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Operación
Cataluña es una conspiración policial impulsada por el Gobierno de
Rajoy del Partido Popular, con el objetivo de frenar el proceso
independentista catalán. La trama supuso pruebas falsas, manipulación
de datos, informes irregulares, agentes secretos, filtraciones
interesadas en la prensa, y amenazas para obtener información
confidencial, entre otras acciones del más estilo mafioso. Se ha
mantenido oculto, pero las filtraciones han permitido conocer algunos
de los nombres de lo que se llama las cloacas del estado, al mando del
ministro de Interior de entonces Fernández Díaz.
Esta
operación se puede comparar con el mítico caso Watergate; ha sido lo
peor que ha pasado en España en la última década por atentar, de forma
directa, contra el Estado de Derecho, que no solo cuestionaron a los
independentistas, sino que se utilizaron los aparatos del Estado
contra unos partidos democráticos. Fue una acción llevada a cabo por
el Gobierno de España y coordinada por el ministro de Interior Jorge
Fernández Díaz, para frenar la disidencia política en Cataluña, y
acabar con el movimiento independentista, según dicta el dictamen de
la comisión de investigación, que se realizó por el parlamento
catalán.
La
operación consistió en investigar y recopilar información de políticos
favorables a la independencia de Cataluña sin ninguna autorización
judicial. Para hacerlo, se utilizaban diferentes vías: a través de una
unidad especial y secreta del Cuerpo Nacional de Policía, y mediante
la embajada española en Andorra, dependiente del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Ocho años de impunidad de la operación Cataluña.
La opinión pública se enteró de las prácticas ilegales de la brigada
política del Ministerio del Interior
gracias a las informaciones exclusivas del diario Público,
a partir de junio de 2016. La Fiscalía no abrió una investigación
entonces, aunque el escándalo le costó el puesto al ministro, quien
aseguró que nunca dijo: esto te lo afina la Fiscalía
La decisión de la
Fiscalía Superior de Cataluña de abrir
diligencias en relación a la presunta investigación extrajudicial
contra el que fuera fiscal superior de esa Comunidad Martín Rodríguez
Sol, supone la primera investigación preprocesal en torno a la llamada
Operación Cataluña, sobre las maniobras de la brigada política del
Ministerio del Interior, entre 2012 y 2016, durante el Gobierno de
Mariano Rajoy para, con pruebas falsas,
desacreditar a los líderes independentistas catalanes.
La
operación Cataluña se inicia en una reunión mantenida entre el
comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo y la
secretaría general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, después de la manifestación del 11
de septiembre de 2012 con el lema Cataluña nuevo estado de Europa, en
la que un millón y medio de personas se manifestaron por las calles de
Barcelona a favor del derecho a decidir.
María Dolores de Cospedal dio instrucciones en
marzo de 2013 para detectar estrategias dispersas y en contradicción
con los intereses del estado en el proceso independentista catalán.
Los contactos se mantuvieron en 2014, poco antes de la celebración de
la
Consulta sobre la independencia de Cataluña
de 2014, para intentar encontrar trapos sucios que inculparan a los
dirigentes de ERC y DC. De las conversaciones se desprende que
pretendían desprestigiar e implicar a los partidos políticos y
entidades independentistas en casos de corrupción, aunque éstos no
tuvieran fundamento. Los objetivos de las primeras pesquisas eran el
presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los consejeros Felip Puig y
Francesc Homs.
Según el
dictamen de la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña la
Operación fue una conspiración para intentar frenar la disidencia
política en Cataluña, y particularmente el movimiento independentista
llevada a cabo, durante los años en que Jorge Fernández Díaz
(2011-2016) fue ministro del Interior. La Operación se concretó en una
serie de actuaciones de carácter político, policial y de inteligencia
buscando reducir el apoyo social del independentismo mediante la
desacreditación. Lo que se buscaba era asociar a los líderes políticos
y cívicos independentistas con la corrupción.
Pere Aragonès,
presidente de la Generalitat de
Cataluña, ha denunciado que ha habido una segunda parte en la llamada
Operación Cataluña, con el
espionaje con el software Pegasus,
criticando que se usaran mentiras y falsedades para justificarlo. El
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió el aval del Tribunal
Supremo para espiar con dicho programa el móvil de Aragonès cuando era
vicepresidente del Govern, argumentando que era quien coordinaba las
acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña
en la clandestinidad. Así lo adujeron los servicios secretos ante el
Supremo, según consta en los autos que autorizaron el uso de Pegasus
en el móvil de Aragonès, tras la desclasificación de documentos
facilitados por el Gobierno al juez que
investiga el espionaje al presidente catalán.
El fiscal general del Estado considera de muy
importante, muy trascendente y grave las maniobras de la brigada
política en los Gobiernos de Mariano Rajoy contra políticos, partidos
y cargos catalanes que la cúpula de Interior y el PP vinculaban con el
independentismo.
El fiscal general promete nuevas directrices contra la corrupción.
En
concreto, la Fiscalía está investigando si las unidades policiales que
propusieron investigar a quien fue jefe de los fiscales en Cataluña,
Martín Rodríguez Sol, cometieron delitos de prevaricación
administrativa y contra su intimidad. Para ello, ha solicitado a
elDiario.es y La Vanguardia toda la documentación sobre las
informaciones exclusivas de la mafia policial que fabricó informes
contra políticos y cargos catalanes como el citado Rodríguez Sol.
Según el
dictamen de la comisión parlamentaria, el método que se utilizó para
desprestigiar a los líderes nacionalistas catalanes fue la creación de
informes policiales que se construían basándose en la mezcla de
informaciones falsas con datos obtenidos de forma fraudulenta y con
elucubraciones de procedencia ambigua y anónima, con la idea final de
fabricar un relato que diese apariencia de caso auténtico y
contrastado para poder trasladarlo posteriormente a la prensa o poder
judicializarlo.
La
elaboración de estos informes falsos o manipulados corrió a cargo de
una brigada políticopolicial fuera de la estructura orgánica del
Cuerpo Nacional de Policía, formada por al menos una decena de
comisarios e inspectores jefe que, alrededor del exjefe de la
Dirección Adjunta Operativa, Eugenio Pino. Los informes se iniciaban
siempre con investigaciones prospectivas, aleatorias y con carácter
persecutorio, una práctica expresamente prohibida por la Ley de
enjuiciamiento criminal, que impide expresamente que la policía en el
marco de su actuación indagadora, pueda actuar al margen del
conocimiento de la autoridad judicial. La Comisión concluyó finalmente
que la Operación Cataluña había sido un ejercicio de guerra sucia en
pleno siglo XXI.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero
ha asegurado que
lo primero en democracia es respetar las instituciones públicas y los
poderes del Estado, nunca jamás utilizarlo
para enriquecerse de forma fraudulenta, para que la corrupción se abra
camino, y nunca utilizarlo para espiar a los que ellos consideran
enemigos de España, que son todos los que no piensan como el PP.
Montero también ha dirigido el foco contra el actual líder del PP,
Alberto Núñez Feijóo, quien está pasando de puntillas sobre este
escándalo de presunto espionaje político y acoso contra los dirigentes
independentistas. Desde Aznar no encontramos un líder del PP que tenga
menos pudor a la hora de mentir, ha criticado.
El Partido
Popular considera las denuncias sobre la Operación Cataluña como una
mera cortina de humo del Gobierno, lo que no deja de ser el Watergate
del PP, por la utilización indebida, fraudulenta y vergonzante de los
medios del Estado para intereses partidistas.
Por su parte Isabel Díaz Ayuso ha
justificado y defendido las actuaciones de la policía patriótica
en la Operación Cataluña para espiar y difamar con fondos públicos a
los líderes independentistas. Todo lo que sea herramientas del Estado
para protegerse, me parece bien, ha afirmado. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, viene a justificar un posible delito. Un Estado
no se puede saltar la legalidad, ni las fuerzas de seguridad actuar
sin supervisión judicial y menos al servicio de un partido. Quienes lo
hacen ponen en peligro el Estado de Derecho y la democracia, una forma
de actuar característica de las dictaduras.
El gobierno de M. Rajoy cruzó la línea de la legalidad para sumergirse
en el pantano de la delincuencia. La
Operación Cataluña es un episodio que tuvo como objetivo denigrar la
imagen pública de un conjunto de políticos catalanes vinculados con el
proceso independentista, cuya erupción duró un largo periodo,
iniciando el 11 de septiembre de 2012 y concluyendo de manera
catártica el 1 de octubre de 2017. Al paso de los años no hay asomo de
duda sobre la metáfora omnipresente de corrupción y delincuencia
durante los gobiernos de Rajoy llamada José Manuel Villarejo.
Las ramas
que unen al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz con
funcionarios son abundantes. Por su parte, el comisario Villarejo
negociaba los golpes bajos con María Dolores de Cospedal, secretaria
general del Partido Popular, con Eugenio Pino, interlocutor directo
del ministro de Interior y con representantes de diversas unidades
dependientes orgánicamente del propio Fernández.
Estamos
ante la utilización de los resortes del Estado para perseguir al
independentismo catalán durante los mandatos de Mariano Rajoy,
presidente del PP. Unos hechos gravísimos que atentan contra el
Estado de Derecho. |
