para la económica ciudadana.
Millones de familias en paro y a las puertas de la pobreza, decenas de
miles de jóvenes obligados a emigrar, problemas territoriales sin
resolver, intolerables casos de corrupción, ausencia de mecanismos de
transparencia, de sistemas de control y participación ciudadana,
políticas de ajuste severo, Desajuste de las cuentas públicas con un
crecimiento galopante de la deuda pública, exigencias de nuevas medidas
de recortes de la UE, inquietante estado del sistema de pensiones y de
la tesorería de la Seguridad Social, empobrecimiento de las clases
medias y de la población más humilde, injusto reparto de sacrificios
frente a la crisis. Y ante esto, los políticos de los partidos
mayoritarios haciendo manifiesta dejación de su función esencial, ajenos
a la realidad.
Un Rajoy, Presidente en funciones, incapaz de dar un paso atrás, que
le tiemblan las piernas en plena rueda de prensa al tocar el tema de la
investidura. Un Rajoy ejemplo del miedo
visceral a la exposición pública y a la asunción de responsabilidad, que
enmascara su propósito de perpetuarse, sin cambio alguno de sus
políticas, ni cesión ninguna al resto de partidos, en una apuesta
interesada que contraviene la Constitución. Se niega a presentarse a la
investidura si no consigue de antemano apoyos para gobernar, a sabiendas
de que una repetición electoral aumentaría la abstención entre la
hastiada e indignada ciudadanía que soporta el bloqueo de su
representación política. Un Rajoy que pretende, no sólo eludir cualquier
responsabilidad, sino repetir como líder de un gobierno que debiera
haber abandonado si en este país la decencia política existiera. Un
Rajoy, presidente del PP, deslegitimado para el ejercicio del gobierno
por la multiplicidad de causas penales abiertas contra sus miembros y la
propia organización, por supuestas prácticas corruptas.
Rajoy se atreve a decir que el PP es el partido preferido por la
sociedad y miente. Sólo las tres primeras fuerzas con diferente signo
político: PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos,
suman 13,6 millones de votos y 188 escaños,
sin contar con los votos y escaños de las otras fuerzas nacionalistas y
minoritarias, de un censo electoral que asciende a más de 36,5 millones
de electores. Frente a esta mayoría, los 7,9 millones de votos (la
derecha unida de toda la vida) y los 137 escaños que ostenta. Estos
datos demuestran que en la sociedad española son mayoría quienes exigen
cambio y regeneración democrática, y que la suma de escaños que la
representa es más amplia.
Al colectivo
Foro26j por una alternativa de Progreso, le
indigna la debilidad y falta de calidad democrática de nuestras
instituciones políticas, y el papel de los gobiernos incapaces de
garantizar la justicia social, la igualdad y la aplicación de un reparto
equilibrado de sacrificios a la hora de afrontar la crisis con
legitimidad. El fortalecimiento del sistema democrático requiere medidas
consensuadas en el Parlamento para regenerar la actividad política, que
pasa por prevenir, perseguir y castigar la corrupción, el fraude y la
evasión fiscal, hacer transparente la financiación de los partidos,
reformar el sistema electoral, apuntalar y reforzar la sanidad pública,
un sistema educativo nuevo, investigar y depurar la mala gestión de las
entidades financieras, afrontar la crisis con actitudes de diálogo hacia
los movimientos y agentes sociales, y profundizar en una democracia más
participativa, transparente y de calidad.
No hay
en el Parlamento quien eleve la voz de quienes hacemos una reflexión
crítica, libre de ataduras. La crisis de la política exige un nuevo
marco de relaciones y de compromisos entre los partidos y la ciudadanía,
una nueva Cultura Política que nos conduzca a reformas normativas de
calado en favor del fortalecimiento de la democracia tanto en la
sociedad como en el interior de los partidos. Los partidos mayoritarios
no encabezan la necesidad colectiva de vincular el ejercicio de la
política a la honestidad, la ética, la transparencia, la eficiencia, la
ilusión, y la reivindicación contundente de la sujeción a la legalidad.
Se echa de menos una mayor exigencia pública ante una supuesta élite que
ha demostrado con creces su mediocridad.
Poco
hemos podido disfrutar del incipiente Estado de Bienestar, que los
países europeos de nuestro entorno, modelaron al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, mientras por aquí gobernaba el fascismo nacional
católico, caciquil y reaccionario, de los que Rajoy y el PP son
herederos directos. Aquel pacto social, que llegó tardíamente a España,
se ha roto. El Gobierno que ha ejercido el poder de manera
fundamentalista, despótica y agresiva, a la vez que autoritaria y
represora, quiere seguir gobernando y los partidos de la izquierda
parlamentaria, por responsabilidad democrática deben evitarlo.
Hay que
evitar nuevas elecciones, pero no vale un acuerdo a cualquier precio.
Seguimos apostando por un Gobierno de Progreso, que venga a dar solución
a los males que nos aquejan, con dignidad y decencia, valores de los que
carece el presidente en funciones y su partido. Rajoy será un presidente
legal, pero pierde legitimidad cada día que pasa.
