Cada año,
el 11 de septiembre, Catalunya celebra su gran día: la Diada, la
Fiesta Nacional, el día que conmemora una rendición histórica y que,
a su vez y bajo el manto independentista, sirve para reivindicar la
emancipación del territorio; y en esta ocasión la libertad de los
presos políticos. Día de fiesta y reivindicación y toma de
conciencia colectiva, que es como darse cuenta de las cosas tal cual
son.
Dicen que Cataluña es el mayor problema de la
política española y que puede condicionarlo todo. La situación está
tan bloqueada que no merecería ser comentada, si no fuera porque se
avecina una nueva tormenta catalana, cuyo grado de intensidad
dependerá de la dureza de la sentencia. Lo cierto es que
la política española está en medio de un pantano.
El 11 de septiembre, centenares de miles de independentistas
volverán a salir a la calle; más o menos las de siempre y las
imágenes de la manifestación, "que los medios estatales tratarán de
redimensionar todo lo posible, demostrarán que el independentismo
sigue en pie". Tal y como confirman los sondeos: "la fuerza
electoral de ese movimiento sigue prácticamente igual de alta que
siempre".
Todo se remonta a cuando Felipe V, el Animoso
sometió a Catalunya y al reino de Aragón. La Guerra de Sucesión
contra el archiduque Carlos de Austria, emperador del Sacro Imperio
Romano-Germánico, supuso la perdida de posesiones en Europa y
Gibraltar entre otras.
Con los Decretos de Nueva Planta, se derogaron fueros y derechos
territoriales catalanes, considerados derechos de conquista, como
castigo por su "rebelión". La Diada
conmemora la caída de Barcelona (11 septiembre 1714) en manos de las
tropas borbónicas. Los resistentes "merecen ser sometidos al máximo
rigor según las leyes de la guerra, para que sirva de ejemplo para
todos mis otros súbditos". Franco hizo algo parecido en el mismo
territorio.
Pese al tiempo transcurrido, se sigue hablando
de Felipe, Catalunya y el soberanismo, y no se ha solucionado la
razón primera. Hay intereses mutuos que defender y las normas siguen
sin dar una solución satisfactoria a todas las partes. Todos son
responsables, algunos más que otros. La fuerza se ha utilizado más
que la palabra y la violencia más que la razón. La buena fe
negociadora no ha estado presente y no se la espera. El actual
Felipe, no está por la labor de aportar soluciones al conflicto,
sino todo lo contrario. La propuesta de Sánchez para Catalunya, en
sus 370 medidas del Programa Común Progresista son epeditivas:
referéndum no, diálogo sí. Por su parte
Quim Torra, presidente de la Generalitat, declara que en la reunión
mantenida en Pedralbes,
abrieron una brecha para hallar una solución para Catalunya que
superaba la Constitución. Pedro Sánchez
tendría aclarar este extremo.
Vayamos
al principio de los tiempos. Más de 4.000 personas fueron detenidas
y en su inmensa mayoría condenadas a muerte y ejecutadas en público
para escarmiento. Largas condenas en galeras o deportación, junto
con la correspondiente confiscación de bienes y propiedades. En esta
tarea represiva, como nos tiene acostumbrada la historia, colaboró
con entusiasmo el clero, encabezado por el vicario general de
Barcelona, que conminó a los barceloneses a que obedecieran a Felipe
V, bajo castigo de pecado. Cuando Barcelona capituló, no cambió la
voluntad real, como no se cambia hoy la del Gobierno, que defiende
el inmovilismo de la Constitución, por encima de la voluntad
popular, cuando todos conocemos cómo hacen para cambian las leyes
cuando les interesa. ¿Recuerdan la reforma del artículo 135 de la
Constitución?.
La causa
catalana volvió a surgir en diversos momentos de la historia de
Europa, hasta la firma del Tratado de Viena en 1725, que puso fin
diplomáticamente a la Guerra de Sucesión. El emperador Carlos VI
renunció a sus derechos a la Corona de España y reconoció a Felipe V
como rey de España y de las Indias. Felipe reconoció al emperador la
soberanía sobre las posesiones de Italia y de los Países Bajos. En
el Tratado, el rey otorgaba la amnistía a los partidarios del
Archiduque Carlos, con el compromiso a devolverles los bienes
confiscados durante la guerra y la represión, pero se negó a
restablecer las instituciones y leyes propias de los Estados de la
Corona de Aragón.
Lo que
empezó siendo una fiesta catalanista, religiosa y conservadora, pasó
a ser una celebración nacionalista con la llegada de la Segunda
República. Francesc Macià proclamó la República Catalana dentro de
una federación de pueblos ibéricos. En 1934, Lluis Companys, líder
de ERC, proclamó el "Estado catalán de la República Federal
española". Horas después, fue apresado. El 20 de noviembre se
celebraron elecciones al Parlament, que permitieron la construcción
de instituciones propias democráticas.
Con el
franquismo se anularon las libertades, los derechos, la democracia y
se eliminaron las instituciones republicanas. Con su insulto
preferido "no hables como un perro, habla el idioma de imperio", se
persiguió la lengua y la cultura catalana. Los vencidos fueron
vencidos en todos los frentes. Companys fue fusilado en 1940 tras
ser sometido a un consejo de guerra durante la dictadura, una época
en la que la Diada estuvo prohibida. Tras la muerte del dictador, se
consensuó que el Día Nacional de Catalunya celebrase una derrota
ante el rey de España, pero durante años fue escenario de
escaramuzas entre moderados e independentistas.
Preguntar
no debería ofende ni responder tampoco. El Tribunal Constitucional,
declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Consultas,
que había sido aprobada sin enmiendas y por abrumadora mayoría por
el Parlament. Declaró que la ley regulaba un referéndum, invadiendo
una competencia exclusiva del Estado. Jueces y magistrados de
Catalunya, entendieron que la negación del derecho a decidir sólo se
puede entender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y
político, puesto que el llamado "principio democrático" impregna
todo el ordenamiento jurídico internacional y comunitario, y una de
sus manifestaciones más elementales es el derecho de los pueblos y
naciones a decidir su futuro. Consideraban que este derecho a
decidir se puede ejercer en el actual marco constitucional, desde
una perspectiva dinámica y viva, no sacramental, como corresponde a
un Estado social y democrático de Derecho.
El Tribunal y el Gobierno entienden que
preguntar si ofende y facilitarlo puede ser delito. El
Constitucional, el Gobierno y la Fiscalía General, utilizan el
Código Penal contra el independentismo, prohibido por unas leyes,
políticas, que criminaliza el derecho a decidir.
El 50% de los catalanes son muchos catalanes.
El problema es que sigue habiendo otro 50% de población tan catalán
como aquellos.
La Diada organizada por el Govern enfrenta a
los partidos catalanes. Este año
los partidos constitucionalistas no participarán en el acto oficial
de la Diada. La celebración institucional
de la Diada, la que organiza el Govern, hace tiempo que dejó de ser
un acto unitario capaz de congregar a la gran mayoría del arco
parlamentario. Una situación que ha ido a más a raíz del procés
independentista y que pone de relieve la profunda división en torno
a la cuestión nacional que existe en Catalunya, muy alejada de la
idea del "un sol poble" que dice defender el Ejecultivo de Quim
Torra y cuyo espíritu marcó los primeros Onze de Setembre tras el
fin de la dictadura franquista.
Los preparativos de la Diada evidencian la división en el
independentismo. Cs no participa en los
actos oficiales desde hace más de una década y en numerosas
ediciones ha organizado un acto alternativo. El PP se desmarcó de la
ofrenda floral a Rafael Casanova en el 2010, justo después de la
manifestación en contra de la sentencia del Estatut que encabezó el
president José Montilla y que tuvo que abandonar escoltado tras
recibir insultos de grupos independentistas. Ahora es el PSC, por
segundo año consecutivo, decide no acudir al evento organizado por
el Palau.
La Generalitat convierte el acto oficial de la Diada en un homenaje
a los presos. El Govern ha decidido
dedicar esta Diada a los presos políticos soberanistas y a los
autoexiliados bajo el lema "Tornarem", en referencia al "ho tornarem
a fer" que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, defendió en su
alegato final durante el juicio del procès. A pocas semanas de que
se conozca la sentencia y cuando están a punto de cumplirse dos años
de prisión preventiva para algunos de los procesados, el soberanismo
ha querido poner el foco en sus líderes encarcelados.
Este año, la Diada llega marcada por
el distanciamiento de las posiciones de los dos principales partidos
independentistas. El pacto de la Diputación y la cuestión de
la investidura de Sánchez acabó de materializar ese distanciamiento.
ERC ha tomado el camino de la moderación
y la apuesta del diálogo, mientras JxCat,
especialmente el sector "puigdemontista", sigue abogando por el bloqueo
y el 'no' rotundo a Sánchez.
La Assemblea Nacional Catalana, quiere
poner de manifiesto que a pesar de las distintas ideologías, existe
un objetivo en común: la independencia; la "unidad estratégica". Los
manifestantes confluirán en la plaza de España desde las seis vías
limítrofes. Los organizadores han decidido que los políticos no
contarán con un espacio reservado en la cabecera y lo
ocuparán personajes de la sociedad civil. El principal reto será la
participación del millón
de asistentes. En mi memoria, aquel 11 de
septiembre de 1977, en el que un millón de personas se manifestaron
para pedir el retorno de las instituciones de autogobierno.
A unos días de la Diada, no solo no hay pacto
sobre la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sino que los
partidos mayoritarios, JxCat y ERC, ya no disimulan que tienen
visiones antagónicas sobre la estrategia a seguir desde el Govern.
Ni camino compartido, ni coincidencia en el diagnóstico. Junqueras
y Puigdemont desbaratan la promesa de unidad del independentismo
para la Diada. El encontronazo entre los
dos líderes es la señal externa de una herida profunda que ha
dividido a los partidos independentistas, el Govern que comparten, y
también el movimiento social.
Negando
el derecho a decidir sobre el modelo territorial, se niega el
derecho a decidir sobre el modelo político, social y económico, algo
que inevitablemente la historia resolverá. Soy internacionalista y
no defiendo fronteras ni territorios, defiendo a la clase
trabajadora a la que pertenezco y a la ciudadanía soberana, pero
defiendo el derecho a decidir de los pueblos y la libertad de los
presos políticos.
