Estamos siendo testigos de un golpe de Estado. El presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, sobre el escenario de una manifestación en las calles de Caracas, se proclama por su cuenta "presidente encargado" del país, con la ayuda interesada de Estados Unidos.

Con este golpe, me viene al recuerdo uno de los tantos que se han dado en España; me refiero al de Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, que gobernó bajo dictadura hasta el 27 de enero de 1930 (se cumplen ahora 88 años), cuando presentó su renuncia al rey Alfonso XIII. Sería el principio del fin de la monarquía.

El golpe en Venezuela estaba cantado. El presidente de EEUU reconoció como legítimo presidente al titular de la Asamblea Nacional, minutos después de que Guaidó anunciara que asumía las competencias del Ejecutivo, lo que hace pensar que el acontecimiento estaba pactado. El senador estadounidense Bernie Sanders pidió a Donald Trump, que "no apoye golpes" o "cambios de régimen" en Latinoamérica, recordando que EEUU ha sido patrocinador oficial de golpes de Estado en América Latina desde mediados del siglo XX. Por su parte, la UE redactó en tiempo récord un comunicado que se venía trabajando hacía días. Guaidó ya había anunciado el día 10 de enero una "ruta" que culminaba el 23 de enero con una manifestación y la reclamación del poder. A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia, es el petróleo que huelen cerca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España da un plazo de ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, democráticas y transparentes. De no ser así, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El presidente del Gobierno ha hecho estas declaraciones tras liderar el proceso negociador con los diferentes líderes de la UE para adoptar una postura común en busca del reconocimiento de Guaidó como presidente. Francia y Alemania se suman a España en su ultimátum a Maduro.

La comunidad internacional no reconoció la legitimidad de las elecciones del pasado mes de mayo en las que se sustenta la presidencia de Nicolás Maduro. Por el contrario, sí se reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana, elegida democráticamente con arreglo a las previsiones constitucionales. Juan Guaidó es la persona que encarna la máxima representación de la Asamblea al ostentar su presidencia y, en consecuencia, según el Presidente del Gobierno español, es la persona que debería liderar la transición hacia las elecciones libres.

Pablo Casado, exigió al presidente del Gobierno, que "reconozca ya" a Guaidó como "legítimo" presidente, avisando que Sánchez puede ser responsable de la aniquilación de venezolanos. Tanto Pablo Iglesias como Alberto Garzón, califican los hechos de "golpe de Estado" y exigen a España y a Europa que "defiendan la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica". El PP y Cs, que acusan a los independentistas catalanes de golpistas por el 1-O, aplauden el golpe en Venezuela, como en los peores tiempos de los años 70.

La historia reciente presenta diferentes hechos que desmontan los argumentos que niegan la legitimidad del gobierno de Maduro: Hubo elecciones el 20 de mayo de 2018; fue la oposición quien solicitó el adelanto electoral; participaron 16 partidos políticos y se postularon 6 candidatos; Maduro ganó con un amplio margen, 6.248.864 de votos (67,84%); controlaron el proceso electoral 14 comisiones de 8 países; las elecciones se realizaron con el mismo sistema electoral de las elecciones de diciembre de 2015; y ninguno de los candidatos impugnó los resultados. Así las cosas, son otros los usurpadores, ilegítimos y antidemocráticos.

El ultimátum de Pedro Sánchez a Maduro no tiene precedentes. Si Sánchez quiere apoyar el golpe que promueven Trump y el Grupo de Lima, que lo respalde sin complejos como Felipe González y José María Aznar lo han hecho desde el minuto cero. El ultimátum a un estado soberano, inmiscuyéndose en sus asuntos internos va contra la Carta de Naciones Unidas, que inhabilita a España como actor en el diálogo. Hay que defender el derecho internacional y una solución pacífica y democrática, que puede pasar por impulsar la mediación propuesta por México y Uruguay.

Pero vayamos a nuestro golpe. En España, el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera (capitán general de Catalunya) puso en marcha desde Barcelona un pronunciamiento que condujo a la dictadura. Los objetivos del golpe eran acabar con el sistema parlamentario, al que Primo de Rivera tachaba de "inmoral y corrupto"; garantizar el orden público; terminar con el separatismo y solucionar el problema marroquí. Primo de Rivera tenía valores tradicionales castrenses y su lema: "patria, religión y monarquía". Los sublevados declararon el estado de guerra, suspensión de las garantías constitucionales y disolución de las Cortes. El régimen de la Constitución de 1876 era sustituido en medio de la indeferencia popular y sin resistencia.

En el manifiesto que explica su acción, realiza un pormenorizado listado de todos los males que, desde su punto de vista, aquejaban al país y respaldaban su conducta: la crisis y degeneración del sistema político de la Restauración; el descontento del ejército por la guerra de Marruecos; la agudización de los conflictos sociales; el auge y la radicalización de los nacionalismos periféricos; y el triunfo del fascismo en Italia. Se constituye un Directorio militar en Madrid apoyado por Alfonso XIII, vinculando de esta forma la suerte de la monarquía a la de la dictadura. Las primeras medidas del Directorio Militar fueron: Prohibir la bandera y el himno catalán y restricción de la lengua catalana al terreno privado. Un puro 155 de la actualidad como quiere la derecha.

La dictadura de Primo de Rivera intentó atajar desde un primer momento los dos principales problemas: Marruecos y el orden público. En el primer caso, tras el desembarco de Alhucemas, se consigue la pacificación. En cuanto al orden público, la protesta es reprimida y sin desaparecer, se mitiga. La oposición a la dictadura surge sobre todo del mundo universitario e intelectual. Unamuno, desterrado a Fuerteventura, será el símbolo de la lucha contra Primo de Rivera. La oleada de protestas en la universidad, iniciada en 1928 al concederse a la Iglesia la capacidad de expedir títulos universitarios, acaba con el cierre de la Universidad de Madrid en 1929.

Apenas hubo oposición al golpe de Estado. Sus apoyos sociales se encontraban entre la oligarquía de terratenientes e industriales católicos, el ejército, gran parte de las clases medias y también en el mundo obrero. Los socialistas no ofrecieron resistencia e incluso colaborarán con el régimen. Anarquistas y comunistas fueron los únicos que se opusieron, convocando manifestaciones y huelgas en contra del golpe de estado, lo que servirá de justificación al dictador para su ilegalización.

Aunque la dictadura, en un primer momento, logró notables éxitos económicos, fracasa por el sistema político incapaz de gestionar las demandas sociales. Se crearon los Comités Paritarios, que eran unos organismos oficiales de influencia fascista, compuestos por representantes de patronos y obreros y un representante del gobierno, con la función de resolver los conflictos laborales. Los socialistas de UGT, dirigidos por Largo Caballero, participaron en estos Comités. Fueron muy criticados por los comunistas y anarquistas, que eran perseguidos por el régimen.

Durante la dictadura, hubo un fuerte intervencionismo estatal controlando todos los sectores productivos, reforzándose el proteccionismo; se subvencionaron empresas con dinero público y se incrementaron las inversiones públicas en infraestructuras (carreteras, escuelas, obras hidráulicas). Aparecieron las Confederaciones Hidrográficas y los monopolios: Tabacalera, Telefónica, Loterías y CAMPSA. Los mayores beneficiarios de esta política fueron los grandes capitalistas. El Estado se endeudó en exceso y aunque los obreros, con salarios bajos, mejoraron su nivel de vida, la situación de los jornaleros era miserable.

La oposición a la Dictadura abarcaba un amplio espectro político: algunos liberales y conservadores, republicanos, socialistas, anarquistas, intelectuales o el movimiento estudiantil. Un elemento clave para la caída, fue el creciente descontento en las filas del Ejército ante las arbitrariedades de Primo de Rivera. Tras el crash de la bolsa de Nueva York, en 1929, los problemas económicos se extendieron con gran rapidez por el mundo. En España de devaluó la peseta. El descontento social, con la vuelta de los movimientos huelguísticos, vino a acrecentar la oposición a la dictadura. Anciano, enfermo y sin apoyos sociales, el 27 enero 1930, Primo de Rivera (padre del fundador de la Falange Española) presentó su dimisión al monarca, quién se apresuró a aceptarla. Dos meses después, el dictador fallecía en el exilio en París.

Ante el fracaso de la dictadura, Alfonso XIII quiso volver al régimen parlamentario y nombró jefe de gobierno al general Berenguer con la tarea de reponer la Constitución de 1876 y salvar la figura real, cada vez más impopular por considerarle responsable directo de la dictadura. Berenguer mantuvo un régimen dictatorial suavizado conocido como la "dictablanda". En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián entre todos los opositores republicanos, socialistas, radicales y catalanistas de izquierda; la CNT no participó pero dio su adhesión. Acordaron poner fin a la monarquía.

Un último apunte sobre Venezuela. EEUU no esté detrás del golpe de Estado en Venezuela; está delante, a la vanguardia, sin máscaras, ni disimulo. En Washington diseñaron y ejecutan abiertamente el plan, dando órdenes a los gobiernos y actores satélites en el mundo (Canciller de Venezuela Jorge Arreaza).

En enero de 1931 el rey nombró al almirante Aznar quién convocó elecciones municipales para abril. Los candidatos del Pacto de San Sebastián triunfaron en las principales ciudades y Alfonso XIII se exilió. El 14 de abril de 1931 se proclamó La Segunda República, ante el entusiasmo popular.