La
ejecución de dos miembros de ETA político-militar y tres del FRAP, el
27 de septiembre de 1975, desató una reacción popular e institucional
en toda Europa. Meses después, el 20 de noviembre, el dictador moría
en el hospital La Paz en Madrid. Uno de sus últimos actos fue firmar
las penas de muerte. Trágicos y oscuros prolegómenos del proceso
histórico conocido como Transición, de la dictadura a la democracia.
No fue hasta el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras
elecciones generales. Hoy hay que volver a hacer una transición hacia
la normalización democrática.
Tras las
protestas internacionales por las ejecuciones de 1975, Carlos Arias
Navarro llenó la Plaza de Oriente para vitorear a Franco. Las
protestas internacionales enervaron al régimen y el presidente del
Gobierno se dirigió a los españoles por televisión: «no sabemos qué
nos produce más estupor: si la violencia vesánica de los agitadores, o
la culpable irresponsabilidad de los responsables de los Gobiernos y
de los medios informativos que la secundan. En esta noche, estoy con
todos vosotros, españoles, para pedir vuestra ayuda al Gobierno con el
ejemplo de vuestra unidad ante la innoble agresión exterior». Quedaba
al descubierto la falsedad del supuesto aperturismo político del
«espíritu» del12 de febrero de 1974.
Arias no
gustaba ni a los suyos. En su discurso del 24 de junio de 1975, el
Presidente, definió una trinidad de principios inmutables: Exclusión
radical del comunismo «en sus tendencias, grupos o manifestaciones»,
que incluye a cualquier grupo con connotaciones obreras
reivindicativas (los sindicatos); afirmación de la unidad nacional,
que deja fuera de discusión cualquier reivindicación nacionalista y
cualquier proyecto autonómico; y el reconocimiento de la forma
monárquica del Estado. Arias Navarro era el auténtico cancerbero de la
ortodoxia franquista. ¡Españoles, Franco ha muerto!
Pero el
Gobierno Suárez, tras ser nombrado Presidente en julio de 1976, no es
bien recibido por nadie, ni por el «búnker» ni por la oposición
democrática ni por los reformistas. Tras un paquete de primera medidas
económicas, el nuevo Gobierno da a la luz su proyecto de reforma
política. El proyecto debía ser aprobado por los dos tercios de las
mismas Cortes y luego refrendado por los españoles. El 18 de
noviembre, las Cortes franquistas se hacen el harakiri. Más de los dos
tercios necesarios votan a favor del proyecto de ley, firmando su
propia acta de defunción.
En estos
próximos días se conmemorará la celebración de las primeras elecciones
generales tras la muerte de Franco, dando comienzo a la Transición.
Podemos decir que el franquismo sigue vivo, si nos atenemos a las
actitudes adoptadas por algunos miembros del Partido Popular y las
políticas que su Gobierno ha seguido. Felizmente las Cortes le han
cesado, tras la moción de cesura presentada por Pedro Sánchez. Han
pasado cuarenta años y podemos afirmar que la Transición no fue como
nos cuentan ni como nos hubiera gustado que fuera ni siquiera como
recordamos ahora los acontecimientos que vivimos con esperanza.
Las elecciones generales fueron «democráticas»
en cuanto que se desarrollaron en un nuevo clima, tras el referéndum
del 15 de diciembre de 1976, en el que se nos preguntó:
«¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?».
El 94,17% de los votantes (del 77,8% de los votos contabilizados) dijo
si. El censo estaba constituido por 22.644.290 electores. (Votantes:
17.599.562. A favor: 16.573.180. En contra 450.102. En blanco:
523.457. Nulos: 52.823).
El resultado constituyó una «voladura
controlada del régimen» según Pérez Royo. El
referéndum, significó la aceptación y el comienzo de la Transición a
la democracia. La mayoría de la ciudadanía no teníamos desarrolladas
ni la cultura ni el criterio político, ni en cuestiones generales ni
respecto a los hechos que se sucedían vertiginosamente. Salíamos de
una dictadura asesina que había ejecutado las últimas penas de muerte
en Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares unos meses antes. La pena
capital no fue abolida hasta noviembre de 1995 (Ley Orgánica 11/95).
Fui testigo
–y de alguna forma protagonista– de la Transición que comenzaba. No
puedo arrepentirme de lo que hice convencido, pero visto en
perspectiva histórica y con lo aprendido, soy crítico con todo
aquello. Fue un pacto desde el franquismo hacia la democracia
controlada, aunque no todos los que participaron fueran demócratas. La
oposición al «régimen» no pidió que se dirimieran responsabilidades
por los crímenes cometidos, por los derechos pisoteados durante la
dictadura ni por el origen golpista del régimen que terminaba. Los
responsables y autores, asesinos, siguieron y siguen formando parte
del tejido social, mientras el Gobierno del PP y parte de la oposición
se ha negado sistemáticamente a perseguir los crímenes del franquismo.
Sobre esos rescoldos se fundó la democracia. Esperemos que el nuevo
Gobierno persiga a los criminales y torturadores franquistas que
siguen paseando sus medallas por las calles.
En el proceso hacia la democracia la Agencia
Central de Inteligencia estuvo cerca. La Transición se diseñó en un
despacho desde Langley (Alfredo Grimaldos en Claves de la Transición
1973-1986, para adultos). «El franquismo es una estructura de poder
que integra a la nueva monarquía». Para Grimaldos, la Transición fue
la «metáfora de un interrogatorio policial» donde son los propios
franquistas que diseñan el cambio se reparten los papeles en la obra
que ellos mismos dirigen. La imagen oficial de este periodo se ha
construido «sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la
falsificación del pasado». El sucesor de Franco,
Juan Carlos, se hizo confidente de la Casa Blanca
y se convirtió en su gran apuesta para controlar España.
La
«Transición» fue una ley de punto final: No solo impidió juzgar y
castigar a los culpables, autores y defensores de la dictadura y su
represión, sino que hoy sigue impidiendo investigar los casos de los
miles de desaparecidos y enterrados en las cunetas de nuestros caminos
y carreteras. La «Transición» puso como jefe de Estado a un rey, que
durante veinte años apoyó voluntariamente a Franco que lo nombró como
sucesor; que nunca renegó del juramento a los «principios generales
del movimiento», ni denunciado las penas de muerte que su protector
firmó hasta el final de sus días. Fue una reforma sin ruptura,
construida sobre el poder franquista intacto. Hubo un gran debate en
las alturas sobre «ruptura o reforma», pero al final, quienes
defendían la ruptura reformaron y los reformistas retornaron al lugar
de donde venían.
Los
partidos políticos, hasta entonces en la clandestinidad, fueron
llamados a participar en la «Transición» y terminaron aceptando lo que
nunca habían defendido: la monarquía, la bandera que había ondeado el
dictador y las condiciones que impusieron los vencedores de la guerra.
Clandestinos y legales, comunistas y socialistas, franquistas y
falangistas, fueron amnistiados por los delitos cometidos durante los
cuarenta años de Franco. No se pidieron responsabilidades ni
investigación por los muertos del franquismo ni por los presos ni
represaliados, ni por los condenados a trabajos forzados y
desaparecidos por decenas de miles. Ningún programa electoral prometió
derribar lo que el franquismo había construido.
Ningún
partido en el gobierno desde entonces, ni socialistas ni populares, ha
extirpado el veneno que nos inoculó la dictadura. Si no se hizo en su
momento, tendrá que ser mediante un largo proceso, que no es de un día
ni de un año, quizás ni en un siglo; ni siquiera con la muerte de las
víctimas de la dictadura, ni los protagonistas de la Transición.
Ningún partido ha revisado la ley de amnistía, que permite seguir en
el poder a los delincuentes políticos y económicos, que se
enriquecieron a costa de los represaliados y desaparecidos y que han
campado a sus anchas.
Poco se ha
hecho para conseguir la separación de la iglesia y el Estado,
condición indispensable para que la democracia lo sea realmente. No se
ha cambiado la ley electoral que maltrata a la izquierda, beneficia a
la derecha, o a los grandes partidos. Poco se ha hecho para garantizar
y blindar constitucionalmente la escuela pública y laica, ni la
sanidad pública, ni los derechos sociales. Todo para los poderosos;
los de antes, que son los de ahora.
Hoy, el
poder económico, financiero y territorial, está en manos de los ricos
industriales, banqueros y corruptos; la justicia sin tocar o reformada
a imagen de la derecha reaccionaria. Se siente la mano de hierro que
no permite ningún avance social, sino todo lo contrario: que no
permite la lucha contra el fraude y la corrupción ni contra la
manipulación de la información, ni para erradicar la imposición de
doctrinas aprendidas durante el franquismo. Diariamente tenemos
ejemplos de ello.
Mucho ha
cambiado la sociedad desde aquel 15-J del que hablaremos la próxima
semana. Ni todo ha estado mal hecho ni todo ha sido una maravilla. El
«nuevo régimen» se construyó sobre el propio franquismo. Algunos
claman por el olvido; pero hacia los canallas, sus actos y sus
cómplices ni olvido ni perdón.
Hoy, tras
la moción de censura y la salida del PP del Gobierno, se abre una
transición hacia la normalización democrática, que supere las leyes
reaccionarias, que en estos últimos años han estado controlando la
democracia y limitando derechos y libertades.