Por los
acontecimientos que estamos viviendo en estos días, en los que la
Justicia choca con la política, pretendiendo imponer su doctrina
contra la voluntad del pueblo representada en el Parlamento, a
través de los partidos y formaciones políticas, seguramente el
artículo tendría que titularse, la Justicia contra el Estado
Democrático, pero no quiero sacar conclusiones en caliente, que
caliente estoy. Voy a referirme a cómo el sistema capitalista ataca
al propio Estado y pretende imponer su voluntad en asuntos
económicos y sociales a través de su ideología imperante.
Un apunte: estamos todos bailando al son que
marca el Tribunal Supremo, dice un diputado de Unidas Podemos, muy
crítico con lo que está pasando. Y no le falta razón. La
controvertida condena al exdiputado Alberto Rodríguez ha generado
una bronca dentro del Gobierno de coalición, y una división dentro
de Unidas Podemos.
Lo ocurrido es una gravísima injerencia del poder judicial sobre el
legislativo. Un pulso intolerable, porque
no está tan claro como quiere hacer ver el Supremo que cumplir esa
sentencia conlleve la pérdida del escaño.
Mientras Iceta e Illa del PSC, han respaldado a la presidenta del
Congreso, Meritxell Batet, por seguir la
corriente del Tribunal Supremo; La ministra Ione Belarra, junto con
el núcleo más duro de Podemos, defiende tensar la cuerda con el PSOE
e incluso llegar a romperla si fuese necesario, e ir a un adelanto
electoral en el año 2022. Todo ello, para gran regocijo de la
derecha.
Dice el
magistrado Joaquim Bosch: "En los últimos años las tensiones
políticas han llevado a algunas interpretaciones extensivas contra
el derecho a la participación política. Eso no es positivo para el
pluralismo, para la calidad de la democracia y para nuestro sistema
de derechos fundamentales"; la política está judicializada,
controlada e intervenida por la justicia, lo que significa una
injerencia ilegítima contra la división de poderes.
Vayamos
al tema principal del artículo. En política económica los errores se
pagan. No es lo mismo hacer una cosa que la contraria. La economía
no es sólo cosa de economistas. Las diferentes teorías están
avaladas por ideologías y las ideologías las gestionan los partidos.
La aplicación de una u otra viene a beneficiar a la clase
capitalista o a la clase madia y trabajadora, dependiendo del
gobierno de turno y l política que realice. Dicen que todos los
gobiernos son iguales y hacen lo mismo y no es exacto, porque si
hacen lo mismo, será que tienen igual ideología.
Las
teorías y las relaciones en la economía mundial mucho han cambiado,
pero en el fondo todo está inventado. Los pensadores filósofos
economistas que hoy siguen marcando tendencia son: Adam Smith (S.
XVIII), Karl Marx (S. XIX) y John Maynard Keynes (comienzos del S.
XX). Sus teorías siguen vivas, las opiniones enfrentadas y su
aplicación motivo de discrepancia. Vivimos el ataque del capitalismo
de casino, contra quienes solo tenemos nuestra fuerza de trabajo.
La
principal obra de Adam Smith fue La riqueza de las naciones (1776),
donde analizaba el feudalismo y defendía la necesidad de un
crecimiento económico, en los albores de la revolución industrial
burguesa. Según su teoría de laissez faire −defendida hoy por el
neoliberalismo fundamentalista−, la clave del bienestar social está
en el crecimiento, que se potencia a través de la división del
trabajo y la libre competencia; siendo la mano invisible la que
corrige las contradicciones del mercado. Para Smith la división del
trabajo es la principal fuente de crecimiento y desarrollo de un
país. Defendía, que gracias al egoísmo de los particulares
(conseguir el máximo beneficio), se logra el bienestar general.
Un enorme
desempleo azotó a los años treinta del pasado siglo. La economía
clásica planteaba que, tratándose de una cuestión puntual, se
ajustaría automáticamente, bajando los salarios. Y aparece John
Maynard Keynes, discrepando de los clásicos: «el equilibrio de la
economía, no puede ser a costa de un alto nivel de desempleo». La
teoría keynesiana, fue la respuesta dada a la Gran Depresión» de
1929. Su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero»
(1936) dice que en momentos de crisis, con el paro creciendo e
incertidumbres sobre el futuro, con menos ingresos, los particulares
ahorran por temor y precaución; y al no correr el dinero, se agudiza
el ciclo bajista. Por esta razón, en momentos de depresión
económica, hace falta que el Estado intervenga con la Política
Fiscal para desatascar la economía.
Después
del hundimiento de los países llamados comunistas y de su economía
planificada, hay que seguir teniendo en cuenta los análisis y
teorías de Karl Marx. La escuela económica marxista abarca una
teoría económica, otra sociológica, un método filosófico y una
visión revolucionaria de cambio social. Marx dice que en el sistema
capitalista, la riqueza es la que determina la posición social y el
poder (contrario a como ocurría en el feudalismo). Esto supone que
la acumulación de capital de unos, responde a la explotación de
otros y a su pauperización o empobrecimiento. La estructura social
económica, se convierte en el corazón del entramado social. El
Estado es el garante de la propiedad privada de los medios de
producción y ésta motor del crecimiento, provocando necesariamente
desigualdades sociales.
Para
Marx, el capitalismo se sustenta en la existencia de dos clases
cuyos intereses son contradictorios: una es dueña de los medios de
producción, los burgueses; y la otra únicamente de su fuerza de
trabajo, los proletarios. Burguesía y proletariado enfrentados en
una lucha de clases. En la teoría del valor-trabajo, el valor de una
mercancía es el tiempo de trabajo empleado en ella; y el
proletariado −individuos que venden su mano de obra y no poseen los
medios de producción− quien realiza esta función, al servicio de la
burguesía, que poseen los medios de producción. Los patronos no
pagan a los trabajadores el valor total de las mercancías que
producen, acaparan la diferencia y consiguen la plusvalía de
explotación o beneficio. Así ocurre hoy.
Tenemos un sistema súper contributivo que
beneficia principalmente a las clases medias o altas. Salen ganando
los insiders del sistema laboral, mientras se pierde más
acceso a las ayudas del Estado del bienestar cuanto más débil es la
vinculación con el sistema laboral, según Xabier García Fuente,
investigador en la Universidad de Barcelona sobre redistribución e
historia de los sistemas del bienestar. A su juicio,
las dos asignaturas pendientes son programas de garantía mínima
eficaces y, más en general, servicios sociales más potentes.
España tiene un déficit innegable en el impacto de sus políticas
sociales en los más pobres, por lo que habría que plantearse que lo
más eficaz podría ser incorporarlos generando una alianza entre
estos y las clases medias, de forma que se mantenga el compromiso de
estas con el Estado del bienestar, clave para su prestigio y buen
funcionamiento. En este sentido, advierte de los riesgos de que un
posible deterioro de la educación y la sanidad públicas lleven a una
"huida" de clases medias y altas a modelos a la oferta privada.
El
capitalismo se sustenta del beneficio que generan diferentes
fuentes. Con la especulación financiera −huyendo de las empresas
productivas y con la deslocalización−, pagan los trabajadores
explotados y con menos derechos. Con los rescates y las quitas
−preferentes, corralitos y otras figuras−, pagan los clientes
bancarios. Exigiendo a los gobiernos recortes en gastos sociales y
servicios públicos, paga la ciudadanía en general. Trabajadores,
clientes y ciudadanía, que somos los mismos, tríplemente explotados.
Algunos datos: El Fondo Monetario
Internacional, la OCDE y el propio
Plan 2050 del Gobierno, inciden en que el
modelo de ayudas español, es regresivo en comparación con la Unión
Europea, y privilegia a las clases medias y altas en detrimento de
los más excluidos. El Ingreso Mínimo Vital, reconocido como hito del
Estado del bienestar, aflora sesgos históricos contra los pobres en
el funcionamiento de las prestaciones: Hay un prejuicio que no se da
con las ayudas a empresas. La una quinta parte de la población más
rico recibe más transferencias que el más pobre. Las prestaciones al
40% con menos ingresos apenas superan el 30%. España está un 15% por
debajo de la media de la UE en poder redistributivo del gasto
social.
De las
tres visiones ideológicas mencionadas, dos sustentan el modelo
económico que hoy impera y que pone en riesgo el Estado social del
bienestar. En la actualidad, más de una década de crisis, pone en
evidencia los fallos de un modelo que añade un castigo mayor a los
más pobres. Teniendo mayoría parlamentaria, es la derecha política y
económica la que marca el paso de los designios de la mayoría. Tanto
el capital como la justicia atacan al Estado Democrático y social.