Quiero
recordar una vez más aquel acontecimiento ocurrido hace ahora
cuarenta y cinco años, cuando en París, José Maldonado, presidente
de la República y Fernando Valera, presidente del Consejo de
Ministros, declaraban solemnemente el fin de la República Española.
Las Instituciones de la República en el exilio pusieron término a la
misión histórica que se habían impuesto. Se sentían satisfechos
porque tenían la convicción de haber cumplido con su deber. Se
habían conocido los resultados de las elecciones generales
celebradas el 15 de junio de 1977.
El
principio del fin venía de lejos; pero fue con el inicio de la
Transición, tras la muerte de Franco, quien le había dado el primer
tiro, cuando la República en el exilio se vio afectada
definitivamente. A primeros de marzo de 1977, antes de la
celebración de las primeras elecciones en libertad, el embajador de
la República Socialista Federativa de Yugoslavia, comunicaba al
Gobierno de la República la decisión de su Gobierno de dar por
terminadas las relaciones diplomáticas que venía manteniendo.
La
Segunda República Española en el exilio, mantuvo la representación
del Estado español emanado de la Constitución de 1931 hasta 1977. La
negativa de la ONU en 1946 al ingreso de la España franquista, no
había generado el reconocimiento del gobierno republicano en el
exilio como autoridad legítima y representante de España. México fue
el primer Estado en reconocer como legítimo al gobierno en exilio
formado en agosto de 1945. Tal decisión se mantuvo hasta 1977,
cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre México y
España.
Los
países de Europa Oriental, bajo influencia soviética (Polonia,
Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Yugoslavia), rehusaron establecer
relaciones diplomáticas con la España franquista y reconocieron a la
República al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pese a ello, la
Unión Soviética, nunca emitió un reconocimiento oficial. Cuando el
PCE se apartó del gobierno republicano, los países de Europa
Oriental retiraron su reconocimiento a la República, alegando que la
ONU tampoco la reconocía.
Dice la
declaración que ponía fin a la República: Las Cortes de la República
Española restablecieron su funcionamiento en el exilio con el
asentimiento de los grupos políticos que las componían, cuyos
miembros habían logrado salir del territorio nacional huyendo de la
cruenta represión de la dictadura. Argumentaba que tal decisión se
había adoptó al amparo de preceptos constitucionales votados y
ratificados por los españoles en sucesivas y ejemplares consultas
electorales en 1931, 1933 y 1936. Ese era el legítimo origen de los
gobiernos de la República que se han venido sucediendo desde
entonces, con el esencial designio de devolverle al pueblo el libre
ejercicio de los derechos cívicos, propiciando así el
establecimiento de un régimen auténtico de convivencia.
Consecuentes con ese propósito declarado, las
Instituciones de la República habían realizado una acción sin
interrupción hasta que surgió una nueva legalidad democrática, que
llegó con los resultados de las
elecciones generales del 15 de junio, que
aceptaron. Para los representantes de la Segunda República la
numerosa participación electoral, claro exponente del elevado
civismo de nuestros compatriotas, unido a aquella el general
consenso con el que se acepta en el país el resultado de la
confrontación, nos mueven, a pesar de sus anomalías, a aceptar ese
resultado.
Por
primera vez desde los tiempos de la Segunda República, tras cuarenta
años de dictadura, se celebraron elecciones generales, para dar paso
a unas Cortes, que sin ser constituyentes de hecho lo fueron. Un
78,83% de quienes formábamos el censo electoral acudimos a las urnas
con una ilusión contenida, ante el futuro que se presentaba. Hoy, no
todas las expectativas se han cumplido. Seguimos buscando la
consolidación de la democracia que tanto nos costó conseguir y una
mayor calidad en la participación política y social. Para ello, la
Constitución de 1978 debe cambiarse, por otra que se adapte a las
nuevas realidades.
Las
Instituciones de la República en el exilio dieron por terminada la
misión histórica que se habían impuesto, sintiéndose satisfechos,
porque tenían la convicción de haber cumplido con su deber. A la
República la habían asesinado lentamente entre 1936 y 1939, pero los
ideales republicanos siguen vivos. 44 años después de la
proclamación de la Constitución, podemos constatar que ha sido
incapaz de ofrecer una solución a los graves problemas que existen
en España. Deterioro de derechos como educación pública y sanidad
universal, mordaza a las libertades, corrupción generalizada,
desconfianza ciudadana en las instituciones, desigualdad de género y
violencia machista.
Adolfo
Suárez, no convocó un referéndum sobre Monarquía o República por
miedo a que perdiera la monarquía, como vaticinaban los sondeos
realizados por el Gobierno. Hacía encuestas y perdíamos, decía.
Suárez reconoció las presiones internacionales que recibió para
realizar un referéndum sobre la Corona. Pero se le ocurrió colar la
palabra Rey en la Ley para la Reforma Política y así dije que había
sido sometido a referéndum ya, declaró. Posteriormente, en la
Constitución, se volvió a maquillar, con la fórmula de declarar a
Juan Carlos de Borbón legítimo heredero de la dinastía histórica.
Claro que España ha cambiado en este tiempo.
Incluso
A España no la conoce ni la madre que la parió,
que dijera Alfonso Guerra. Mucho ha ocurrido y no todo como
hubiéramos deseado que fuera. Es momento de avanzar en un nuevo
modelo político y social, en el que el Estado Republicano con una
nueva Constitución garantice que la economía esté al servicio todas
las personas y no al servicio de la economía de unos pocos. La
ciudadanía tiene que reaccionar, como también los partidos políticos
y unirse en torno a una ruta común, que nos lleve a una nueva
alternativa hacia la izquierda.
El último
capítulo de la historia de la República española en 1977, fue
doloroso para quienes tanto habían luchado por ella, aunque se cerró
con dignidad y honor. Se disolvió la Segunda República, pero no los
republicanos ni su ideario, que seguimos defendiendo la proclamación
de la Tercera.
