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El derecho a decidir se puede ejercer en
el actual marco constitucional, desde una perspectiva dinámica y viva,
como corresponde a un Estado social y Democrático de Derecho. Es
urgente el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a
decidir, por el bien de todas y todos. El tema estuvo en el pasado y
sigue estando en los debates políticos actuales. Feijóo, admite que
hace falta buscar un encaje del problema territorial de Cataluña
dentro de la Constitución, lo que es reconocer que el problema existe
y hay que darle una solución, lo que no se hizo en la Constitución de
1978.
Las declaraciones de Feijóo desde Santa
Cruz de Tenerife proponiendo un nuevo encaje al problema territorial
catalán sorprendían negativamente en el PP catalán, ya que han
remarcado que el encaje de Cataluña ya está perfectamente definido en
la Carta Magna. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere
Aragonès, ha respondido al líder del PP, que Catalunya no aspira a
buscar un encaje: No aspiramos a encajes, nosotros lo que queremos es
decidir. Catalunya como nación debe decidir su futuro, no buscar
encajes; y será decisión de la ciudadanía de Catalunya.
En su artículo 2, la Constitución
española establece que se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones; sin terminar de explicar el concepto
nación, nacionalidades o región. Conceptos ambiguos, con múltiples
interpretaciones y connotaciones políticas. Fue la solución
consensuada en 1978, al tan traído tema de la unidad de España,
superando el concepto utilizado por la dictadura: España, unidad de
destino en lo universal, que diciendo mucho supuestamente, no
terminaba de saberse que quería de decir en su más estricto sentido.
Además, con la fórmula que se adoptó, se salvaba la situación creada
durante la Segunda República Española con Cataluña, País Vasco y
Galicia. Hoy las ideas siguen encendidas, los intereses vivos y la
unidad de la nación y la existencia de nacionalidades cuestionada.
El término nación tiene, al menos, dos
diferentes acepciones: político–jurídico y socio–ideológico. Anthony.
D. Smith define la nación como una comunidad humana con nombre propio,
asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de
antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos
de una cultura compartida y un cierto grado de solidaridad, al menos
entre sus élites. Generalmente la nación surge sobre bases
mitológicas, cuentos fantásticos de batallas ancestrales y de héroes
poderosos o villanos, inventados para gloria de quienes lo cuentan y
para la manipulación de la voluntad de los humildes alrededor de una
bandera, que generalmente representa los intereses del poder.
La Constitución de Cádiz dedicaba sus
cuatro primeros artículos a la nación española, en términos acordes
con el principio, entonces revolucionario, de soberanía nacional. La
Constitución de 1931 constituye un precedente directo, al establecer
que la República constituye un Estado integral, compatible con la
autonomía de los Municipios y las Regiones y sobre esta base se
aprobaron los Estatutos de Cataluña (1932), el País Vasco (1936) y
Galicia (1938). Se trata del modelo que, con importantes
modificaciones, seguirán los constituyentes en 1978.
Durante el debate constituyente de 1978,
las posiciones críticas a este precepto, fueron múltiples. Se produjo
una oposición frontal al término nacionalidades por considerarlo
ambiguo, discriminatorio y peligroso, confuso e innecesario (fue la
posición de Alianza Popular). Otra posición contraria, minoritaria, de
los nacionalistas más extremos, eran partidarios de suprimir el
vocablo Nación, por entender que España no es una Nación sino un
Estado formado por un conjunto de naciones. Otra posición más ambigua
respecto a los rasgos nacionales unitarios la defendió el PNV que se
limitaba a declarar que la Constitución se fundamenta en la unión, la
solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que
integran España. Por último la Minoría Catalana defendió que aun
reconociendo la unidad nacional proponía que la Constitución se
fundamenta en la unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos y
el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran.
Llegados a este punto, me permito referirme al
artículo
De la Nación de Naciones que publiqué en
2012 y que aparece en mi libro
Reflexiones Republicanas, en el que analizo
estas ideas y conceptos que estuvieron de actualidad ya por entonces,
sobre la cuestión española, catalana y otras nacionalidades.
Han pasado cuarenta y cinco años desde
que se promulgó la Constitución española, –nacida tras una cruel
dictadura, que nos privó hasta de los más elementales derechos
fundamentales–, tiempo suficiente como para que la sociedad española
se plantee una lectura actualizada del texto, que apoyamos en aquel
tiempo, quienes anhelábamos libertad y democracia. Una buena parte de
la población de hoy, no pudieron participar en el referéndum
constitucional de 1978 y no tienen por qué asumir como suyos, ni los
miedos, ni los anhelos de entonces. Hay que abrir un Proceso
Constituyente, que de respuestas, acordes con los tiempos que corren,
a los problemas que los siglos acarrean.
Hoy es un día de fiesta e Catalunya. Un
día reivindicación y toma de conciencia colectiva, que es como darse
cuenta de las cosas tal cual son. Cuatro de cada diez catalanes creen
que Catalunya debería ser un estado independiente. El independentismo
parece que sufre un retroceso, debido a las políticas seguidas por el
gobierno progresista de coalición, aunque triplicado en los últimos
diez años. Nada es casual; cuanta más represión más ansias de libertad
y en este caso, cuanto más se hace contra el soberanismo desde las
instituciones del Estado, más ansias por ejercerlo.
Todo se remonta a cuando el rey Felipe
sometió a Catalunya y al reino de Aragón; Felipe V, el Animoso, primer
monarca en España de la casa francesa Borbón. La Guerra de Sucesión
contra el archiduque Carlos de Austria, emperador del Sacro Imperio
Romano-Germánico, supuso la perdida de posesiones en Europa, Gibraltar
entre otras. Con los Decretos de Nueva Planta, se derogaron fueros y
derechos territoriales catalanes, considerados derechos de conquista,
como castigo por su «rebelión. La Diada conmemora la caída de
Barcelona (11 septiembre 1714) en manos de las tropas borbónicas al
mando del duque de Berwick, que dirigió la represión. Franco hizo algo
parecido en el mismo territorio.
El origen de la causa catalana se
remontaba al Pacto de Génova en 1705. El reino de Gran Bretaña se
comprometía a garantizar la conservación de las Constituciones de
Cataluña y todos los derechos de que gozaban los catalanes, si se
sumaba a la causa del archiduque Carlos, en su pugna por el trono
español. En 1710, solicitó de Felipe V que concediera una amnistía
general a los austracistas españoles y particularmente a los
catalanes, permitiéndoles conservar sus fueros. La respuesta fue
tajante: Por esos canallas, esos sinvergüenzas, el rey no otorgará
jamás sus privilegios, pues no sería rey si lo hiciera, y esperamos
que la reina no nos los quiera exigir. Sabemos que la paz os es tan
necesaria como a nosotros y no la querréis romper por una bagatela. Ni
la democracia ni la decencia se conocían, de lo que algunos siguen
careciendo hoy.
Pese al tiempo transcurrido, se sigue
hablando de Felipe, Catalunya y el soberanismo, y no se ha solucionado
la razón primera. Hay intereses mutuos que defender y las normas
siguen sin dar una solución satisfactoria a todas las partes. Todos
son responsables, algunos más que otros. La fuerza se ha utilizado más
que la palabra y la violencia más que la razón. La buena fe
negociadora no ha estado presente y no se la espera.
Años después, en la historia cercana, el
14 de abril de 1931, con la proclamación de la República, Francesc
Macià proclamó la República Catalana dentro de una federación de
pueblos ibéricos, motivo de conflicto en los círculos no
nacionalistas. Todo quedó normalizado con la restauración de la
Generalidad, tras la aprobación de la Constitución de la República,
que reconocía la autonomía regional y se aprobó el Estatuto de
Autonomía de 1932. El 20 de noviembre se celebraron elecciones al
Parlamento de Cataluña, que permitieron la construcción de
instituciones propias democráticas.
El franquismo puso fin a todo. Como en
el resto de España, se anularon las libertades, los derechos, la
democracia y se eliminaron las instituciones republicanas. Con su
insulto preferido no hables como un perro, habla el idioma de imperio,
se persiguió la lengua y la cultura catalana. Los vencidos fueron
vencidos en todos los frentes. Núñez Feijóo y su partido pretenden
perpetuar esta forma totalitaria de hacer política.
Demasiada invocación a la Constitución
sobre el soberanismo y poco para defender derechos, libertades y
servicios públicos esenciales. Yo soy más, de que las aspiraciones de
la clase obrera y los marginados, se defienden mejor en el amplio
marco internacional que en el estrecho nacional. La gente, el pueblo,
la ciudadanía, deben ser libre para decidir su futuro.
No cabe encaje territorial; Catalunya ya
forma parte de España. Lo que hay que conocer es la opinión del
pueblo. No soy nacionalista ni defiendo discursos nacionales; soy
internacionalista y estoy por el derecho a decidir de los pueblos, así
como avanzar hacia la República Federal |
