Grandes esperanzas había despertado la proclamación de la República
aquel 14 de abril de 1931. El rey Alfonso de Borbón había abandonar
precipitadamente España suspendiendo deliberadamente el ejercicio
del Poder Real, tras conocer los resultados de las elecciones
municipales, celebradas dos días antes.
Ya
me he referido a este tema, pero un año más no puedo sustraerme a no
recordarlo. El modelo republicano debe ser políticamente abierto,
participativo y por tanto democrático; un modelo en el que la
ciudadanía sea crítica y responsable; un modelo sustentado por
principios y valores de libertad, igualdad y justicia social; y que
éstos sean blindados por la Constitución, para evitar que los
gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del propio Estado
republicano.
Con
la proclamación de la República se abrían inmensas perspectivas de
cambios políticos, económicos y sociales, pospuestos durante
decenios. Se iniciaron las reformas políticas necesarias, mediante
un cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y
culturales, para poner a España en la senda de la modernidad. Poco
tiempo duró todo. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la
guerra que provocó, rompieron la esperanza.
El
sistema político republicano moderno, se identifica con un sistema
de valores, como expresión de la voluntad libre y soberana de la
ciudadanía: el pueblo se gobierna a través de representantes
elegidos democráticamente y la igualdad de oportunidades como
esencia de sus principios. En este sistema, la jefatura del estado
también es elegida, y no hay rey o líder que guíe, arbitre o
gobierne; no hay persona o figura que esté por encima de la ley, ni
irresponsable ante ella.
A
lo largo de la historia, el concepto y la idea republicana han
evolucionado, pero hay un hilo conductor: el pueblo que se
autogobierna y protege la libertad, como acto contrario a la
dominación. Se fundamenta en el derecho y el imperio de la ley, y
todos iguales ante ella; la igualdad de oportunidades como esencia
democrática; la participación ciudadana, como marco de referencia;
los derechos civiles y la transparencia, como oposición a la
corrupción política.
Una
república en si misma, no es garantía de bienestar o de democracia;
son sus valores los que dan carácter al modelo y la ejemplaridad de
los servidores públicos. Son las garantías para ejercer los derechos
los que dan la dimensión exacta del sistema. Una monarquía
(parlamentaria o constitucional) puede ser democrática en su
ejercicio, si el pueblo así lo ha decidido, pero la monarquía, que
es un símbolo que transmite su poder por la herencia de la sangre,
está muy alejada de los principios de igualdad ante la ley y de
igualdad de oportunidades. La monarquía es antidemocrática por
naturaleza, opaca por convicción, y alejada de los intereses de la
ciudadanía.
El
acceso a la jefatura del estado, como a cualquier otro órgano de
representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a
la libre y democrática elección ciudadana. «Las magistraturas
vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo
de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad
del pueblo en cada momento histórico», decía Luis Gómez Llorente
(Socialismo y República). Ninguna generación puede comprometer la
voluntad de las generaciones sucesivas; son éstas las que deben
proyectar su futuro libremente, sin ataduras del pasado.
En
el republicanismo se conjugan las ideas de honestidad, integridad,
honradez, lealtad y justicia en el gobierno de la cosa pública. Esta
idea está entroncada en la filosofía de la república griega y
romana, pasando por Maquiavelo; está presente en la «Revolución
Francesa», en los pensadores antimonárquicos ingleses del siglo XVII
y la Ilustración radical. Los padres de la constitución americana la
llevaron a los altares del liberalismo. El mejor gobierno es el de
la ciudadanía para si misma.
Podría parecer que la Constitución española está inspirada en estos
principios y hechos históricos, pero no es cierto. El modelo
español, sigue el hilo de la evolución de la monarquía absoluta: el
rey es el que va cediendo su soberanía procedente de «dios»; no es
el pueblo soberano quien otorga el mandato del poder. La
Constitución española declara que la soberanía nacional reside en el
pueblo y que de él emanan los poderes del Estado. La monarquía
parlamentaria a la que refiere la Constitución, fue instaurada por
Franco, mediante las leyes fundamentales.
En
el artículo 56.3 se dice que La persona del Rey es inviolable y no
está sujeta a responsabilidad. El rey se sitúa por encima de la ley,
no está sujeto a su mandato, y por tanto encima de todos los
españoles. Sin hablar de los comportamientos –incluso los
criminales–, que no quedan sujetos a las leyes que a todos nos
afectan. Por encima queda, cuando se dice que La Corona de España es
hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica –hoy encarnada en Felipe
VI y su descendencia–; es decir: es heredera de la monarquía
absoluta de Fernando VII y sus antecesores imperiales, la
irresponsabilidad de Isabel II, la caciquil de la Restauración y la
dictadura diseñada en las leyes franquistas.
La
idea sobre la libertad en el republicanismo, no es la que se
entiende desde el liberalismo; sino que presenta una visión del ser
humano, como una manifestación de la vida social. En este espacio,
la política es una actividad en la que los ciudadanos desarrollan
sus potencialidades individuales; frente a la concepción del
liberalismo, que entiende que la única actitud posible por parte de
la ciudadanía es la resistencia pasiva frente a un Estado. El Estado
tiene que ser garante del bienestar general y en particular de los
más desfavorecidos socialmente.
En
el republicanismo la política es una actividad digna, honesta y de
responsabilidad. La ciudadanía es militante político ante el grupo
social, donde su opinión se deja sentir y es tenida en cuenta
constantemente, en las decisiones que determinan la actividad del
Estado. La democracia adquiere un carácter deliberativo, permitiendo
que todas las decisiones públicas sean producto de una reflexión, en
la que la totalidad de la ciudadanía participa responsablemente. La
libertad es entendida, no como que la sociedad no pueda tomar
decisiones contrarias a las voluntades individuales, sino como que
estas decisiones, no deben interferir arbitrariamente en el ámbito
de lo privado.
Nadie puede decidir por el individuo, en lo que respecta a sus
propios intereses, y ninguna pauta de comportamiento es excluida, en
tanto que no perjudique a los intereses de los demás. La diversidad
y la disidencia, son valores que los republicamos entendemos
asociados a una concepción laica del individuo, que no acepta más
normas morales que las que dicta su razón. Un pleno ejercicio de
libertad para todos y plena conciencia de pertenecer a la comunidad,
sólo es posible si hay igualdad suficiente. En una sociedad, en la
que la igualdad sea real y efectiva, no surgirán enfrentamientos y
disensiones por las diferencias, que no son sino afrentas para los
que menos tienen.
Es
tarea fundamental del Estado garantizar la igualdad de oportunidades
y que las diferencias económicas y de poder, sólo vengan dadas por
el mérito o el trabajo. Para ello el sistema educativo público debe
ser de la máxima calidad y atractivo para todas las clases sociales,
de manera que sea una experiencia de convivencia entre los diversos
grupos. Es necesaria la igualdad porque todos los seres humanos
somos iguales, y es necesaria la libertad porque todos somos
diferentes. Cada persona es responsable de encontrar su propio
camino hacia la felicidad, pero la sociedad, a través del Estado, es
responsable de reducir la improbabilidad de conseguirlo; y que el
bienestar de unos no se haga a costa de la pobreza de otros.
La
monarquía atenta contra la democracia participativa; no premia las
capacidades, sino la herencia de la sangre. Estoy convencido de que
no se terminaran los males de España por instaurar una República;
pero sería un principio. Soy republicano por sus principios y
valores; por convicción.
