"Durante
décadas, y hasta etapas muy próximas, en España se ha producido,
amparada en la impunidad, una de las mayores atrocidades que ha vivido
nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en
cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen
sin saber su paradero a día de hoy"; así comienza la Proposición de
Ley 122/000039 sobre bebés robados en el Estado español.
Los socios de Gobierno (Grupos Parlamentarios
Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) llegaron a un acuerdo
para que la
Proposición de Ley quedara desbloqueada y
siga con el trámite parlamentario correspondiente. Una norma que entró
en el Congreso hace más de cuatro años, que quedó paralizada desde
entonces, por el adelanto electoral y por las 146 ampliaciones del
periodo de enmiendas.
En su
origen, la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el
régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de
pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera. Los hijos de las
presas políticas eran entregados a familias que cumplían los
requisitos patrióticos indicados por las autoridades.
La ley
tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos
necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición del
denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de
1936, y constitutivo como delito de lesa humanidad. La Ley considera
que hay que facilitar las labores de investigación necesarias,
regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento
de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados
internacionales ratificados por España.
Desde la
Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina contra los
crímenes del franquismo (CeAqua), desde la asociación 'Todos los niños
robados son también mis niños', desde Amnistía Internacional y
asociaciones de afectados, han mostrado su satisfacción por el
desbloqueo. Lo consideran como momento histórico, para saldar las
deudas con el robo de bebés, un crimen del franquismo que permanece
impune. En febrero habían presentado 81.000 firmas solidarias
solicitando el desbloqueo de la norma, que traería justicia para las
víctimas que buscan a sus familiares.
El Defensor
del Pueblo, en su Informe Anual del primer trimestre de 2017, exponía
que los "Poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a
las víctimas y hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias,
para esclarecer los hechos denunciados; así como darles todo el apoyo
necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder
conocer a su familia biológica".
Según el
auto del Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional
de 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados
de sus madres en aquella etapa. En las décadas siguientes, la
represión ideológica, moral, religiosa y de género se cebó con las
mujeres pertenecientes a un sector vulnerable de la sociedad: madres
de familia numerosa, pobres, solteras, la mayor parte de ellas con
graves carencias económicas, culturales y educativas, que las hacía
ser un objetivo propicio. En todos estos años, la cantidad de bebés
desaparecidos fue inmensa.
En 2020, la
impunidad continúa porque estos niños y niñas que fueron robados en
cárceles, hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado
de cualquier naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz,
continúan hoy desaparecidos, siguen hoy despojados de su identidad y
su estado civil, de su derecho a saber quiénes son. El artículo 10.1
de la Constitución Española proclama el derecho a la identidad
personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad
de la persona, y los derechos inviolables que le son inherentes y son
fundamento del orden político democrático de nuestro país.
Hasta
30.000 hijos de presas republicanas fueron robados durante el
franquismo y la trama de tráfico criminal de médicos, enfermeras y
monjas católicas. Algunos casos ocurrieron cerca de mi casa, en la
maternidad de O'Donnell, Santa Cristina. Numerosos testimonios de
mujeres, recordando las vejaciones sufridas. En muchos casos, el único
delito que se les imputaba era ser esposas o hermanas de combatientes
republicanos; un hecho que para los franquistas era suficiente para
llevarlas a prisión junto a sus hijos, que al no ser registrados,
quedaban sometidos a todo tipo de actos bárbaros. El objetivo era
destruir a los rojos, robándoles hasta a sus hijos.
Durante la dictadura franquista se estableció un
plan sistemático de salvación de niños, cuyos padres, por su
ideología, eran considerados por el régimen no aptos para asumir su
cuidado. Baltasar Garzón, en uno de sus últimos autos como juez,
reclamaba «la
obligación» de investigar estas desapariciones, sustracciones y
cambios de identidad registradas durante la dictadura».
El régimen franquista invocaba la protección de los menores.
Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños
internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos
físicos y psicológicos. Para Garzón, estos actos constituyen delito,
considerados como un crimen contra la Humanidad que no prescriben.
Los niños robados hunden sus raíces en el
franquismo. Lo que al principio tuvo una carga ideológica –robo de
hijos de presas políticas y mujeres republicanas para dárselos a
familias conservadoras–, pronto se convirtió en una trama criminal con
fines lucrativos. Los casos más numerosos ocurrieron entre 1963 y
1970, aunque hay casos que llegan hasta los años 90.
El doctor Eduardo Vela es el primero que se sentó en el banquillo,
procesado por el caso de los bebés robados. Ni siquiera sor
María Gómez Valbuena llegó a ser juzgada,
pese a las decenas de denuncias contra la monja, que en la maternidad
de O'Donnell, organizó el robo de recién nacidos y adopciones
irregulares durante más de 20 años.
El caldo de
cultivo eran los matrimonios de familias acomodadas que no podían
tener hijos; también la indecencia y la miseria en España. Se ponían
en contacto con personas conocidas que les podían facilitar contactos
y un hijo. Se desplazaban hasta la ciudad pactada y se hacía el
intercambio en casas, pensiones o parques. Mandaban a una matrona o
auxiliar de enfermería de su propia ciudad, que falsificaba, previo
pago, el certificado de alumbramiento y con él acudían al registro
civil donde inscribían al bebé como propio. Todo por unas 50.000
pesetas de las de entonces. Aquí, en la esquina de mi calle, había una
Pensión, en donde las madres patera, esperaban el momento del parto,
antes de acudir a la maternidad de Santa Cristina y allí se consumaba
la acción.
La trama se urdía entre las paredes de los
hospitales.
Redes de religiosos, médicos y funcionarios.
Había madres que querían dar al niño en adopción, pero por regla
general era mujeres jóvenes, pobres y solteras, presionadas por sus
familias y los prejuicios sociales de la época que decidían no seguir
adelante con su maternidad. En el peor de los casos, había madres
sanas y con voluntad y deseo de ser madres, que tras dar a luz, le
quitaban al hijo nacido, diciéndoles que había muerto. Nunca llegaban
a ver el cuerpo del bebe ni el certificado de defunción. La criatura
salía de la clínica con destino desconocido. Oscuridad, impunidad y
delitos: suposición de parto y tráfico de niños, falsedad en documento
público, coacciones y engaño a las madres biológicas.
Ahora, la
existencia de diversas iniciativas legislativas autonómicas, con
protección sobre cada uno de los territorios respectivos, aconseja
promulgar una norma con rango de ley, de carácter general que integre
y ofrezca coherencia, desde el plano normativo, a la regulación e
investigación de un asunto de tanta gravedad.
La nueva
norma contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la
justicia, la reparación, con medidas para garantizar el acceso a los
archivos, la realización de exhumaciones con cargo a fondos públicos,
la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la realización
de campañas de información y difusión por parte de los poderes
públicos.
Las
actuaciones hasta ahora desarrolladas no han sido suficientes para
abordar este problema desde una perspectiva integral y reparadora. La
nueva Proposición de Ley se fundamenta en el respeto a los derechos
básicos de las personas y se inspira en los tratados internaciones
ratificados por España en materia de derechos humanos.
Es
necesaria la búsqueda de la verdad, la aplicación de la acción de la
justicia, la reparación integral de los daños y perjuicios
ocasionados; así como el establecimiento de garantías para que no se
repitan crímenes como los ocurridos.
