Han
pasado cuarenta y cuatro años desde que fuerzas antidemocráticas,
mandos militares, guardias civiles y una trama ideológica de la
derecha reaccionaria sin identificar, perpetraron un golpe de
Estado. También fue un golpe de Estado promovido desde las
instancias del poder para reconducir la situación política a la
deriva, según ellos. La mayoría de cuantos participaron no han
pagado su culpa. Sigue habiendo algún tapado, quizás irresponsable
penalmente; y preguntas sin responder.
¿Se hizo
todo en nombre del rey? ¿Es cierta la frase conocida, y que el rey
repetía: «a mi dármelo hecho»? ¿Participaron destacados miembros de
los partidos en la oposición y en el gobierno? ¿Cuál fue el papel
que jugaron los servicios de información e inteligencia? El 23F ha
generado infinidad de libros y publicaciones, que han clarificado
muchos extremos; pero siguen habiendo un cúmulo de interrogantes que
sólo el tiempo va desvelando. Fue un episodio que se quiso cerrar
demasiado deprisa y se hizo en falso. Quienes participaron, trataron
de ocultar y desvirtuar la realidad; quienes algo conocían, por su
interés lo taparon, y otros silencios por corporativismo y lealtades
mal entendidas; demasiadas instituciones y gente importante
implicada.
La
instrucción de la causa fue irregular y el Juicio de Campamento,
ante el Consejo Supremo de Justicia Militar una componenda. No
estaban sentados en el banquillo todos los que fueron, aunque
algunos de los que estuvieron, fueron juzgados. La Casa de Campo de
Madrid, fue un desfile de carnaval. Todos eran compañeros: de
uniforme, de cuerpo, o de arma. Los que juzgaban, bien podrían haber
sido inculpados, lo defensores acusadores y los procesados
juzgadores. Desde «las instancias», se pretendió una férrea censura
de la prensa durante el juicio, que no lo consiguieron; el propio
Pedro J. de hoy, fue expulsado de la sala por sus artículos y
comentarios y el entonces Diario16, controlado por sus
investigaciones sobre la realidad de lo ocurrido.
La causa
2/81 nunca desentrañó la trama CESID, por lo que quedó sin conocerse
la procedencia de las órdenes, si las hubo, si existieron acciones
encubiertas o de inducción, y el papel que jugaron sus agentes
implicados. Todos declararon su inocencia (salvo Pardo Zancada),
declarando la creencia, de que la operación contaba con el apoyo
real. No solamente invocaron al rey para su defensa, sino que
alegaron obediencia debida y estado de necesidad, como eximentes.
Todo fue un cúmulo de contradicciones.
Entre los
acusados se formaron dos grupos irreconciliables: Armada, con los
del CESID (Gómez Iglesias y Cortina) y los demás. No se conoció si
Armada formaba parte del golpe principal o por el contrario del
alternativo, o si participó para reconducir la situación; declaró
que antes, durante y después, actuó a las órdenes del rey. Milans se
escudó tras las reuniones que dijo haber tenido con Armada, donde se
le aseguró que el rey estaba de acuerdo; los demás tras Milans.
Tampoco
el juicio conoció la autoría intelectual; si fue Milans, junto con
los otros generales y militares de alta graduación procesados, o
quien fue el tapado elefante blanco. En el juicio si quedó probado
que había habido una rebelión militar. También quedó probado, por
grabado, el asalto de la guardia civil al Congreso. De no haber
habido esas imágenes, posiblemente nos habrían ocultado hasta la
propia acción.
Fueron
juzgados catorce militares, dieciocho guardias civiles y un ex
dirigente del sindicato vertical franquista; pese a que muchos más,
aparentemente, participaron, por acción u omisión, conocimiento o
inducción. El general Milans y el teniente coronel Tejero, fueron
condenados a 30 años de prisión, por un delito probado de rebelión
militar. Posteriormente el Tribunal Supremo condenó a la misma pena,
por el mismo delito, al general Armada. El resto de procesados
fueron condenados a diferentes penas, que fueron desde los doce años
a uno de prisión, o a la pérdida de empleo temporal, y tres
absoluciones.
En la
primera reunión del rey con las fuerzas políticas, el día 24 de
febrero por la tarde, a petición del rey, hubo un pacto de
conveniencia, para evitar la generalización de la culpa hacia las
fuerzas armadas y de seguridad del Estado. Después ya nadie supo
nada; tanto es así que en el juicio de campamento, Tejero llegó a
decir: espero que alguien me cuente algún día lo que fue el 23F. El
presidente previsto, que surgió del golpe, Calvo Sotelo, intentó que
se implicara al menor número posible de militares. En los papeles
del embajador alemán, ya citados anteriormente, el monarca planeó
interceder ante el gobierno y ante la justicia militar para que a
Tejero y a los demás involucrados no les sucediera nada demasiado
grave, porque a fin de cuentas, los golpistas querían lo mejor.
Pese a la
versión de la Zarzuela que afirma que: La participación y actuación
del rey en defensa de la democracia y la Constitución aquel 23F,
está fuera de toda duda para los españoles y la comunidad
internacional. Su papel ya está consolidado por la historia; no todo
está aclarado; y cuanto más transcurre el tiempo, más dudas se
plantean de su proceder. La corona estima que el 23F es más
territorio de historiadores que de la actualidad, y que la historia
ya sentenció. Pocos años han pasado para pretender que la historia
se haga cargo de la situación. Muchos somos los que entonces vivimos
la congoja de un golpe de estado, y si de verdad fue, como parece,
una operación de rey y sus leales, para consolidar su situación ante
la democracia, su culpa no ha prescrito.
Mientras
unos defendían la unidad de España, la bandera y la corona; otros
querían superar la política errática de Suárez y acabar con el
terrorismo. Otros más querían el retorno a la política del 18 de
julio y los principios del movimiento, por los que había luchado y
ganado la guerra. Algunas otras teorías, como decíamos, implican al
rey en una operación para fortalecer a la monarquía, con el fin de
quitarse el pelo del franquismo y reconducir el proceso de
Transición a la democracia.
Si los
golpistas estaban en ese juego -visionario, violento, peligroso y
sucio para la joven democracia y los españoles-, sin triunfar, algo
consiguieron: la figura del rey se consolidó ante la ciudadanía y
las fuerzas políticas (renta de la que todavía sobrevive); la
democracia se consolidó (a costa de quedar sometida al miedo de
involución); el desarrollo del estado autonómico (que supuestamente
hacía peligrar la unidad de España), se paralizó temporalmente, y la
situación política e institucional (creada por los gobiernos de
Suárez que dimitió) se recondujo.
