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Decididamente,
hay
que
juzgar
los
crímenes
del
franquismo;
la
ley
de
Memoria
Democrática
sigue
congelada
desde
2020,
por
desavenencias
del
gobierno
con
sus
socios.
Hay
en
marcha
una
proposición
de
ley,
firmada
por
ERC,
PNV,
EH
Bildu,
Junts,
Más
País,
CUP,
Compromís
y
el
BNG,
que
plantea
incorporar
al
Código
Penal
una
disposición,
que
ya
aparece
en
diferentes
instrumentos
internacionales
ratificados
por
el
Estado
español,
para
que
a
las
víctimas
de
la
dictadura
y
sus
familiares
les
sea
reconocido,
de
forma
eficaz,
su
derecho
de
acceso
a
la
Justicia
conforme
a
los
estándares
exigidos
por
el
Derecho
Internacional
de
los
Derechos
Humanos.
Lo
cierto
es
que
existe
una
impunidad
derivada
de
la
falta
de
investigación
de
los
crímenes
contra
la
humanidad
cometidos
por
el
franquismo
y
el
enjuiciamiento
de
sus
responsables
bajo
el
paraguas
del
principio
de
legalidad.
La
ley
de
Amnistía
de
1977
no
se
pueda
interpretar
desde
la
impunidad
para
los
delitos
de
lesa
humanidad
y
el
Código
Penal
debe
incorporar
el
principio
de
legalidad
internacional.
PSOE
y
Unidas
Podemos
acordaron
enmendar
la
ley
de
memoria
para
que
se
puedan
juzgar
crímenes
franquistas.
Las
víctimas
de
la
dictadura
tienen
derecho
al
reconocimiento
y
la
reparación
integral
por
parte
del
Estado
y
debe
reconocerse
el
derecho
al
resarcimiento
de
los
bienes
incautados
y
las
sanciones
económicas.
Entre
las
correcciones
presentadas
por
las
fuerzas
políticas
destaca
la
que
hace
referencia
a
la
Ley
de
Amnistía,
aunque
no
la
modificación
ni
derogación.
Las
leyes
del
Estado
español,
incluida
la
Ley
46/1977,
de
15
de
octubre,
de
Amnistía,
no
se
interpretan
y
aplican
de
conformidad
con
el
Derecho
internacional
convencional
y
consuetudinario
y,
en
particular,
con
el
Derecho
Internacional
Humanitario,
según
el
cual
"los
crímenes
de
guerra,
de
lesa
humanidad,
genocidio
y
tortura
tienen
la
consideración
de
imprescriptibles
y
no
amnistiables".
Se
debe
abrir
la
puerta
para
poder
juzgar
a
torturadores
franquistas.
Ante
la
oposición,
el
PSOE
ha
optado
por
congelar
la
tramitación
de
la
ley
en
el
Congreso
hasta
tener
atados
los
apoyos
suficientes
para
su
aprobación,
algo
que
por
el
momento
parece
complicado.
Ante
esta
situación,
los
socios
parlamentarios
llevan
al
Pleno
su
fórmula
para
abrir
la
puerta
al
enjuiciamiento
de
los
crímenes
perpetrados
por
el
franquismo,
elevando
la
presión
sobre
el
Ejecutivo.
Mientras
las
desavenencias
políticas
impiden
que
la
justicia
humanitaria
actúe,
las
víctimas
de
franquismo
mueren
o
se
desesperan
ante
tanto
despropósito
e
incomprensión.
Las
víctimas
siguen
en
las
cunetas
o
sin
reconocimiento
ni
reparación.
Ni
olvido
ni
perdón |
