La
situación de riesgo se perpetúa; me refiero a los 1.800 niñas y niños
que llevan sin luz más de dos años, otro invierno más, el tercero, en
el que las bajas temperaturas son un peligro para la salud física y
mental, rendimiento escolar y bienestar. Me estoy refiriendo a las
familias de la Cañada Real Galiana en Madrid, cuyos derechos son
sistemáticamente olvidados. El mercado de la droga, como una manta lo
cubre todo.
Ha vencido
el plazo dado por el Comité Europeo de Derechos Sociales a España para
dar una respuesta a la reclamación colectiva en la que se denunciaba
el incumplimiento de la Carta Social Europea. La reclamación colectiva
en el caso de la Cañada Real es la primera que se presenta contra
España. La presentaron el sindicato Comisiones Obreras y varias ONG
internacionales presentes en la Plataforma Cívica "Luz Ya para la
Cañada Real" en marzo de 2022. Esta reclamación denuncia la
vulneración de derechos a causa de los cortes de electricidad, entre
los que se encuentran el derecho a la salud, la protección contra la
pobreza y la exclusión social o el derecho a la vivienda.
Las medidas
cautelares reclamadas hasta que se dicte sentencia buscan salvaguardar
los derechos fundamentales de las personas, en especial las de
especial vulnerabilidad, como la infancia, que habitan en los sectores
5 y 6 de la Cañada y que viven, desde octubre del año 2020, sin
electricidad. Se trata de evitar así que estos derechos (como el
acceso a la salud, a la protección de la infancia o a la no
discriminación) sufran vulneraciones antes de que el Comité se
pronuncie sobre el fondo de la reclamación.
Cañada Real
Galiana a su paso por la Comunidad de Madrid es el mayor asentamiento
ilegal de Europa. Es el centro geográfico de la España peninsular. El
actual poblado está compuesto por una serie de construcciones
ilegales, desde chabolas hasta chalets e incluso bloques de pisos, a
lo largo de 15 kilómetros de recorrido. Se extiende desde la Avenida
de la Cañada de Coslada hasta el límite municipal de Madrid y Getafe,
atravesando el municipio de Rivas-Vaciamadrid.
Las cañadas
reales, eran el principal tránsito de la trashumancia en España,
reguladas por edicto real de Alfonso X el Sabio en 1273, que perseguía
la regulación, ordenación y protección de ciertos caminos que por su
importancia, uso o ubicación merecían ser preservados de posibles
violaciones.
La Cañada Real Galiana no solo es conocida por
que se infringen derechos humanos de las familias que allí habitan,
también por ser feudo de los clanes de la droga, el mayor punto de
venta de heroína de España.
Está en tierra de nadie y recorrerla es una sucesión de contrastes.
De los chalets sobre la M-45 al desastre del sector VI, conocido por
las macrooperaciones contra el tráfico de cocaína y heroína, y en el
que las condiciones de marginación y pobreza se hacen imposibles.
800
familias sobreviven en condiciones infrahumanas mientras las
administraciones llevan tiempo desentendiéndose de esta miseria, pese
a los pactos firmados. Pagan justos por pecadores y niños por adultos.
En esta antigua vía pecuaria para el ganado trashumante, hay quienes
luchan por la normalización y contra el estigma que supone vivir de
forma ilegal junto a uno de los principales puntos de venta de droga
de España.
Cuando España aceptó el procedimiento de reclamaciones colectivas del
Comité en el año 2021, lo aceptaba con todas las obligaciones que ello
implica (@SaveChildrenEs). La exigencia de
Europa a España se ha de aceptar con todas sus consecuencias y todas
sus fases; es inaceptable que no se estén cumpliendo las medidas
cautelares exigidas por el Comité. Si se causa un daño irreparable a
las personas afectadas, el procedimiento perderá gran parte de su
sentido dado que solamente podrá declarar la violación y ordenar una
reparación, pero no podrá evitar daños mayores a los ya sufridos. La
situación de especial vulnerabilidad que sufre la infancia afectada,
así como el irreversible efecto que tiene el transcurso del tiempo
sobre los derechos de los niños y las niñas, hace especialmente
necesario el cumplimiento de estas medidas cautelares.
La Carta
Social Europea es el tratado europeo de derechos humanos laborales y
sociales, que se concluyó en 1961 como complemento al Convenio Europeo
de Derechos Humanos de 1950. En 1996, se revisó la Carta para incluir
nuevos derechos. España ratificó la Carta Social Europea en 1980. Sin
embargo, hasta 2021 no ratificó ni la versión revisada de la Carta, ni
el procedimiento de reclamaciones colectivas. Desde 2021, ambos
tratados están en vigor para España.
El Comité
Europeo de Derechos Sociales es un órgano de expertos independientes
encargado de supervisar la correcta aplicación de la Carta Social
Europea en los Estados que la han ratificado. En 1995, mediante un
Protocolo especial, se le confirió la competencia de examinar
reclamaciones colectivas interpuestas por sindicatos, organizaciones
no gubernamentales u organizaciones empresariales que denunciaran
incumplimientos de la Carta en los Estados miembros. Se trata de un
procedimiento contradictorio en el que el Estado demandado puede
presentar sus argumentos sobre por que se está cumpliendo o no con
determinadas disposiciones de la Carta.
El 19 de
octubre de 2022, el Comité resolvió admitir a trámite la reclamación
colectiva e indicó medidas cautelares a España. El Comité considera
que la falta de electricidad pone a las personas residentes en varios
sectores de la Cañada Real en riesgo de daño grave e irreparable para
sus vidas, sobre todo, en vista de la llegada del invierno y del
riesgo de condiciones climáticas adversas. El Comité rechaza las
razones alegadas en contra de las medidas cautelares, como la
existencia de resoluciones judiciales, las medidas tomadas y los
planes de realojo.
El Comité
declara, unánimemente, la necesidad de adoptar dos medidas
fundamentales: garantizar que todas las personas afectadas tengan
acceso a electricidad y calefacción, teniendo en cuenta especialmente
las necesidades de los grupos vulnerables; y ofrecer alojamiento
alternativo a las personas afectadas cuando no sea posible garantizar
el acceso a la electricidad y la calefacción.
España no
puede sentar un precedente de incumplimiento de medidas cautelares,
que pondría en entredicho su compromiso con este sistema internacional
de garantía de derechos. España se debe comprometer con el Comité
Europeo de Derechos Sociales y no debilitarlo ignorando sus
pronunciamientos. Especialmente cuando cumplir con estas obligaciones
sólo requiere una voluntad política.
Un sistema como el nuestro no puede consentir
situaciones como las vividas allí. España, que tiene firmado la carta
de derechos de los niños, la carta europea de derechos sociales, y
varios tratados en materia de defensa de derechos humanos, no se
altera ante la situación de 4.000 personas, 1.800 de ellas menores. La
falta de luz y electricidad se combate ahora en los juzgados por si
fuera constitutiva de delito por incumplir el
Pacto por la Cañada Real firmado en 2017 que
debe velar por dignificar las condiciones de vida de la población.
Buena parte
de los que llegaron en las últimas tres décadas, fueron españoles,
tanto payos como gitanos, marroquíes, rumanos, búlgaros y otra decena
de nacionalidades, lo hicieron pagando por los terrenos mediante el
método de cesión; algunos, conocedores de la ilegalidad y otros
engañados sobre que se vendían terrenos y se podía construir. La
mayoría trabaja en sectores como la construcción, limpieza, cuidado de
mayores, comercio y un sector de autónomos, venta ambulante, pequeños
comercios, y una buena parte que se dedica a la recogida de chatarra o
feriantes.
El sector
seis es un lugar de exclusión y vulnerabilidad, muy condicionado por
el aislamiento y la estigmatización, que tanto daño hace a la gente.
La impunidad en relación a la venta de drogas, hace que quien trafica
se sienta fuerte, y eso provoca que los que están a su alrededor se
vean más vulnerables porque nadie los protege.
Los niños,
niñas y sus familiares han pasado ya dos inviernos sin suministro
eléctrico, el primero de ellos con el especial daño causado por el
temporal Filomena y afrontan su tercero sin vistas a que la situación
cambie. Los niños y niñas de la Cañada Real Galiana siguen sufriendo
situaciones que nadie, y menos a esa edad, deberían afrontar.
