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Hace unos
días conocíamos los resultados de una encuesta realizada tras la jura
de la Constitución por parte de Leonor de Borbón, en la que la mayoría
de los españoles consideraba que debería convocarse un referéndum para
que los ciudadanos se pronuncien sobre si prefieren que España siga
siendo o no una monarquía parlamentaria.
El respaldo a esa hipotética votación sobre la
forma de Estado se dispara entre los que se reconocen como votantes de
los partidos de izquierda y también es mayor entre los jóvenes,
según Simple Lógica para elDiario.es. El 51%
de los encuestados quiere que se celebre un referéndum sobre la
monarquía, frente al 43,2% que considera que es una cuestión que no
debería someterse a votación. Además, más de la mitad de los
consultados (el 50,5%) dice estar poco o nada de acuerdo con que la
jefatura del Estado sea un cargo hereditario. Por contra, el 43,9%
defiende que la Corona se transmita de padres a hijos.
Son
partidarios de celebrar la consulta los encuestados de menos edad,
precisamente aquellos que nacieron cuando España ya era una monarquía
constitucional y no tuvieron la opción de refrendar la Carta Magna de
1978. Entre la población de 25 y 34 años los partidarios del
referéndum aumentan hasta el 58,4%, siete puntos por encima de la
media. Sin embargo, entre los sectores de más edad el respaldo cae por
debajo de la media: sólo la defiende el 50,2% de quienes tienen entre
55 y 64 años y el 47,7% de los mayores de 65 años.
Hubo un tiempo en el que el Centro de
Investigaciones Sociológicas preguntaba a la población su opinión y
valoración sobre la monarquía y sus miembros.
La última vez que el CIS incluyó este dato fue en abril de 2015, hace
casi una década. Fue la primera y única vez
que hizo esta consulta con Felipe VI como monarca, quien suspendió con
un 4,34 sobre 10 de valoración ciudadana. A partir de ese momento, la
consulta desapareció. En el año 2020, el Gobierno considera que el
hecho de que los encuestados por el CIS no citen a la monarquía entre
los problemas de España demuestra que el rey está siendo valorado por
los españoles, por lo que declinaba comentar si prevé algún estudio
específico sobre la Jefatura del Estado. El CIS sigue sin preguntar
por esta cuestión, ni por ninguna otra que se relacione con la
monarquía.
Hace ocho
años, la última vez que el CIS preguntó sobre la monarquía, Juan
Carlos I acababa de abdicar en su hijo. En ese momento poco se sabía
de lo que vendría después: fortunas de origen incierto, huidas y otros
escándalos por los que la población no ha podido valorar su figura o
en cómo afecta a la Casa Real. El 3 de agosto de 2020 Juan Carlos I
huyó de España con destino a Abu Dabi tras meses de escándalos que
afectaban al origen de la fortuna de la familia real y que indicaban
supuestas irregularidades fiscales por parte del rey emérito durante
sus últimos años de reinado y tras su abdicación. Nunca se ha podido
saber la opinión de la población sobre ello.
El CIS
incluye en sus barómetros una pregunta para que los encuestados
señalen los principales problemas que existen en España. En el
realizado, cuando Felipe VI ya había comunicado su renuncia a la
herencia privada de su padre, la monarquía no aparece ni mencionada,
mientras que "el mal comportamiento de los políticos" figura en el
20,9% de las respuestas. Lo que hacen los partidos políticos está
citado en el 10,6% y el Gobierno en el 9,1% por ciento. Incluso la
independencia de Catalunya y la unidad de España se recogen en el 4,3
y el 3,4% de las entrevistas. Cuando no quieren, no quieren. La última
vez que el CIS preguntó sobre la jefatura del Estado, casi un año
después de la abdicación de Juan Carlos I, la Corona suspendió con un
4,34.
El
nacimiento de la Constitución no fue nada sencillo. Estuvo cargado de
dificultades y obstáculos. Las Cortes surgidas de las primeras
elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, se encontraron, aun
sin saberlo, que eran constituyentes. Hacía tres años que había muerto
el dictador y todo estaba por hacer. El régimen de Franco estaba
intacto. El régimen autoritario y represivo, lo había dejado todo
atado y bien atado. No fue modélico el proceso de la Transición; hoy
se ven bien aquellos polvos.
En 1978,
participé ilusionado en el referéndum por la Constitución. Fui uno de
aquellos 15.706.078 votantes, que representaba el 58,97% del censo
electoral. Acudí entonces a las urnas emocionado. Salíamos de la negra
dictadura y el futuro prometía democracia, salud y bienestar. Luego
las cosas no han sido exactamente como hubiéramos deseado que fueran.
Ahora vuelven a aparecer nubarrones, tras conocer el contenido del
chat de los exmilitares golpistas y lo que parece criminales, que no
solo quieren volver al franquismo asesino, sino fusilar a 26 millones
de personas; ahora proponen que se destituya al presidente del
Gobierno Pedro Sánchez, por los acuerdos con Junts.
El 15 de
junio de 1977, las elecciones generales dieron un claro vencedor:
Adolfo Suárez, de Unión de Centro Democrático, que fue investido
presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados encargó a una
comisión la redacción de un proyecto de Constitución. Un año más
tarde, el 31 de octubre de 1978, el proyecto quedó aprobado por las
Cortes. Con la publicación en el BOE, se convocó a los españoles a un
referéndum, que se celebró el 6 diciembre. La pregunta era sencilla:
¿Aprueba el proyecto de Constitución?
No reniego
del sentido de mi voto, lo que no quiere decir que acepte, ni lo
sucedido desde entonces ni la realidad injusta que hoy estamos
viviendo, por lo que abogo decididamente por una nueva Constitución,
que supere la del 78, en cuanto que es hora de actualizar el modelo
social, económico e institucional, de aquel que salió del Estado
totalitario. El rey heredero de Franco, el ejército y el gobierno, que
representaba a la derecha, tenían el poder, la oposición la
legitimidad democrática y se avinieron. Hoy ya no es el mejor modelo
para una mejor convivencia.
No es
reformar la Constitución, como algunos proponen. No es reformar todo
para que nada cambie. Hay que entrar a fondo en la estructura del
Estado; hay que cambiar la esencia misma del Sistema, la forma
política del Estado, convertir el modelo territorial en un Estado
federal, modernizar la administración de Justicia y blindar los
derechos sociales, configurando un auténtico Estado social y
democrático, reconociendo nuevos derechos y libertades. Hay que abrir
un Proceso Constituyente, que ponga fin a los postulados de la
Transición. No debe ser una reforma de adaptación, sino una ruptura
con el modelo; que si en un principio pudo haber dado resultado, ahora
está agotado.
Una
Constitución que se apruebe tras un Proceso Constituyente, debe
cuestionar la forma política de Estado (actual artículo 1.3), así como
la forma de elección del jefe del Estado. El acceso a la Jefatura del
Estado, como a cualquier otro órgano público de representación, no
puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y
democrática concurrencia ciudadana.
Un Estado
Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico, debe
contar con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de
financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos que
garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los
servicios públicos esté sustentado por principios y valores de
libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, que fortalezca y
amplíe los derechos fundamentales de los ciudadanos, equiparando
derechos civiles y políticos blindados, para evitar que los gobiernos
de turno, ataquen los fundamentos del Estado de Derecho.
Es hora del
establecimiento de un verdadero Estado social y democrático de
Derecho, que propugne como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político (artículo 1.1 CE). Un nuevo modelo más democrático y
participativo, en el que la igualdad y la justicia social sean sus
principales baluartes. Defiendo el derecho a decidir, por lo que hay
que introducir los mecanismos que permitan realizar consultas sobre
asuntos de especial trascendencia.
Es
necesario reformar la Constitución, para garantizar y favorecer la
mayor participación ciudadana en el gobierno estatal, autonómico y
municipal, mediante todo tipo de medidas posibles, como iniciativas
legislativas populares, referéndums o votaciones online, en un marco
de transparencia institucional, política y administrativa.
Una reforma
constitucional de este calado, se debe abordar con serenidad y con
determinación. Una reforma que permita avanzar en la creación de un
estado federal, laico y republicano, basado en la transparencia y una
mayor participación social. Una reforma que introduzca mecanismos para
blindar el sistema público de pensiones, la educación y la sanidad
pública, así como las prestaciones sociales para dependientes y
desempleados que carezcan de bienes para subsistir dignamente.
La
monarquía, muy alejada de los principios constitucionales de igualdad
ante la ley y de igualdad de oportunidades, tiene que desaparecer. El
acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de
representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a
la libre y democrática elección ciudadana. La monarquía, heredera del
régimen de Franco, cumplió su papel durante la Transición, pero en un
sistema democrático, no cabe que la jefatura del Estado tenga carácter
hereditario.
Una
República inspirada en los principios republicanos de igualdad ante la
ley, laico, que va más allá de la separación entre la iglesia y el
Estado, y la elección y movilidad de todos los cargos públicos,
incluido el jefe del Estado, con ciudadanos críticos y responsables,
que no se conformen con ir a votar cada cuatro años, que no vayan a
remolque de lo que se les ofrece, si no que reclamen su papel soberano
en una verdadera democracia participativa. Ha llegado la hora de
establecer un estado republicano. |
