Podríamos
pensar que a estas alturas de la historia los derechos humanos
estarían a salvo, reconocidos por las naciones del mundo y
disfrutados por toda la humanidad. Pero no es así; están pisoteados
en buena parte del mundo y perseguidos quienes los defienden y
proclaman. Los derechos humanos no están universalmente protegidos.
"Considerando que la libertad, la justicia y
la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana". Así comienza el Preámbulo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas,
adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Como
resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la
comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más
atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Ya vemos como se ha
venido cumpliendo en la historia desde entonces ese compromiso.
Las guerras son el sino de la humanidad.
La
Declaración de Naciones Unidas, proclama "como ideal común por el
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios
colocados bajo su jurisdicción".
Para conocer cual es la trágica realidad por
la que atraviesan los Derechos Humanos en el Mundo, me voy a referir
al
Informe Anual 2020/2021 de Amnistía Internacional.
El informe recorre las vulneraciones de derechos humanos. El año
2021 debería haber sido un año de recuperación. "En cambio, se
convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor
inestabilidad". España también aparece en el Informe.
El
informe 2021, publicado en marzo de 2022, muestra que las promesas
de reconstruir las sociedad mejor tras la pandemia de COVID-19 se
quedaron en palabras huecas. Las esperanzas de cooperación global se
desvanecieron ante el acaparamiento de vacunas y la avaricia
empresarial. Los gobiernos reprimieron las voces independientes y
críticas, y algunos llegaron a utilizar la pandemia como pretexto
para reducir aún más el espacio de la sociedad civil. Surgieron
nuevos conflictos y se perpetuaron otros no resueltos. Las personas
obligadas a huir se vieron sometidas a una cadena de abusos, tales
como expulsiones sumarias ejecutadas por los países del llamado
Norte global.
La
inacción global a la hora de abordar los conflictos que se
multiplicaban, aumentó la inestabilidad y la devastación. La
ineficacia de la respuesta internacional a estas crisis quedó
patente con la parálisis en el Consejo de Seguridad de la ONU, que
no actuó en relación con las atrocidades que se estaban cometiendo
en Myanmar, ni con las violaciones de derechos humanos en Afganistán
o los crímenes de guerra en Siria. "Esta vergonzosa inacción, la
parálisis continuada de los organismos multilaterales y la ausencia
de rendición de cuentas de Estados poderosos contribuyeron a
preparar el terreno para la invasión de Ucrania por Rusia, que ha
violado de forma flagrante el derecho internacional".
En 2021
hubo desplazamientos masivos causados por crisis tanto emergentes
como ya arraigadas. La situación de países como Afganistán, Etiopía
y Myanmar dio lugar a nuevas olas de desplazamiento. Miles de
personas continuaron abandonando Venezuela, y sólo el conflicto en
curso en República Democrática del Congo llevó a 1,5 millones de
personas a huir de su hogar en 2021. Millones de personas tuvieron
que dejar sus países debido a violaciones de derechos humanos
relacionadas con conflictos y violencia, con desigualdades, y con el
cambio climático y la degradación ambiental; entre los grupos más
afectados por el desplazamiento se hallan las minorías étnicas.
Según el
ACNUR, a mediados del año pasado había 26,6 millones de personas
refugiadas y 4,4 millones de solicitantes de asilo en todo el mundo.
La comunidad internacional no proporcionó el apoyo adecuado y, lo
que es peor, restringió el acceso a las zonas seguras. Las personas
en movimiento se vieron además sometidas a una cadena de abusos, y
la comisión sistemática de violaciones generalizadas de derechos
humanos, tales como expulsiones sumarias, tortura y violencia sexual
no fue castigada.
La
tendencia global a amordazar las voces independientes y críticas
cobró fuerza en 2021, cuando los gobiernos desplegaron un abanico
creciente de herramientas y tácticas. Defensores y defensoras de los
derechos humanos, ONG, medios de comunicación y dirigentes de la
oposición fueron objeto de detención ilegítima, tortura y
desaparición forzada, muchos bajo la cortina de humo de la pandemia.
Mediante
falsas promesas de una recuperación justa de la COVID-19 con miras a
abordar desigualdades profundamente arraigadas, los dirigentes del
mundo se confabularon con gigantes empresariales para acaparar poder
y beneficios. El fracaso total de la comunidad global a la hora de
afrontar la multiplicación de conflictos sembró las semillas de una
escalada aún mayor. Su impacto perjudicó a las comunidades más
marginadas del mundo, incluidas las de África, Asia y América
Latina.
Según el
informe de Amnistía Internacional, en España, las autoridades no
garantizaron el acceso adecuado a los servicios de salud durante la
pandemia. Persistió la violencia contra las mujeres, aunque se
tomaron medidas para reforzar las salvaguardias jurídicas. El
derecho a la vivienda sigue sin estar suficientemente protegido.
Continuó sin reformarse la legislación que restringía indebidamente
el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Persistió el uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley. Las autoridades no garantizaron unas
condiciones de acogida adecuadas y un procedimiento de asilo justo y
eficaz a las personas que llegaron de forma irregular a las islas
Canarias. El gobierno aprobó un proyecto de ley sobre los derechos
de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, aunque los
tribunales seguían negándoles el acceso a la justicia.
Persistieron los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza
por las fuerzas de seguridad. Amnistía señala que en febrero, un
agente de policía disparó contra las personas que se manifestaban en
Linares, en protesta por la agresión a un hombre y su hija por dos
agentes de policía fuera de servicio. Una investigación interna
concluyó que no era posible identificar al agente que había
disparado. El Ministerio del Interior rechazó la recomendación del
Defensor del Pueblo de adoptar mecanismos para impedir la asignación
incorrecta de munición y garantizar la identificación de los
agentes.
También
en febrero, una mujer perdió un ojo por el impacto de una bala de
goma disparada por la policía autonómica catalana durante las
protestas que siguieron a la detención del rapero Pablo Hasél. Se
abrió una investigación judicial. No se reformó y siguió aplicándose
la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y las disposiciones del Código
Penal que restringen indebidamente el derecho a la libertad de
expresión y de reunión pacífica. El rapero Pablo Hasél empezó a
cumplir su condena de nueve meses de prisión por los delitos de
enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y contra las
instituciones del Estado, por sus publicaciones en Twitter.
Del
seguimiento realizado en 154 países, se desprende que los derechos a
la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica se vieron
reprimidos a niveles alarmante en el mundo. El 43% de los países
analizados por Amnistía Internacional, aprobaron nuevas leyes que
restringían a las personas la expresión pacífica de sus derechos. En
el 55% de los países se hizo un uso excesivo o innecesario de la
fuerza contra manifestantes. En el 54% se detuvo arbitrariamente a
quienes defendían los derechos humanos
Debemos
luchar contra todos y cada uno de sus intentos de acallar nuestras
voces. Hay que apoyar cualquier acción de solidaridad con los
movimientos populares con el propósito de exigir respeto al derecho
a la protesta. Debemos construir y potenciar la solidaridad global,
porque los líderes políticos del mundo no terminan de hacerlo.
La piedra
angular de la libertad para vivir en dignidad es el marco
internacional de derechos humanos. El estado de derecho exige que
los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas
sean compatibles con las normas de derechos humanos, incluidos los
principios básicos de igualdad ante la ley, rendición de cuentas
ante la ley y equidad en la protección y reclamación de los
derechos.
No puede
existir estado de derecho en las sociedades si no se protegen los
derechos humanos y viceversa. El estado de derecho es el mecanismo
de aplicación de los derechos humanos, convirtiéndolos de un
principio en una realidad.
