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Recuerdan
aquel lema que decía: Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía. Pues
vuelve a escucharse, pasados más de cincuenta años. La amnistía vuelve
a resonar como reivindicación de diversas fuerzas políticas, como
condición para investir al presidente del gobierno Pedro Sánchez. En
1977 se perseguía el borrón de los delitos contra el franquismo, en
una democracia en igualdad de condiciones. La amnistía era una
aspiración democrática y se consiguió, constituyendo un triunfo de la
izquierda, Ahora amnistiar a los responsables del proces.
Las calles
ardían, especialmente en el País Vasco, y obligaron al recién elegido
presidente Adolfo Suárez, a aprobar un decreto en julio de 1976 que
liberaba a presos políticos que no hubieran cometido delitos de
sangre. Antes, en 1975, poco tiempo después de la muerte del dictador
y con motivo del acceso de Juan Carlos I a la corona, se promulgó un
indulto que sacó de prisión a más de 5.000 condenados.
La Ley de
Amnistía (Ley 46/1977, de 15 de octubre) fue una norma jurídica con
rango de ley, que entró en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado el 17 de octubre. La ley establecía la
amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados
delitos por la legislación ejecutados hasta el 15 de junio de 1977,
fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras
cuarenta años de dictadura. También amnistiaba a las autoridades,
funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o
faltas durante la persecución de actos políticos o hubieran violado
los derechos de las personas. El acuerdo para aprobar la ley pretendía
eliminar algunos efectos penales que hicieran peligrar la
consolidación de la incipiente democracia.
El proyecto
de Ley de Amnistía fue presentado por Rafael Arias Salgado, portavoz
de UCD, como "el presupuesto ético-político de la democracia a la que
aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que,
fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos
separaron y enfrentaron en el pasado". La comisión que había redactado
el proyecto de ley la habían compuesto Pilar Brabo y Marcelino Camacho
(PCE), Xabier Arzallus y Mitxel Unzueta (MVC), Plácido Fernández
Viagas y Pablo Castellano (PSOE) y Donato Fuejo del Grupo Mixto.
Tuvo una
oposición vehemente por parte de los parlamentarios de Alianza Popular
(antecedente del Partido Popular actual). Su portavoz en el debate, el
exministro franquista Antonio Carro, dijo que la ley se traduciría en
"un fermento de la inseguridad social, en la institucionalización del
desconocimiento del Estado de Derecho y en una profunda erosión de la
autoridad" y que su aprobación significaba deslizarse por el plano
inclinado del menosprecio de las leyes, del desgobierno y de la
anarquía. Por su parte Manuel Fraga, afirmó que el efecto principal de
la ley sería "dar ánimos a los terroristas". Poco ha cambiado la
derecha en su discurso de oposición. Finalmente, el texto que suponía
la amnistía de todos los represaliados por el franquismo y también de
los cuerpos policiales franquistas, salió adelante con 296 votos a
favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo.
Y que
tenemos hoy por delante. Una reivindicación de los partidos
independentistas catalanes, encabezado por el expredident Carles
Puigdemot, que aprieta y retrasa la investidura, con el ánimo de
ampliar la aplicación de la amnistía. Todo está por ver y cualquier
cosa puede suceder.
No parece que haya riesgo de ruptura en la
negociación entre el PSOE y Junts. El escenario de una repetición
electoral es aún remoto.
Sin embargo, en estos últimos días la negociación atraviesa sus horas
más complicadas. Tras la defensa de la ley
de amnistía que hizo Pedro Sánchez y de la foto del número tres del
partido con Carles Puigdemont, en el PSOE llegaron a vislumbrar una
investidura inminente, pero ahora los socialistas asumen que los
escollos pendientes son escasos pero profundos y que Puigdemont, que
no comparte sus prisas, está decidido a marcar los tiempos.
El PP
considera un ataque a la democracia el acuerdo para la amnistía y pide
repetir elecciones. Los populares acusan a Pedro Sánchez de anunciar
el acuerdo con ERC de la ley para la medida de gracia a los encausados
por el procés con nocturnidad y alevosía. Todavía no hay un documento
formal sobre la amnistía, pero el PP ya se prepara. Preparan
iniciativas tanto en el ámbito nacional como europeo. El PP defiende
que la amnistía que se le concedería a Carles Puigdemont también es
por malversar fondos públicos, por lo que entraría en delitos
previstos en la legislación europea y no podría concedérsele.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha
presentado en el registro de la Cámara, para su debate en el pleno,
una moción en la que manifiesta su absoluta reprobación a toda
negociación política que incluya la amnistía, expresa o velada, como
contrapartida para conseguir los apoyos parlamentarios para la
investidura. De este modo hará que
todos los grupos se posicionen sobre la amnistía como pago político
para la investidura. También el PP rechaza
cualquier forma de indulto o beneficio judicial que, de un modo u
otro, busquen favorecer a las personas encausadas por el proceso
ilegal de sedición perpetrado en Cataluña; así como las modificaciones
legislativas llevadas a cabo por Pedro Sánchez para beneficiar a los
responsables del procés, como la eliminación del delito de sedición y
la reducción de las penas por malversación.
La oposición a la amnistía tiene enfurecidas a
la derecha y a la extrema derecha, que se han echado a la calle para
denunciar una amnistía, sin conocer realmente los acuerdos y el
alcance que puede tener.
Al menos 800 personas, según la Policía, se han concentrado ante la
sede del PSOE de Madrid para protestar
contra la ley de amnistía y pedir la dimisión del presidente en
funciones, que le califican como el peor de los últimos cien años.
Pancartas con los lemas Sánchez dimisión y No a la amnistía se han
acumulado en la calle Ferraz. Vox ha dicho que esta manifestación no
es más que el principio y ha llamado a una movilización permanente.
Están dispuestos a todo.
Y frente a
esta oposición de la derecha reaccionaria, franquista y
antidemocrática, a la que se han sumado los vocales conservadores en
el Consejo General del Poder Judicial, están insignes y destacados
juristas que defienden el acuerdo sobre la amnistía. Es el caso de
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo
que defiende que la amnistía cabe en la constitución española: "La
amnistía tal y como la hemos concedido a lo largo de nuestra historia
es perfectamente posible, otra cuestión es su oportunidad política o
su tramitación". En su opinión es una ley y el parlamento es soberano
en un país democrático, por lo que si el parlamento con 176 votos
aprueba una ley de amnistía no hay ningún problema de
inconstitucionalidad.
Para Joaquín Urias (profesor de Derecho
Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional), la
amnistía supone asumir, implícitamente, la injusticia o la
inadecuación del régimen jurídico vigente hasta el momento.
Por eso resulta lógica al terminar un régimen dictatorial cuando, en
palabras del Tribunal Constitucional, se hace un juicio crítico sobre
toda una etapa histórica. En el caso español, aunque todo el entramado
jurídico de la transición se base en la idea de cambiar de régimen sin
romper nunca con las normas vigentes, es evidente que las leyes
franquistas no eran democráticas. Ni fueron aprobadas por un poder
democrático ni muchas de ellas resultaban, materialmente compatibles
con un sistema basado en los derechos fundamentales. La Amnistía de
1977, aunque pagara el peaje del perdón de los represores, respondía a
la idea de que la transición no podía pasar por alto el carácter
dictatorial y antidemocrático de las normas que castigaron a quienes
luchaban por la libertad y el pluralismo.
Nada en
nuestro texto constitucional permite entender que exista una
prohibición general de la amnistía. Mientras se aprobaba la
Constitución de 1978, las propias Cortes Constituyentes, que discutían
el que sería el texto definitivo de nuestra Carta Magna, elaboraron
también una ley de amnistía. Nunca les pareció nada contradictorio. De
hecho, cuando los padres de la Constitución abordaron la cuestión en
la ponencia, decidieron por unanimidad no constitucionalizar el tema.
Es decir, dejarlo en manos de la ley, sin establecer cauces y límites
constitucionales, ni prohibirlo.
El
Parlamento tiene opciones suficientes para imponer su voluntad, que es
la voluntad democrática de toda la sociedad. Y puede conseguir que la
mayor parte de las personas inculpadas por hechos relacionados con el
1-O dejen de estarlo, siempre y cuando se haga mediante la aplicación
general de una legislación penal más favorable. Esa parece la vía más
realista en estos momentos para ir acercando posiciones en este
conflicto
Sería
razonable aprobar y aplicar la ley de amnistía, y esperar a conocer
sus resultados, como ha ocurrido con los indultos, no sólo para
facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino para reponer la
justicia y la convivencia, devolviendo a la política lo que nunca
debió salir de su ámbito. |
