El pasado día 6 de
Diciembre se conmemoró
los cuarenta y un años
desde que su proyecto
fue aprobado en
referéndum. Votó el
67,11% de un censo de
26.632.180, y los votos
favorables representaron
el 88,54%, 15.709.078 de
los votantes, con una
abstención del 32,89%.
Las personas que hoy
tienen menos de 60 años
no tuvieron la mayoría
de edad suficiente para
participar en el
proceso. Es tiempo de
que pensemos seriamente
en cambarla por otra que
recoja las nuevas
necesidades ciudadanas,
las aspiraciones de la
juventud y se prepare
para abordar los nuevos
retos de futuro. Hay que
abrir un Proceso
Constituyente para
establecer una nueva
República.
La razón del Proceso
Constituyente es
provocar una ruptura con
el Sistema político y
económico actual, que
está estrangulado los
derechos, para generar
otras reglas de juego
basadas en la democracia
participativa. El
proceso tiene que
recuperar la soberanía
popular, reconociendo la
superación de la
Constitución de 1978,
desmitificando la
Transición a la
democracia, muy lejos de
ser modélica como se ha
presentado.
El nuevo Proceso, debe
ser abierto a la
participación de
multitud de actores, en
el ámbito colectivo e
individual, horizontal y
transversal, unido a la
toma de conciencia
popular y al
empoderamiento de las
personas. Ha de ser a la
vez crítico y
constructivo con la
democracia
representativa, que ha
primado el bipartidismo,
asumiendo el poder de
espaldas a la
ciudadanía. El proceso
debe situar a la persona
como el motor de cambio
de la nueva
Constitución.
La monarquía, que es un
símbolo de poder, se
contradice y está muy
alejada de los
principios
constitucionales de
igualdad ante la ley y
de igualdad de
oportunidades. El acceso
a la Jefatura del
Estado, como a cualquier
otro órgano de
representación, no puede
tener carácter
hereditario, sino
sometido a la libre y
democrática elección
ciudadana. La monarquía,
heredera del régimen de
Franco, cumplió su papel
durante la Transición a
la democracia; la
persona del rey es
inviolable y no está
sujeta a
responsabilidad, no
tiene competencias
políticas, y su
representación carece de
efectividad. Ha llegado
la hora de establecer un
Estado Republicano.
Uno de los problemas
históricos españoles y
sin resolver todavía,
fuente de permanentes
conflictos, es el
territorial. Las
diferentes señas de
identidad, históricas y
culturales, la
multiculturalidad y la
diversidad, son valores
inestimables que
enriquecen nuestra
propia identidad común y
así tiene que
reconocerse y permitir
su propio desarrollo.
Estos hechos tienen que
quedar plasmados en la
Constitución, en el
marco de un estado
federal −sin cerrar la
posibilidad de otros
modelos−, que junto con
el derecho a decidir
libremente, queden
clarificadas las
competencias; que se
fije un modelo fiscal y
se establezcan
mecanismos de
cooperación. Un modelo
que venga a dar
estabilidad política,
que sea viable
económicamente y justo
socialmente. Por todo,
es necesario, también,
reformar el Senado, para
darle verdadera
naturaleza de cámara de
representación
territorial.
La Constitución declara
que "Ninguna confesión
tendrá carácter
estatal". No es que sea
insuficiente, sino que
no es aconfesional
aparentemente. En un
estado verdaderamente
laico, se ha de dar una
efectiva y real
separación entre el
estado y la iglesia, así
como no financiar, con
fondos públicos, ni a la
iglesia católica, ni a
ninguna otra. La
religión tiene que salir
de la escuela pública; y
todo esto tiene que
quedar plasmado en la
reforma que se propone.
Además el Concordato y
acuerdos con el Vaticano
deben derogarse, y las
relaciones (y acuerdos,
si los hubiera)
enmarcarse en el ámbito
de reciprocidad y de las
relaciones diplomáticas
entre estados soberanos.
Pese al surgir de nuevas
fuerzas políticas y la
presencia de hasta 23
siglas representadas en
el nuevo Congreso tras
el 10 de Noviembre, el
sistema electoral ha
impedido que una buena
parte de formaciones
políticas accedan a las
instituciones
representativas,
favoreciendo el
bipartidismo (esa fue la
voluntad de los
constituyentes y así se
vienen cumpliendo).
Ahora es preciso abordar
una reforma inicial de
la Ley electoral con
medidas como listas
desbloqueadas o la
eliminación de la
barrera electoral del
3%. No deben salir
favorecidos los partidos
de ámbito autonómico,
que se presentan en
limitadas
circunscripciones, en
detrimento de otras
formaciones de ámbito
estatal. La Ley d’Hont,
que prima a los partidos
más votados, penalizando
a los que menos, debe
cambiarse por otras
normas que garanticen la
proporcionalidad y
equidad del voto y la
igualdad de
oportunidades para todas
las opciones políticas y
ciudadanas
En
ese contexto,
el PP retoma su
propuesta de cambiar la
ley electoral,
con una reforma exprés,
para evitar nuevos
bloqueos si se repiten
las elecciones. La
propuesta del PP, que
Casado ya planteó en su
primer discurso como
presidente del partido
es una prima de escaños
a quien gane las
elecciones, y fuentes de
la dirección creen que
puede llevarse a cabo
sin necesidad de tocar
la Constitución, un
melón que los populares
no quieren abrir en este
momento. Por su parte,
tanto Pedro Sánchez como
la vicepresidenta Carmen
Calvo han llegado a
hablar de modificar el
artículo 99 de la
Constitución
para evitar situaciones
de bloqueo. Quieren
modificar la
Constitución para
perpetuar el
bipartidismo, no para
dar más palabra y
representación a la
ciudadanía.
Reformaron la
Constitución en 2011,
modificando el artículo
135,
estableciendo en el
texto el concepto de
"estabilidad
presupuestaria",
constatándose un techo
máximo de déficit
estructural para las
Comunidades Autónomas y
el Estado, y dando
"prioridad absoluta" al
pago de la deuda pública
en los presupuestos,
sobre cualquier otra
necesidad de gasto.
Asimismo se estableció
que el montante del
conjunto de la deuda
pública no podrá superar
el 60% del PIB. Lo
cierto es que la
incorporación de
aquellos compromisos al
texto constitucional ha
servido para justificar
una política de extrema
austeridad, recortes e
involución social.
Transcurrido ocho años,
se puede concluir que
los efectos reales de la
reforma y de las leyes
que la desarrollaron no
han sido útiles
para el crecimiento y la
generación de empleo, ni
para bajar el volumen de
la deuda o cumplir las
previsiones de déficit.
La actual redacción del
artículo 135 ha de ser
revisada en el marco del
Proceso Constituyente
que resulta urgente,
buscando soluciones con
la Unión Europea para
impulsar el crecimiento,
que no reste
credibilidad al
compromiso de
reconstruir el Estado
del bienestar.
Es necesario establecer
una nueva Constitución,
tras el Proceso
Constituyente, para
garantizar y favorecer
la mayor participación
ciudadana en el gobierno
estatal, autonómico y
municipal, mediante todo
tipo de medidas
posibles, como
iniciativas legislativas
populares, referéndum o
votación on-line, en un
marco de responsabilidad
y de transparencia en el
sector público,
institucional y
político, que reconozca,
como bien de dominio
público, toda la
información generada o
en poder de entidades de
titularidad, funciones o
capital público.
El Proceso Constituyente
debe avanzar en la
creación de un estado
federal, laico y
republicano, basado en
la transparencia y una
mayor participación
social. Deben
establecerse mecanismos
de control y blindaje
del sistema público de
pensiones. De la misma
manera hay que blindar
el sistema público de
salud, las prestaciones
sociales para
dependientes y la
educación pública y
«plantar cara», con
todo, democráticamente a
los «poderes económicos
no democráticos».
Soy republicano,
aunque humilde e
ignorante, y pertenezco
a esa clase de locos que
anuncian utopías que al
día siguiente son
realidades. Sois topos
que protestáis ante el
menor rayo de luz, y por
eso sentís un furor sin
límites ante la
República, esa sublime
locura que acaba con los
privilegios, que
considerando a todos los
hombres iguales, les
hace abrazarse como
hermanos, y que
reconociendo su
libertad, les da derecho
a gobernarse por sí
mismos. No, no son
palabras mías; son del
maestro Vicente Blasco
Ibáñez, en su novela
¡Viva la República!,
refiriéndose a la
Primera, que ya hice
mías en mis
Reflexiones Republicas
(primera edición 2013) y
hoy retomo.
Sabemos que una nueva
Constitución no va a
resolver las futuras
crisis económicas ni va
a quitar la angustia a
la ciudadanía que las
pueda padecer, pero va a
ofrecer al pueblo
instrumentos para que
participe activamente en
los asuntos de sus
intereses de forma
directa y a través de
representantes
legítimos.
Un Proceso
Constituyente, partiendo
del origen de la
democracia, tiene como
fin crear una nueva
Constitución adaptada a
las necesidades actuales
de la población, como
única forma pacífica de
hacer una verdadera
revolución democrática,
que modifique el actual
diseño del Estado y su
forma de gobierno, todo
sometido a la voluntad
popular.
