La ejecución de dos miembros de ETA político-militar y tres del FRAP, el 27 de septiembre de 1975, desató una reacción popular e institucional en toda Europa. Meses después, el 20 de noviembre, el dictador moría en el hospital La Paz en Madrid. Uno de sus últimos actos fue firmar las penas de muerte. Trágicos y oscuros prolegómenos del proceso histórico conocido como Transición, de la dictadura a la democracia. No fue hasta el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones generales. Hoy hay que volver a hacer una transición hacia la normalización democrática.

Tras las protestas internacionales por las ejecuciones de 1975, Carlos Arias Navarro llenó la Plaza de Oriente para vitorear a Franco. Las protestas internacionales enervaron al régimen y el presidente del Gobierno se dirigió a los españoles por televisión: «no sabemos qué nos produce más estupor: si la violencia vesánica de los agitadores, o la culpable irresponsabilidad de los responsables de los Gobiernos y de los medios informativos que la secundan. En esta noche, estoy con todos vosotros, españoles, para pedir vuestra ayuda al Gobierno con el ejemplo de vuestra unidad ante la innoble agresión exterior». Quedaba al descubierto la falsedad del supuesto aperturismo político del «espíritu» del12 de febrero de 1974.

Arias no gustaba ni a los suyos. En su discurso del 24 de junio de 1975, el Presidente, definió una trinidad de principios inmutables: Exclusión radical del comunismo «en sus tendencias, grupos o manifestaciones», que incluye a cualquier grupo con connotaciones obreras reivindicativas (los sindicatos); afirmación de la unidad nacional, que deja fuera de discusión cualquier reivindicación nacionalista y cualquier proyecto autonómico; y el reconocimiento de la forma monárquica del Estado. Arias Navarro era el auténtico cancerbero de la ortodoxia franquista. ¡Españoles, Franco ha muerto!

Pero el Gobierno Suárez, tras ser nombrado Presidente en julio de 1976, no es bien recibido por nadie, ni por el «búnker» ni por la oposición democrática ni por los reformistas. Tras un paquete de primera medidas económicas, el nuevo Gobierno da a la luz su proyecto de reforma política. El proyecto debía ser aprobado por los dos tercios de las mismas Cortes y luego refrendado por los españoles. El 18 de noviembre, las Cortes franquistas se hacen el harakiri. Más de los dos tercios necesarios votan a favor del proyecto de ley, firmando su propia acta de defunción.

En estos próximos días se conmemorará la celebración de las primeras elecciones generales tras la muerte de Franco, dando comienzo a la Transición. Podemos decir que el franquismo sigue vivo, si nos atenemos a las actitudes adoptadas por algunos miembros del Partido Popular y las políticas que su Gobierno ha seguido. Felizmente las Cortes le han cesado, tras la moción de cesura presentada por Pedro Sánchez. Han pasado cuarenta años y podemos afirmar que la Transición no fue como nos cuentan ni como nos hubiera gustado que fuera ni siquiera como recordamos ahora los acontecimientos que vivimos con esperanza.

Las elecciones generales fueron «democráticas» en cuanto que se desarrollaron en un nuevo clima, tras el referéndum del 15 de diciembre de 1976, en el que se nos preguntó: «¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?». El 94,17% de los votantes (del 77,8% de los votos contabilizados) dijo si. El censo estaba constituido por 22.644.290 electores. (Votantes: 17.599.562. A favor: 16.573.180. En contra 450.102. En blanco: 523.457. Nulos: 52.823).

El resultado constituyó una «voladura controlada del régimen» según Pérez Royo. El referéndum, significó la aceptación y el comienzo de la Transición a la democracia. La mayoría de la ciudadanía no teníamos desarrolladas ni la cultura ni el criterio político, ni en cuestiones generales ni respecto a los hechos que se sucedían vertiginosamente. Salíamos de una dictadura asesina que había ejecutado las últimas penas de muerte en Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares unos meses antes. La pena capital no fue abolida hasta noviembre de 1995 (Ley Orgánica 11/95).

Fui testigo –y de alguna forma protagonista– de la Transición que comenzaba. No puedo arrepentirme de lo que hice convencido, pero visto en perspectiva histórica y con lo aprendido, soy crítico con todo aquello. Fue un pacto desde el franquismo hacia la democracia controlada, aunque no todos los que participaron fueran demócratas. La oposición al «régimen» no pidió que se dirimieran responsabilidades por los crímenes cometidos, por los derechos pisoteados durante la dictadura ni por el origen golpista del régimen que terminaba. Los responsables y autores, asesinos, siguieron y siguen formando parte del tejido social, mientras el Gobierno del PP y parte de la oposición se ha negado sistemáticamente a perseguir los crímenes del franquismo. Sobre esos rescoldos se fundó la democracia. Esperemos que el nuevo Gobierno persiga a los criminales y torturadores franquistas que siguen paseando sus medallas por las calles.

En el proceso hacia la democracia la Agencia Central de Inteligencia estuvo cerca. La Transición se diseñó en un despacho desde Langley (Alfredo Grimaldos en Claves de la Transición 1973-1986, para adultos). «El franquismo es una estructura de poder que integra a la nueva monarquía». Para Grimaldos, la Transición fue la «metáfora de un interrogatorio policial» donde son los propios franquistas que diseñan el cambio se reparten los papeles en la obra que ellos mismos dirigen. La imagen oficial de este periodo se ha construido «sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado». El sucesor de Franco, Juan Carlos, se hizo confidente de la Casa Blanca y se convirtió en su gran apuesta para controlar España.

La «Transición» fue una ley de punto final: No solo impidió juzgar y castigar a los culpables, autores y defensores de la dictadura y su represión, sino que hoy sigue impidiendo investigar los casos de los miles de desaparecidos y enterrados en las cunetas de nuestros caminos y carreteras. La «Transición» puso como jefe de Estado a un rey, que durante veinte años apoyó voluntariamente a Franco que lo nombró como sucesor;  que nunca renegó del juramento a los «principios generales del movimiento», ni denunciado las penas de muerte que su protector firmó hasta el final de sus días. Fue una reforma sin ruptura, construida sobre el poder franquista intacto. Hubo un gran debate en las alturas sobre «ruptura o reforma», pero al final, quienes defendían la ruptura reformaron y los reformistas retornaron al lugar de donde venían.

Los partidos políticos, hasta entonces en la clandestinidad, fueron llamados a participar en la «Transición» y terminaron aceptando lo que nunca habían defendido: la monarquía, la bandera que había ondeado el dictador y las condiciones que impusieron los vencedores de la guerra. Clandestinos y legales, comunistas y socialistas, franquistas y falangistas, fueron amnistiados por los delitos cometidos durante los cuarenta años de Franco. No se pidieron responsabilidades ni investigación por los muertos del franquismo ni por los presos ni represaliados, ni por los condenados a trabajos forzados y desaparecidos por decenas de miles. Ningún programa electoral prometió derribar lo que el franquismo había construido.

Ningún partido en el gobierno desde entonces, ni socialistas ni populares, ha extirpado el veneno que nos inoculó la dictadura. Si no se hizo en su momento, tendrá que ser mediante un largo proceso, que no es de un día ni de un año, quizás ni en un siglo; ni siquiera con la muerte de las víctimas de la dictadura, ni los protagonistas de la Transición. Ningún partido ha revisado la ley de amnistía, que permite seguir en el poder a los delincuentes políticos y económicos, que se enriquecieron a costa de los represaliados y desaparecidos y que han campado a sus anchas.

Poco se ha hecho para conseguir la separación de la iglesia y el Estado, condición indispensable para que la democracia lo sea realmente. No se ha cambiado la ley electoral que maltrata a la izquierda, beneficia a la derecha, o a los grandes partidos. Poco se ha hecho para garantizar y blindar constitucionalmente la escuela pública y laica, ni la sanidad pública, ni los derechos sociales. Todo para los poderosos; los de antes, que son los de ahora.

Hoy, el poder económico, financiero y territorial, está en manos de los ricos industriales, banqueros y corruptos; la justicia sin tocar o reformada a imagen de la derecha reaccionaria. Se siente la mano de hierro que no permite ningún avance social, sino todo lo contrario: que no permite la lucha contra el fraude y la corrupción ni contra la manipulación de la información, ni para erradicar la imposición de doctrinas aprendidas durante el franquismo. Diariamente tenemos ejemplos de ello.

Mucho ha cambiado la sociedad desde aquel 15-J del que hablaremos la próxima semana. Ni todo ha estado mal hecho ni todo ha sido una maravilla. El «nuevo régimen» se construyó sobre el propio franquismo. Algunos claman por el olvido; pero hacia los canallas, sus actos y sus cómplices ni olvido ni perdón.

Hoy, tras la moción de censura y la salida del PP del Gobierno, se abre una transición hacia la normalización democrática, que supere las leyes reaccionarias, que en estos últimos años han estado controlando la democracia y limitando derechos y libertades.