Democracia:
gobierno del pueblo para el pueblo. Diferentes modelos de sistemas
democráticos existen. La democracia es una forma de gobierno, un modo de
organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es
sólo el objeto del gobierno sino el sujeto que gobierna. El término
democracia y sus derivados provienen, de las palabras griegas demos
(pueblo) y cratos (poder o gobierno).
Los principios y valores democráticos son las
ideas fundamentales que sustentan la democracia, y son esenciales para
una sociedad justa, equitativa y participativa.
Estos principios y valores incluyen la soberanía popular, la libertad,
la igualdad, la justicia, la tolerancia, el pluralismo, la
responsabilidad y la honestidad.
Cuando se
dice que el pueblo es soberano se quiere decir que la fuente última de
todo poder o autoridad política es exclusivamente el pueblo; que no
existe ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y que la
legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión en definitiva
de la voluntad popular, lo que no quiere decir que se gobierne para el
pueblo, para su beneficio y bienestar: gobiernos autoritarios y
dictatoriales pueden, de hecho, pretender hacerlo así; y gobiernos
democráticamente configurados, en cambio, pueden desarrollar políticas
que se revelan contrarias a esos supuestos beneficio y bienestar.
La democracia
debe entenderse como un sistema político entre las diferentes
posibilidades que han existido para configurar los Estados a lo largo de
la historia. Esto es, la democracia es una de las formas políticas en
las que puede organizarse la convivencia social, pues así como una
sociedad puede establecerse como una democracia, también puede hacerlo
como una Aristocracia o en una Autocracia.
La democracia
conlleva la posibilidad de que existan medios de participación por parte
de la ciudadanía, de que existan diferencias entre los participantes de
dicho proceso y de que se expresen opiniones contrapuestas. De este
modo, se afirma que la democracia repudia la posibilidad de que una sola
persona se abrogue el poder por propio y exclusivo, abriéndose el escaño
del poder a una pluralidad de personas así como a la crítica y oposición
por parte de los propios miembros de la sociedad.
La democracia
reconoce la posibilidad de que cualquier persona pueda participar en el
ejercicio del poder político dentro de un determinado Estado. Por esto,
es necesario reconocer la existencia de igualdad entre los ciudadanos,
ya que, sin ella, no existirían los medios necesarios para que la
participación y la oposición se desarrollen libremente. A la luz de
esto, se abre la puerta a dos paradigmas que condicionan el desarrollo
de la democracia por lo que respecta a la igualdad: en la
redistribución, por lo que respecta a la igualdad de derechos que todo
individuo tiene uno frente al otro y ante el Estado para participar en
los procesos democráticos.
En estos
postulados se observa la esencia de la democracia: que se reconozcan las
divergencias entre la propia sociedad, lo cual es natural al
desarrollarse una vida en libertad; y que sea factible que las
divergencias sociales sean expresadas libremente. De igual forma se
observa la posibilidad de que, no solo esas divergencias sean
expresadas, sino que también se creen los mecanismos para que dichas
diferencias lleguen al ente político que ostenta el poder y desde ahí
crear condiciones propias para la vida social.
Se afirma que
la democracia, para garantizar las condiciones mínimas para la
participación ciudadana, impone al poder público límites en su
ejercicio. Para ello se crean instituciones como el Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, y se les asigna a cada rama una función específica
del poder, así como competencias y supuestos para su ejercicio. De algún
modo, en un estado democrático se busca el límite del poder como
garantía para que los ciudadanos participen en la política nacional,
límites que se pueden identificar como dos tipos: del Estado frente al
individuo; de las propias instituciones del Estado entre ellas, que
garantice mediante la división del poder y el establecimiento de
competencias entre estas.
La
Constitución de un Estado democrático contará con límites del poder
tanto público como privado frente a los individuos y ante las propias
instituciones que conforman al Estado; de ese modo se evita, por un
lado, que se prive a los individuos de las condiciones necesarias para
que desarrollen su vida y estén en condiciones para participar en la
entidad política nacional, mientras que, por otro lado, se impide que el
poder se encuentre concentrado en una sola persona o institución como
sucede en los Estados autocráticos.
Al limitarse
el poder, se garantiza que no existirán abusos en el ejercicio del
mismo. De acuerdo con esto, los individuos podrán gozar de condiciones
propias para el libre ejercicio de sus derechos individuales. Además,
también se impide que el poder político se concentre en una sola
institución o persona, lo cual resultaría pernicioso al no tener esta
sola persona una visión global de las necesidades sociales y, por otro
lado, podría ejercer sin limitación alguna su poder, inclusive sobre
cualquier derecho individual.
Un Estado
democrático no puede subsistir si no existen herramientas que garanticen
la regularidad de los actos de autoridad con la esencia del Estado. De
acuerdo con esto, el control de la constitucionalidad de los actos se
torna en un eje de la eficacia constitucional, reforzando el carácter de
obligatorio de la propia Constitución y las decisiones políticas
fundamentales que fueron tomadas ahí y dotando de equilibrio a los
derechos fundamentales y las estructuras institucionales determinadas
por el acuerdo constitucional.
Los medios de
control de la constitucionalidad se identifican como los recursos
jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos
emitidos por quienes detentan el poder y la Constitución, anulándolas
cuando aquellas quebranten los principios constitucionales, de esta
forma también se desprende la naturaleza correctiva de los medios de
control, por lo que destruyen actos ya emitidos. Es con motivo de esta
característica por virtud de la cual podemos afirmar que los derechos y
principios contenidos en la Constitución adquieren la naturaleza de
norma jurídica.
Uno de cada cuatro varones (25,9%) de entre 18 y
26 años, los bautizados como generación Z, considera que en algunas
circunstancias, el autoritarismo puede ser preferible al sistema
democrático, mientras que el 18,3% de ellas, casi ocho puntos menos,
elegiría una dictadura.
La crispación política y la propagación de bulos suponen una amenaza
para nuestro sistema. Tras décadas de
estabilidad democrática, fruto de un consenso político que parece
haberse quebrado, el exagerado clima de crispación y la propagación de
bulos que distorsionan la realidad comienzan a agrietar la robustez de
nuestro sistema actual (Encuesta de El País).
Entre la
población general, solo uno de cada ocho (12,6%) se decantaría por un
régimen autoritario frente al democrático. Eso sí, el porcentaje es más
elevado entre los votantes de formaciones de ultraderecha: un 24% en el
electorado de Vox y un 21,3% en el de Se acabó la Fiesta, el partido de
Alvise Pérez. Lo más llamativo es que el 71,9% de la población considera
malo o regular el funcionamiento de nuestra democracia. Un dato
elevadísimo que evidencia la debilidad de nuestro sistema ante un ciclo
de fuertes turbulencias.
Ante lo que
tenemos encima y lo que se puede avecinar, tenemos que conocer y
defender los principios y valores que identifican a un sistema
democrático como en el que vivimos. Todo sistema democrático moderno se
debe guiar necesariamente por los siguientes principios: la soberanía
popular. El poder político debe emanar del pueblo, que será capaz de
decidir en última instancia cómo desea gobernarse. La soberanía puede
transferirse temporal y parcialmente a los representantes políticos
mediante el voto popular libre, secreto y universal. La ciudadanía debn
poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir su voto.
El Estado
de derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el
poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y
deben cumplirlas en todos los casos. La igualdad. En una
democracia, todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los
ciudadanos deben recibir un trato justo y equitativo y no deben ser
discriminados por raza, etnia, sexo, entre otras características.
Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse
bajo las mismas condiciones; dentro de una democracia, los ciudadanos
deben tener garantizadas sus libertades fundamentales, como la libertad
de expresión, política, de circulación, de religión, de pensamiento,
entre muchas otras.
La
limitación del poder. Toda forma de poder político en una democracia
deberá tener límites, y las distintas instituciones del Estado deberán
velar por que así sea; la Constitución o Carta Magna del país tendrá la
última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para
garantizar el respeto a la voluntad popular. En una democracia, la
ciudadanía espera de sus representantes transparencia y que rindan
cuentas frente al ejercicio de sus funciones.
La democracia
es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual, y es a
través de este sistema por el que las decisiones trascendentales de la
vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los
poderes ejecutivo y legislativo, se someten a consulta o votación
popular. La democracia es entendida como un método justo, que permite el
respeto de la voluntad popular; el principio constitutivo de la
democracia es el de la soberanía popular. Su importancia radica en que
se basa en la justicia y busca que se respeten procesos transparentes
para dar voz a la voluntad y decisión del pueblo.
Los
principios y valores democráticos, al ser promovidos y practicados,
contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y
democrática.
