Sánchez
Ventura, Antonio Barrera, Antonio Carro, Licinio de la Fuente,
Alfonso Osorio, Carlos Rey, Jesús González, Antonio Troncoso,
Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio González Pacheco
«Billy el niño», Jesús Muñecas Aguilar y hasta 19 implicados,
acusados de la comisión de crímenes contra la humanidad. El
Gobierno se niega a perseguir los crímenes del franquismo, por lo
que se ha convertido en protector y cómplice.
Conocimos como que el Ministerio de Justicia había enviado a
diferentes juzgados territoriales, el exhorto de la jueza
argentina que pedía interrogar a los acusados por crímenes contra
la humanidad. Los tribunales deberían citar a los investigados en
octubre (antes implicados), para «declaración indagatoria» en
presencia de la jueza argentina María Servini. Los investigados
comparecerían por primera vez ante un tribunal por delitos de
homicidio, torturas y robos de bebés. Pero todo ha sido una nube.
La Fiscalía ha torpeado las declaraciones de los cargos
franquistas y de sus víctimas,
La
jueza Servini había ordenado que los exaltos cargos franquistas
declararan para determinar si los crímenes cometidos pueden
considerarse de lesa humanidad. La primera suspensión se produjo,
cuando el exsecretario general del PCE Gerardo Iglesias, que
declaraba como víctima, no pudo contar al juez su testimonio. La
Fiscalía española aduce indeterminación del proceso. IU consideró
como «muy grave» la actuación del ministerio público y denunció su
vinculación con el poder político. La Fiscalía General del Estado
ha pedido suspender la declaración de los querellantes citados
ante diversos juzgados españoles. A la Justicia todavía no se la
ha permitido determinar si los crímenes cometidos durante la
dictadura franquista y la Guerra Civil pueden considerarse de lesa
humanidad. Estoy seguro que llegará el momento.
No se puede seguir utilizando la Transición
para frenar cualquier crítica, reformas o querellas contra el
franquismo y sus crímenes cometidos. Ana Messuti, abogada de la
querella argentina, repasa el proceso judicial abierto en Buenos
Aires contra la dictadura y carga contra los obstáculos de la
justicia y la Administración española. «Parece que para el Estado
no existiesen ni las Naciones Unidas ni los derechos humanos
universales», dice y dice bien; «Hay
que abrir una rendija en el muro de la impunidad».
La Fiscalía española advierte a la jueza Servini de que no puede
cuestionar la transición española, que por unas o por otras cosas,
se está convirtiendo en el sancta sanctorum de los
despropósitos, complicidades, ocultaciones, negaciones y misterios
de la Transición, que afectan hoy al desarrollo y salud de la
democracia, cuarenta años después.
Los implicados e investigados por los
crímenes franquista, protegidos por España, como el exministro
franquista Utrera Molina, no se amedrenta y hace apología del
franquismo defendiendo «una
España grande y limpia» y carga contra
la ley de Memoria Histórica. Recuerda que España no se resignó a
ser pisoteada por el comunismo en 1936. El Gobierno no solo
protege a estos personajes, presuntos criminales, sino que lo hace
por defender una cruenta dictadura –de la que los Genoveses se
sienten herederos–, en la que la represión fue su bandera y el
sufrimiento humano su alimento
La
Justicia investiga los crímenes –no la española, la argentina–; la
española no está en esto ni se la espera. Recuerdo los dos
ajusticiamientos a garrote vil, cinco fusilados ante pelotones
voluntarios de la muerte y cinco muertos por defender sus derechos
laborales, tiroteados por una policía conformada por secuaces al
servicio del fascismo de la época. Doce muertos heroicos,
asesinatos inmisericordes, por el régimen franquista, que hoy, el
gobierno español encubre, protege a sus responsables y se
convierte en su cómplice.
La
jueza argentina María Servini, está siguiendo un procedimiento
contra distintos dirigentes franquistas, que estuvieron implicados
en acontecimientos, que pudieran estar considerados como crímenes
de lesa humanidad. En concreto se les relaciona con la sentencia
de muerte y posterior ejecución de Salvador Puig Antich en 1974;
con los cinco últimos fusilamientos del régimen de Franco en 1975;
y con la represión, en una concentración en Vitoria en 1976, en la
que fueron asesinados cinco trabajadores.
Siete
ex ministros, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado figuran en la lista de «buscados» por la Organización
Internacional de Policía Criminal. El Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, considera crimen contra la humanidad o
de lesa humanidad, las conductas tipificadas como asesinato,
exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura,
violación y encarcelación o persecución por motivos políticos,
religiosos, ideológicos, raciales, étnicos o de orientación
sexual. Se les acusa de colaboradores necesarios de asesinato
premeditado, torturas y sustracción de menores. Perseguidos por la
Justicia de Argentina, el gobierno de España protege,
convirtiéndose en cómplice de crímenes que no prescriben, al
haberse cometido contra los Derechos Humanos.
Por
la Ley de Amnistía, del 15 de octubre de
1977, quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad
política, tipificados como delitos y faltas, realizados con
anterioridad al 15 de junio de 1977. Esta ley señala que, en todo
caso, están comprendidos en la amnistía: los delitos de rebelión y
sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o
motivo de ellos; la objeción de conciencia a la prestación del
servido militar, por motivos éticos o religiosos; los actos de
expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o
cualquier otro medio de comunicación; los delitos y faltas que
pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes
del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y
persecución de los actos incluidos en esta Ley; y los delitos
cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra
el ejercicio de los derechos de las personas.
La Ley de Amnistía se ha convertido, en el
parapeto perfecto de los franquistas para evitar que la Justicia
haga su trabajo. No hay que olvidar que
AP, PSOE y CiU se pusieron de acuerdo para tumbar una propuesta de
reforma que abría la puerta a la
investigación judicial del franquismo en los tribunales españoles,
conociendo que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra
no prescriben nunca y no pueden ser cubiertos por una ley de punto
final; porque la Ley del 77 contradice tratados internacionales
firmados por España; porque primero hay que investigar, establecer
pena y después aplicar la amnistía; por el propio espíritu de la
ley, que no se aprobó para amnistiar a los franquistas.
Tendrían que haber aparecido expresamente, de entre los delitos
que se amnistiaban, las ejecuciones sumarias, las desapariciones
forzosas, las ejecuciones clandestinas, los enterramientos
ilegales en las cunetas o las torturas hasta la muerte. No se
atrevieron con tanto detalle, y lo que no se dice no queda dicho.
Las leyes internacionales los consideran imprescriptibles. Las
organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional han
solicitado al gobierno de España, la derogación de la ley de
Amnistía, al considerarla incompatible con el Derecho
Internacional.
Ahora, la jueza argentina María Sevini
ha visto cómo la Fiscalía se opuso desde el minuto cero a la
extradición de cargos franquistas o cómo
se ha dado la orden de no tomar declaración en juzgados españoles.
La causa se abrió hace 6 años con las denuncias de víctimas y
familiares tras quedar cerradas las vías de investigar en España,
algo que intentó el juez Garzón. Rajoy incluso se negó a que se
detuviera a exministros franquistas como ordenó la justicia
argentina, alegando que las órdenes de Interpol no son
vinculantes.
El
bloqueo de España a la querella argentina es firme. Alega la
prescripción de los delitos y la aplicación de la ley de Amnistía
del 77. Con su aptitud, el Gobierno del Partido Popular no solo
protege a los presuntos criminales, sino que lo hace por defender
la dictadura cruenta del general Franco, que utilizó la represión
política como su modus operandi y el sufrimiento humano como su
alimento. El PP es su heredero