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Decenas
de
políticos
en
España
han
sido
hackeados
con
Pegasus,
un
software
espía
que se
supone
que
solo
se
vende
a
gobiernos.
Un
golpe
a la
democracia
que no
parece
escandalizar
tanto
como
otros.
El
software
habría
espiado
a
Aragonès
y a
otros
políticos
independentistas.
El
Gobierno
no
aclara
si el
CNI
está
detrás
de
estos
supuestos
espionajes.
Puigdemont
y
Oriol
Junqueras,
han
anunciado
acciones
legales
contra
España.
También
fueron
espiados
el
líder
de EH
Bildu,
Arnaldo
Otegui,
y los
abogados
de
varios
encausados
en
causas
del
procés,
como
Andreu
Van
den
Eynde
y
Gonzalo
Boye.
El
programa
de
espionaje
israelí
Pegasus
fue
creado
por la
empresa
NSO,
siempre
rodeado
de
polémicas
por su
uso
contra
periodistas,
activistas
y
políticos
de
todo
el
mundo,
desde
Macron
hasta
el rey
de
Marruecos.
El
nacimiento
de
Pegasus
en
2011
buscaba
luchar
contra
el
cibercrimen,
prevenir
ataques
terroristas
o
combatir
la
trata
de
personas
y el
tráfico
de
drogas.
Amnistía
Internacional
denuncia
su uso
contra
disidentes
políticos
y
defensores
de los
derechos
humanos
en
países
como
Arabia
Saudí,
Marruecos
o
México.
Pegasus
infecta
de una
forma
tremendamente
sencilla:
recibes
un SMS
o un
Whatsapp,
pinchas
y ya
está,
según
explica
el
experto
en
ciberseguridad
Juan
Miguel
Velasco.
The
New
Yorker
en
colaboración
con la
Universidad
de
Toronto
Citizen
Lab
han
destapado
que
más 63
políticos
y
activistas
independentistas
catalanes
y
vascos
entre
2015 y
2020
han
sido
espiados.
El
Gobierno
niega
estar
detrás
del
espionaje,
aunque
no
aclara,
si el
CNI ha
espiado
a
líderes
soberanistas;
es un
asunto
"de
seguridad
nacional".
Interior
asegura
que ni
la
Policía
ni la
Guardia
Civil
tienen
ese
programa.
Todos
bajo
sospecha.
Los
socios
presionan
a
Sánchez
por el
espionaje
al
independentismo
del
que
Moncloa
se
desvincula.
La
Generalitat
pausa
la
sintonía
con
Sánchez
hasta
que dé
explicaciones
“cara
a
cara”.
Pere
Aragonès
exige
que se
depuren
responsabilidades.
Unidas
Podemos
habla
de
“rodar
cabezas”,
pero
el ala
socialista
rechaza
la
investigación
interna
que
piden
sus
aliados.
La
ONU,
la UE,
Amnistía
Internacional
y
otras
organizaciones
consideran
que el
uso,
la
venta
y la
transferencia
de
esta
tecnología
de
vigilancia
deben
detenerse
para
impedir
nuevos
abusos
contra
los
derechos
humanos. |