La
Segunda República se proclamó tras las elecciones municipales del 12
de abril de 1931. Las candidaturas republicanas consiguen la mayoría
en 41 capitales de provincia, mientras que las zonas rurales fueron
partidarias del orden monárquico. Quedan los grandes baños de
multitudes de los republicanos y la perplejidad de los perdedores.
Si Alfonso de Borbón dejó el trono fue porque no tenía armas con las
que defenderlo.
Decía Ortega y Gasset que "para
definir una época no basta con saber lo que en ella se ha hecho; es
menester además que sepamos lo que no ha hecho, lo que en ella es
imposible". Cruzar la puerta del tiempo de
abril de 1931 supone volver la vista atrás hacia una época compleja,
marcada por la dictadura de Primo de Rivera apoyada por Alfonso de
Borbón. De hecho, los comicios tuvieron carácter plebiscitario.
La
República pasó por una etapa de transición hasta el mes de
diciembre. Se iniciaron las primeras reformas que pondrían a la
atrasada España a la altura del progreso en materia política y
económica, porque aunque Primo de Rivera había modernizado algunos
sectores económicos, no fue suficiente y la vida pública seguía en
manos de los que tradicionalmente la habían controlado.
Unas de
las primeras medidas estuvieron encaminadas a la secularización del
Estado. La nueva Constitución estableció la libertad de cultos en
España, la separación de la Iglesia y el Estado, la limitación de
las congregaciones religiosas y, en definitiva, la creación de una
nación aconfesional que es lo que se estaba llevando en Europa.
Algunos de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo
vigencia hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo
parecidos, ejerciendo el poder para beneficio propio, muy alejado de
los intereses de la mayoría trabajadora.
La
cuestión catalana actual viene de lejos. Desde un principio se
abordó lo que se venía en llamar "la cuestión regional", dotando a
Cataluña de un estatuto que respondía a una visión unitaria de
España y no federal, como los independentistas pretendían. Se
subordinó el poder militar al poder civil, con escaso éxito, como
luego se vio. Se abordó la cuestión social con mejoras para las
clases menos favorecidas y se puso sobre la mesa la necesidad de una
reforma agraria que rompiera definitivamente con los grandes
señoríos que hundían sus raíces en el Antiguo Régimen.
Ajustado
el caos inicial fruto del cambio en la orientación de la política
nacional, se iniciaba el Bienio Reformista (1931-1933). El Estado
republicano quedaba legitimado democráticamente por las elecciones
del 28 de junio y la Constitución aprobada el 9 de diciembre de
1931, que traía la libertad religiosa, libertad de expresión,
asociación, reunión y el derecho de autonomía. Esta nueva fase, tuvo
como presidente del Gobierno a Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora
presidente de la república. Se plantearon profundas reformas
socio-culturales: el divorcio, el matrimonio civil o la
secularización de cementerios, como pasos agigantados en materia
religiosa, cosas que hasta entonces habían sido impensables.
El Gobierno Provisional, se mantuvo hasta la
aprobación de la Constitución. El nuevo Gobierno tuvo que hacer
frente a las llamadas
cuestión regional, cuestión religiosa, cuestión militar, cuestión
agraria y cuestión social. Demasiadas
cuestiones, que hoy siguen en nuestras vidas como viejos fantasmas.
Todo en un ambiente influenciado por la depresión económica tras el
crack de la Bolsa de Nueva York en 1929. Creció el desempleo en las
ciudades y se incrementó el subempleo en el campo, disminuyendo las
expectativas de bienestar para todos. En medio de una alta
conflictividad social, se desarrolló el gobierno formado por la
coalición republicano-socialista.
El ministro de Trabajo Largo Caballero,
promovió una
reforma laboral, que otorgaba a los
trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control sobre las
empresas. Era un proyecto coherente con los principios marxistas del
socialismo español, que no renunciaba a la transformación
revolucionaria de la sociedad, que pretendía alcanzar por cauces
pacíficos y democráticos. Se aprobó la ley de contratos de trabajo y
de jurados mixtos; se estableció la jornada laboral de 40 horas;
hubo aumento de salarios y se impulsaron los seguros sociales. Se
amplió el Seguro obligatorio de Retiro Obrero, se estableció el
Seguro de Maternidad y el Seguro de Accidentes de Trabajo. Las
organizaciones patronales se opusieron a todas estas medidas.
Las
dificultades económicas tenían una raíz interna tradicional: el paro
agrícola y desigualdad en el reparto de la tierra; descapitalización
industrial, agrícola y débil industrialización, con escasa
competitividad internacional. Por otro lado se sumaron los problemas
derivados de la escasa confianza de empresarios y propietarios
agrícolas hacia el nuevo sistema republicano. Tampoco los
anarquistas y comunistas estaban muy contentos con la República, a
la que consideraban una "república burguesa y traidora".
Más tarde, los sucesos de Casas Viejas, no
hicieron más que agravar la conflictividad social y derribar al
gobierno del primer bienio republicano. La proclamación del
comunismo libertario apenas tuvo repercusión en 1933, salvo en la
aldea gaditana, que vivió una brutal represión.
Las movilizaciones, de espíritu anarquista, habían sido convocadas
por CNT y FAI. Las fuerzas del orden
público ejecutaron a 22 campesinos, e incendiaron la choza de
Seisdedos con la familia y siete braceros dentro. La masacre
hizo tambalear el primer Gobierno de la República y al presidente,
Manuel Azaña.
El
Gobierno esperaba que las medidas sociales redujeran el número de
huelgas, pero la paz social no se produjo a causa de la incidencia
de la recesión económica, y sobre todo por la negativa de la CNT a
utilizar los mecanismos oficiales de conciliación, que identificaba
con el corporativismo de Primo de Rivera. La CNT se opuso
radicalmente a la ley de contratos de trabajo y a los jurados mixtos
y se lanzó a la acción directa para conseguir por otros medios el
monopolio de la negociación laboral.
El artículo 46 de la Constitución establecía
que "el
trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará
de la protección de las leyes". La
República aseguraba a todo trabajador las condiciones necesarias de
una existencia digna. "Su legislación social regulará: los casos de
seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y
muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente
la protección de la maternidad" Estos artículos son claves, en la
historia del constitucionalismo español al reconocer los derechos
sociales en España por vez primera, obligando al Estado a que
intervenir para su garantía y cumplimiento.
También
en su artículo 47 establecía que la República protegerá al campesino
y a los pescadores, legislando entre otras materias "sobre el
patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de
impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las
cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión,
escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación
agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación".
Hay que resaltar la iniciativa que aprobó la
ley de Defensa de la República, para
reforzar el Orden público, del 21 de octubre de 1931: "Artículo 1.
Son acto de agresión a la República y quedan sometidos a la presente
ley: La incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las
disposiciones legítimas de la autoridad; la incitación a la
indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados o entre éstos
y los organismos civiles: difundir noticias que puedan quebrantar el
crédito o perturbar la paz o el orden público: la comisión de actos
de violencia contra personas, cosas o propiedades por motivos
religiosos, políticos o sociales o la incitación a cometerlos: toda
acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u
organismos del Estado". Se refería como acto de agresión a la
apología del régimen monárquico: la tenencia ilícita de armas de
fuego o sustancias explosivas prohibidas.
En el
orden social, la ley castigaba la suspensión o cesación de
industrias o labores sin justificación bastante; "las huelgas no
anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo
marcado en la ley especial; las declaradas por motivos que no se
relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a
un procedimiento de arbitraje o conciliación; la alteración
injustificada del precio de las cosas. Y la falta de celo, la
negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus
servicios".
La
República fue recibida por la mayor parte de la población con gran
entusiasmo. Representaba una oportunidad histórica para abordar las
reformas necesarias. No pudo desarrollarse en su totalidad. Se
pretendió modernizar el país y promover la justicia social y los
estamentos sociales corporativos afectados lo impidieron.
Los
republicanos de izquierda pretendían consolidar la democracia sin
cambiar el sistema. Por el contrario, los socialistas, consideraban
que el sistema democrático, era un paso intermedio hacia una
sociedad nueva de igualdad, justicia y libertad, y daban prioridad a
las reformas sociales.
El enemigo político
de la República, mantenía sus posiciones
de poder intactas y no permitió más reformas, hasta conseguir su
eliminación total.
