El caso Kitchen es uno más
de los que salpican al
Partido Popular, por la
utilización de los recursos
del Estado en su propio
provecho y beneficio;
primero para financiarse,
después para ocultar las
huellas. Una historia de
saqueo de las arcas pública
por malos policías, espías,
traidores y altos cargos
corruptos, desde las cloacas
del Estado. Un entramado que
utilizó los fondos
reservados para su lucro
personal.
La operación Kitchen, es el
nombre dado al dispositivo
que organizó el Gobierno de
Mariano Rajoy para robarle a
Luis Bárcenas pruebas de la
financiación irregular del
PP. Respetando la presunción
de inocencia de todos los
implicados, destacan el muy
católico ministro Fernández
Díaz y la muy leal
secretaria general María
Dolores de Cospedal, para
quienes Anticorrupción pide
imputar por malversación,
prevaricación y revelación
de secretos.
Los informes de
anticorrupción apuntan a
Fernández Díaz, entonces
ministro del Interior, y a
Cospedal, secretaria general
del PP y ministra de
Defensa, quienes hasta ahora
solo han incriminado al que
fuera número dos de
Interior, Francisco
Martínez, responsable por su
cargo de los fondos
reservados. Parece que ya
les había avisado: "no voy a
comerme ese marrón solo".
Previsiblemente, el juez
decidirá en los próximos
días si imputa a Fernández
Díaz, Cospedal y su marido,
Ignacio López del Hierro.
Las
detenciones de 2009, de
políticos y responsables de
segundo nivel, activaron lo
que se convertiría en el
caso Gürtel. El terremoto
acabó con la sentencia de la
Audiencia Nacional en 2018,
tras una instrucción
torpedeada desde su inicio,
y una campaña de
desprestigio de los jueces
que la dictaron.
La sentencia definió lo
sucedido en Gürtel como
fruto de "un auténtico y
eficaz sistema de corrupción
institucional".
Un sistema basado en cientos
de contratos amañados. Y en
sobornos. Y en aportaciones
a la caja B del PP,
efectuadas como
"contrapartida por
adjudicaciones irregulares".
La situación creada, vino a
derribar a Mariano Rajoy y
su Gobierno previa a la
moción de censura. Ahora, el
caso del espionaje a
Bárcenas aflora el uso de
medios policiales y fondos
reservados para proteger a
la organización y sus
dirigentes.
Pablo
Casado no ve cómo
distanciarse de la operación
que el Ministerio del
Interior, con uso de fondos
reservados, montó para
proteger al partido entonces
en el Gobierno. De momento
se desmarca afirmando que en
los años 2013 a 2015 él era
un
simple diputado por Ávila
y que las investigaciones
son "de tiempos muy
pasados". Insuficiente
aclaración y ambiguo
argumento, cuando lo que
tiene que decir claramente
es que se aplique la ley y
que, si alguien ha cometido
un delito, debe responder
por ello. En su día
Cospedal, ya tuvo que romper
con el pasado de la Gürtel,
legado de José María Aznar,
cuando afirmó: "En
el PP, quien la hace la paga
y cada uno aguanta su vela".
En aquel 18 de enero de
2013, no se sabía que
Bárcenas guardaba los libros
en los que anotaba los pagos
y que, entre los que habían
recibido el dinero en B,
estaban, entre otros, Rajoy,
Rodrigo Rato, Jaime Mayor
Oreja y la propia Cospedal.
Cinco juicios por corrupción
acorralan al PP, que
sentarán en el banquillo a
102 procesados.
La Audiencia Nacional se
prepara para juzgar la caja
B de Bárcenas, las tramas de
Boadilla y Arganda, los
amaños en la visita del Papa
a Valencia y la implicación
de Camps. Son demasiados
casos.
Por hechos parecidos a los
que acabaron con el Gobierno
de Rajoy, la Audiencia
juzgará en breve la
corrupción en Boadilla del
Monte. La Fiscalía también
acusa en este caso al PP
como partícipe a título
lucrativo de los delitos
cometidos por la trama
Gürtel. Correa hizo negocios
millonarios en Boadilla
entre 2001 y 2009. El
gobierno municipal, del PP,
adjudicó a dedo numerosos
contratos y facilitó otros
negocios inmobiliarios a la
red corrupta.
El proceso judicial que más
daño ha hecho a la
reputación del PP se refiere
a la contabilidad secreta
que manejaron los
extesoreros Álvaro Lapuerta
(fallecido) y Luis Bárcenas.
En esos papeles, revelados
por EL PAÍS el 31 de enero
de 2013, se registran 20
años de una caja B,
alimentada por donaciones de
constructores y
contratistas, con la que
presuntamente se abonaban
sobresueldos a dirigentes
del PP y se pagaban otros
servicios para el partido.
Por los hechos registrados
en esa contabilidad oculta
al fisco, el juez tan solo
ha procesado a los tesoreros
y gerentes del PP, por pagar
con dinero negro la compra
de acciones de Libertad
Digital o parte de las obras
de la sede de Génova, 13, y
a los directivos de un
despacho de arquitectura por
defraudar a Hacienda al no
declarar parte de los
ingresos logrados por esa
reforma. La Fiscalía y la
Abogacía del Estado
consideran al PP responsable
civil subsidiario de los
delitos fiscales atribuidos
a sus tesoreros Luis
Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
El caso Arganda del Rey,
consiste en la adjudicación
de terrenos. Con 21
procesados, entre ellos
dirigentes del PP y los
cabecillas de Gürtel, el
juicio por las
irregularidades detectadas
en Arganda del Rey examinará
otro asunto oscuro y de
especial relevancia. El
tribunal tendrá que juzgar
la adjudicación de terrenos
a Martinsa, la constructora
de Fernando Martín, una
operación que generó unas
plusvalías multimillonarias.
El comisario José Manuel
Villarejo sostuvo durante un
tiempo que el ático de
Estepona que disfrutaba el
entonces presidente
madrileño Ignacio González
era un regalo de Fernando
Martín por la adjudicación
de los terrenos de Arganda.
En marzo está previsto el
inicio del juicio por las
adjudicaciones de la
televisión pública
valenciana a una
constructora Teconsa, para
la cobertura informativa de
la visita del papa Benedicto
XVI a Valencia en 2006,
cuando gobernaba el PP. Hay
23 procesados, entre ellos
estaba el expresidente de
las Cortes Valencianas y
Director General de la
Policía, Juan Cotino,
fallecido en abril de este
año.
El juicio sobre los
contratos del Gobierno de
Francisco Camps, llega tras
reabrir la investigación De
la Mata por una confesión de
quien fue secretario general
del PP valenciano, Ricardo
Costa. En su declaración,
Costa involucró al
expresidente Francisco Camps
en el amaño de contratos a
favor de la trama Gürtel. El
testimonio de quien fue mano
derecha de Camps permitió
incluir al expresidente
valenciano como procesado.
La Fiscalía pide para Camps
dos años de cárcel.
Hoy
conocemos que María Dolores
de Cospedal, en una de sus
colaboraciones junto al
excomisario Villarejo,
trabajó para que Ricardo
Costa, entonces tesorero del
PP valenciano, asumiera
todas las responsabilidades
de la trama Gürtel. "Esto
te lo tienes que comer",
asegura Villarejo en uno de
los audios publicados. El
excomisario propone que el
damnificado fuera el
tesorero Ricardo Costa, y se
"coma" todas las cargas que
la causa conllevara. Tras
estas conversaciones, donde
también participaba Ignacio
López del Hierro, marido de
Cospedal, Costa fue
destituido y apartado de su
cargo.
Junto a estos cinco juicios,
los magistrados finalizarán
antes de julio la
instrucción de otras dos
causas, los casos Lezo y
Púnica, que implican al PP
en nuevos delitos de
financiación ilegal y que
mantienen imputados a tres
expresidentes autonómicos de
Madrid: Esperanza Aguirre,
Ignacio González y Cristina
Cifuentes.
Francisco Martínez Vázquez,
ex secretario de Estado de
Seguridad del ministerio de
Interior, ha amenazado con
tirar de la manta en el
juicio sobre la Operación
Kitchen: "Voy
a contarle al juez todo lo
que sé".
Martínez, imputado en la
operación de espionaje al
extesorero del PP Luis
Bárcenas, afirma que supo
"de esa operación por el
ministro. Me llamó, no
recuerdo si un sábado o un
domingo por la tarde, para
decirme que un confidente
iba a colaborar con la
policía para ver lo de
Bárcenas [...] Yo me quedé
atónito. Hablé con el
director adjunto operativo
de la Policía, Eugenio Pino,
y me dijo que sí, que había
un grupo de policías con el
confidente, que era el
chófer de Bárcenas".
El escrito de los fiscales
que han investigado la pieza
Kitchen deja poco lugar a la
duda: al menos entre 2013 y
2015, bajo el Gobierno de
Mariano Rajoy y con Jorge
Fernández Díaz como ministro
del Interior, altos mandos
de la Policía y de su
ministerio dieron un uso
ilícito a los fondos
reservados y a recursos
policiales para el exclusivo
beneficio particular de los
participantes, ya fuera por
la retirada de fondos
reservados para lucro
personal, ya fuera para
financiar subrepticiamente
tejemanejes de la
organización criminal. Dicho
escrito recoge las primeras
conclusiones de la fiscalía
a través de las cuales
solicita al juez la
imputación de dos personas
que ocuparon carteras muy
sensibles durante el mandato
de Rajoy: Jorge Fernández
Díaz (Interior) y María
Dolores de Cospedal
(Defensa); se solicita
también la imputación del
marido de esta, Ignacio
López del Hierro.
La
cúpula del PP se saben entre
dos fuegos: por la derecha,
Vox, con una moción de
censura (sin fecha) que ya
no será solo una herramienta
contra Pedro Sánchez, sino
también contra Casado, y,
por la izquierda, PSOE y
Unidas Podemos, que
desdeñarán cualquier
iniciativa que presente como
oposición y se apoyarán en
la comisión de investigación
en el Congreso para
erosionarle durante los tres
meses que, como mínimo,
durará. Una organización
como el PP, que ha
participado en causas como
la de la Púnica, considerada
por el juez Eloy Velasco "organización
criminal",
no debería permitírsele
participar políticamente en
un sistema democrático.
El
PSOE y Unidas Podemos han
registrado en el Congreso su
petición para que la Cámara
cree una comisión de
investigación sobre la
Operación Kitchen
sobre "la utilización ilegal
de efectivos, medios y
recursos del Ministerio del
Interior, con la finalidad
de favorecer intereses
políticos del PP y de anular
pruebas inculpatorias para
este partido en casos de
corrupción, durante los
mandatos de gobierno del
Partido Popular".
Con toda esta situación de
imputaciones en la que se
encuentra el PP, se entiende
el bloqueo al que somete la
renovación del Consejo del
Poder Judicial, nombrado por
el Gobierno de Rajoy. Siguen
utilizando los poderes del
Estado como propios y la
Constitución a su antojo y
beneficio
