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Con la
proclamación de la República el 14 de abril de 1931 y la celebración
de elecciones generales el 28 de junio, se inicia un proceso
constituyente, con lo que el Estado republicano quedaría legitimado
democráticamente. Fue entonces cuando se acometieron las reformas que
iban a modernizar las estructuras de la sociedad española, aunque los
intereses creados de la derecha lo impidieron; primero con las
contrarreformas abordadas durante el llamado bienio radical-cedista
(1934-1936), después con el golpe de Estado del 18 de julio, la guerra
y la dictadura franquista.
El 28 de
junio de 1931 se celebraron elecciones generales a Cortes
Constituyentes, que elegirían a 470 diputados. El decreto de
convocatoria, estableció que las Cortes estarían compuestas por una
sola Cámara, elegida por sufragio universal masculino (la mayoría de
edad se redujo de 25 a 23 años). Se reformó el sistema electoral en el
que la candidatura mayoritaria obtenía el 80% de los escaños a elegir,
siempre que hubiese obtenido el 20% de los votos emitidos; el 20% de
escaños restantes se les adjudicaba a las minorías. Provincias y
ciudades se constituyeron como circunscripciones electorales,
eliminando el sistema característico en la Restauración.
Se
enfrentaron dos grupos ideológicos de presión: la Conjunción
republicano-socialista, contra la derecha monárquica y
antirrepublicana que concurrieron divididos. Las elecciones dieron un
triunfo rotundo a la Conjunción, quedando el Congreso constituido en
torno al Partido Socialista Obrero Español (115 escaños) y al Partido
Radical Socialista (61). El Partido Radical Republicano obtuvo 90; la
Derecha Liberal Republicana 25 y Acción Republicana de Manuel Azaña 26
escaños.
Era
necesario aprobar una nueva ley de leyes republicana y democrática,
que identificara al nuevo régimen surgido de las urnas y por la
voluntad popular. Tras acalorados debates y tras la dimisión de Alcalá
Zamora, las Cortes Constituyentes aprobaron el 9 de diciembre la
Constitución de la Segunda República, que fue la más avanzada de su
tiempo, siendo Presidente de las Cortes, Julián Besteiro. La
Constitución recogió las ilusiones colectivas que suscitó el cambio de
régimen político en España. La República y la Constitución fueron la
consecuencia inevitable de la dictadura agotada de Primo de Rivera y
la monarquía borbónica.
Declaraba
la Constitución que todos los españoles son iguales ante la ley; el
estado español no tiene religión oficial, y estará integrado por
Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se
constituyan en régimen de autonomía. Se reconoce el castellano como
idioma oficial de la República, que todo español tiene obligación de
saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las
leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o
regiones.
El programa
de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas (primer
bienio social o reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña como
Presidente del Consejo de Ministros), se comprometía a cambiar el
sistema de tenencia de la tierra; reformar el marco de relaciones
laborales en el campo, la industria y los servicios; la recuperación
de la hegemonía ideológica en manos de la iglesia y órdenes
religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un ejército
sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la
Constitución, que renunciaba a la guerra para la solución de
conflictos.
La
Constitución de 1931 fue la primera en plantear el principio de
igualdad entre los sexos. En el artículo segundo se reconoce que todos
los españoles (y españolas) son iguales ante la ley. El artículo 36
planteó el derecho de voto: los ciudadanos de uno y otro sexo mayores
de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme
determinen las leyes. El artículo 53 reconoce el derecho, tanto a
hombres como a mujeres, a ser elegidos diputados. El 25, afirmaba que
no se aceptaban privilegios jurídicos por razones de sexo. El artículo
43 otorgaba la igualdad de derechos para hombre y mujer en el
matrimonio y anulaba el concepto de ilegitimidad en los hijos
naturales. Por último los artículos 33 y 40 relacionaban el mundo
laboral y la mujer, afirmando la libertad de elección laboral y que
todos los nacionales son admisibles en los empleos sin distinción de
sexo.
La
Constitución reconocía la libertad religiosa, de expresión, reunión,
asociación y petición; el derecho de libre residencia, de circulación
y elección de profesión; inviolabilidad del domicilio y
correspondencia; igualdad ante la justicia; protección a la familia,
derecho al divorcio, al trabajo, a la cultura y la enseñanza. Se
suprimía los privilegios de clase social y de riqueza; y se abría la
posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales
servicios públicos
A
principios de 1936, el descrédito del partido en el gobierno de
Lerroux, sus escándalos del estraperlo y la desconfianza hacia
Gil-Robles, llevan a la disolución de las Cortes. El 16 de febrero se
celebran elecciones y vuelven a concurrir dos bloques ideológicos
irreconciliables. El Frente Popular, formado por la izquierda
republicana y los partidos obreros, ganan las elecciones. Cesa Alcalá
Zamora como presidente de la República y es sustituido por Manuel
Azaña, quién encarga a Casares Quiroga formar gobierno. El nuevo
gabinete reinicia la acción reformista: amnistía para los
represaliados de octubre del 34; restablecimiento del Estatuto
catalán; alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de
golpismo; reanudación de la reforma agraria; y tramitación del
estatuto de Galicia.
El programa
de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas (primer
bienio social o reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña como
Presidente del Consejo de Ministros), se comprometía a cambiar el
sistema de tenencia de la tierra; reformar el marco de relaciones
laborales en el campo, la industria y los servicios; la recuperación
de la hegemonía ideológica en manos de la iglesia y órdenes
religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un ejército
sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la
Constitución, que renunciaba a la guerra para la solución de
conflictos.
Largo
Caballero, como ministro de Trabajo, promovió la reforma laboral, que
otorgaba a los trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control
sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema
económico y de relaciones de clase. Era un proyecto coherente con los
principios marxistas del socialismo español, que no renunciaba a la
transformación revolucionaria de la sociedad, pero pretendía
alcanzarla por cauces pacíficos y democráticos. Se aprobó la Ley de
Contratos de Trabajo, se organizó la negociación colectiva, y los
Jurados Mixtos, con facultad de arbitraje vinculante. Se estableció la
Inspección de Trabajo, se impulsaron los seguros sociales, se amplió
el Seguro obligatorio de Retiro Obrero, que llegó a beneficiar a más
de cinco millones de trabajadores.
El Gobierno
reformó el sistema educativo, adaptándolo al modelo que la
Constitución establecía, basado en la escuela única, pública,
obligatoria y gratuita, y estableció la enseñanza mixta. La
eliminación de la religión católica como asignatura y la prohibición
del ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas,
provocaron el rechazo de la iglesia y de la derecha católica. Entre
1932 y 1933 se levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas de
maestros, con mejores salarios.
La reforma
del ejército fue iniciada por Azaña. Se trataba de reducir el número
de unidades militares, modernizar la dotación de material y la mejor
formación de sus mandos. Se suprimieron los tribunales de honor, el
Consejo Supremo de Guerra y Marina y se reformó la Academia Militar de
Zaragoza, cuya enseñanza se consideraba anticuada y tradicionalista.
Se derogó la ley de jurisdicciones, que identificaba los delitos
contra el Ejército, como delitos contra la patria, bajo la
jurisdicción militar.
El gobierno
radical-cedista entre 1933 y 1936, presidido por Lerroux, y sostenido
por la derecha católica de la CEDA de Gil Robles, derogó la mayoría de
las medidas anteriores. Aprobó la Ley para la Reforma de la Reforma
Agraria; paralizó la reforma militar, amnistió a los golpistas de la
sanjurjada y designó, para los puestos claves, a Franco, Goded o Mola;
se concilió con la iglesia e inició la negociación con el Vaticano;
paralizó el programa de construcciones escolares y anuló la enseñanza
mixta.
El 16 de
febrero de 1936, el Frente Popular ganó las últimas elecciones que se
celebrarían durante la Segunda República antes del golpe de Estado
militar y fascista. No se celebraron otras en libertad hasta el 15 de
junio de 1977. El Frente Popular constituía una nueva fórmula de
alianza de las fuerzas de la izquierda, tras las derrotas sufridas en
Europa y la llegada de Hitler al poder.
La derecha
en España ha dominado históricamente los resortes del Estado. Desde el
fin de la guerra en 1939 –provocada por ellos para defender sus
intereses– hasta hoy, no ha dejado de estar en el poder. Controló la
Transición a la democracia y pese a lo que pudiera parecer, se mantuvo
en el poder económico durante los gobiernos socialistas. Algunos de
los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy,
y los comportamientos de la derecha siguen siendo contrarreformitas,
ejerciendo el poder para beneficio de sus propios intereses, muy
alejados de los de la mayoría trabajadora.
A lo largo
de la historia, el concepto y la idea republicana han evolucionado,
pero hay un hilo conductor: el pueblo que se autogobierna y protege la
libertad, como acto contrario a la dominación. Se fundamenta en el
derecho y el imperio de la ley, y todos iguales ante ella; la igualdad
de oportunidades como esencia democrática; la participación ciudadana,
como marco de referencia; los derechos civiles y la transparencia,
como oposición a la corrupción política. |
