La democracia no consiste solamente en participar en un periodo de tiempo determinado, votando en elecciones generales, autonómicas o municipales. La democracia es participación, y cuanta más participación, mayor calidad adquiere el Sistema. Protestar contras las injusticias es una forma de participación.

La Constitución mandata a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La ciudadanía que se sienta afectada por las decisiones de los poderes públicos, tiene derecho a manifestar públicamente sus disgusto o malestar, a través de asociaciones, sindicatos o partidos políticos; pero también a ejercer ese derecho por si misma, sin intermediarios que la represente, en manifestaciones y reuniones.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política; como los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, y asociaciones empresariales que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Pero ¿qué ocurre cuando un gobierno amparándose en la legalidad de una mayoría absoluta parlamentaria, ataca, con su política, la raíz misma del Estado y los valores que le identifican, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político? o ¿qué ocurre cuando ese gobierno se desentiende del mandato constitucional de promover los llamados principios rectores de la política social y económica?

Tras unas elecciones generales, un partido que consigue una mayoría absoluta parlamentaria, no tiene mayoría social; y quién no tiene mayoría social, en mi opinión, no está legitimado socialmente para abordar unas reformas estructurales que afectan a valores y principios del Estado.

Dice la Constitución que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. También establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 

También se reconoce el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios; que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho y que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Harán, promoverán, fomentarán, establecerán, organizarán, pero si no se hace nada de lo que se dice, nada ocurre, porque se está sometido a la voluntad del poder, sometido todo a los recursos económicos y a la voluntad política.

Dice la Constitución que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Todo parece escrito en papel de fumar.

Ya se que los derechos anteriormente mencionados no tienen la consideración de derechos fundamentales y que por tanto no están protegidos constitucionalmente; ya se que solo son mandatos orientativos, principios rectores, que los poderes públicos tendrán en cuenta, regularán o no regularán siguiendo su voluntad, o lo que es peor eliminarán algunos de los que ya estaban reconocidos y regulados, como así está ocurriendo, a favor de otros intereses particulares, que no generales.

Cuando un gobierno no tiene la legitimidad de la mayoría social y además se desentiende de proteger y regular derechos que la Constitución promueve; la ciudadanía desprotegida adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada. ¿Pueden esperar los mineros a que un próximo gobierno resuelva su futuro? ¿Y los desahuciados por las hipotecas bancarias, pueden esperar? ¿Y los enfermos, ancianos y dependientes, pueden esperar cuatro años a que les atiendan debidamente? ¿Los padres, madres y jóvenes desempleados, cuatro años más sin trabajo? ¿Es que el pueblo puede esperar cuatro años para tener la oportunidad de elegir otro parlamento y otro gobierno?

Se ha subvertido el sistema democrático; se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Se han roto las reglas de juego y se pretende que solo una de las dos partes las siga respetando. Cuando esto es así, es que el Sistema ha abandonado a la ciudadanía y es cuando cabe la protesta, por justicia social.