El primer artículo que publiqué en la
prensa digital, lo titulé Justicia, quise que éste fuera el tema. La
Justicia ha sido una constante en mi vida. Con Justicia, la
seguridad personal y colectiva adquiere el sentido necesario para
subsistir en convivencia. Con Justicia social, la persona adquiere
el sentido de la convivencia en paz y con sosiego. La Justicia
social ha sido mi reivindicación permanente; desde lo político y
sindical; ni que decir que también en lo penal, administrativo y en
cualquier otra de sus ramas.
La Justicia, para ejercerse con
dignidad, tiene que contar con medios suficientes, que el gobierno
de la derecha no quiso poner. La derecha prefiere la suya, la
oscura, la divina o floreada, que solo resplandece como atrezo
teatral. Si Jueces y Juezas para la democracia considera que se
necesitan más juzgados para atender las necesidades ciudadanas, con
Gallardón en el Ministerio se eliminaron 1.500 jueces sustitutos y
se crearon tan sólo tres juzgados.
Con el actual Gobierno poco se ha
avanzado. Incluso con el conflicto de la renovación del Poder
Judicial, que veta sistemáticamente el PP, no se avanza, sino que se
retrocede. Parece que la pandemia de la
Covid-19, ha acelerado muchos procesos de digitalización en la
Administración Pública; incluso en la Justicia, área que
tradicionalmente ha sido más recelosa a dar el salto tecnológico. Se
lleva demasiados años hablando de la digitalización de la Justicia,
y ahora es una necesidad palpable. Los desafíos principales tienen
que ver con los recursos económicos disponibles y los recursos
humanos, por lo que ahora se abre una oportunidad con los fondos
europeos, para la transformación digital dirigida a mejorar la
calidad de servicios e impulsar la formación para la introducción de
las nuevas tecnologías.
El retraso de la Justicia es palpable
para la ciudadanía que acude a un juzgado, como para el resto, al
observar las fechas de los juicios de causas tan lejanas en el
tiempo. De otra parte, España tiene una alta litigiosidad y muy
pocos jueces; muchos asuntos y pocos jueces y escasos medios para
resolverlos, provoca sobrecarga en los juzgados y, consecuentemente,
lentitud. Y hay algo aún peor: hay jueces que, no por mala praxis,
sino por sobrecarga del juzgado, no tienen tiempo para mirarse con
detenimiento los asuntos, por lo que las sentencias no son buenas y
están mal motivadas. Sobrecarga y lentitud nos llevan a la baja
calidad de la Justicia, la pérdida de confianza por parte de la
ciudadanía y al deterioro del Estado de Derecho.
Permítanme que recuerde lo que escribí
hace unos años. Me preguntaba entonces: ¿Qué es la Justicia? ¿Qué
idea tenemos de hacer Justicia? ¿Qué significado tiene el término
Justicia? Corren malos tiempos para la Justicia. No es necesario
acudir a las páginas de sucesos o tribunales, para conocer los
diferentes casos cuyo protagonista es la Justicia. En temas
políticos, económicos, administrativos, de sociedad, existen un
rosario de casos conocidos de corrupción, malversaciones, estafas y
conflictos de intereses de todo tipo. Hasta el rey emérito no se
libra de estar investigado.
¿Y cómo se ejerce la Justicia?
Lamentablemente no se ejerce la misma vara de medir para unos como
para otros. Ni las leyes son iguales para todos, ni la Justicia se
aplica a todos por igual. Al roba gallinas, la Justicia justiciera.
Al poderoso, la Justicia con sordina. El poder es el poder y tiene
sus privilegios. El poder hace la ley y quién hace la ley, ya se
sabe, hace la trampa. Unos salen de la cárcel, tras pagar
millonarias fianzas y otros entran por manifestarse defendiendo sus
derechos. Algunos populares y poderosos ni entran preventivamente.
Desde tiempos remotos, la sociedad ha
ido elaborando diferentes conceptos sobre la idea de Justicia, en
función de la cultura, costumbres, formas de vida, maneras de ser en
cada etapa histórica y sin duda en función de lo que el poder
quisiera otorgar en cada momento; hasta llegar a la imagen actual de
la mujer con ojos vendados, que porta en su mano izquierda una
balanza y en la diestra una espada: ceguera, equilibrio y venganza.
De la Justicia divina a la Justicia social. De la Justicia para
unos, a la Justicia para todos. De la Justicia para todos a la
Justicia según la capacidad de poder económico.
El jurista romano Ulpiano la definió
como: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique
tribuendi (La Justicia es la constante y perpetua voluntad de
conceder a cada uno su derecho), entendiendo el término derecho como
lo suyo, lo que es suyo, o lo que es de su propia responsabilidad.
Desde la filosofía también se ha
razonado sobre la idea. Platón identifica Justicia con armonía
social. Aristóteles como igualdad proporcional o dar a cada uno lo
que es suyo, o lo que le corresponde. Santo Tomás de Aquino, lo
enfocaba como de Ley Natural; los derechos naturales que han de
tener los ciudadanos y que han sido otorgados por dios. Para
los utilitaristas, que buscan el máximo bienestar para el máximo
número, es justo lo que beneficia al mayor número de personas a la
vez. La máxima dice que se hace Justicia, cuando te dan la razón
teniéndola, después de haber demostrado que la tienes: tener razón,
demostrar que la tienes y que te la den; difícil proceso.
Todas las personas tenemos derecho a
que los jueces y tribunales impartan Justicia, cuando nuestros
derechos e intereses legítimos se vean perjudicados, sin que pueda
producirse indefensión. La Justicia será gratuita en todo caso,
respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para
litigar. Estos son derechos que la Constitución otorga a la
ciudadanía y muestran la concepción social del Estado Democrático de
Derecho. Pero no es oro todo lo que reluce.
Nuestro sistema diseña un marco
constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que
incluye, por parte del Estado, una prestación de servicio básico
fundamental, encaminada a la provisión de los medios necesarios para
hacer que este derecho sea real y efectivo, incluso cuando quien
desea ejercerlo carezca de recursos económicos. La tutela judicial
efectiva no es sólo un derecho, sino que es principio y fundamento
del orden político y de la paz social, en un espacio de igualdad y
Justicia social.
Los recortes en educación o sanidad,
suponen una falta de igualdad de oportunidades, y los recortes en
Justicia suponen una falta de igualdad ante la ley. El ataque al
principio de igualdad ante la ley, que es grave en todos los ámbitos
del derecho (civil, administrativo, laboral), lo es especialmente en
el ámbito penal. Poner al ciudadano en pie de igualdad ante el
Estado, que es quien ejerce la acción penal, garantizándose su
derecho de defensa, es, ni más ni menos, lo que diferencia a un
Estado de Derecho moderno de un estado inquisitorial. Ocurre que las
Comunidades Autónomas, con competencia en materia de Administración
de Justicia, están pagando tarde y mal a los abogados de los turnos
de oficio y rebajando los honorarios. Esta situación está
perjudicando gravemente el derecho a la defensa.
Cada vez se presentan más litigios y
los recursos a disposición de la Justicia son muy limitados y
obsoletos; Cada vez son más las causas que se tramitan y el número
de jueces no varía. Los procesos se hacen interminables y la
Justicia llega tarde, mal y en múltiples ocasiones ni llega a
tiempo.
Lo que hasta ahora eran derechos
inspirados por principios de solidaridad y de Justicia, se está
convirtiendo en prestación para pobres; la beneficencia de toda la
vida, para los que nada tienen. Parece que quienes ostentan el
Poder, no quieren poner patas arriba a la administración de
Justicia, solo para que la ciudadanía pueda ejercer gratis su
derecho a la tutela judicial efectiva.
Siempre me he preguntado y no he
encontrado la respuesta satisfactoria: ¿Cómo es posible que no se
haya abordado decididamente, la modernización de la administración
de Justicia y que a estas alturas de los avances tecnológicos se
sigan utilizando medios del siglo XIX? Quiero pensar que es por la
gran dificultad tecnológica y los enormes recursos económicos que
hay que poner a su disposición, pero es porque no quieren.