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La marcha de
camiones
sigue a
marcha lenta
y sin freno;
mientras
tienen en
vilo a la
economía. No
es que el
sector del
transporte
tenga un
problema,
sino que la
ciudadanía
tiene un
problema
porque el
transporte
está
provocando
el
desabastecimiento
de alimentos
y bienes
básicos en
mercados
supermercados. La escasez de alimentos básicos agrava
el pico de
inflación y
se ensaña
con los más
pobres. Las
grandes
empresas de
alimentación
y la
industria
pesada
aseguran que
su
producción
peligra si
sigue el
paro del
transporte.
El gobierno
dice que
está
haciendo lo
que puede,
pero puede o
quiere poco;
si no trata
con quienes
están
provocando
esta sin
razón. Como
dicen desde
la patronal,
no una
huelga, es
una cuestión
de Estado y
esta crisis
tiene que
solucionarse
de forma
inmediata.
El sector
del
transporte
está
movilizado
contra el
Gobierno.
Hay
camioneros
en la calle
que exigen
medidas al
Ejecutivo.
Una parte
del sector,
la más
representativa
oficialmente,
respalda las
medidas del
Ejecutivo y
se afana en
explicar
ante sus
propias
bases,
frente a una
campaña de
desprestigio
de una
reaparecida
Plataforma
de lenguaje
incendiario,
que son
muchos los
logros
conseguidos
por las
asociaciones
históricas.
El gobierno
hace
propuestas
pero
concreta
poco las
medidas. La
Plataforma
sacude al
sector con
una campaña
de
descrédito
contra el
Comité
Nacional de
Transporte,
interlocutor
del Gobierno
liderado por
la CEMT, con
55 años de
historia y
31.000
empresas
representadas.
La
Plataforma
para la
Defensa del
Sector del
Transporte
de
Mercancías
por
Carretera
Nacional e
Internacional,
que se hace
llamar
Plataforma
Nacional o
más corto
aún "la
Plataforma",
es la
asociación
que convocó,
el pasado 5
de marzo en
un acto
plagado de
chalecos
amarillos,
el "paro
nacional
indefinido"
que tiene en
jaque al
país. La
Plataforma
no está
reconocida
como
interlocutora
por el
Ministerio
de
Transportes.
El Plural
entrevistó a
un
"portavoz"
que llamó
"nazi" al
presidente
de Ucrania.
"Yo no
defiendo a
Putin.
Defiendo la
legalidad y
no el nuevo
orden
mundial",
declaraba,
alentando la
percepción
de que se
trata de una
organización
extremista.
La
Plataforma
se sirve de
una
estrategia
que cabría
calificar de
populista al
arrogarse,
sin detallar
cuántos
socios
tiene, la
representación
de los
intereses
del 85% de
las
empresas,
que serían
las pymes y
los
autónomos,
frente a un
15%
restante,
"los grandes
flotistas y
cargadores",
"sin
camiones la
mayor
parte", que
le endosa al
Comité
Nacional. En
sus
exigencias
al Gobierno,
reclaman
"repercutir
unos precios
dignos que
nos
garanticen
la
rentabilidad
de nuestros
camiones
sean cual
sean
nuestros
costes", es
decir, no
reclaman
ninguna
rebaja en el
precio de
los
combustibles.
Lo que
reclaman son
medidas
estructurales
en el sector
como la edad
de
jubilación a
60 años,
reconocimiento
de
enfermedades
laborales,
limitación
de
subcontratas,
limitaciones
de los
tiempos de
descanso,
control
sobre las
cooperativas
de
transporte o
mejorar la
seguridad en
las áreas de
descanso. La
guerra es
por tanto
entre
Plataforma y
las grandes
operadoras
que según
ellos
monopolizan
el sector
del
transporte.
La
vicepresidenta
segunda
Yolanda
Díaz,
rechaza
etiquetar
como de
extrema
derecha a
los
transportistas
que llevan
una semana
de paro y ha
asegurado
que se trata
de "los más
vulnerables
dentro de la
cadena de
transporte,
que llevan
tiempo
trabajando a
pérdidas.
Por supuesto
que los
transportistas
autónomos y
pequeños
empresarios
que se
manifiestan
en las
calles
reclaman una
bajada en el
precio de
los
carburantes,
pero no
entra en la
postura
oficial de
Plataforma
que está
aprovechando
esa
coyuntura
para airear
otras
reclamaciones,
que pueden
ser
legítimas.
No van a
parar hasta
que la
ministra los
reciba,
dicen;
trabajan sin
apenas
beneficios,
porque el
65% del
sector está
en quiebra. |
