La Justicia nunca debe de ser
protagonista, salvo por casos excepcionales. En España lo es y en
estos días con minúscula. ¿Es justicia lo que dicen la mayoría de los
miembros de un tribunal?; pues dependerá si el tribunal es legítimo,
independiente e imparcial; si es así podemos empezar a hablar de
Justicia. Pero hay sentencias que ponen en evidencia la cuestión. La
sentencia contra la manada, el caso Altsasua o el proceso del juez
Llanera contra políticos catalanes independentistas, y otros tantos
casos contra la libertad de expresión.
¿Qué es la justicia? ¿Qué idea tenemos
de hacer justicia? ¿Qué significado tiene el término justicia? Corren
malos tiempos para la Justicia. No es necesario acudir a las páginas
de sucesos o tribunales, para conocer los diferentes casos cuyo
protagonista es la «justicia». En temas políticos, económicos,
administrativos, de sociedad, existen un rosario de casos conocidos de
corrupción, malversaciones, estafas y conflictos de intereses de todo
tipo. Pocas instancias públicas, personalidades o instituciones se
salvan de verse ante la justicia. Miembros de la familia real,
ministros, presidentes y consejeros de comunidades autónomas, alcaldes
y concejales, políticos en particular y directivos de bancos en
quiebra. En fin que les voy a decir que no sepan.
¿Y cómo se ejerce la justicia? Pues
lamentablemente se ejerce poco y no se utiliza la misma vara de medir
para unos que para otros. Ni las leyes son iguales para todos ni la
justicia se aplica a todos por igual. El poder es el poder y tiene sus
privilegios. El poder hace la ley y quién hace la ley, ya se sabe,
hace la trampa. Unos salen de la cárcel, tras pagar millonarias
fianzas y otros entran por manifestarse en defensa de sus derechos.
Algunos populares y poderosos ni entran ni se les investiga y otros
pobres pasan años en prisión por delitos considerados menores.
Desde tiempos remotos, la sociedad, ha
ido elaborando diferentes conceptos sobre la idea de justicia, en
función de la cultura, costumbres, formas de vida, maneras de ser en
cada etapa histórica y sin duda en función de lo que el poder quisiera
otorgar en cada momento; hasta llegar a la imagen actual de la mujer
con ojos vendados, que porta en su mano izquierda una balanza y en la
diestra una espada: ceguera, equilibrio y venganza. De la justicia
divina a la justicia social. De la justicia para unos, a la justicia
para todos. De la justicia para todos a la justicia según la capacidad
de poder.
El jurista romano Ulpiano la definió de
esta forma: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum
cuique tribuendi (La justicia es la constante y perpetua voluntad
de conceder a cada uno su derecho), entendiendo el término derecho
como lo suyo, lo que es suyo, o lo que es de su propia
responsabilidad.
Desde la filosofía también se ha
razonado sobre la idea. Platón identifica justicia con armonía social.
Aristóteles como igualdad proporcional o dar a cada uno lo que es suyo
o lo que le corresponde. Santo Tomás de Aquino, lo enfocaba como de
Ley Natural; los derechos naturales que han de tener los ciudadanos y
que han sido otorgados por dios. Para los utilitaristas, que buscan
«el máximo bienestar para el máximo posible», es justo lo que
beneficia al mayor número de personas a la vez. La máxima dice que se
hace justicia, cuando te dan la razón teniéndola, después de haber
demostrado que la tienes: tener razón, demostrar que la tienes y que
te la den; difícil proceso.
Hoy la justicia sigue siendo coto particular de
aquellos que dicen ejercer su doctrina, cuando muchos, lo que hacen es
aplicar las leyes a su acomodo, según sus particulares visiones de la
realidad política y social.
El juez Llarena ofrece ahora a la justicia
alemana la entrega de Puigdemont por un delito de sedición en lugar de
rebelión. El juez, que está siendo
más popular que los populares genuinos, espera superar el escollo
producido por la decisión de Alemania de no extraditar al exmandatario
por rebelión, que es el principal delito que se le imputa y que
conlleva pena de hasta 30 años de cárcel. Expertos juristas indican
que en el caso de que no se acreditase que la violencia que se le
atribuye, iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña, se
podría atribuir a los procesados el delito de sedición o conspiración
con penas de 15 o 7 años. Extradiciones a la carta: si no le gusta
este delito tengo otros. Según el jurista Gonzalo Boye: El Tribunal de
Schleswig ya dijo que los hechos descritos por Llarena, no eran
constitutivos de delito, y que el delito de Sedición fue derogado en
la reforma de 1970. Si «están
presos por razones políticas, habrá que llamarlos presos políticos».
Por otra parte, el juez Llarena
divide la causa por rebelión, en pieza separada
respecto de los siete investigados que se encuentran fuera de España
(Puigdemot, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí,
Marta Rovira y Anna Gabriel), con el fin de dar impulso a la pieza
principal respecto del resto de investigados y evitar que los trámites
que se requieren lastren la agilidad del proceso. Se abre así la
posibilidad de que Puigdemont y el resto de huidos puedan ser juzgados
en su día de forma separada. «Ahora habrá que explicar en alemán,
flamenco, inglés y francés, qué es una pieza separada de rebeldes en
causa especial por rebelión».
Y que decir de la sentencia contra «la manada»,
que después de relatar los hechos probados, quedando demostrado que
ha habido violación,
condena por abuso sexual. Sobre el voto particular del indeseable juez
que lo emite, por mi parte, ni una palabra. La sentencia solo me
aporta una inmensa indignación y desprecio. Dice la doctora Bárbara
Tardón que
la ideología patriarcal se filtra diariamente en
todos aquellos pilares que sostienen y justifican el ejercicio directo
de la violencia sexual hacia las mujeres,
consolidando un sistema patriarcal, cuya estructura y sus múltiples
ejecutores –los jueces responsables de aplicar el Código Penal y los 5
agresores–, son los únicos responsables de que hoy se condene por
abuso sexual a cinco tipos que han violado.
La Audiencia Nacional ha declarado visto para
sentencia el juicio contra ocho acusados, por delitos de terrorismo,
por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua
en octubre de 2016. En total se enfrentan a 375 años de cárcel, por
delitos de lesiones y amenazas terroristas. La Fiscalía les acusa de
pertenecer al Ospa Mugimendua (movimiento que defiende la expulsión de
la Guardia Civil del País Vasco y Navarra). Los familiares de los
acusados creen que la acusación de terrorismo ha sido desmontada y
confían en que se haga justicia. Señalan que la madrugada del 15 de
octubre de 2016 hubo un encontronazo, nada que no pueda ocurrir en
cualquier otra población en una noche de juerga y alcohol. La
diferencia es que sucedió en Alsasua y que en la disputa estaban
implicados dos guardias civiles y sus parejas. «En
ese mismo año acaecieron 9.571 casos similares y ninguno de ellos se
consideró terrorismo». Una pelea en
un bar, por violenta que sea, no puede constituir delito de
terrorismo, con todo lo que en este país eso conlleva. Parece que ha
habido manipulación y montaje.
Por cierto, que la Audiencia Nacional
ha archivado la denuncia contra una activista
que el 13 de marzo participó en la quema masiva de fotografías del rey
en Banyoles. Se celebraba la sentencia del Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos que resolvía que prender fuego a imágenes del monarca
estaba amparado por la libertad de expresión. El poder judicial
español no ha tenido más remedio que asumir la doctrina de
Estrasburgo, que hace dos meses condenó a España por haber multado dos
jóvenes por este motivo. «No se trataba de un ataque personal dirigido
contra el rey que tuviera como objetivo despreciar o vituperar la
persona, sino una crítica a lo que representa como jefe de estado y
símbolo de las fuerzas que, según los encausados, habían ocupado
Cataluña».
La penúltima es que un juez de Barcelona,
sentará a los responsable de la revista satírica
El Jueves, por
considerar «una ofensa y una falta de respeto a los miembros de la
Policía Nacional», el titular: «La continua presencia de
antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña». Por su
parte,
The New York Times advierte del creciente riesgo
para la libertad de expresión en España.
El periódico estadounidense repasa los acontecimientos en España,
marcados por el secuestro cautelar del libro Fariña o la retirada de
ARCO de la obra de Santiago Sierra «presos políticos» (Errenteria
ha expuesto la obra censurada) y la
condena al rapero Valtonyc, que tendrá que ingresar en prisión el día
13, tras denegarle el Tribunal Constitucional el recurso de amparo. El
rapero fue condenado por la Audiencia Nacional en febrero de 2017 a 3
años y medio de cárcel por los delitos de enaltecimiento del
terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas, en una
de sus letras. Para la Plataforma en Defensa de la Libertad de
Información «España
tiene una legislación fuera de los parámetros internacionales sobre
libertad de expresión suscritos por nuestro país»
La reforma del Código Penal se hace
imprescindible, para que los delitos se ajusten a la lógica y a la
razón y nunca a intereses ideológicos, y las penas sean proporcionadas
a los hechos. Podemos estar en peligro de prisión por votar, opinar,
cantar, protestar, manifestarse, por respirar, pero lucha por la
libertad no es una quimera, es una obligación. Escribir un artículo,
la letra de la canción de un rapero o una pintada de protesta, no
puede conllevar penas superiores a las de violación, asesinatos
execrables, o corrupción contra los dineros públicos, que atacan el
Estado social y Democrático.
Por todo, podríamos definir que justicia
es lo que dice la mayoría de los miembros de un tribunal, aplicando
objetivamente una ley justa y de forma independiente de los poderes
ideológicos, políticos y económicos. Todo clama ¡Justicia!
