En mis
reflexiones republicanas, vengo hablando, desde hace años, sobre la
necesidad de abrir un proceso constituyente que venga a instituir una
República en España. Si veinte años no son nada que dice el tango, los
cuarenta años de esta Constitución son demasiados. El Sistema diseñado
en la Constitución de 1978, ya no sirve; no está a la altura de la
realidad social y política actual y de las necesidades de la
ciudadanía.
Las
reformas constitucionales realizadas desde entonces, a propuesta del
gobierno de turno y con el apoyo de la oposición mayoritaria, pero sin
la palabra del pueblo, han sido todo un espejismo democrático. A pesar
de que la soberanía del pueblo está reconocida constitucionalmente, ha
sido toda una falacia. Es preciso abrir un proceso constituyente
participativo, democrático, en igualdad y libertad, que supere las
limitaciones de la actual que rige desde 1978.
La razón
del proceso constituyente es provocar una ruptura con el Sistema
político y económico actual, que está estrangulado los derechos de la
mayoría social, clase media y trabajadora, para generar otras reglas
de juego basadas en la democracia participativa. El proceso tiene que
recuperar la soberanía popular, reconociendo la superación de la
Constitución de 1978, desmitificando la Transición a la democracia,
muy lejos de ser modélica como ahora se pretende presentar.
La
Constitución, para que sobreviva, tiene que cambiar, tiene que
reformarse y lo tiene que hacer con la participación real del pueblo
soberano. Hubo acuerdo político en 1992 para reformar el artículo
13.2, introduciendo la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del
derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, como
consecuencia del Tratado de Maastricht. Por el contrario, en 2011 no
hubo acuerdo mayoritario ni político ni social, para reformar el
artículo 135, que por presión de la Unión Europea, introdujo el
concepto de "estabilidad presupuestaria" y la prioridad absoluta del
pago de la deuda y los intereses. Se reformó en menos de un mes, a
espaldas del pueblo y sin referéndum. Si la Constitución se reformó
por intereses económicos, también puede reformarse por intereses
sociales y voluntad del pueblo.
El Sistema
está permitiendo que se eliminen derechos y se restrinjan libertades.
Los compromisos impuestos por los sucesivos tratados de la Unión
Europea y del resto de poderes económicos, políticos y sociales, está
llevando a la mayoría social a la ruina económica. El Estado ya no
tiene por objetivo corregir las desviaciones propias de la economía
social de mercado con solidaridad y progreso social para todos. La
falta de ética y la pérdida de valores que la propia Constitución
establece, hacen que el pueblo haya perdido la confianza institucional
y reclame el derecho a tomar el poder soberano. Como todo es posible,
porque el Sistema lo permite, hay que cambiarlo, abriendo un proceso
constituyente. La Constitución de 1978 está deslegitimada.
La política
se judicializa y la justicia se politiza; no existe independencia
entre los poderes del Estado. Se adoptan medidas, en muchas ocasiones,
a sabiendas de que son contrarias a la ley, rayando la prevaricación.
La separación de poderes, que caracteriza a un Estado democrático de
Derecho, no se produce en la realidad. El parlamento que representa a
la soberanía del pueblo, está supeditado al gobierno. El parlamento,
que elige al presidente, está bajo sus dictados. No hay independencia,
como no la hay con el órgano del poder judicial, que está politizado.
El gobierno manda y el pueblo soberano obedece. Solo se cuenta con él
para votar cada cuatro años.
En un
modelo en el que rige una economía social de mercado, se supone que el
mercado manda, ordena y regula las tendencias y el Estado corrige las
desviaciones, con el objetivo de conseguir, con solidaridad, el
progreso social. El mercado va a lo suyo, y el gobierno, que debería
impulsar esas medidas correctoras, está preocupado, en fortalecer el
sistema financiero, olvidándose de la economía real que crea riqueza y
empleo. El pueblo no es su prioridad.
Tras la
muerte del dictador en 1975, se abría para los españoles una nueva
era. El proceso hacia la democracia se inició con una ley franquista;
la Ley para la Reforma Política −la última de las Leyes Fundamentales
del Reino−, sometida a referéndum a finales de 1976, instaba al
gobierno a abrir un proceso electoral. El 15 de junio de 1977, se
celebraban las primeras elecciones democráticas después de la
dictadura, abriéndose de hecho un proceso constituyente, con el pueblo
de invitado de piedra, todo sometido a continuos peligros de
involución. El pueblo, que votó en referéndum, participó poco; no
estaba ducho en procedimientos democráticos. Los miembros del régimen
llegaron hasta sus máximos exigibles, los demócratas de la oposición a
sus mínimos necesarios.
La figura
del «consenso», permitió resolver los temas más conflictivos del
momento: la forma de estado y de gobierno, el modo de elección, la
cuestión religiosa, el modelo económico y la descentralización
territorial. La Constitución se aprobó en referéndum el 6 de diciembre
de 1978. Votó el 67,11% de un censo de 26.632.180, y los votos
favorables representaron el 88,54%, 15.709.078 de los votantes. Ha
llegado la hora de renovar el pacto de Estado, con una nueva
Constitución, que de respuestas a los retos actuales: cambiar el
sistema electoral, profundizar en la democracia, promover la igualdad
y la justicia social, permitiendo al pueblo que decida el modelo
político de gobierno: si monarquía parlamentaria o república federal.
No caben
reformas constitucionales, sino la apertura de un proceso
constituyente, que provenga del pueblo, a través de un proceso
general, amplio, inclusivo, con el objetivo de obtener una auténtica
legitimidad democrática. Mediante un proceso constituyente, es la
ciudadanía la que se brinda a sí misma una nueva constitución. La
actual está funcionalmente obsoleta y con escasa legitimidad, por lo
que con tras un proceso constituyente, se abriría paso político a una
auténtica legitimidad democrática, situando a la persona como el motor
de cambio.
Sabemos que
una nueva constitución, no va a resolver ni la crisis económica y
financiera ni va a quitar la angustia a la ciudadanía que la está
padeciendo, pero va a ofrecer al pueblo instrumentos para que
participe activamente en los asuntos de sus intereses de forma directa
y a través de representantes legítimos. El proceso constituyente debe
avanzar en la creación de un estado federal, laico y republicano,
basado en la transparencia y una mayor participación social. El
Sistema diseñado en la Constitución de 1978, ya no sirve; es un
clamor. Ha llegado la hora de establecer un estado republicano.