El Frente Popular quedó constituido el 15 de enero de 1936, con el objetivo de presentarse a las elecciones que se celebrarían el 16 de febrero siguiente. El pacto de la coalición electoral fue posible por la firma de los republicanos de izquierda y los socialistas, que lo hicieron también en nombre del PCE y de otras organizaciones obreras y sindicales. Corta historia pero intensa tuvo el FP y un trágico final.

Los resultados de las elecciones se comunicaron el día 20 de febrero. El Censo estaba formado por 13.553.710 de electores. Hubo una participación del 72,9%. (9.864.783 de votantes). Dieron su voto al Frente Popular: 4.654.116 (47,1%); al Frente Nacional Contrarrevolucionario: 4.503.505 (45,6%) y al Centro: 400.901 (5,3%). No voy a referirme a las consecuencias de estas elecciones ni a la historia de los gobiernos formados a su amparo, sino a las razones de su constitución y su programa.

Por aquel entonces, los socialistas, con Largo Caballero a la cabeza, se negaron a colaborar con los republicanos de izquierda de clase media representados por Manuel Azaña. Se abandonó la «vía parlamentaria» en favor de la «vía revolucionaria» para alcanzar el socialismo, desplazando a Prieto y a Besteiro de la dirección de UGT y PSOE. La situación facilitó la victoria del centro-derecha en las elecciones de 1933 y la insurrección revolucionaria de octubre de 1934.

El 7 de enero de 1936, ante la crisis gubernamental de la coalición entre la CEDA y el Partido Radical, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, firmó el decreto de disolución de las Cortes y encargó a Manuel  Portela Valladares organizar nuevas elecciones. En los meses anteriores, Manuel Azaña e Indalecio Prieto habían mantenido correspondencia sobre la necesidad de construir una coalición reformista similar a la que había gobernado los dos primeros años de la República. Largo Caballero, desde la dirección de UGT, se opuso al acuerdo, aunque ante la convocatoria de elecciones accedió a incorporarse, con la condición de que el PCE entrara en la coalición y si ésta ganaba las elecciones, debían gobernar sólo los republicanos.

La coalición entre republicanos de izquierda y socialistas tenía un programa basado en la defensa de las reformas sociales del Primer Bienio de 1931-1933, que habían sido paralizadas o eliminadas por los gobiernos conservadores del Segundo Bienio 1933-1936 radical-cedista. En el Programa, se pedía la liberación de los presos sometidos a un proceso por responsabilidades en los hechos de la Revolución de Asturias.

El camino hacia la unidad no fue fácil porque los partidos y sindicatos tenían diversas concepciones políticas, sociales y económicas, aunque tuvieron en común la necesidad de la alianza electoral para obtener la victoria, en un contexto internacional favorable a la confluencia de la izquierda, frente al auge de las soluciones totalitarias nazi y fascista. Los partidos republicanos –Izquierda Republicana (Azaña), la Unión Republicana (Martínez Barrio) y el Partido Nacional Republicano–, defendían el entendimiento con los socialistas, pero no con las organizaciones obreras a su izquierda.

En el PSOE se vivía un intenso debate. El sector centrista de Indalecio Prieto, estimaba la necesidad del pacto con los republicanos, incidiendo en la necesidad de proclamar una amnistía y profundizar en la reforma agraria. El sector de izquierda socialista, representado por Largo Caballero y con el apoyo de la UGT, pretendía un frente obrero, pero terminó por comprender que el pacto con los republicanos era necesario si se quería obtener la ansiada amnistía, sin establecer un programa de gobierno conjunto.

En Cataluña (4 de febrero) se formó la coalición Front d'Esquerres de Catalunya, en la que se integraron los nacionalistas republicanos catalanes como ERC. En Valencia se constituyó el Front d'Esquerres. Ambas coaliciones tenían una composición similar al del Frente Popular del resto de España.

El Programa del Frente Popular era republicano, corto pero profundo (enero de 1936). Los republicanos no aceptaban el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, que solicitaban los delegados del partido socialista, por lo que los firmantes consideraron aprobar diferentes medidas para la redención del campesino: «rebaja de impuestos y tributos; represión especial de la usura; disminución de rentas abusivas; y revisión de los desahucios practicados». Se consolidaba la propiedad, previa liquidación a los arrendatarios antiguos y se comprometieron a dictar «una nueva ley de Arrendamientos que asegurara: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo».

Los partidos republicanos tampoco aceptaron la nacionalización de la Banca propuesta por los partidos obreros, aunque reconocían que el sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, para cumplir con la misión que les estaba encomendada. Hoy el debate sobre la banca sigue abierto. El PSOE propone salvar la Seguridad Social con dos impuestos al sistema financiero, similares a los aprobados en Francia y Reino Unido, teniendo en cuenta que el sector financiero español fue rescatado con 60.000 millones de dinero público durante la crisis, por lo que parece justo que la banca ayude a costear el sistema de pensiones. Por su parte, la banca lleva desde 2011 evitando la creación de un impuesto específico sobre su negocio. Ahora las entidades financieras españolas sólo pagan un tributo casi simbólico sobre sus depósitos del 0,03%; cuando los dueños de la gran banca son 28.000 millones más ricos que hace un año.

Los republicanos concebían la República como un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social, frente a la opinión de los partidos obreros que entendían que la República debía estar orientada por motivos sociales o económicos de clase. El documento firmado reconocía que «La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase».

La cuestión regional también estuvo presente. Los partidos coligados se comprometían a  establecer una legislación autonómica vigorosa votada por las Cortes constituyentes, que desarrollase los principios autonómicos consignados en la Constitución, que en su Artículo 8 reconocía que «El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía». Más de ochenta años después, siguen existiendo parecidos problemas sobre el modelo de Estado, si nacional o plurinacional y sin que se ofrezcan soluciones de buena voluntad para resolver la cuestión catalana (las que están en embrión y las que estén por venir).

Y en otro orden de cosas −el FP lo tenía resuelto−, me refiero a la instauración (restauración o imposición) de la monarquía durante el franquismo, que tampoco está resuelta. Ya conocemos como el presidente Adolfo Suárez en 1995, confesó que incluyó la palabra rey y monarquía en la Ley de la Reforma Política de 1977, para no tener que someter a referéndum la monarquía, porque las encuestas le dijeron que perdería. Según el propio Suárez, Felipe González pedía entonces el referéndum sobre la monarquía. Hoy no hay voluntad política para que, en el marco de la reforma o nueva Constitución necesaria, se pregunte al pueblo sobre el futuro de la monarquía. «Hay que montar una consulta constitucional para que todos los ciudadanos digamos si queremos, o no, que la monarquía continúe» (Enric Sopena); porque la biología no debe ser quien decida la forma del Gobierno de un país.

La coalición del Frente Popular salió victoriosa de las urnas. Manuel Azaña de nuevo en el poder; los socialistas volvían a tener influencia en los poderes locales; y los anarcosindicalistas podían recuperar su capacidad de agitación. El Partido Radical se hundió. La derecha no republicana, derrotada en las urnas, se sintió amenazada por el nuevo empuje de las organizaciones sindicales y los conflictos sociales y ya sólo pensaba en una solución de fuerza contra el Gobierno y la República.

El Frente Popular había planteado un programa moderado, incorporando la amnistía y la vuelta a las reformas y las soluciones políticas, que atrajo a muchos antiguos votantes del Partido Radical. La derecha no republicana, no dejó de recordar los horrores de la revolución de Asturias y en que todo era una batalla ¡Por Dios y por España! La ultraderecha, monárquica y fascista, apelaba a la lucha armada y a la dictadura. Han transcurrido 82 años y parece que en algunos temas no ha pasado el tiempo. La derecha reaccionaria está en el poder y sus principios y valores de siempre en el candelero.

Las organizaciones republicanas, de izquierda y sindicales, fueron capaces de formar un Frente Popular, dejando a salvo sus particulares postulados ideológicos. La conspiración de la derecha reaccionaria y el golpe de Estado contra la legitimidad de la República, se puso en marcha nada más formarse el gobierno de Azaña. Políticamente fue antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista; y moralmente inhumano. Conocemos por la ministra María Dolores de Cospedal, que el ejército estaba preparado para actuar en Catalunya, por lo que no cabe duda de que si se dieran las circunstancias históricas que hemos relatado, hoy harían lo mismo que hicieron en 1936.

Ante la situación de crisis social, política e institucional que padecemos, sigue siendo necesario que las organizaciones republicanas, los partidos de izquierda y los sindicatos de clase se unan, para dar respuestas unitarias justas, en libertad y democracia.