Tenemos por delante un otoño caliente,
tiempo de confrontación política, en el que los partidos comienzan sus
estrategias posicionándose de cara a unas elecciones autonómicas y
municipales que se celebrarán dentro de ocho meses. Antes hay que
culminar la legislatura, con el reto de la aprobación de los
Presupuestos para 2023 y otras leyes importantes como la ley mordaza.
Se ha producido un
desembarco de Moncloa
en Ferraz,
con el objetivo de coordinar mejor sus
políticas; con un comité de dirección formado casi en su totalidad por
integrantes del Gobierno. El PSOE se ha activado en modo electoral.
"Vamos a por todas" o "toca meter una marcha más" son las consignas.
Mientras el presidente Pedro Sánchez suma éxitos internacionales, en
España no atraviesa el mejor de sus momentos. Según las últimas
encuestas, la victoria de Feijóo otorgaría al PP 134 escaños mientras
que el PSOE se haría con 92. Por su parte, Vox conseguiría 51, Unidas
Podemos 25 y Más País, 4. Ciudadanos se quedaría fuera del hemiciclo.
Mientras la vida política continúa, en alguna
ocasión al margen de los intereses generales, la escalada de la
inflación, está haciendo la vida muy difícil para la mayoría de la
ciudadanía. Especialmente a los que menos recursos tienen, que va en
aumento.
La subida del coste de la vida, con una inflación desbocada, no se ve
acompañada por incrementos salariales, que
amortigüen el efecto en las economías domésticas, lo que nos lleva a
un otoño caliente para exigir que los salarios suban al ritmo de la
inflación que este mes se ha situado en el 10,4% sin control.
Núñez Feijóo, desde la dirección
nacional del Partido Popular ha dado la cara. De aquel líder, que
mostraba una cara amable y moderada, que apareció para sustituir a
Pablo Casado (todavía no tengo claras las causas de su sustitución),
se mantiene en "no a todo", mostrando un cinismo que no engaña. En
Génova han elegido la crisis energética para dar la batalla al
Gobierno y nada hace pensar que cambien su estrategia. De propuesta,
contradicción a nueva propuesta, así es su acción errática. El giro de
Bruselas sobre la excepción ibérica ha obligado a los populares a
modular su discurso y ahora defienden que fueron los primeros en
proponer la intervención del mercado eléctrico.
Feijóo sigue enfangando el escenario sobre la
renovación de los órganos constitucionales. Pablo Casado alcanzó un
acuerdo con el Gobierno para reformar la ley del Poder Judicial que
nunca se hizo público. Asegura que en el traspaso de poderes se
informó al equipo de Feijóo y se les dio el documento firmado. La
dirección de Feijóo lo niega, a pesar de que
El País lo ha hecho público. Las
conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ siguen
estancadas, sin que el PP argumente su posición. No se escapa que la
decisión de no renovar lo hace para no perder su mayoría conservadora
en el órgano de los jueces.
Unidas Podemos centrará sus esfuerzos en
los Presupuestos Generales del Estado. Pedirá desbloquear e impulsar
normas como la ley de vivienda o la derogación de la ley mordaza,
paralizadas en el Congreso de los Diputados. También insistirá en la
aprobación de la ley de familias para establecer una renta universal
por crianza y la ampliación a seis meses de los permisos de maternidad
y paternidad. Igualmente aspira a completar la reforma fiscal con
modificaciones en el Impuesto de Sociedades para mejorar su eficacia
recaudatoria, y con un impuesto que grave la riqueza, que se añadirán
a los impuestos a las grandes eléctricas y a las entidades
financieras.
En este clima preelectoral, estará
presente la evolución de la pandemia del coronavirus y si comenzará o
no la cuarta dosis de vacunación. Las consecuencias de la guerra
prolongada entre Rusia y el mundo, desarrollada en suelo ucraniano; la
evolución de la inflación, o la entrada de la economía española en
recesión; el aumento de los tipos de interés, la alteración del
contexto geopolítico y la crisis energética, son otros de los asuntos
que alterarán la agenda política en el nuevo curso político.
Los próximos meses estarán marcados por
la incertidumbre y los riesgos, agravado por la fuerte división
motivada por la pelea sin cuartel que libran un PSOE y PP incapaces de
llegar a un mínimo acuerdo sobre todo. El PSOE está dispuesto a dar la
batalla y desgastar a un Feijóo al que acusan de “mentir”, ser un
“populista” y emular al mismísimo Donald Trump. El Ejecutivo seguirá
la línea de lanzar políticas nítidamente progresistas para activar a
una izquierda muy pendiente de si Yolanda Díaz será capaz de
reorganizar el espacio político a la izquierda del PSOE.
El rechazo de Unidas Podemos y el resto
de socios complica el incremento del gasto militar en los Presupuestos
y será otro motivo de confrontación. Moncloa da por hecho que el
Gobierno cumplirá el compromiso de Sánchez de aumentar el presupuesto
en Defensa en las cuentas de 2023, pese a las resistencias explícitas
de los aliados.
Otra medida que llevará a la
confrontación es la futura ley de Información Clasificada (secretos
oficiales), cuyo proyecto contiene múltiples medidas que amenazan la
libertad de información y de expresión, así como al control
ciudadano sobre cualquier vulneración de las libertades públicas que
el Ejecutivo, sea de color que sea, quiera ocultar. Seguirá ocultando
o limitando determinadas acciones del franquismo.
Mientras se posicionan sobre medidas
concretas, las municipales y autonómicas de mayo serán una prueba de
fuego y un termómetro para medir la fortaleza de cada partido, que
tendrá su repercusión directa en los resultados de las elecciones
generales. Yo pediría un poquito de amabilidad, respeto y más
eficacia. |