Estamos
siendo testigos de un golpe de Estado. El presidente del Parlamento
de Venezuela, Juan Guaidó, sobre el escenario de una manifestación
en las calles de Caracas, se proclama por su cuenta "presidente
encargado" del país, con la ayuda interesada de Estados Unidos.
Con este
golpe, me viene al recuerdo uno de los tantos que se han dado en
España; me refiero al de Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre
de 1923, que gobernó bajo dictadura hasta el 27 de enero de 1930 (se
cumplen ahora 88 años), cuando presentó su renuncia al rey Alfonso
XIII. Sería el principio del fin de la monarquía.
El golpe en Venezuela estaba cantado. El
presidente de EEUU reconoció como legítimo presidente al titular de
la Asamblea Nacional, minutos después de que Guaidó anunciara que
asumía las competencias del Ejecutivo, lo que hace pensar que el
acontecimiento estaba pactado. El senador estadounidense Bernie
Sanders pidió a Donald Trump, que "no apoye golpes" o "cambios de
régimen" en Latinoamérica, recordando que EEUU ha sido patrocinador
oficial de golpes de Estado en América Latina desde mediados del
siglo XX. Por su parte, la UE redactó en tiempo récord un comunicado
que se venía trabajando hacía días.
Guaidó ya había anunciado el día 10 de enero
una "ruta" que culminaba el 23 de enero con una manifestación y la
reclamación del poder. A Trump y a
sus aliados no les interesa la democracia, es el petróleo que huelen
cerca.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
anunciado que
España da un plazo de ocho días a Nicolás
Maduro para convocar elecciones libres, democráticas y transparentes.
De no ser así, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de
Venezuela. El presidente del Gobierno ha hecho estas declaraciones
tras liderar el proceso negociador con los diferentes líderes de la
UE para adoptar una postura común en busca del reconocimiento de
Guaidó como presidente. Francia y Alemania se suman a España en su
ultimátum a Maduro.
La
comunidad internacional no reconoció la legitimidad de las
elecciones del pasado mes de mayo en las que se sustenta la
presidencia de Nicolás Maduro. Por el contrario, sí se reconoce la
legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana, elegida
democráticamente con arreglo a las previsiones constitucionales.
Juan Guaidó es la persona que encarna la máxima representación de la
Asamblea al ostentar su presidencia y, en consecuencia, según el
Presidente del Gobierno español, es la persona que debería liderar
la transición hacia las elecciones libres.
Pablo Casado, exigió al presidente del
Gobierno, que "reconozca ya" a Guaidó como "legítimo" presidente,
avisando que
Sánchez puede ser responsable de la
aniquilación de venezolanos. Tanto
Pablo Iglesias como Alberto Garzón, califican los hechos de "golpe
de Estado" y exigen a España y a Europa que "defiendan la legalidad
internacional, el diálogo y la mediación pacífica". El PP y Cs, que
acusan a los independentistas catalanes de golpistas por el 1-O,
aplauden el golpe en Venezuela, como en los peores tiempos de los
años 70.
La historia reciente presenta diferentes
hechos que desmontan los argumentos que niegan
la legitimidad del gobierno de Maduro:
Hubo elecciones el 20 de mayo de 2018; fue la oposición quien
solicitó el adelanto electoral; participaron 16 partidos políticos y
se postularon 6 candidatos; Maduro ganó con un amplio margen,
6.248.864 de votos (67,84%); controlaron el proceso electoral 14
comisiones de 8 países; las elecciones se realizaron con el mismo
sistema electoral de las elecciones de diciembre de 2015; y ninguno
de los candidatos impugnó los resultados. Así las cosas, son otros
los usurpadores, ilegítimos y antidemocráticos.
El
ultimátum de Pedro Sánchez a Maduro no tiene precedentes. Si Sánchez
quiere apoyar el golpe que promueven Trump y el Grupo de Lima, que
lo respalde sin complejos como Felipe González y José María Aznar lo
han hecho desde el minuto cero. El ultimátum a un estado soberano,
inmiscuyéndose en sus asuntos internos va contra la Carta de
Naciones Unidas, que inhabilita a España como actor en el diálogo.
Hay que defender el derecho internacional y una solución pacífica y
democrática, que puede pasar por impulsar la mediación propuesta por
México y Uruguay.
Pero vayamos a nuestro golpe. En España, el 13
de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera (capitán general
de Catalunya) puso en marcha desde Barcelona un pronunciamiento que
condujo a la dictadura.
Los objetivos del golpe eran acabar con el
sistema parlamentario, al que Primo
de Rivera tachaba de "inmoral y corrupto"; garantizar el orden
público; terminar con el separatismo y solucionar el problema
marroquí. Primo de Rivera tenía valores tradicionales castrenses y
su lema: "patria, religión y monarquía". Los sublevados declararon
el estado de guerra, suspensión de las garantías constitucionales y
disolución de las Cortes. El régimen de la Constitución de 1876 era
sustituido en medio de la indeferencia popular y sin resistencia.
En el manifiesto que explica su acción,
realiza un pormenorizado listado de todos los males que, desde su
punto de vista, aquejaban al país y respaldaban su conducta: la
crisis y degeneración del sistema político de la Restauración; el
descontento del ejército por la guerra de Marruecos; la agudización
de los conflictos sociales; el auge y la radicalización de los
nacionalismos periféricos; y el triunfo del fascismo en Italia. Se
constituye un Directorio militar en Madrid apoyado por Alfonso XIII,
vinculando de esta forma la suerte de la monarquía a la de la
dictadura. Las primeras medidas del Directorio Militar fueron:
Prohibir la bandera y el himno catalán y restricción de la lengua
catalana al terreno privado. Un puro 155 de la actualidad como
quiere la derecha.
La dictadura de Primo de Rivera
intentó atajar desde un primer momento los dos
principales problemas: Marruecos y el orden público.
En el primer caso, tras el desembarco de Alhucemas, se consigue la
pacificación. En cuanto al orden público, la protesta es reprimida y
sin desaparecer, se mitiga. La oposición a la dictadura surge sobre
todo del mundo universitario e intelectual. Unamuno, desterrado a
Fuerteventura, será el símbolo de la lucha contra Primo de Rivera.
La oleada de protestas en la universidad, iniciada en 1928 al
concederse a la Iglesia la capacidad de expedir títulos
universitarios, acaba con el cierre de la Universidad de Madrid en
1929.
Apenas
hubo oposición al golpe de Estado. Sus apoyos sociales se
encontraban entre la oligarquía de terratenientes e industriales
católicos, el ejército, gran parte de las clases medias y también en
el mundo obrero. Los socialistas no ofrecieron resistencia e incluso
colaborarán con el régimen. Anarquistas y comunistas fueron los
únicos que se opusieron, convocando manifestaciones y huelgas en
contra del golpe de estado, lo que servirá de justificación al
dictador para su ilegalización.
Aunque la
dictadura, en un primer momento, logró notables éxitos económicos,
fracasa por el sistema político incapaz de gestionar las demandas
sociales. Se crearon los Comités Paritarios, que eran unos
organismos oficiales de influencia fascista, compuestos por
representantes de patronos y obreros y un representante del
gobierno, con la función de resolver los conflictos laborales. Los
socialistas de UGT, dirigidos por Largo Caballero, participaron en
estos Comités. Fueron muy criticados por los comunistas y
anarquistas, que eran perseguidos por el régimen.
Durante
la dictadura, hubo un fuerte intervencionismo estatal controlando
todos los sectores productivos, reforzándose el proteccionismo; se
subvencionaron empresas con dinero público y se incrementaron las
inversiones públicas en infraestructuras (carreteras, escuelas,
obras hidráulicas). Aparecieron las Confederaciones Hidrográficas y
los monopolios: Tabacalera, Telefónica, Loterías y CAMPSA. Los
mayores beneficiarios de esta política fueron los grandes
capitalistas. El Estado se endeudó en exceso y aunque los obreros,
con salarios bajos, mejoraron su nivel de vida, la situación de los
jornaleros era miserable.
La oposición a la Dictadura abarcaba un amplio
espectro político: algunos
liberales y conservadores, republicanos, socialistas, anarquistas,
intelectuales o el movimiento estudiantil. Un elemento clave para la
caída, fue el creciente descontento en las filas del Ejército ante
las arbitrariedades de Primo de Rivera. Tras el crash de la bolsa de
Nueva York, en 1929, los problemas económicos se extendieron con
gran rapidez por el mundo. En España de devaluó la peseta. El
descontento social, con la vuelta de los movimientos huelguísticos,
vino a acrecentar la oposición a la dictadura. Anciano, enfermo y
sin apoyos sociales, el 27 enero 1930, Primo de Rivera (padre del
fundador de la Falange Española) presentó su dimisión al monarca,
quién se apresuró a aceptarla. Dos meses después, el dictador
fallecía en el exilio en París.
Ante el
fracaso de la dictadura, Alfonso XIII quiso volver al régimen
parlamentario y nombró jefe de gobierno al general Berenguer con la
tarea de reponer la Constitución de 1876 y salvar la figura real,
cada vez más impopular por considerarle responsable directo de la
dictadura. Berenguer mantuvo un régimen dictatorial suavizado
conocido como la "dictablanda". En agosto de 1930 se firmó el Pacto
de San Sebastián entre todos los opositores republicanos,
socialistas, radicales y catalanistas de izquierda; la CNT no
participó pero dio su adhesión. Acordaron poner fin a la monarquía.
Un último apunte sobre Venezuela. EEUU no esté
detrás del golpe de Estado en Venezuela; está delante, a la
vanguardia, sin máscaras, ni disimulo. En Washington diseñaron y
ejecutan abiertamente el plan, dando órdenes a los gobiernos y
actores satélites en el mundo (Canciller
de Venezuela Jorge Arreaza).
En enero
de 1931 el rey nombró al almirante Aznar quién convocó elecciones
municipales para abril. Los candidatos del Pacto de San Sebastián
triunfaron en las principales ciudades y Alfonso XIII se exilió. El
14 de abril de 1931 se proclamó La Segunda República, ante el
entusiasmo popular.