En España ha comenzado la guerra de los impuestos, que no terminará hasta la celebración de elecciones municipales y autonómicas del próximo año, prologándose hasta las próximas generales. Lo que quiere decir que los impuestos se han convertido en arma políticamente electoral.

El Estado de las autonomías que desarrolla el Título VIII de la Constitución está inacabado. Eso pretendían los padres de la Constitución que no sabían como meterle mano allá por 1978.Las demandas pasaban desde el Estado unitario franquista al Estado federal que defendían las fuerzas nacionalista y de izquierdas, incluido el PSOE del momento. El resultado, un Estado multinacional, sin competencias territoriales, que se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos cuarenta y cuatro años. Si no había competencias transferidas, tampoco financiación. Fue un problema entonces y lo sigue siendo ahora. La política fiscal es el gran debate y se puede abordar desde la coyuntura económica o desde el modelo de Estado, centralizado o descentralizado.

Se ha iniciado una escalada entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sobre quien baja más impuestos, que afecta especialmente al de Patrimonio. Moreno Bonilla ha decidido librar del impuesto de Patrimonio a 20.000 andaluces, chocando con otras autonomías. Parece que están compitiendo en quién es capaz de reproducir un paraíso fiscal a imagen de aquellos del exterior para librar a los más ricos del pago legal de impuestos

Moreno Bonilla, apoyado por la dirección natural del PP y apoyado por otros tantos presidentes de Comunidades, parece como que el asunto es un derecho natural y no lo es. En estos momentos históricos, los gastos de una guerra en Europa y los gastos derivados de la inflación, eliminar impuestos va en contra de toda lógica y en contra de las recomendaciones de organismos como el FMI o la OCDE. Si todas las autonomías bajan impuestos, habrá que eliminar gastos en los presupuestos, como ya hace el Gobierno de Madrid en sanidad, hospitales, medicamentos, educación, dependencia, paro, carreteras, residencias o ayudas sociales.

Andalucía quiere atraer empresarios, y ha puesto el foco en los que están instalados en Catalunya. El Gobierno andaluz ha lanzado una campaña para atraer empresas que consiste en la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio y una bajada de los tres primeros tramos del IRPF. Para que no quede duda de sus intenciones, el Gobierno andaluz abrirá una delegación en territorio catalán para captar inversiones. No obstante, no está claro que consiga atraer el perfil deseado: empresarios que generen actividad económica y empleo. Si algo parecido hubiera hecho Catalunya, no solo pedirían la aplicación del artículo 155 de la Constitución  como ya ocurre, lanzarían sus tropas de asalto para eliminar todo rastro de nacionalismo.

Para tener un Estado del Bienestar fuerte hacen falta recursos públicos. La guerra iniciada por el Partido Popular con el tema de los impuestos es lamentable. Pretenden dar más privilegios a las clases privilegiadas, suprimiendo el Impuesto de Patrimonio, que solo paga el 0,2% de lo más ricos en Andalucía, en lugar de atender a las más de 400.000 ayudas a la dependencia aún pendientes de tramitar por la Junta de Andalucía, lo que demuestra que hacen política para una minoría a costa de la mayoría social.

El PP, en su irresponsabilidad política, busca el enfrentamiento territorial. Moreno Bonilla decide regalar a 20.000 andaluces afortunados, entrando al choque con otras autonomías, como Cataluña, inaugurando por segunda vez una especie de subasta de ricos entre Comunidades Autónomas, haciendo un llamamiento para que los empresarios se instalen en Andalucía. Madrid fue la pionera de rebajar impuestos, ahora, Andalucía, secundado por Murcia y Galicia. La Junta apruebó la mayor rebaja fiscal de la historia de Castilla y León, convirtiéndose en la segunda Comunidad con el tipo de gravamen más bajo de España, después de Madrid.

Los últimos datos estadísticos sobre el Impuesto sobre Patrimonio que ha publicado la Agencia Tributaria constatan los efectos que esta política fiscal tiene sobre las clases más privilegiadas. Durante 2020, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso libró de pagar 992 millones de euros a 18.225 contribuyentes que declararon patrimonios millonarios. La bonificación alcanzó, de media, los 54.431 euros, según las cifras oficiales. Madrid era, hasta hace unos días, la única autonomía que bonificaba al 100% este gravamen, lo que supone, de facto, suspender el impuesto que grava a las grandes fortunas. Si bien, están obligados a presentar esta declaración aquellos que tengan más de dos millones de euros, mientras que en otros territorios el mínimo se sitúa en 700.000 euros. Con el anuncio de Juan Manuel Moreno Bonilla de sumarse a la política fiscal de la Comunidad de Madrid y suprimir este impuesto, ha resucitado un debate recurrente. El de la competencia fiscal a la baja, que hace que decisiones como las de Andalucía o Madrid lastren la financiación de otras comunidades.

El impuesto del patrimonio fue eliminado en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista lo calificó de desigual y criticó que penalizara el ahorro: “Eliminaremos el impuesto sobre el patrimonio para todos los ciudadanos de este país. Prácticamente un millón de ciudadanos, fundamentalmente clase media”, dijo en un acto pocos meses antes de las elecciones generales de 2008.

El presidente Pedro Sánchez ha hecho una referencia a la competencia fiscal a la baja que se está dando entre las comunidades y ha apostado por un modelo que fortalezca el Estado de bienestar, haciendo un paralelismo entre las dos crisis que ha enfrentado España en esta década. La que tenía lugar en 2008 y la que dejan ahora la pandemia y la guerra en Ucrania. Crisis, hay muchas, pero solo hay dos respuestas posibles, ha señalado el presidente, la “basada en el individualismo y la insolidaridad” de hace diez años o la actual, que ha asegurado que se está encarando con “determinación, con unidad, con solidaridad y con sensibilidad social”.

El Gobierno apunta a un nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas. Unidas Podemos lleva tiempo proponiendo un impuesto a los ricos que el PSOE había rechazado bajo la premisa de que estaba elaborando una propuesta de reforma fiscal amplia. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que se acerca el momento: El Gobierno de España trabaja en estos momentos de dificultad en pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo. Unidas Podemos, ha valorado positivamente que la titular de Hacienda se abra a la posibilidad de subir los impuestos a las grandes fortunas.

La Comunidad califica de injusto y destructivo el impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Gobierno. Por su parte el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha resaltado que el nuevo impuesto a las grandes fortunas anunciado por la ministra de Hacienda, es un error y una equivocación, recordando que en Europa el Impuesto de Patrimonio solo está en España.

Garamendi no dice toda la verdad; actualmente, este impuesto se aplica en España, Noruega y Suiza. Noruega aplica una retención del 0,95% a los patrimonios superiores a 180.000 euros y el 1,1% a los que traspasan la barrera de los 2,1 millones de euros, mientras que en Suiza varía en cada cantón. Lo cierto es que la popularidad de este impuesto ha ido decayendo durante las últimas décadas. En 1990 lo aplicaban en su totalidad doce países de la OCDE. Un análisis elaborado para la comisión de Presupuestos de la Eurocámara en 2021 achaca la decaída a la combinación de una mayor competencia fiscal internacional con los bajos niveles de recaudación y a los altos costes administrativos.

El Impuesto grava a las rentas altas, ya que se impone sobre el patrimonio neto de las personas físicas, el conjunto de bienes y derechos de contenido económico que posee cada una. Este impuesto se aplica en todo el territorio nacional y sus competencias corresponden a las comunidades autónomas.

Suprimir el impuesto patrimonio atrae ricos, pero no riqueza, merma la recaudación y aumenta la desigualdad.