Ninguna
confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las
demás confesiones, reza el artículo 16.3 de la Constitución. Lo
cierto es que nada es lo que parece ni es lo que debería ser.
Hemos visto
como el Estado se entromete en la conciencia personal y colectiva, sin
garantizar, como manda la Constitución, los derechos vinculados al libre
desarrollo de la personalidad, como son la libertad ideológica,
religiosa y de culto. Conocemos como el Estado se entromete en la
conciencia personal y colectiva, al dotar de oficialidad la asignatura
de religión católica en la escuela. Conocemos como el Estado se
entromete, desde un punto de vista religioso, en el derecho a decidir de
las mujeres, reformando la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Conocemos como el Estado se entromete en las conciencias, al establecer
protocolos religiosos católicos en los actos de Estado. Conocemos como
el Estado incumple la Constitución contra la igualdad de los ciudadanos
ante la ley y el respeto a su libertad de conciencia.
Los
responsables de las instituciones del Estado, no representan a unos u
otros, según conveniencia; representan siempre a la totalidad y a los
intereses generales, no a grupos, por mayoritarios que estos pretendan
decir ser, ni a capillitas ideológicas alejadas de procedimientos
democráticos y de las libertades. La libertad ideológica tiene una
vertiente íntima, relacionada con el derecho de cada uno a tener su
propia visión de la realidad, así como mantener todo tipo de ideas u
opiniones, con la posibilidad de compartir y transmitir, en definitiva
exteriorizar esas ideas. Pero de esto a apoderarse del patrimonio común,
en detrimento de otras alternativas ideológicas o no, como la de ateos y
agnósticos, que han visto limitado su derecho a manifestación por las
calles de Madrid, en perjuicio del derecho de manifestar ideas y
convicciones en libertad.
España ha
dejado de ser católica, decía en las Cortes el Presidente del Consejo de
Ministros Manuel Azaña: el problema político consiguiente es organizar
el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica
el pueblo español». En 1978, el espíritu nacional-catolicismo y del
Movimiento» estaban vivos y costó incorporar la frase Ninguna confesión
tendrá carácter estatal, lo que era como proclamar la aconfesionalidad y
neutralidad del Estado en materia religiosa, acorde con los principios
de libertad y pluralismo político.
Nos decían
que en el desarrollo de la ley orgánica quedaría todo claro, pero no se
produjo la real ruptura entre el Estado y la iglesia, que hubiera sido
la solución para la necesaria regeneración democrática. Demasiados
polvos históricos acumulamos, nos han traído a la situación actual,
donde la iglesia, alejándose cada vez más de ser un poder fáctico, se
convierte de nuevo en un poder real.
La redacción
del artículo 16, durante el debate, fue sinuoso, pero no conflictivo.
Hubo más acuerdo de lo que tendría que haber habido. Al derecho a no
declarar sobre las creencias religiosas, se le sumó el de no hacerlo
tampoco sobre la ideología. El apartado 3 no figuraba en el primer
borrador, aunque en el Anteproyecto ya estaba incorporado. La mención a
la iglesia católica, se introdujo en el Dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, por la enmienda
presentada por UCD y Alianza Popular (antecesores del actual Partido
Popular). Ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero la cooperación
con la iglesia católica será especial; algo así como todos somos iguales
ante la ley, salvo para algunos y algunas cosas.
El valor
fundamental de un Estado aconfesional y laico, es el respeto a las
creencias de toda la ciudadanía, al derecho de cada persona a pensar
según sus propios criterios, a que todo posicionamiento religioso o
espiritual no vulnere los derechos ajenos. No es imponer ideas a nadie,
es aspirar a que la religiosidad no vulnere la neutralidad ideológica a
la que están obligadas las instituciones, y a que todos, profesemos la
religión que profesemos o no profesemos ninguna, tengamos cabida, en
igualdad de condiciones, en la sociedad plural y tolerante y por tanto
democrática.
El laicismo
defiende la separación entre el Estado y las iglesias u organizaciones
religiosas; el laicismo garantiza la libertad de conciencia, contemplada
en la Constitución, y avala el cumplimiento del respeto a la libertad de
pensamiento y a la libre elección de la moral privada. Por lo tanto, el
laicismo no impone, defiende los derechos ciudadanos ante la imposición,
dice Coral Bravo, miembro de Europa Laica: laicismo es tolerancia, el
laicismo garantiza la hermandad y la concordia. El laicismo nada tuvo
que ver con el nazismo, sino todo lo contrario, y el laicismo no sólo no
conduce al fin de ninguna democracia, sino que, justamente, ninguna
democracia es tal si no es laica, si no respeta la libertad de creencias
de la ciudadanía.
Hay que
terminar con la influencia de la iglesia en la escuela, así como con la
simbología religiosa en las instituciones del Estado, prohibiendo que
los cargos públicos, como tales acudan, representando al Estado, a los
actos religiosos. Hay que desvincular los actos de Estado a las
ceremonias de la iglesia y poner fin a la financiación pública de de la
iglesia católica
Para
establecer un Estado auténticamente laico, tenemos la obligación de
romper con la iglesia católica por decencia y dignidad. Es una
institución que participó activamente en la represión franquista, sin
que haya dado muestra alguna de perdón o reconocimiento hacia las
víctimas. No es una institución ejemplar, es opaca y antidemocrática,
alejada del principio de igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres. Sin romper con esta institución, que oprime conciencias y
controla gobiernos, jamás entraremos en la era de modernidad que
necesitamos para el mayor bienestar.
El ateismo es
un valor de referencia en la organización de mi vida personal, familiar,
social y política. Para encontrar la armonía con el pensamiento, es
vital la consecución de un Estado verdaderamente laico, en la defensa de
los derechos civiles y las libertades ciudadanas, con una idea, una
ética, una moral, unos valores sociales y unas normas de convivencia.
El ateismo es
la representación de la defensa de la libertad de pensamiento y
expresión, la pluralidad y el derecho a la difusión de todas las ideas y
creencias (siempre que éstas sean respetuosas con las personas y sus
derechos). La neutralidad religiosa del Estado en todos los ámbitos -en
la enseñanza sobre todo-, pasa por la abolición de los privilegios
concedidos a cualquier iglesia o confesión religiosa y supresión de toda
discriminación por motivos religiosos; y promover el progreso, la
justicia social y la solidaridad entre todos los ciudadanos.
Soy ateo, no
creo en ningún ser sobrehumano, ni sobrenatural, que controle los
destinos de los seres vivos y muertos aquí en la Tierra, ni fuera de
ella; que imparta castigo y justicia divina, ni nada por el estilo;
siendo respetuoso con las personas que profesan alguna religión.
