El Sistema diseñado en la Constitución
de 1978 ya no sirve; no está a la altura de la realidad social y
política. A la Constitución le cuesta trabajo sobrevivir al tiempo. Es
hora de actualizar el modelo institucional que supere de aquel que
salió del Estado totalitario.
En 1978, participé ilusionado en el
referéndum por la Constitución. Acudí a las urnas emocionado. Salíamos
de la negra dictadura y el futuro prometía democracia, salud y
bienestar. Luego las cosas no han sido exactamente como hubiéramos
deseado que fueran, aunque estamos a tiempo de que sean.
Las reformas constitucionales realizadas
desde entonces, a propuesta del gobierno de turno y con el apoyo de la
oposición mayoritaria, pero sin la palabra del pueblo, han sido todo
un espejismo democrático. A pesar de que la soberanía del pueblo está
reconocida constitucionalmente, ha sido toda una falacia. Es preciso
abrir un proceso constituyente participativo, democrático, en igualdad
y libertad, que supere las limitaciones de la actual que rige los
destinos desde 1978.
La razón del proceso constituyente es
provocar una ruptura con el Sistema político y económico actual, que
está estrangulado los derechos de la mayoría social, clase media y
trabajadora, para generar otras reglas de juego basadas en la
democracia participativa. El proceso tiene que recuperar la soberanía
popular, reconociendo la superación de la Constitución de 1978,
desmitificando la Transición a la democracia, muy lejos de ser
modélica como ahora se pretende presentar.
La Constitución, para que sobreviva
tiene que cambiar, tiene que reformarse y lo tiene que hacer con la
participación real del pueblo soberano. Hubo acuerdo político en 1992
para reformar el artículo 13.2, introduciendo la expresión "y pasivo"
referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en
elecciones municipales, como consecuencia del Tratado de Maastricht.
En 2011 no hubo acuerdo mayoritario político, para reformar el
artículo 135, que por presión de la Unión Europea, introdujo el
concepto de "estabilidad presupuestaria" y la prioridad absoluta del
pago de la deuda y los intereses. Se reformó en menos de un mes, a
espaldas del pueblo y sin referéndum. Si la Constitución se reformó
por intereses económicos, también puede reformarse por intereses
sociales y voluntad del pueblo.
El Sistema está permitiendo que se
eliminen derechos y se restrinjan libertades. Los compromisos
impuestos por los sucesivos tratados de la Unión Europea y del resto
de poderes económicos y políticos, está llevando a la mayoría social a
la ruina económica. El Estado ya no tiene por objetivo corregir las
desviaciones propias de la economía social de mercado con solidaridad
y progreso social para todos. La falta de ética y la pérdida de
valores que la propia Constitución establece, hacen que el pueblo haya
perdido la confianza institucional y reclame el derecho a tomar el
poder soberano. Como todo es posible, porque el Sistema lo permite,
hay que cambiarlo, abriendo un proceso constituyente. La Constitución
de 1978 está deslegitimada; ya toca.
La política se judicializa y la justicia
se politiza; no existe independencia entre los poderes del Estado. Se
adoptan medidas, en muchas ocasiones, a sabiendas de que son
contrarias a la ley, rayando la prevaricación. La separación de
poderes, que caracteriza a un Estado democrático de Derecho, no se
produce en la realidad. El parlamento que representa a la soberanía
del pueblo, está supeditado al gobierno. El parlamento, que elige al
presidente, está bajo sus dictados. No hay independencia, como no la
hay con el órgano del poder judicial, que está politizado. El gobierno
manda y el pueblo soberano obedece. Solo se cuenta con él para votar
cada cuatro años.
En un modelo en el que rige una economía
social de mercado, el mercado manda, ordena y regula las tendencias y
el Estado corrige las desviaciones, con el objetivo de conseguir, con
solidaridad, el progreso social; pero eso es una entelequia. En
realidad, el mercado va a lo suyo, y el gobierno, que debería impulsar
esas medidas correctoras, se olvida de la economía real que crea
riqueza y empleo. El pueblo no es su prioridad.
Tras la muerte del dictador en 1975, se
abría para los españoles una nueva era. El proceso hacia la democracia
se inició con una ley franquista; la Ley para la Reforma Política −la
última de las Leyes Fundamentales del Reino−, sometida a referéndum a
finales de 1976, instaba al gobierno a abrir un proceso electoral.
Voló las Cortes franquistas, pero no eliminó el franquismo. El 15 de
junio de 1977, se celebraban las primeras elecciones democráticas
después de la dictadura, abriéndose de hecho un proceso constituyente,
con el pueblo de invitado de piedra, todo sometido a continuos
peligros de involución. El pueblo, que votó en referéndum, participó
poco; no estaba ducho en procedimientos democráticos. Los miembros del
régimen llegaron hasta sus máximos exigibles, los demócratas de la
oposición a sus mínimos necesarios.
Nada fue sencillo: la crisis económica y
el terrorismo lo dificultaron, el régimen estaba intacto y todo atado
y bien atado. Gobierno y oposición coincidieron en la necesidad de
redactar una constitución consensuada y aceptada por la mayoría de las
fuerzas políticas. El rey heredero de Franco, el ejército y el
gobierno, que representaba a la derecha, tenían el poder, la oposición
la legitimidad democrática y se avinieron. Hoy ya no es el mejor
modelo para una mejor convivencia.
La figura del consenso, permitió
resolver los temas más conflictivos del momento: la forma de estado y
de gobierno, el modo de elección, la cuestión religiosa, el modelo
económico y la descentralización territorial. La Constitución se
aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Votó el 67,11% de un
censo de 26.632.180, y los votos favorables representaron el 88,54%,
15.709.078 de los votantes. Ha llegado la hora de renovar el pacto de
Estado, con una nueva Constitución, que de respuestas a los retos
actuales: cambiar el sistema electoral, profundizar en la democracia,
promover la igualdad y la justicia social, permitiendo al pueblo que
decida el modelo político de gobierno: si monarquía parlamentaria o
república federal.
No caben reformas constitucionales, sino
la apertura de un proceso constituyente, que provenga del pueblo, a
través de un proceso general, amplio, inclusivo, con el objetivo de
obtener una auténtica legitimidad democrática. Mediante un proceso
constituyente, es la ciudadanía la que se brinda a sí misma una nueva
constitución. La actual está funcionalmente obsoleta y con escasa
legitimidad, por lo que tras un proceso constituyente, se abriría paso
político a una auténtica legitimidad democrática, situando a la
persona como el motor de cambio.
Una nueva constitución no va a resolver
ni la crisis económica y financiera ni va a quitar la angustia a la
ciudadanía que la está padeciendo, pero va a ofrecer al pueblo
instrumentos para que participe activamente en los asuntos de sus
intereses de forma directa y a través de representantes legítimos. El
proceso constituyente debe avanzar en la creación de un estado
federal, laico y republicano, basado en la transparencia y una mayor
participación social. Que el Sistema diseñado en la Constitución de
1978 ya no sirve es un clamor.
Es hora del establecimiento de un
verdadero Estado social y democrático de Derecho, que propugne como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político, como aparece en del
artículo 1.1 de la actual CE, que no se cumple. Un nuevo modelo más
democrático y participativo, en el que la igualdad y la justicia
social sean sus principales baluartes. Defiendo el derecho a decidir,
por lo que hay que introducir los mecanismos que permitan realizar
consultas sobre asuntos de especial trascendencia.
La necesidad de cambio social, político
y económico es una realidad que comparte la mayoría de los líderes y
de los partidos políticos, pero consideran que no ha llegado el
momento. Hay quien prefiere defender a toda costa el proceso de la
Transición y al régimen del 78 que surgió de la dictadura. También
quienes proponen reformas, para que todo siga igual. Por el contrario,
están los que apostamos por una nueva constitución, que supere las
carencias provocadas por el tiempo, adaptada a la realidad de hoy y
ofrezca respuestas a las demandas actuales. Ha llegado la hora de
establecer un Estado Republicano.
Un Estado Republicano, plurinacional,
solidario, participativo y laico, debe contar con una nueva estructura
territorial federal, con un modelo de financiación y de política
fiscal viable; debe incorporar mecanismos que garanticen el Estado
social, en el que la universalidad de los servicios públicos esté
sustentado por principios y valores de libertad, igualdad, justicia
social y solidaridad; debe fortalecer y ampliar los derechos
fundamentales de los ciudadanos, equiparando derechos civiles y
políticos. Un Estado Republicano debe blindar los derechos
fundamentales para evitar que los gobiernos de turno ataquen los
fundamentos del Estado de Derecho.
