Todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones y las normas para hacer
efectivo este derecho, regulando el uso del suelo en interés general
para impedir la especulación (Constitución, artículo 47). Frente al
derecho, existen rentistas culpables y gobiernos responsables que
impiden que el precepto constitucional se haga efectivo.
Una
manifestación por el derecho a la vivienda digna ha reunido este sábado
en Madrid a miles de personas para pedir la bajada de las alquileres y
el fin de la especulación inmobiliaria, en tanto que han advertido la
posibilidad de llevar a cabo una huelga de alquileres para lograr sus
objetivos. La marcha en la capital ha movilizado a más de 150.000
personas, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y otras
organizaciones sociales.
La vivienda
ha sido un derecho históricamente desprotegido en España, lo que viola
el derecho a la vivienda que afecta a millones de personas. La vivienda
se ha considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un
derecho, lo que ha dificultado el acceso a la misma y de forma especial
para las personas en situaciones más vulnerables. España es el país que
más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte
del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones
Unidas.
La crisis de
la vivienda en España hunde sus raíces en las últimas décadas, con
especial incidencia de la crisis de 2008 cuyas consecuencias se
arrastran hasta la actualidad. A todo ello se suma el impacto económico
y social de la pandemia y las malas perspectivas actuales ante la crisis
energética y el incremento del coste de la vida en un escenario de
fuerte incertidumbre.
La vivienda
constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y
las familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces
económica y debería ser un santuario donde vivir en paz, con seguridad y
dignidad. Considerada cada vez más como una mercancía, la vivienda es
sobre todo un derecho humano. En virtud del derecho internacional, el
derecho una vivienda adecuada entraña tener seguridad de la tenencia,
sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar.
En el derecho
a la vivienda hay que valorar una serie de aspectos. En primer lugar,
estamos ante un derecho social en sentido estricto, es decir se trata de
un derecho que no se configura como subjetivo y que, en consecuencia, no
confiere a sus titulares una acción ejercitable en el orden a la
obtención directa de una vivienda digna y adecuada. Actúa como un
mandato a los poderes públicos en cuanto éstos están obligados a definir
y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo.
Las
referencias a la vivienda como derecho, son escasas en las
constituciones occidentales. La referencia directa más explícita se
encuentra en el artículo 65 de la Constitución portuguesa de 1976 (así
como en su reforma de 1989) en virtud del cual todos tendrán derecho
para sí o para su familia, a una vivienda de dimensión adecuada, en
condiciones de higiene y comodidad, y que preserve la identidad personal
y familiar, para cuyo fin se establecen una serie de actividades que el
Estado tiene que desarrollar para hacer efectivo aquel derecho.
Las
manifestaciones del 5 de Abril se convocaron bajo el lema: Acabemos con
el negocio de la vivienda Desde los Sindicatos de Inquilinas de todo el
Estado hicieron un llamamiento a asistir a la movilización,
manifestaciones y concentraciones. Los precios desorbitados de los
alquileres son la principal causa de empobrecimiento de la clase
trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda. El
enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar
económicamente a una gran parte de la sociedad, la impunidad con la que
opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos
de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la
indignación social y han consolidado el consenso de que la vivienda debe
dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho. En las ciudades
turísticas, la situación es aún más grave: los alquileres de temporada y
el modelo turístico expulsan al vecindario de sus barrios, y precario a
quienes trabajan en el sector.
Frente a los
gobiernos que protegen los intereses de la patronal inmobiliaria y
turística, el Sindicato de Inquilinas crece en las principales ciudades
del Estado. Solo la organización sindical de base puede tumbar el
sistema rentista que sostiene el modelo de vivienda actual. En los
últimos años, una red de sindicatos se ha consolidado en Madrid,
Barcelona, Vigo, Asturias, Cádiz, Málaga, Sevilla, Zaragoza e Ibiza.
Convertir la
vivienda en un derecho, tras décadas de especulación, es un camino
largo. Pero hay un primer paso claro: bajar los alquileres un 50%. En un
contexto de precios en constante subida, lograr una reducción radical
supondría un golpe directo al negocio que han montado con nuestras
casas, y por tanto un paso decisivo en la consolidación de la vivienda
como un derecho.
Las
reivindicaciones de los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos son
claras: Bajada del 50% en los alquileres. Los precios actuales son
insostenibles y ahogan a millones de personas. Necesitamos una bajada
inmediata. Contratos de alquiler indefinidos. Cada 5 ó 7 años expulsan
de los hogares para subir los alquileres, provocando miles de desahucios
invisibles, por lo que son necesarios los contratos indefinidos para
poder desarrollar proyectos de vida en los hogares.
Es necesaria
la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de
temporada. Mientras se habla de falta de vivienda, cientos de miles de
casas se usan para fines que no son vivienda habitual, por lo que es
necesario recuperarlas para que cumplan una función social. El fin de la
compra especulativa es otra reivindicación. La vivienda no puede ser una
inversión. Se debe prohibir la compra de vivienda si no es para vivir en
ella, ya sean fondos buitre o rentistas individuales. Es precisa la
desarticulación de grupos de desokupación. Cada vez más caseros acuden a
grupos de matones para echarnos de nuestros hogares con coacciones y
amenazas. Estas prácticas violentas deben prohibirse.
El derecho a
una vivienda adecuada fue reconocido como parte del derecho a un nivel
de vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otros tratados
internacionales de derechos humanos han reconocido o mencionado desde
entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de sus elementos,
como la protección del hogar y la privacidad.
Amnistía Internacional en su documento Derecho a la vivienda en España,
recuerda que el Derecho a la Vivienda, forma
parte del derecho Internacional. La Declaración Universal de Derechos
Humanos garantiza a cada persona en su
artículo 25.1 el derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios. Por su parte, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo ratifica
en su artículo 11.1 al reconocer el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, incluidas alimentación, vestido y
vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
La subida del precio del alquiler ha disparado las
dificultades para encontrar una vivienda accesible en las ciudades
españolas. Según datos analizados por elDiario.es, los precios han
subido casi un 40% desde 2015, un encarecimiento que ha llevado a miles
de familias a verse ahogadas para pagar el alquiler. Casi 1.400.000
hogares destinan más de un 30% de sus ingresos a pagar la renta, 200.000
familias más que hace una década, según el análisis de los microdatos de
la
Encuesta de Condiciones de Vida (INE) de 2024.
Pero la situación no es igual para todos los hogares: afrontar un
alquiler no es lo mismo si resides en Barcelona que en Murcia. Si eres
un joven que vive solo o si eres una pareja adulta con dos ingresos.
Tampoco si cobras 3.000 euros al mes o solamente el salario mínimo.
La crisis
habitacional se caracteriza por hacer de la vivienda un producto de
inversión que tiene un papel cada vez más central en la economía y por
el desarrollo de unas políticas públicas destinadas a garantizar la
vivienda como mercancía. Esta tendencia global tiene su proceso y
expresión concreta en cada territorio. Por lo que la forma de hacerle
frente debe partir de esta premisa.
Izquierda
Unida acaba de registrar en el Congreso una ambiciosa iniciativa
parlamentaria que, entre otras cuestiones, y mientras otros, los señores
de la guerra y amantes del conflicto, prefieren exigir al Gobierno que
supere cuanto antes el 2% del Producto Interior Bruto destinado a gasto
militar, para llegar pronto al 5%”, plantea directamente dedicar, al
menos, el 2% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el año 2035,
con el objetivo final de cuadruplicar el porcentaje actual.
La portavoz
del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha
hecho un llamamiento al medio millón de hogares cuyos contratos acaban
este 2025 a quedarse en casa y resistir. Además, en el marco de reclamar
la huelga de los alquileres como un derecho, ha asegurado que se acabó
marcharnos de nuestros barrios, de nuestras casas, o incluso de nuestras
ciudades cada cinco o siete años; basta de irnos con la cabeza baja,
basta de desahucios invisibles.
Las
instituciones son responsables de la actual coyuntura. Hay que recuperar
las viviendas secuestradas en pisos turísticos y en las casas vacías.
Todo parece que el 5 de abril ha empezado el fin del negocio de la
vivienda.
