Ha
comenzado la campaña de Declaración de la Renta y permítanme que
recurra a la mía particular: la financiación de la Iglesia Católica a
través de la declaración de la renta es injusta. Tampoco las
necesidades sociales deben ser cubiertas por la voluntad del
contribuyente o establecidas por las organizaciones, sino que han de
formar parte de las políticas sociales, en función del interés
general, en el marco del Estado de bienestar.
En la Declaración de la Renta de 2017 (IRPF)
disminuyeron en 600.000 las declaraciones que no marcaron ni la
casilla de la Iglesia ni la de fines sociales.
La cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia aumenta en 7
millones de euros y alcanza los 256,21 millones, representando un
incremento del 2,83% con respecto al año anterior. Es la cifra más
alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria de
2007, que promedia una subida anual del 0,58%. El número de
declaraciones a favor de la Iglesia ha sido 7.112.844 y si tenemos en
cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de
contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos.
Es necesario que se elimine la asignación
tributaria a la Iglesia a través del IRPF, privilegio que se mantiene
por el Concordato y los Acuerdos de 1979.
Izquierda Unida, viene pidiendo al Gobierno la derogación de los
acuerdos con el Vaticano, por
«vulneran el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado»
que viene a amparar «la financiación de la Iglesia Católica con fondos
públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del
sistema educativo».
La Iglesia disfruta de un verdadero paraíso
fiscal, según afirma Europa Laica en su informe
Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica.
Mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el
Estado aporta a la Iglesia, a través de subvenciones directas y
exención de tributos, una cifra que supera los trece mil millones de
euros anuales, para mantener al clero, diócesis, seminarios, realizar
manifestaciones partidarias, lanzar campañas de discriminación y
segregación en razón de género, en contra de la libertad de la mujer
para decidir sobre su maternidad, o sobre la libre elección de la
orientación sexual, los avances científicos, la eutanasia o la muerte
digna.
En 1988 se articuló una asignación tributaria, consistente en el
0,5239% en el IRPF. Esta asignación
nunca cubrió las necesidades de la Iglesia, por lo que se tuvo que
instrumentar un complemento. A partir de la declaración de la renta de
2007, este porcentaje se incrementó hasta el 0,7% y «desapareció» el
complemento estatal. Treinta y nueve años después de comprometerse a
avanzar en su autofinanciación, los obispos siguen recibiendo millones
de euros del erario público.
En 2017 marcaron la dichosa «x» el 33,5% de los contribuyentes.
En el ejercicio pasado, se produjo una caída en el número de
contribuyentes a favor de la Iglesia: de 7.347.982 a 7.112.844. Un
descenso de 235.138, un 3,2% menos. Las comunidades autónomas donde
más se marcó esta casilla, con porcentajes superiores al 40%, fueron:
Castilla-La Mancha (45,94%), La Rioja (45,37%), Extremadura (44,70%),
Murcia (43,96%) y Castilla y León (43,26%). Y en las que menos
Cataluña (19,21%), Galicia (26,19%), Baleares (29,20%) y Canarias
(27,13%). En relación al año anterior, los contribuyentes que más han
aumentado esta aportación a la Iglesia han sido los de Navarra (+1,661
millones), Madrid (+1,655 millones) y Barcelona (+1,303 millones).
Los cuatro
acuerdos suscritos entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado
Vaticano –firmados en Roma un mes después del referéndum
constitucional de 1978, antes de la aprobación de la Constitución–,
permiten a la Iglesia mantener hoy privilegios del franquismo en
asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también
regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio
militar de los clérigos.
El
contenido de la reforma de 2007, es fruto del acuerdo al que había
llegado el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la
Conferencia Episcopal para modificar el modelo de financiación de la
Iglesia. Esas negociaciones estuvieron motivadas por una exigencia de
la UE, que llevaba tiempo cuestionando que la jerarquía católica
española no estuviera sujeta al pago del IVA en las operaciones
comerciales, compras de bienes muebles e inmuebles, entre otros, lo
que suponía una vulneración de la normativa de armonización fiscal. De
hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para denunciar esta
cuestión ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo
antes de que llegara la respuesta de la Justicia.
El «Instrumento
de ratificación del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede
sobre asuntos económicos» se firmó
en el Vaticano el 3 de enero de 1979. Los acuerdos venían a reformar
el Concordato de 1953, firmado entre Pío XII y Franco, bajo los
principios del nacional-catolicismo imperante. Desde entonces seguimos
pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se
firmara a contracorriente, sino que fue a traición, con el silencio de
muchos, el desconcierto de algunos y el desconocimiento de la mayoría.
Desde siempre siguen perpetuando sus privilegios.
Algunas de las razones que
Europa Laica argumenta para no
marcar las casillas del IRPF ni para la Iglesia ni fines sociales, se
relacionan con la discriminación que supone para los contribuyentes;
porque quienes marcan estas casillas reducen su aportación a los
gastos públicos en un 0,7%, conculcando el
artículo 31 de la Constitución.
La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la
religión católica, discriminando otras creencias, por lo que se
conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias
regulado en el
artículo 14 CE. El Estado no debe
ser un recaudador de organizaciones privadas. La asignación que se
lleva la Iglesia, se detrae de las políticas públicas para escuelas,
hospitales, servicios sociales, infraestructuras o de empleo.
De otra
parte, la casilla para «otros fines de interés social», también debe
desaparecer. Los motivos podrían ser más difíciles de explicar y
entender, pero es necesaria su eliminación, porque el origen de su
existencia está basado en una gran coartada para introducir y
perpetuar la casilla de la Iglesia. Además, una parte considerable de
la asignación a fines de interés social, va a entidades de la propia
Iglesia, por lo que recibe fondos por las dos vías. El espíritu
solidario que se presupone a quien marca esta casilla, no puede
llevarse a cabo con el dinero de todos. Los «fines de interés social»,
no deben depender de la voluntad de los contribuyentes, ni establecido
por las organizaciones sociales, sino que deben formar parte de las
políticas sociales del Estado, de las Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos en función del interés general.
El
artículo 16.3 de la Constitución
establece que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia Católica y las demás confesiones». Por su parte, el
Acuerdo sobre Asuntos Económicos con la Santa Sede, en su Artículo
II.1, establece que «el Estado se
compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su
adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio
de libertad religiosa». Pero cooperación y colaboración no es
financiación directa ni subvención permanente.
Han ganado más dinero que nunca pero
los obispos han advertido que la gallina de los huevos de oro,
podría tener los días contados. Los expertos en financiación de la
Iglesia están preocupados por el descenso en el número de
contribuyentes que marcan la casilla, y advierten que «lo peor está
por venir» en referencia a la Campaña de la Renta. El grueso de los
españoles que marcan la casilla son personas mayores –entre los 45 a
64 años– y «no hay relevo a corto plazo», admite la Conferencia
Episcopal. «No podemos estar satisfechos: la evolución ha sido
negativa. Hemos tenido una caída del 3%»,
dicen desde la Conferencia Episcopal Española.
No sólo es la edad de los creyentes lo que temen, también, las
críticas de algunos sectores al papel de la Iglesia catalana y las
críticas de los ultracatólicos por el leve cambio de tendencia de las
cadenas TRECE y Cope, que apuestan por información menos política y
más social.
Quienes
marcan las casillas, no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del
conjunto del total de lo recaudado. La X a fines de interés social es
la coartada para financiar a la otra. El Estado ha de romper con la
Iglesia (que debe autofinanciarse), oprime conciencias, controla
gobiernos y vive a costa del erario público y el Gobierno cumplir con
la Constitución, por un Estado de bienestar y laico.
