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Amnistía,
referéndum, derecho a decidir, términos que en la actualidad
escuchamos en los debates políticos relacionados con las negociaciones
por la investidura del presidente del Gobierno y los partidos
independentistas. La cuestión es si el derecho a decidir en Catalunya
se traduce en un referéndum de autodeterminación que legitime la
independencia. Yo retomo la idea y la traslado a otro ámbito, sobre el
modelo de Estado, sobre si República o Monarquía.
Defiendo el
derecho a decidir de los pueblos y en el proceso catalán también. Yo
quiero ejercer mi derecho a decidir sobre el modelo de Estado. Quiero
un referéndum para decidir sobre República o Monarquía. Para ello
habrá que abrir un proceso constituyente, tras la celebración de unas
elecciones generales. Soy republicano, aunque humilde e ignorante, y
pertenezco a esa clase de locos que anuncian utopías que al día
siguiente son realidades (palabras de Vicente Blasco Ibáñez en su
novela ¡Viva la República!, refiriéndose a la Primera).
Junts y ERC
han pactado en el Parlament condicionar la investidura de Pedro
Sánchez a los avances hacia un referéndum de autodeterminación en
Catalunya, aunque no se diga exactamente así. En una propuesta de
resolución conjunta, las dos formaciones independentistas se han
comprometido a no apoyar la formación de un futuro Gobierno que no se
comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la
celebración del referéndum. Amnistía y autodeterminación son las dos
exigencias de máximos que el independentismo ha situado como punto de
partida a las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.
Ambas medidas han soliviantado a la derecha y a la extrema derecha,
mientras el PSOE apuesta por conversaciones discretas, recordando que
no se moverá de los límites de la Constitución, la línea roja es la
autodeterminación, incluso si con ello hay que repetir elecciones.
Con todo y con eso, el presidente del Gobierno
en funciones defiende ahora que la crisis política no tuvo que derivar
en acción judicial. No se trata de anular los delitos que existieron,
se trata de escribir una nueva página que deje atrás el conflicto y
abra una etapa de entendimiento para varias generaciones entre
Catalunya y el resto de España, explican en el PSOE.
Sánchez defenderá la amnistía como una herramienta política para la
convivencia y no como una enmienda a la Justicia.
De cualquier forma, lo que no puede ocurrir de ninguna manera es
repetir las elecciones, y los independentistas tienen buena parte de
responsabilidad si eso ocurre.
El Sistema
vuelve a estar en crisis. El próximo día 6 de Diciembre, se cumplen
cuarenta y cinco años, desde que se aprobó la actual Constitución. Se
abrió un proceso constituyente, después de celebrarse el 15 de Junio
de 1977 las primeras elecciones a Cortes Generales después de Franco.
Ha transcurrido demasiado tiempo y la sociedad ha cambiado, por lo que
es preciso abrirse a las nuevas expectativas de futuro. Nos
encontramos en una situación en la que este Régimen del 78 no ofrece
la estabilidad política ni social que necesitamos.
Cada vez
más sectores de la población comparten la necesidad de luchar por un
referéndum para decidir democráticamente, si queremos o no una
monarquía nacida del franquismo y vinculada con intereses
empresariales y financieros nacionales e internacionales. Mantenemos a
una familia real blindada bajo la condición de inviolable, con
vínculos de amistad con monarquías reaccionarias enemigas de la
libertad de expresión y de los derechos humanos como la de Arabia
Saudí.
La dictadura agonizaba desde hacía un tiempo y
el nuevo modelo no llegó hasta la aprobación de la Constitución en
1978. Ahora conocemos como se nos engañó. Hay que volver a recordar
como
Adolfo Suárez, no sometió a referéndum la monarquía, porque las
encuestas le dijeron que perdería. Franco
había dejado todo atado y bien atado. El régimen del 78 legitimó al
régimen franquista modernizándolo en la figura de Juan Carlos. Desde
entonces la monarquía ha jugado un papel fundamental como institución
conservadora, destinada a mantener el statu quo social y
político, defensora de la legalidad, en defensa de los intereses
empresariales y las élites sociales.
Tras la
muerte del dictador en 1975, se abrió en España una nueva era, cuyo
proceso constitucional se inicia con la llamada Transición a la
Democracia. El consenso permitió resolver los temas más conflictivos
de aquel momento: la forma de Estado y de gobierno, el modo de
elección, la cuestión religiosa, el modelo económico, pero no se
desarrollo la descentralización territorial. Hoy es bien distinta la
situación, pero los temas conflictivos vuelven a cobrar vigencia. Hay
propuestas para establecer un modelo Federal del Estado, que sustituya
al actual de las Autonomías, otra más: cambiar el modelo político de
monarquía parlamentaria por una República.
Bien se que
reformar la Constitución en cualquiera de sus aspectos, no va a
resolver ni la crisis económica y financiera, ni va a quitar la
angustia a la ciudadanía que la sufre. Hoy no existe la voluntad de
acuerdo y de consenso que existió en 1978, pero si hay un clamor sobre
la necesidad de una nueva Constitución, al cual me apunto, que impulse
democráticamente las decisiones políticas e incorpore las nuevas
voluntades sociales. Ante esta situación no podemos seguir manteniendo
una monarquía y un régimen impuesto, debemos cuestionar todo y luchar
por la apertura de un Proceso, en el que se exprese la voluntad
soberana de la ciudadanía.
La razón
del Proceso Constituyente es provocar una ruptura con el Sistema
político y económico actual, que está estrangulado los derechos, para
generar otras reglas de juego basadas en la democracia participativa.
El proceso tiene que recuperar la soberanía popular, reconociendo la
superación de la Constitución de 1978, desmitificando la Transición,
muy lejos de ser modélica como la derecha reaccionaria presenta.
El nuevo
Proceso, debe ser abierto a la participación de multitud de actores,
en el ámbito colectivo e individual, horizontal y transversal, unido a
la toma de conciencia popular y al empoderamiento de las personas. Ha
de ser a la vez crítico y constructivo con la democracia
representativa, que ha primado el bipartidismo, asumiendo el poder de
espaldas a la ciudadanía. El proceso debe situar a la persona como el
motor de cambio de la nueva Constitución.
La
monarquía, que es un símbolo de poder, se contradice y está muy
alejada de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y
de igualdad de oportunidades. El acceso a la Jefatura del Estado, como
a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter
hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección
ciudadana. La monarquía, heredera del régimen de Franco, cumplió su
papel durante la Transición; la persona del rey es inviolable y no
está sujeta a responsabilidad, no tiene competencias políticas, y su
representación carece de efectividad. Ha llegado la hora de establecer
un Estado Republicano.
Uno de los
problemas históricos españoles sin resolver, fuente de permanentes
conflictos, es el territorial. Las diferentes señas de identidad,
históricas y culturales, la multiculturalidad y la diversidad, son
valores inestimables que enriquecen nuestra propia identidad común y
así tiene que reconocerse y permitir su propio desarrollo. Estos
hechos tienen que quedar plasmados en la Constitución, en el marco de
un estado federal, que junto con el derecho a decidir libremente,
queden clarificadas las competencias; que se fije un modelo fiscal y
se establezcan mecanismos de cooperación.
Es
necesario establecer una nueva Constitución, tras el Proceso
Constituyente, para garantizar y favorecer la mayor participación
ciudadana en el gobierno estatal, autonómico y municipal, mediante
todo tipo de medidas posibles, como iniciativas legislativas
populares, referéndum o votación on-line, en un marco de
responsabilidad y de transparencia en el sector público, institucional
y político, que reconozca, como bien de dominio público, toda la
información generada o en poder de entidades de titularidad, funciones
o capital público.
El Proceso
Constituyente debe avanzar en la creación de un estado federal, laico
y republicano, basado en la transparencia y una mayor participación
social. Deben establecerse mecanismos de control y blindaje del
sistema público de pensiones. De la misma manera hay que blindar el
sistema público de salud, las prestaciones sociales para dependientes
y la educación pública y plantar cara, con todo, democráticamente a
los poderes económicos no democráticos.
Negando el
derecho a decidir sobre el modelo de Estado, se niega el derecho a
decidir sobre el modelo político, social y económico, algo que
inevitablemente la historia resolverá. Hemos de avanzar en el
ejercicio del derecho a decidir en una democracia participativa y en
el establecimiento de la República federal. |
