Las
Cortes Generales representantes del pueblo soberano, aprueba leyes
para que el pueblo no conozca algunas interioridades de
acontecimientos históricos o los actos de determinados personajes,
lo que es una barbaridad democrática, pero sigue habiendo materias
clasificadas para proteger hechos, mediante una ley anterior a la
Constitución.
La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre
secretos oficiales (reformada en octubre de 1978), establece un
conjunto de medidas para evitar que trascienda el conocimiento de lo
que debe permanecer secreto, señalando normas severas que impidan la
generalización de calificaciones que tienen carácter excepcional.
Pueden ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos,
documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por
personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y
defensa del Estado.
Franco la
firmó la ley en 1968, celoso de los efectos internos que podía tener
una universidad española en subversión. Sirvió para ocultar decenas
de crímenes de Estado. En estos tiempos en los que el gobierno
señala la necesidad de abordar la regeneración democrática,
recordamos que el avance en derechos en España encuentra en esta ley
un cerrojo que restringe indebidamente el derecho a la información,
la transparencia y la posibilidad de investigar y esclarecer
violaciones de derechos humanos.
Recientemente, la Comisión de secretos oficiales del Congreso, ha
admitido la petición formulada por Enrique Santiago, portavoz
parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Plurinacional
Sumar para que comparezca la secretaria de Estado directora del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para informar sobre las
cantidades de dinero público para silenciar relaciones sentimentales
del rey emérito Don Juan Carlos, así como su uso concreto y
motivaciones.
Vivimos
en un país de secretos, salvo que afecte al pueblo llano o la vida
de algunos personajes populares, cuyo techo se convierte en cristal,
por la presión de algunos medios. El año pasado, el Congreso de los
Diputados aprobó una iniciativa, para fijar un periodo de
desclasificación automática (25 años para materias secretas y 10
para las reservadas), atribuyendo al Consejo de Ministros la
facultad de clasificación.
El
Gobierno del PP en octubre de 2015, ya había rechazado desclasificar
documentos de entre 1931 y 1968, porque no se consideraba
prioritario y por la falta de medios técnicos y económicos para
llevar a cabo tal ardua tarea del estudio de miles de documentos
sobre la Guerra Civil y la primera etapa del franquismo que fueron
clasificados secretos en 1968. Es bochornoso que a estas alturas,
los investigadores se vean obligados a acudir a Reino Unido o
Francia para conocer hechos de la historia de España.
Esta semana se cumplen cuarenta y cuatro años
del 23F de 1981, el golpe de Estado, que dieron los facciosos. Hay
más sombras que luces sobre lo ocurrido y más responsables de los
que aparecen. Hasta
siete secretos del 23F y la Transición podrían quedar a la luz
si se modifica la ley de secretos.
«¿Adolfo
Suárez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisión un día después
del 23F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en
marcha? ¿Felipe González estaba al tanto de la Operación Armada y
aceptó ser vicepresidente de un general? ¿Qué nombres, acciones,
relaciones y documentación recabaron los servicios secretos
españoles en su investigación? ¿Hasta dónde había implicados mandos
y cargos de la época, incluidos los del Cesid? ¿Algún servicio
secreto extranjero conocía los planes de ETA para atentar contra
Luis Carrero Blanco? ¿Existe en el CNI un archivo llamado Jano con
el seguimiento a 8.000 personajes que tenían o podían tener en el
futuro una proyección pública?»
El golpe de Estado se dio en nombre del rey y
a sus órdenes y lo argumento en el artículo
El rey fue uno de los responsables y en
una serie de artículos sobre el trágico y bochornoso
acontecimiento. «Para
Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el Rey»,
en opinión de Pilar Urbano. El rey parece que insistió «¡A mi
dádmelo hecho!» (El Rey y su secreto, Jesús Palacios). Estaba
previsto que a la llegada de Armada, varios diputados lo avalaran,
entre ellos Fraga, Sánchez Terán, Herrero de Miñón, Enrique Múgica,
Peces Barba y José Luis Álvarez. En la historia de España, la
monarquía siempre se ha restaurado o instaurado mediante golpe de
Estado. Se consiguió lo que pretendía: el rey y la monarquía
consolidados; la democracia fortalecida; el desarrollo del estado
autonómico paralizado; y la política de Suárez reconducida.
El
desaparecido Diario16, dejó algunas preguntas, que junto con las que
yo mismo hago en Preguntas con respuesta incorporada, que siguen
teniendo plena vigencia y en si mismas encierran respuestas sobre lo
ocurrido:
¿Qué
quiso decir Suárez en su despedida televisiva, con: No quiero que la
democracia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España?
¿Por qué
no se investigó a El Alcázar, cuando el día antes publicaba: «Todo
dispuesto para la sesión del lunes, Antes de que suenen las 18.30
horas»? o a la revista «Spic» del mes de febrero, donde un tal Otis
escribía: «No es cierto que yo pretenda dar un golpe militar el
lunes 23 de febrero por la tarde... ¡Además, no sé!»?
¿Por qué
el Consejo de Guerra que juzgó a los implicados condenó al general
Armada a seis años de prisión y el Supremo elevó la pena a 30 años,
como a Tejero y Milans?
¿Por qué
no se investigó el asalto al Gobierno Militar de Madrid con
intervención de elementos ultraderechistas?; ¿Por qué no se
investigó quién era la autoridad, «militar por supuesto», que
anunció el capitán Muñecas desde la tribuna del Congreso?
La
diputada Carmen Echave, declaró a El Correo Español: «Cuando me
condujeron los guardias al despacho del vicepresidente del Congreso,
me prohibieron encender la luz. «Es por su seguridad. No le conviene
ver quiénes están ahí». Nadie lo investigó».
¿Por qué el Gobierno español no protestó ante
el de EEUU por la frase despectiva de su secretario de Estado,
Alexander Haig ¿«Es un asunto interno de los españoles»? Para
Santiago Carrillo, estaba claro que
la CIA estaba al corriente de los preparativos del golpe,
así como el embajador de Estados Unidos en España. Parece que
también el Vaticano había sido informado y la Conferencia Episcopal
española.
Posiblemente la mayoría de las pruebas documentales y cintas con
imágenes y sonidos habrán sido eliminadas por órdenes de destrucción
masiva. Habrá que esperar a la desclasificación de los documentos
para conocer algo más sobre el caso, aunque ideas tenemos.
Tras más
de 50 años con una ley franquista aún en vigor, hay que reclamar una
nueva Ley de Secretos Oficiales. Hasta ahora, en España todos los
gobiernos han utilizado la ley sobre secretos oficiales de manera
abusiva, restringiendo en ocasiones o incluso poniendo un total
candado al derecho de las personas a acceder a la información.
Esta ley
mantiene bajo llave aún hoy temas fundamentales de derechos humanos
como son los crímenes del franquismo, la venta de armas a países que
cometen crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, el
espionaje a activistas, periodistas o representantes políticos, o
las infiltraciones policiales en movimientos sociales.
En estos tiempos en los que el gobierno señala
la necesidad de abordar la regeneración democrática,
Amnistía Internacional recuerda que el
avance en derechos en España encuentra en esta ley un cerrojo que
restringe indebidamente el derecho a la información, la
transparencia y la posibilidad de investigar y esclarecer
violaciones de derechos humanos.
Es hora
de abrir el candado de los secretos oficiales. Por una nueva Ley de
Secretos Oficiales que garantice que las violaciones graves de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario dejen de
ser secreto.
