Si, han leído bien el
título; gente honesta que
cumpliendo con un deber de
buena ciudadanía, cuando
denuncian ante la justicia
la existencia de corrupción,
en vez de ser reconocida su
valentía y honestidad, son
perseguidos, calumniados,
expulsados de sus trabajos,
incluso encarcelados y
represaliados. Me voy a
referir a cuatro casos
conocidos y que no quiero
que caigan en el olvido; me
refiero a Ana Garrido, Luis
Gonzalo Segura, Marco
Antonio Santos y el último
caso conocido, Roberto
Macías.
La UE
aprobó en octubre de 2019,
una directiva para proteger
de represalias a los
denunciantes de corrupción.
Las normas, que deberán ser
aplicadas como muy tarde en
2021, protegerán a los
denunciantes frente al
despido, la degradación y
otras formas de represalia y
exigirán a las autoridades
nacionales informar a la
ciudadanía sobre los
procedimientos de denuncia.
Los denunciantes también
estarán protegidos en los
procedimientos judiciales.
España ya estaba trabajando
para otorgar una mayor
protección a los
denunciantes,
como decía el entonces
Secretario de Estado de
Justicia Manuel Jesús Dolz,
todavía no se ha puesto en
práctica ni incluido en el
ordenamiento. La Directiva,
supone un paso muy
importante para que los
ciudadanos de cualquiera de
los países de la UE se
sientan legalmente
protegidos para denunciar
aquellos casos de corrupción
o actividades delictivas que
puedan conocer.
Los
denunciantes de casos de
corrupción vienen exigiendo
una Ley Integral de
Protección a los
Denunciantes de Corrupción y
la aplicación del código
penal que les proteja,
porque "la
pasividad de la
administración pública,
junto a la inacción de la
justicia, así como el
absoluto abandono de todos
los partidos políticos que
ignoran legislar en la
materia, nos ha conducido a
esta reivindicación",
rezaba el manifiesto al que
se sumaron Ana Garrido,
denunciante del caso Gürtel,
y Luis Gonzalo Segura ex
teniente que noveló sobre
corrupción en el Ejército.
Hace unos años, corría por
las redes sociales el
hashtag #AnaContraGurtel.
Ana Garrido, no dejó de ser
acosada desde que entregó a
la justicia el dossier sobre
la corrupción que se daba en
la administración de Arturo
González Panero "el
albondiguilla", ex alcalde
de Boadilla, imputado en la
mayor trama de corrupción
política y económica,
investigada por la Audiencia
Nacional. Boadilla,
epicentro del caso de
corrupción Gürtel, ha
salpicado a importantes
dirigentes del Partido
Popular y al propio
expresidente del gobierno
Rajoy, con Luis Bárcenas a
la cabeza.
Cuando todo se desencadenó,
Ana ejercía como técnico de
juventud, donde pudo
comprobar, cuales eran las
artes del equipo municipal
en las licitaciones de los
contratos públicos. Se hizo
costumbre recibir
directrices para la
elaboración de los pliegos
de condiciones e informes
técnicos, con el fin de
adaptarlos a perfiles
concretos de empresarios
amigos. Ana no consintió y
comenzó su calvario, que la
justicia ha dado por
probado. Ciudadana honesta y
funcionaria rigurosa con los
procedimientos establecidos,
denunció lo que consideró
que estaba mal hecho y todo
fue mucho más de lo que
parecía. Descubrió el
patrimonio de González
Panero, en Miami, Marruecos,
España, inversiones en bolsa
y vida a todo tren.
Relacionó nombres de
personas que aparecían por
Boadilla, con políticos
conocidos del PP y
empresarios afines.
Del
dossier por el que Ana
denunciaba la trama corrupta
en Boadilla, destapó el caso
de corrupción más
escandaloso de la historia
de España: el "caso
Bárcenas". Se descubría la
contabilidad B en el PP, que
recoge los ingresos de
donativos ilegales de
constructoras y entrega de
dinero negro, a los
dirigentes del partido. Ha
sufrido acoso laboral
continuado, dolor del vacío
que ha sentido a su
alrededor entre compañeros y
amistades, junto con el
acoso mediático y en las
redes sociales. Recuerdo
aquel primer encuentro que
sostuvimos, hace ya seis
años, sentados en un banco
en la calle Princesa:
Ana, dejando asomar sus
lágrimas, recuerda los
sentimientos y emociones que
se desbordaron la noche
previa al juicio.
La honestidad tiene su
precio.
Su delito fue revelar la
verdad. Desde hace años
sufre una auténtica
persecución sindical y una
cacería judicial,
convirtiendo su vida en un
infierno. "En el reino de
los delincuentes los hombres
y mujeres honestos somos
perseguidos, acosados y
represaliados por denunciar
la rapiña y depredación de
fondos públicos".
Dos años de prisión por
denunciar una corrupción
sistemática, para Roberto
Macías, extrabajador del
sindicato UGT en Andalucía.
Dos años de prisión por
hacer públicos documentos
fundamentales para una
investigación que destapó el
caso de las facturas falsas.
La sentencia demuestra que
ser decente en una sociedad
corrompida sale muy caro.
"Era un procedimiento
sencillo de mordidas para
financiarse" y que ha
llevado a la cúpula del
sindicato a los tribunales.
La investigación eleva el
desvío de fondos a 40
millones de euros. El
sistema consistía en recibir
presuntas mordidas de
proveedores cuyos costes
repercutían en la
administración pública, para
justificar subvenciones
financiadas por la Unión
Europea. Macías acusa a la
cúpula del sindicato de
recibir sobresueldos,
falseando dietas y
kilometrajes. "Todos
presentaban los mismos
kilómetros al mes", para
llegar a 900 euros.
España
necesita cambiar, "mi
condena es un aviso a
navegantes para que no se
revelen irregularidades".
España es una tierra hostil,
incluso con una directiva
europea vigente desde
diciembre de 2019,
que no se ha incorporado a
nuestro ordenamiento
jurídico.
España sigue condenando a
los denunciantes de
corrupción. Nada ha
mejorado. "El estado
corrupto siempre encontrará
subterfugios para alimentar
este sistema, con muchísimos
parásitos". Su honestidad no
le ha hecho perder la fe en
el sindicalismo, aunque
considera que hacen falta
cambios. Sobre este caso
cabe una reflexión: nos
hacen falta organizaciones
de trabajadores austeras,
sin subvenciones, porque las
subvenciones pervierten y
prostituyen todo. "No me
arrepiento ni arrepentiré de
haber filtrado a los medios
las pruebas que demostrarían
la posible financiación
ilícita de la UGT; si no lo
hago, mi conciencia no me
permitiría dormir". ¿En qué
sociedad vivimos se condena
y criminaliza por defender
la verdad?
Y que decir del caso de mi
amigo el cabo Marco Antonio
Santos, que ha sido
definitivamente expulsado
del Ejército tras no
prosperar el recurso de
alzada contra la decisión
del Jefe del Estado Mayor;
que le acusó de dos faltas
muy graves por emitir
opiniones públicas, que iban
en contra de lo indicado en
las leyes que rigen la
neutralidad política y
sindical de los militares.
Nada se puede esperar del
ejército de España, en lo
relativo a la justicia y
menos ahora "dirigido" por
la ministra Margarita
Robles.
El
proceso contra el cabo
Santos, se originó después
de que un grupo de
generales, secundado por
cientos de oficiales, la
mayoría en la reserva o
retirados, publicara un
manifiesto amenazante contra
la decisión de la exhumación
de Franco. Santos es el
único militar en activo que
ha apoyado el manifiesto en
respuesta al comunicado
suscrito por los centenares
de oficiales.
Este cabo del Ejército de
Tierra lleva 19 años
sometido a la disciplina
castrense y acompañó su
firma, explicando por qué se
sumaba a esta respuesta:
"los que apoyan el escrito a
favor del dictador genocida
son los que han hecho de las
Fuerzas Armadas su jardín
particular desde el 36".
Pero la cosa viene por otras
cuestiones:
el cabo denunció la
corrupción en el Ejército al
acusar a varios altos mandos
militares de malversación
del dinero de la comida de
los militares.
No se trataba de opinión
sino de un hecho que ha sido
condenado por el Supremo.
Luis Gonzalo Segura,
exteniente del Ejército de
Tierra, ingresó en un centro
disciplinario militar, donde
cumplió dos meses de
privación de libertad,
suspensión de sus funciones
y posteriormente expulsado
del Ejército. No dio un
golpe de Estado ni saqueó
las arcas públicas ni
cometido crimen alguno.
Entró en prisión en
aplicación del Código
Militar, en un procedimiento
sin garantías jurídicas, por
haber escrito la novela Un
paso al frente, donde cuenta
su experiencia en el
desbarajuste del Ejército de
Tierra, descifrando ese
oscuro y corrupto mundo de
la milicia sin derechos.
Creyó en la Justicia e
interpuso cuatro denuncias,
con sus correspondientes
pruebas, sobre distintas
irregularidades en los
presupuestos militares; pero
la justicia, que es la del
poder, se volvió en su
contra. En el ejército
español, que tanto cuesta a
las arcas públicas, hay
corrupción y negligencia,
sometido a un autoritarismo
que una sociedad democrática
no puede consentir. "Mando
que no abusa pierde
prestigio", máxima militar
que los altos mandos siguen
en la medida de su poder.
Hoy dice Luis: "Mis
sentimientos se centran en
una doble desilusión".
Siempre desilusiona que te
engañen, pero en el caso del
PSOE "era hasta previsible y
lógico que nos maltrataran,
que alargaran el calvario de
los denunciantes y que no
repararan el daño causado
por el PP". Para el ex
teniente Segura, la gran
desilusión es Unidas
Podemos, "el Gobierno de
Coalición, el Gobierno más
progresista en ocho décadas,
tampoco nos tiene en cuenta,
lo que nos hace pensar, que
ya es imposible que algún
gobierno en España nos vaya
a proteger". Es una
desilusión tan enorme que,
en cierto, sentido, me ha
hecho perder la esperanza.
"Sigo luchando, pero ya no
es lo mismo".
Escribí una serie de
artículos dedicados a Luis
Gonzalo Segura de Oro
Pulido, sobre su libro Un
paso al frente y las
denuncias que vertía contra
la corrupción en el
ejército.
Daba un paso al frente con
él y por él.
Hoy la noticia sería que el
ejército le ha expulsado de
su seno. Si no fuera por lo
que Luis sufre, me alegro;
porque una persona decente
no debe formar parte de
determinadas instituciones,
que dicen defender "España"
y la paz del mundo, que está
por ver.
No soy militarista, más bien
"anti"; no soy partidario de
los ejércitos, de ninguno.
Como será la cosa, que una
de las mayores
satisfacciones de mi vida
fue, cuando el ejército de
Franco me declaró "inútil
total" para las armas, por
la vista; hoy sigo siéndolo,
contrario al ejército, a las
armas y contra cualquier
organización militar, por no
verlos.
Los denunciantes, tal como
destaca la UE, tienen un rol
fundamental en la
investigación y sanción de
quienes incumplen las leyes,
y también ayudan a los
periodistas a obtener
información indispensable
para hacer su trabajo. Pese
a su aportación social, los
denunciantes sufren
persecución laboral, daños
en su reputación y problemas
de salud.
La UE
considera la protección de
los denunciantes que
informen sobre asuntos
relacionados con las compras
públicas, los servicios
financieros, el lavado de
dinero y la financiación del
terrorismo, la seguridad del
transporte, la protección
ambiental, la seguridad
nuclear, la seguridad
alimentaria, la salud de los
animales, la salud pública,
la protección a los
consumidores, la protección
y la seguridad de los datos
y sistemas de información, y
las regulaciones tributarias
e intereses financieros de
la UE. España tiene que
incorporar, sin dilación, en
su ordenamiento jurídico la
directiva de la Unión
Europea sobre protección de
denunciantes de corrupción.
Además los denunciantes
tienen derecho a
indemnizaciones por las
represalias sufridas.
Las leyes españolas deben
proteger a los denunciantes
frente al despido, la
degradación, la prisión y
otras formas de represalias.
Los denunciantes deben estar
protegidos siempre y en los
procedimientos judiciales de
forma especial. Lo que debe
hacer el Estado de forma
determinante es luchar
contra la corrupción
política y económica; por
justicia, transparencia y
justicia.
