Nos estamos desayunando, almorzando, incluso merendando con la represión de los tribunales de justicia contra la libertad de expresión. Hasta cuatro años de cárcel piden para cuatro profesores y un activista por participar en una protesta contra los recortes educativos. Otro caso que clama, es el de Cesar Strawberry, condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión, por publicar unos tuits. También es inadmisible que a Cassandra, por bromear sobre Carrero Blanco, le pidan dos años y medio de prisión. La justicia, con sus decisiones, ejerce la represión del Estado, atentando contra la propia democracia a la que deberían defender.

La limitación de la libertad de expresión vuelve a ser protagonistas, después de conocer la condena a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo a César Strawberry. Su caso no es el único objeto de polémica: las actuaciones judiciales contra los titiriteros; contra la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre; o contra el concejal Guillermo Zapata son otros casos contra la libertad de expresión, que es un derecho cualquiera, sino que forma parte de los derechos humanos, además de ser derecho fundamental, que la Constitución española reconoce y protege. Derecho de reunión y manifestación pacifica, así como «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio».

El Tribunal Supremo condena a un año de prisión, al cantante Cesar Strawberry, como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, por seis tuits que publicó en Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2014. Según el Tribunal los tuits «alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo y obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano». El caso había sido juzgado por la Audiencia Nacional que dicto sentencia absolutoria, al no considerar que había delito. Ahora el Supremo corrige y condena. Jueces para la Democracia es de la opinión que «lo razonable» es el voto particular que ha emitido uno de los magistrados, que defiende la «prevalencia» de la libertad de expresión. Será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien tenga que intervenir en el caso, cuando se agoten las vías en España.

La Audiencia Nacional absolvió, considerando que no quedaba acreditado que el acusado buscase con sus mensajes defender los postulados de una organización terrorista ni tampoco despreciar o humillar a sus víctimas, el Supremo considera que el artículo 578 del Código Penal no exige acreditar con qué finalidad se ejecutan los actos de enaltecimiento o humillación. Las víctimas no se sienten ofendidas. Eduardo Madina dejó «claro en la vista oral, que no me sentía ofendido. Lo vuelvo a hacer hoy. Mi solidaridad con César Strawberry». El pretendido tuit de la ofensa decía «Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina». Su detención fue un acto de «prevaricación orquestando una operación judicial supuestamente antiterrorista» con el fin de infundir miedo en el electorado. Una estrategia de guerra cultural.

Por su parte la nieta de Luis Carrero Blanco, ha salido al paso de los chistes sobre su abuelo y ve «un disparate que se pidan penas de cárcel por mofarse del asesinato en Twitter». Unos chistes sobre el que fuera presidente del Gobierno en el franquismo, asesinado por ETA en 1973, puede llevar a Cassandra dos años y seis meses a la cárcel. Es lo que pide el fiscal, según le ha notificado el Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, por varios tuits publicados entre noviembre de 2013 y enero de 2016. «Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje». Que el fiscal considere que ha cometido un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y suponga «enaltecimiento del terrorismo», es otro ataque a la libertad de expresión.

Ni en los peores tiempos del franquismo, cuando el mismo Generalísimo corría por los chistes como «Paco el rana». Si siguen persiguiendo cualquier justificación del atentado contra Carrero Blanco, acabarán procesando a Victoria Prego, dice en su cuenta en Twitter @bufetealmeida, recordando un artículo de la periodista: «La transición en España, comenzó ese día 20 de diciembre de 1973 en la calle Claudio Coello de Madrid». La libertad es vivir en un país donde nadie tenga miedo a contar un chiste.

La editorial Alfagura publicó hace 17 años, en el libro La agonía del Dragón, de Juan Luis Cebrián, este chiste: «Carrero Blanco coge un taxi y pide que le lleven a Claudio Coello, ¿a qué altura de la calle le dejo?». Puede que no sea delito porque esté publicado en un libro y de una forma muy concreta o porque no fue publicado por Cassandra o Strawberry, ni Rita ni Guillermo Zapata ni Facu Díaz ni ningún tuitero desaprensivo.

La ley de Seguridad Ciudadana, coarta la libertad de los ciudadanos, ejerce un mayor control sobre las protestas callejeras, intentando evitar la crítica al gobierno ni a ninguna otra situación política y social. Si no teníamos bastante con el Código Penal, que criminaliza la protesta, mediante duras penas de cárcel, ahora, además, tratan de arruinar a quienes protestamos, mediante grandes multas económicas.

La Constitución española, en su artículo 20 prevé la suspensión del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, solamente, en el caso de que se hubiera declarado el «estado de excepción o de sitio». Contra ello, el actual gobierno del PP restringe los derechos y criminaliza las protestas. Los partidos de la oposición política, deberían estar muy pendientes de esta situación y denunciar los atropellos.

«Los exabruptos, aunque sean inaceptables, no deben merecer condena penal», porque eso supone descontextualizar las frases y hace prevalecer más lo represivo que la libertad, en opinión de un portavoz de Jueces para la Democracia, que prevé organizar próximamente unas jornadas sobre libertad de expresión y redes sociales. Es llamativo conocer, por lo sorprendente y el peligro que engendra, que una tercera parte de los delitos sobre terrorismo que investiga la Audiencia Nacional, tienen que ver con la libertad de expresión en redes sociales. «La legislación antiterrorista, y concretamente el pacto alcanzado en 2015, desdibuja el delito de terrorismo, que se ha de caracterizar por elementos como el aspecto organizativo y la posesión de armas o explosivos» y no por tuits, retuits o pulsar «me gusta», que no deben merecer sanción penal.

Ante lo que se avecina, algunos ya estamos preparando el chándal carcelario. Se ha subvertido el sistema democrático; se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Frente a todo ello y en el ejercicio del derecho de expresión, sin ánimo de ofensa, sino por defender los derechos que nos corresponden, cabe el grito ciudadano, porque cuando los gobiernos usurpan poderes del pueblo y cometen injusticias, el pueblo queda legitimado para levantarse contra el totalitarismo represivo y contra la opresión. Un estado es más totalitario cuanto mas derecho penal tiene.

La sentencia que condena a Cesar Strawberry y otras actuaciones judiciales, ponen en peligro la democracia. Las sentencias vienen recogiendo los criterios de los fiscales y éstos los argumentos del gobierno, que conocemos como se las gasta ideológicamente. Poca independencia judicial se observa. OjO con lo que tuiteas, con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas..., el gran hermano te vigila.

«Je suis Cesar Strawberry» y Cassandra; también profesor y activista y todos los demás, que en el ejercicio del derecho de mi libertad de expresión, me solidarizo con sus acciones.